murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
martes, 3 de septiembre de 2024
miércoles, 10 de abril de 2024
La Región de Murcia es la CCAA con menor porcentaje de juezas y magistradas en activo
Así se desprende datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos este miércoles y según los cuales en la última década ha aumentado casi un 10% el número de magistradas en los órganos colegiados, hasta el 42,3% del total, con menos presencia por ahora que los hombres.
A 1 de enero de 2024, la carrera judicial estaba integrada por 5.416 jueces/zas y magistrados/as, de los que 3.101 son mujeres, el 57,2% del total, frente al 50,1% que suponían las 2.661 (de un total de 5.219) hace diez años, de acuerdo al último informe sobre 'Estructura demográfica de la Carrera Judicial'.
En la actualidad, de los 1.597 jueces/zas y magistrados que están en activo y destinados en órganos colegiados, 676 son mujeres: 433 de ellas ejercen en Audiencias Provinciales, 203 en Tribunales Superiores de Justicia, 28 en la Audiencia Nacional y 12 en el Supremo.
Según los datos del CGPJ, el 57,2% de juezas es superado en once de las
17 comunidades autónomas: País Vasco (62,5%), Galicia (61,2%), Comunidad
de Madrid (60,6%), Navarra (60%), Castilla-La Mancha (59,6%), La Rioja
(59,5%), Cataluña (59,3%), Comunidad Valenciana (59,2%), Extremadura
(59,1%), Baleares (58,3%) y Castilla y León (58%).
En el resto
de comunidades, el porcentaje de juezas y magistradas se sitúa por
debajo de la media: Canarias (57,1%), Asturias (56,8%), Andalucía
(54,1%), Cantabria (52,6%), Aragón (52,4%) y Región de Murcia (49,7%).
Asimismo, el informe señala que la edad media de los integrantes de
la carrera judicial es de 52,3 años --50,4 años para las mujeres y 54,9
para los hombres-- y que su antigüedad media como jueces/zas es de 21,2
años --19,5 años en el caso de las mujeres y 23,4 en el de los
hombres--.
El CGPJ indica que la "progresiva feminización" de la carrera judicial
se observa analizando los datos por franjas de edad: los hombres solo
son mayoría entre los/las magistrados/as de entre 61 y 72 años, mientras
que las mujeres suponen el 57,9% entre los de 51 y 60 años, el 66,6%
entre los de 41 y 50 años; el 67,1% entre los de 31 a 40 años y el 70%
de quienes tienen 30 o menos años.
El informe expone, además, que las juezas y magistradas, pese a seguir
siendo minoría en los órganos colegiados, son mayoría en los órganos
unipersonales, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y los de lo
Contencioso-Administrativo, donde representan el 44,2% y el 49,8% de sus
titulares, respectivamente.
Las mujeres suponen el 60,6% de
los titulares de los Juzgados de lo Social, el 60,8% de los de
Vigilancia Penitenciaria, el 62,9% de los de Primera Instancia, el 64,2%
de los de Instrucción, el 67% de los de lo Penal, el 67,9% de los de
Menores, el 68,6% de los de Primera Instancia e Instrucción y el 76,6%
de los de Violencia sobre la Mujer.
En los altos tribunales,
el porcentaje de mujeres es del 43,1% en la Audiencia Nacional, del
41,3% en los Tribunales Superiores de Justicia y del 44% en las
Audiencias Provinciales. En el Tribunal Supremo es del 21,1%.
lunes, 1 de abril de 2024
Lorca estrena el nuevo juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 del partido judicial
La creación de este órgano, junto con el de Primera Instancia nº 19 de Murcia, fue aprobada en noviembre de 2022 por el Consejo de Ministros en el Real Decreto de nuevas unidades judiciales correspondiente a la programación 2023, pero su puesta en funcionamiento fue diferida al 31 de marzo de 2024, tras el acondicionamiento del local cedido por el Ayuntamiento de Lorca.
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha manifestado que esta espera no será necesaria cuando Lorca cuente con la nueva sede judicial "acorde con su dimensión socioeconómica y su historia".
El nuevo Palacio de Justicia, en el centro histórico y con un coste de más de 17 millones, reunirá en una sola sede todos los órganos judiciales, acabando con la dispersión actual. "Es una obra imprescindible, que llevamos décadas reclamando y que no puede retrasarse más", según el presidente del TSJMU.
Pasqual del Riquelme no ha ocultado su satisfacción por la puesta en marcha del octavo juzgado para el partido judicial. "Supone el primero de los pasos importantes que hay que dar para convertir a Lorca en uno de los núcleos judiciales sobre los que ha de pivotar la Administración de Justicia Regional, junto a Murcia y Cartagena", ha apostillado.
Ha señalado después, además de la puesta en marcha de la nueva sede judicial, la separación de jurisdicciones civil y penal y la comarcalización de la violencia de género con la creación de un juzgado especializado, como metas a corto plazo, para un adecuado despliegue territorial de la justicia.
No obstante, ha apuntado que la creación de este juzgado "aun siendo bienvenido, está muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces".
Y ha recordado que la Sala de Gobierno del TSJMU reclamó un mínimo de 11 unidades judiciales en su último informe de planta, y el Ministerio de Justicia sólo ha acordado la creación de una (una plaza de magistrado) para 2024.
El nuevo órgano, dos locales colindantes habilitados como unidad funcional en el barrio de La Viña, con una superficie de 515 metros cuadrados, dispone de una amplia oficina judicial, zona de archivos, sala de comparecencias, sala de vistas propia, además de los despachos para juez o jueza, fiscal y letrado o letrada de la Administración de Justicia. Además, cuenta con una zona de espera de detenidos y otros espacios adicionales.
El acto de constitución, presidido por Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara Cava, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar.
Además, han
participado el secretario de Gobierno, Javier Parra García, la
magistrada decana del partido judicial de Cartagena, Carmen Berta Romero
Esteban, la fiscal Francisca Rodriguez García y la letrada del Servicio
Común General, Maravillas Ayala García de las Bayonas.
En
representación de abogados y procuradores de Lorca, también han asistido
los decanos de ambos colegios profesionales, Elisa Campoy-López Perea y
Nieves Cuartero Alonso, respectivamente.
Tras la constitución
del juzgado, del que se ha hecho cargo de forma provisional la jueza
sustituta Marta García Martínez y el letrado de la Administración de
Justicia, José Bautista Martínez Tafalla, han tomado posesión los siete
funcionarios, dos gestores, cuatro tramitadores y una auxilio judicial,
nombrados en comisión de servicio, así como los interinos que desde hoy
desarrollan su función en el nuevo órgano judicial.
Estos, han
estado acompañados de otros miembros de la carrera judicial, fiscal y
letrados de la Administración de Justicia del partido judicial.
martes, 5 de marzo de 2024
Verónica Celdrán Ruiz es nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Región de Murcia
La oferta de la plaza fue comunicada a toda la plantilla, pero solo concurrió a la misma Celdrán Ruiz, cuyo currículum profesional y méritos cuentan con el informe favorable de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga.
El decreto de nombramiento fue suscrito por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 22 de febrero.
martes, 27 de febrero de 2024
Cuatro juezas y un juez eligen plaza en Molina, Totana y Cieza como su primer destino
En concreto, se trata de Marta Bernabé Aliaga, Alba García Colón, Victoria García García, Alejandro Goicoechea Rey y Celia Martín Ávila que ocuparán sus nuevos cargos con destino a los juzgados de primera instancia e instrucción número 4 de Molina de Segura, 4, 2, 3 de Totana y 1 de Cieza, respectivamente.
Todos ellos, recibieron sus despachos el pasado 14 de febrero en Barcelona, en un acto presidido por Su Majestad el Rey, tras superar su última fase de formación en la Escuela Judicial ejerciendo como titulares en distintos órganos desde julio, como jueces en prácticas. Y, aunque sólo uno de ellos residía en Murcia, los cinco han elegido que su primer destino sea la Región.
El perfil de los 160 jueces y juezas --119 mujeres y 41 hombres-- que integran la septuagésima segunda promoción es, según se recoge en una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2022, el de una mujer (representan el 74,37 % del total) con una edad media de 28 años, que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas.
Entre los motivos que los llevaron a elegir esta profesión destacan especialmente su pasión por el Derecho (el 73 % se mostró muy de acuerdo con esta afirmación), la independencia e imparcialidad de su función (73 %), la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales (71 %) y la contribución a un servicio público (66 %).
Además, en el mismo acto, Raquel Lillo Paredes, tomará posesión de su cargo, tras su ascenso, como nueva magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier.
El acto será retransmitido en streaming por el canal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
domingo, 19 de noviembre de 2023
"Jueces para la Democracia" advierte de que las concentraciones ante juzgados dañan la imagen de neutralidad de la Magistratura
En un comunicado, la asociación progresista de jueces se refiere a “las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales”, como las celebradas el pasado martes en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, en las que hubo unos 800 jueces.
“Se trata de actos que, dado el actual contexto, pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”, sostiene Jueces para la Democracia.
Destaca que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial insisten en que tan importante como el valor mismo de la independencia judicial, es la apariencia de tal y de imparcialidad que la judicatura debe transmitir”.
“Consideramos que las concentraciones que se están realizando pueden dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando a la judicatura en un contexto de enfrentamiento partidista en el que no debe participar, razón por las que nuestra asociación no tomará parte en las mismas”, concluye.
Las cuatro asociaciones judiciales con más representación, entre ellas Jueces para la Democracia, publicaron el pasado 9 de noviembre un comunicado conjunto en rechazo a la referencia al lawfare en el pacto entre PSOE y Junts. Si bien, finalmente no se ha incluido una mención a este término en el documento.
viernes, 15 de septiembre de 2023
El presidente del TSJMU alerta del "riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial
Pasqual del Riquelme ha pronunciado estas palabras durante su discurso en el acto de apertura del año judicial autonómico, celebrado en Murcia.
El máximo representante del TSJMU ha alertado de que "la sociedad española está normalizando una situación patológica del Poder Judicial que, de seguir agravándose, puede comprometer, si es que no lo ha hecho ya, el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional".
"A base de normalizar un agravio tras otro a la Justicia podría pensarse que no pasa nada", ha aseverado para, a continuación, advertir de que "sí que pasa". En este sentido, ha aludido a la falta de atendimiento de los llamados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que motivaron la dimisión de su presidente; al "bloqueo" en el nombramiento de cargos judiciales por todo el territorio nacional; a las sentencias que quedan sin dictarse y "los miles de ciudadanos que se ven abocados a esperas insoportables para obtener el amparo judicial que promete nuestra Carta Magna".
Utilizando el mismo recurso estilístico, el presidente del TSJMU ha dejado también constancia del agravio que supone que "cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la Judicatura, llegando al insulto personal, tan pronto perciben que sus autos y sentencias no les son favorables o ponen en evidencia las negativas consecuencias de determinadas políticas y reformas legales".
Asimismo, el representante de la judicatura murciana ha subrayado la elevada incidencia de las huelgas seguidas en la Región por los diferentes Cuerpos de la Administración de Justicia durante el primer semestre de este año, que, ha dicho, "han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico".
"Se trata de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que de confirmarse generaría una situación muy complicada a la Justicia regional", ha señalado Pasqual del Riquelme, tras recalcar que "precisamente" los territorios donde las huelgas han tenido más seguimiento han sido aquellos que, como es el caso de la Justicia murciana, acumulan mayores carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.
Según el presidente del TSJMU, "lo que está ocurriendo es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias, de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente".
A este respecto, ha aseverado que este servicio público no se
despliega en igualdad de condiciones en todo el territorio español, ya
que "que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas y que
nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor
parte".
En su balance del curso
judicial, el presidente ha apuntado a la combinación de "escasos" medios
personales, la alta litigiosidad y la extrema incidencia de las huelgas
como la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de
respuesta de los juzgados y tribunales de la Región de Murcia.
Asimismo, ha dado cuenta de que el primer semestre de 2023 se cerró con
155.000 asuntos en trámite, advirtiendo que la proyección ofrecida por
los servicios de estadística es que esa cifra se eleve a 165.000 a
finales de este año, lo que supone un 10% más de asuntos pendientes que
solo un año antes, a finales de 2022.
Con esos datos y la
mirada puesta en la conflictividad laboral que "amenaza" el curso
judicial que ahora comienza, Pasqual del Riquelme ha hecho un
llamamiento a las partes directamente implicadas --Ministerio de
Justicia y representantes asociativos y sindicales-- "para que
eventuales futuras negociaciones se lleven a cabo en contextos y con
actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos
asistido este año", de forma que el proceso negociador produzca la menor
afectación posible al servicio público de Justicia.
"Son
muchos los ciudadanos que se ven afectados en sus más preciados bienes
por las consecuencias del ejercicio del derecho a la huelga de los
servidores públicos", ha recordado.
El presidente ha cerrado su discurso con una felicitación especial al
Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia que este curso
judicial cumple el decimoquinto aniversario de su declaración por la
UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
"Su presencia constante en esta tierra desde el siglo IX representa una
herencia transmitida de generación en generación que ha sabido adaptarse
a los cambios legales, sociales, históricos y ambientales. Su legado
nos enseña el valor de lo auténtico y la lección de que nada se queda
anticuado más rápido que el futuro", ha afirmado Pasqual del Riquelme,
que anunciado, además, la colocación de una placa homenaje en la Ciudad
de la Justicia que desde este viernes luce en dicha sede para que "sirva
de guía el emblema de este tribunal consuetudinario cuya eficaz gestión
ha garantizado su supervivencia a lo largo de los siglos".
El
acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y
felicitaciones de la Sala de Gobierno por su especial contribución a
la Justicia murciana durante el pasado curso.
En concreto, han
recibido esta felicitación los magistrados coordinadores regionales
para grandes catástrofes, José Fernández Ayuso e Ignacio Munitis; la
letrada de la Administración de Justicia Maria del Carmen Navarro
Esteban, por su labor en la dirección de la tramitación procesal del
juzgado especializado en cláusulas suelo; los 24 miembros de la Red 364
de funcionarios de diferentes cuerpos, partidos judiciales y
jurisdicciones de la Región de Murcia, que contribuyen a optimizar el
uso de los sistemas informáticos; los abogados Rosa Manrubia, Regina
Márquez y Julián Lozano, por su participación en el grupo de trabajo
para el diseño e implantación de un nuevo sistema regional de atención
integral a profesionales y usuarios; el subinspector de Policía
Nacional, miembro de la Unidad de Familia los últimos 18 años, Domingo
Baños, por su colaboración con los órganos judiciales; y el arquitecto
coordinador de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Antonio
Martín, por su implicación durante muchos años en la mejora de las
infraestructuras judiciales de la Región de Murcia.
En
agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional
se ha entregado un reconocimiento las autoridades judiciales y
funcionarios públicos de todos los Cuerpos que han trabajado en la
Administración de Justicia de la Región que se jubilaron durante el
pasado año judicial.
viernes, 29 de abril de 2022
El presidente del Partido Republicano de Oklahoma quiere poner a Anthony Fauci ante un pelotón de fusilamiento
OKLAHOMA CITY.- El presidente del Partido Republicano de Oklahoma, John Bennett, dijo en una parada de campaña, que el Dr. Anthony Fauci debería enfrentar un pelotón de fusilamiento por sus crímenes.
Bennett es un candidato republicano al Congreso.
“Estamos luchando contra un sistema que robó las elecciones en 2020 y nadie rindió cuentas. Estamos en una guerra con los burócratas que nos han impuesto mandatos de vacunas, mandatos de mascarillas”, dijo Bennett.
“¿Y sabes qué? Están empujando esta confusión de despertar por nuestras gargantas ahora. Y, por cierto, deberíamos juzgar a Anthony Fauci y ponerlo frente a un pelotón de fusilamiento”, agregó.
“Y para el
Servicio Secreto, si están escuchando, no estoy abogando por que matemos
a Anthony Fauci hasta que sea condenado en un
tribunal por sus crímenes”.
martes, 11 de enero de 2022
El juez Juan del Olmo, nuevo presidente de la sección III de la Audiencia Provincial de Murcia
MURCIA.- El magistrado murciano Juan del Olmo Gálvez (Murcia en 1958) ha tomado este martes posesión de su cargo como presidente de la Sección III de la Audiencia Provincial ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el secretario de Gobierno, Javier Parra García.
Del Olmo, que dirigirá una sección Penal de la Audiencia por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre, sustituye al magistrado José Luis García Fernández, tras su reciente jubilación, han informado fuentes del TSJ.
viernes, 8 de octubre de 2021
El presidente del TSJMU critica la "instrumentalización" de la Justicia por parte de partidos políticos
MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha arremetido contra la "instrumentalización" de la Administración de Justicia que hacen, en ocasiones, "tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público".
Así lo ha hecho saber Pasqual del Riquelme acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha criticado este "uso interesado y meramente táctico" que se hace de la jurisdicción penal. "Lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos", añade.
"Y en otras ocasiones mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista", según el presidente del TSJMU, quien estima que, con esta "actitud justiciera impostada", hacen un "uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial".
Precisamente, ha alertado que una de las patologías que lastran la Justicia regional es la "altísima tasa de litigiosidad", es decir, de entrada de asuntos, en comparación con la media nacional.
En su intervención, ha indicado que el conflicto "no es una patología", sino que es "consustancial a sociedades democráticas, plurales". Sin embargo, ha advertido que "lo que sí es una patología es la judicialización masiva de toda la conflictividad social".
"Nuestros responsables políticos, los actores socioeconómicos y los profesionales del Derecho que intermedian en esa conflictividad social harían bien en promover, sondear y explotar al máximo las posibilidades de resolución alternativa y autocompositiva de dichos conflictos, evitando su automática judicialización", ha considerado Del Riquelme, quien cree que algunos fenómenos de este tipo resultan "especialmente sangrantes".
En concreto, se ha referido a los pleitos por cláusulas abusivas representan un 14% de todos los asuntos civiles en trámite en la Región. "El altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales (que supera el 99% de las presentadas) debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones", ha aseverado.
En su intervención, el fiscal Superior, Díaz Manzanera, ha dicho que "Mención especial" merece, los delitos contra la Administración Pública en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.
"Los datos hablan por sí solos", según el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.
"Denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar", ha aseverado. "No todo es delito", según Díaz Manzanera, quien cree que "lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático.
"Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente", ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que "se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica".
"No sería de recibo que detrás de esa práctica incorrecta hubiese una utilización torticera y abusiva de una institución pública estatal como es la Fiscalía, y en los casos más claros se podría hasta perseguir por acusación y denuncia falsa", ha advertido.
lunes, 27 de septiembre de 2021
Los órganos judiciales de la Región registraron 54.248 asuntos en el segundo trimestre, un 37,4% más que en 2020
MURCIA.- El conjunto de órganos judiciales de la Región de Murcia registró durante el segundo trimestre de 2021 un total de 54.248 asuntos. Esta cifra supone un incremento del 37,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).
En el mismo periodo, los tribunales murcianos resolvieron 57.105 asuntos, un 72,1% más que un año antes; y al final del trimestre, se mantenía en trámite 122.883 asuntos, prácticamente los mismos que antes de la pandemia.
Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2021', que el Consejo General del Poder Judicial ha difundido este lunes.
Los datos sobre la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2021 ponen en evidencia los efectos que la crisis sanitaria causó sobre el número de procedimientos iniciados en todo el país.
En concreto, en la Región de Murcia, se observan importantes incrementos interanuales, que se sitúan en el 35,1% en el orden Civil; en el 37,4% en el orden Penal; en el de lo Contencioso-Administrativo ha sido del 109,7% y en el Social, del 30,4%.
Respecto a la resolución de asuntos, los incrementos interanuales todavía han sido mayores que en el de ingreso: 85,6% en la jurisdicción Civil; 53,8% en la Penal; 136,2% en la de lo Contencioso-Administrativo y 132,3% en la Social.
En la jurisdicción Civil ingresaron 22.242 asuntos, lo que ha supuesto un aumento del 35,1%. Se resolvieron 23.976 asuntos, un 85,6% más que un año antes, y quedaron en trámite 72.110 asuntos, un 0,7% menos que al final del mismo trimestre de 2020. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 14% se refieren a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
En jurisdicción Penal tuvieron entrada 26.678 asuntos, con un incremento interanual del 37,4%, habiéndose resuelto 22.377 asuntos, un 53,8% más. En trámite quedaron 33.947 asuntos, un 1,9% menos que un año antes.
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo registró 1.769 asuntos, un 101,7% más que el año anterior, y resolvió 2.088, un 136,2% más. Quedaron en trámite 5.130 asuntos, un 5,6% menos.
La jurisdicción Social ingresó 3.195 asuntos, un 30,4% más que en el mismo trimestre de 2020. Se resolvieron 3.664 asuntos, un 132,3% más, y quedaron en trámite 11.696 asuntos, un 2,6% más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 35,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. La Región, con una tasa de 35,7, de nuevo se encuentra entre las comunidades que superan la tasa media de litigiosidad del país, tras Canarias (46,6), Andalucía (39), Madrid (38,4) y Asturias (36,2).
Las comunidades con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (24,5), Navarra (26) y País Vasco (26,8), según los cálculos realizados sobre las cifras provisionales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2021.
jueves, 11 de febrero de 2021
Presunta corruptela de tres magistrados de la parte más sospechosa de la Judicatura murciana
La Sala de Admisión de ese órgano judicial, formada por los magistrados Miguel Pasqual del Riquelme Herrero –presidente del TSJMu–, Enrique Quiñonero Cervantes y Joaquín Ángel de Domingo Martínez, ha enviado el texto legal al Ministerio Fiscal para que informe.
Confilegal se puso ayer en contacto con las Oficinas de Comunicación tanto del TSJMu como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde uno de los tres magistrados, Fernández-Espinar López, está actualmente destinado –en la Audiencia Provincial de Elche– con el fin de recabar sus opiniones, si las consideraban oportunas.
O sus silencios.
Sin embargo, ambos responsables articularon la misma respuesta: «El asunto no ha sido, hasta el momento, admitido a trámite. Y los magistrados contra los que se dirige el escrito no están personados en la causa».
«Para preservar la objetividad de la Oficina, no debo tratar en ningún caso con ellos de este asunto. Así que lamento no poder atender tu petición de trasladarles tu comunicación», añadieron individualmente.
El delito de prevaricación consiste en dictar una sentencia a sabiendas de que es injusta.
Los tres magistrados, en funciones de tribunal del apelación, condenaron a un año de cárcel a los dos actuales querellantes por un delito de estafa, tipificado en el artículo 251.2 del Código Penal, según sentencia número 81/2011, de 9 de marzo.
Ese tribunal revocó, así, el fallo absolutorio previo, de primera instancia, dictado por el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, en un caso de falsa doble venta de unos terrenos en esa ciudad por el que la mercantil valenciana EDIVAL les había interpuesto una querella.
El órgano judicial no tuvo en cuenta ni valoró los seis informes del Ministerio Fiscal, por los que solicitó el sobreseimiento libre. Uno de ellos, resaltan, contó con el visado del fiscal jefe del TSJMu, destacan los querellantes en su texto de 42 folios, al que ha tenido acceso Confilegal.
Los tres magistrados rechazaron el incidente de nulidad de actuaciones contra esa condena, que después presentaron los Segado, por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, del derecho de defensa, a la contradicción y a la presunción de inocencia, del artículo 24.2 de la Constitución Española (CE), del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 de la Carta Magna, y del derecho a la igualdad, del artículo 14 de la CE.
EL CONSTITUCIONAL ANULÓ LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Los afectados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional de forma inmediata. Su recurso fue uno de los 7.098 interpuestos ese año de 2011, y uno de los 149 admitidos –un 2,1 por ciento–.
Dos años más tarde, el 23 de septiembre de 2013, el máximo tribunal de garantías constitucionales, en la sentencia 157/2013, les otorgó el amparo buscado.
El Tribunal Constitucional subraya, en su fallo, que «la absolución acordada por el Juzgado de lo Penal consideró que de los hechos probados no se infería la existencia de un dolo de defraudar, ni inicial ni sobrevenido. Tal juicio deductivo se sustentó en que los demandantes [los hermanos Segado] comunicaron por dos veces la resolución del contrato, por escrito y por acta de manifestación, y pusieron a disposición de la querellante [EDIVAL] cheque bancario por importe de 3.593.932 euros, a cambio de la entrega de avales bancarios prestados y carta de pago de escritura de hipoteca unilateral otorgada a favor de GEMSA [la empresa de los Segado]».
El tribunal de la Audiencia Provincial –en funciones de apelación–por su parte, apreció que había existido ánimo de engaño en los dos acusados, destaca el Constitucional.
Alcanzando «una conclusión respecto de esa intención distinta a la del Juzgado de lo Penal, sin haber dado la posibilidad a los acusados de ser oídos infringiendo su derecho defensa ( artículo 24.2 de la Constitución)».
Los hermanos Segado tenían, por lo tanto, que haber sido escuchados antes de ser condenados.
En consecuencia, el Constitucional anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en Cartagena, ordenó retrotraer las actuaciones y repetir el juicio.
EN LA REPETICIÓN DEL JUICIO FUERON ABSUELTOS
De acuerdo con la querella interpuesta, los tres magistrados pese a concurrir en sus personas causa de abstención para resolver de nuevo el caso, trataron «de designar a sus otros compañeros de Sala con la evidente e indiciaria convicción de condenarlos de nuevo».
Bajo la siguiente premisa, que figura en un auto de 16 de octubre de 2013: «Los tres magistrados que encabezan esa resolución hemos realizado una valoración previa de la posible conducta de los acusados y una consiguiente calificación jurídica de lo acontecido, y dado que ha de practicarse una nueva apreciación, consistente en oír a los acusados a fin de resolver sobre su culpabilidad, esta cuestión, referida a la culpabilidad ya fue objeto de valoración por la sentencia condenatoria que dictó esta sala«.
El 13 de mayo de 2015 se formó un nuevo tribunal con los magistrados Matías Manuel Soria Fernández-Mayoralas, que había resuelto recursos de apelación de este procedimiento, por lo que estaba contaminado, Juan Ángel Pérez López y José Francisco López Pujante.
Un tribunal que fue recusado por los hermanos Segado.
El presidente del TSJMu de ese momento, Juan Martínez Moya, finalmente ordenó que se abstuvieran y se repartiera el asunto entre otras secciones.
Recayó en la Tercera.
El juicio se celebró con magistrados que nada habían tenido que ver con el caso.
Su sentencia, la 154/2016 de 7 de marzo, confirmó la absolución de los dos acusados.
Ratificaron la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, «con citas profusas de sentencias del Tribunal Supremo, de varias Audiencias Provinciales, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (38 en total), «de fechas anteriores y posteriores a la sentencia prevaricadora», se puede leer en la querella.
ACTUACIÓN SUPUESTAMENTE PREVARICADORA
De acuerdo con los Segado, los tres magistrados se apartaron de su propia doctrina, de una forma «deliberada, consciente y dolosa», siendo «su voluntad la única explicación del injusto fallo condenatorio».
«Esta parte ha buscado en cinco sistemas distintos, el de La Ley, Tirant Lo Blanc, Vlex, Westlaw y el propio Centro de Documentación Judicial [del Consejo General del Poder Judicial] y no ha sido capaz de encontrar una sola resolución dictada por esa Sección Quinta desde la fecha de esa sentencia, de fecha 22/09/2009 en la que existiendo informe del Ministerio Fiscal pidiendo sobreseimiento libre de las actuaciones y habiéndose dictado absolución en la instancia, se haya procedido a revocar la absolución y a dictar condena, sino todo lo contrario», dice la querella.
Cita cuatro sentencias específicas.
«Todas ellas son una clara muestra de la asunción como propia por la Sala de esta doctrina jurisprudencial, con la única excepción (…) de la sentencia condenatoria» a los Segado.
Los querellantes también refieren la rapidez con la que ese tribunal dictó sentencia.
Dicen que es llamativo que hubieran resuelto en apenas dos páginas –la sentencia está compuesta de 21 folios (8 referidos a hechos probados, 5 a citas jurisprudenciales, 1 a la justificación de las dilaciones indebidas, 3,5 al asunto de la responsabilidad civil y 1,5 al contenido del fallo)– 10 años de instrucción y enjuiciamiento, con 16 tomos y una causa de 10.000 folios».
Y añaden: «En apenas 19 días hábiles procesales, desde la recepción del procedimiento, ya se había dictado la sentencia, sin la más mínima cautela, pese a ser novedosamente condenatoria, revocando la absolutoria de instancia cuyo plenario duró más de 7 horas, según puede comprobarse en los DVD unidos a la causa«.
Cuando se envió el expediente al Constitucional, por el recurso de amparo, el secretario del Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena solicitó al Alto Tribunal un mes y medio para preparar el envío porque los diez días básicos no eran suficientes.
EL TRASFONDO: ¿UNA VENGANZA?
Según explican los querellantes, el origen de la conducta de los tres magistrados habría que buscarlo en el conflicto que tuvieron con el abogado que los defendió ante el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, Luis Ruipérez Sánchez, frente a la querella de EVITAL.
Ruipérez Sánchez, fallecido, estaba casado con una magistrada del TSJMu.
Con él habían pactado una minuta de 6.000 euros por tratarse, en su origen, de una cuestión puramente civil.
Una cifra que se aumentó a 15.000 euros después, y a otros 40.000 euros más tarde por representar a GEMSA. Los honorarios que percibió fueron de 61.000 euros, en total.
Como la sentencia absolutoria condenó en costas a EDIVAL, so pretexto de que la responsabilidad civil del ilícito perseguido, fue cuantificada en la cifra de 25.313.677,91 euros, Rupérez pretendió cobrar una minuta superior, de 274.777,30 euros, desentendiéndose del pacto de honorarios precedente.
Los hermanos Segado, explican, se negaron a pagarle esa cantidad, lo que provocó que Ruipérez les amenazara: «Os vais a acordar de mí».
Fue en una reunión, el 28 de enero de 2011.
«No os podéis imaginar el poder que tiene un abogado cuando su mujer es miembro del TSJ», relatan en la querella que les dijo en aquella reunión «en un ataque de furia».
En el texto legal que ahora está siendo objeto de informe por el Ministerio Fiscal, los Segado afirman que conocieron la sentencia condenatoria de los tres magistrados porque Ruipérez se la envió a ambos antes de que hubiera sido notificada a su procurador.
De acuerdo con los querellantes, los hechos son, «cuanto menos, constitutivos de un delito de prevaricación judicial del articulo 446.1 del Código Penal y por tanto, castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años al tratarse de una sentencia injusta».
«Ponemos de relieve el cumplimiento del presupuesto de verosimilitud que exige el artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dado que los hechos descritos se desprende la existencia de muy serios indicios de que por los magistrado querellados se han tomado, a sabiendas y de manera injusta, las decisiones que han sido descritas en sede de revocación de sentencia absolutoria penal, y todos los trámites y resoluciones dirigidos a que esta se perpetúe y confirme en el tiempo evitando con ello que pudieran ser reclamados de las responsabilidades que prevé orgánicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados», concluyen.
sábado, 12 de diciembre de 2020
La Asociación en Defensa de los Arruis ofrece asistencia jurídica gratuita contra resoluciones de dos magistradas
MURCIA.- La Asociación en Defensa de los Arruis (asociaciondefensaarrui@gmail.com) ofrece asistencia jurídica
gratuita contra las resoluciones que hayan podido dictar "incurriendo en
arbitrariedad" dos magistradas de la Sala de lo Contencioso
de Murcia, ESPERANZA SANCHEZ DE LA VEGA y CONSUELO URIS LLORET en los últimos 15 años, que es el plazo de ejercicio de
acciones de responsabilidad personal, según un comunicado remitido por la citada asociación.
jueves, 3 de diciembre de 2020
El CGPJ acuerda que un Juzgado de lo Mercantil de nueva creación tenga su sede desplazada en Cartagena
CARTAGENA.-La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves que uno de los dos Juzgados de lo Mercantil de Murcia, cuya constitución está prevista en el próximo Real Decreto de creación de 33 unidades judiciales Covid-19 para la programación de 2020, tenga su sede desplazada en la ciudad de Cartagena.
Entre la relación de nuevas unidades judiciales previstas para la Región de Murcia se encuentran los Juzgados de lo Mercantil nº 3 y nº 4 de Murcia, pero el proyecto de Real Decreto ya preveía que el CGPJ podría acordar el desplazamiento de la sede de uno de ellos a Cartagena, en el ejercicio de la competencia que la Ley Orgánica 1/1985 de 6 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 269.2 confiere exclusivamente a este órgano constitucional.
El desplazamiento de la sede cuenta con el informe favorable de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que señaló que "el buen servicio de la Administración de Justicia aconseja la constitución de uno de esos dos nuevos juzgados de lo mercantil en la ciudad de Cartagena, atendidos los criterios establecidos en el primero de dichos preceptos: a) la población; b) la existencia de núcleos industriales o mercantiles; y c) la actividad económica".
También ha informado favorablemente el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, atendiendo al hecho de que el partido judicial de Cartagena reúne a 251.610 de los 1.493.898 habitantes de la Comunidad Autónoma --el 16,8 por ciento-- y 6.880 de las 47.893 empresas --el 14,4 por ciento-- que tienen allí su sede, según informaron fuentes del CGPJ.
Según la comunicación remitida al CGPJ por el Ministerio de Justicia, el Mercantil nº 3 se pondrá en marcha el próximo 31 de diciembre en Murcia y la puesta en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil nº 4 en Cartagena se determinará a través de una orden ministerial que está prevista para el segundo semestre del año 2021.
viernes, 8 de mayo de 2020
El “plan de desescalada” en clave Justicia, para los funcionarios
PRIMERA FASE
SEGUNDA FASE
TERCERA FASE
CUARTA FASE
- El desarrollo de las disposiciones del RDL 16/2020.
- El establecimiento de turnos de los funcionarios de la Administración de Justicia.
- Establecimiento de teletrabajo.
- Esquema de Seguridad laboral.
TURNOS DE MAÑANA Y TARDE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
EL TELETRABAJO DEBE CONTINUAR
domingo, 26 de abril de 2020
Sin vacaciones en agosto y con horarios ampliados para funcionarios: así será la desescalada de la Justicia
Trabajar en agosto en turnos de mañana y tarde
Renovación de plazos y medidas de agilización
Juicios telemáticos y oposición de los abogados
viernes, 24 de abril de 2020
Dolor en la Judicatura y la Fiscalía de Murcia por la muerte de José María Luzón
sábado, 4 de abril de 2020
Los sindicatos judiciales reprueban a Lesmes por su actuación ante la crisis del Covid 19
viernes, 20 de marzo de 2020
El ministro Campo toma el control de los funcionarios de Justicia en toda España durante el estado de alarma
De este modo, el Ministerio de Justicia suma a sus competencias habituales en materia de gestión de personal las atribuidas en este sentido a las comunidades autónomas con competencias transferidas, que les será devueltas cuando finalice el estado de alarma. Hasta el momento, el departamento que dirige Juan Carlos Campo sólo tenía esta competencia en los territorios que integran la denominada 'zona Ministerio', es decir, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden del Ministerio de Sanidad en la que encomienda al ministro de Justicia la "coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios", regulados en el libro VI de la Ley del Poder Judicial, durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto aprobado el pasado sábado, 14 de marzo.
También le otorga la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.
Este decreto designó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como autoridad competente delegada para gestionar la crisis del coronavirus en las áreas de responsabilidad que no recaigan en las competencias propias del Ministerio de Transportes, Defensa o Interior.
Así, hace el encargo al ministro de Justicia y le da competencias para poder adoptar, "cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio (Sanidad) para la salvaguarda de la salud pública".
Se da la circunstancia de que ante las quejas de funcionarios, que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.
Ha sido el caso, por ejemplo, de Cataluña que ha aprobado una instrucción, que finalmente ha quedado suspendida, que dispensa a los funcionarios de acudir a los juzgados para cumplir los servicios mínimos fijados, de modo que sólo se les llamaría cuando se les necesite. La Junta de Andalucía ha hecho una petición similar y ha instado al Gobierno a cerrar todos los juzgados, a excepción de aquellos que están de guardia, los de violencia de género y los servicios de medicina forense.
La orden del Ministerio de Sanidad señala también que Justicia podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis para articular "consensuadamente" las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los funcionarios.
En dicha Comisión, a la que deberá informar previamente a adoptar cualquier decisión referente al mantenimiento de los servicios esencial, estará representada las comunidades autónomas con competencia en la materia, "sin perjuicio de las consultas que puedan formularse al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado".
Asimismo, un representante el órgano de gobierno de los jueces y otro del Ministerio Público deberán acudir a las reuniones de la Comisión, "por considerarse necesario para poder coordinar adecuadamente las decisiones que se tomen en el ámbito de la Administración de Justicia en relación con los distintos colectivos implicados", destaca la orden ministerial.