MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, evitó este miércoles pronunciarse sobre la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial que el pasado día 10 absolvió al expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Pasarelas'.
Preguntado
sobre la cuestión tras la firma de un acuerdo de colaboración con la
Universidad de Murcia, Pasqual del Riquelme declaró que siempre mantiene «un respeto institucional por las resoluciones judiciales».
Y añadió que en este caso hay una circunstancia que refuerza esa posición, y es la de que, como miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, el asunto puede llegar en apelación a la misma si la sentencia absolutoria es recurrida.
«Por todas esas circunstancias, se comprenderá que debo ser prudente para que mi neutralidad no se vea comprometida».
Lo que sí explicó el presidente del TSJ es que la administración de Justicia necesita más medios humanos y materiales
para dar una respuesta rápida a los asuntos que llegan a la misma, sin
que se produzcan las dilaciones que se registran en numerosas ocasiones.
Para el máximo representante de la Justicia en la Región, no se pueden establecer plazos perentorios para la instrucción de los casos si esa medida no va acompañada de la dotación de los medios necesarios para evitar las dilaciones.
Unos
tribunales que en Murcia, de forma especial, advirtió, «están muy cerca
de la saturación y al borde de sus capacidades de respuesta», porque
«intentamos dar respuesta puntual a esas necesidades y a la aplicación
puntual de la ley, pero hay exigencias que si no van acompañadas de los
recursos de los jueces, de las oficinas judiciales necesarias para su
implementación, se convierten muchas veces en normas de muy difícil aplicación en esa situación de saturación».
Sobre si es partidario que se acoten los tiempos, apuntó que su opinión personal como profesional del derecho es que la existencia de plazos de instrucción o de respuesta en general «es algo que es difícil no apoyar».
«Naturalmente que la respuesta de los tribunales debe realizarse de la
forma más pronta posible y toda aquella medida que redunde en que la
respuesta sea pronta y evite dilaciones debe ser bienvenida y acogida»,
subrayó.
Sánchez fue absuelto de los delitos de prevaricación y
falsedad por la adjudicación de las obras de construcción de las
pasarelas construidas durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras
porque se rebasaron los seis meses que el juez de Lorca tenía para instruir el caso sin practicar diligencia alguna.
Además, ante de que expirara ese plazo, ni el fiscal pidió que se declarara la causa como compleja, que habría permitido extender el plazo de instrucción hasta 18 meses, ni el Juzgado llamó a declarar ni a Sánchez ni al segundo investigado, el arquitecto Martín Lejárraga.
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