MADRID.- El Gobierno ya ha escuchado al Pacto de Toledo
y ha interpretado cómo deberán revalorizarse las pensiones a partir de
ahora. Por ello, ha decidido incluir una reforma legal en el proyecto de
Real Decreto-Ley de medidas urgentes del orden social, que prevé
aprobar este viernes el Consejo de Ministros, para suprimir para siempre
el actual factor de revalorización de las pensiones. Este factor fue
aprobado en 2013 y limitaba la subida de las prestaciones a un 0,25%
mientras la Seguridad Social estuvieran en déficit.
Los Presupuestos Generales de 2018 ya habían dejado
en suspenso este factor para este año y el próximo e incluían una subida
de pensiones del 1,6% para ambos ejercicios.
Ahora el Gobierno ha ido más allá en este Real
Decreto-Ley y determina “como cuestión urgente y prioritaria” la
revalorización de las pensiones
y otras prestaciones públicas en 2019 de acuerdo con el IPC previsto
(el citado 1,6%) y, además, incorporar una paga compensatoria que
equipare el incremento de 2018 a lo que han subido la inflación real
entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Concretamente el texto establece que las pensiones
contributivas de la Seguridad Social y de las clases pasivas
(funcionarios) “experimentarán en 2019 un incremento del 1,6% respecto
del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en el
mismo porcentaje que el valor medio de la variación porcentual
interanual del IPC de cada uno de los meses desde diciembre de 2017
hasta noviembre de 2018, expresado con un decimal, que en 2018 es del
1,7%”.
Esto significa que, además de incrementarse un 1,6% todas las
pensiones a partir del 1 de enero próximo, los pensionistas recibirán
una paga en una sola vez, “antes del 1 de abril”, elevando un 0,1% más
la cuantía de su pensión.
Si bien, lo más significativo de este cambio en la forma en la que se actualizan anualmente las pensiones es que el Ministerio de Trabajo
lo modifica “con la finalidad de que la fórmula de revalorización
utilizada sea la que se aplique indefinidamente y no solo para 2019”.
Con ello se recupera la fórmula de revalorización vigente antes de la
reforma de 2013 –continúa el texto–, “tal y como venían demandando los
pensionistas (..) que veían que una vez superada la crisis el poder
adquisitivo de sus pensiones siguiera reduciéndose paulatinamente año
tras año, lo que parece incompatible con el Estado del Bienestar”,
precisa el Gobierno en este Real Decreto-Ley.
Por otra parte, los responsables de la Seguridad
Social también dan solución en esta norma a la situación de un colectivo
de trabajadores que fueron despedidos antes del 1 de abril de 2013 y no
han vuelto a ser encuadrados en la Seguridad Social posteriormente o
que fueron incluidos en expedientes de regulación de empleo también
antes de abril de 2013 y su salida está prevista antes del 1 de enero de
2020.
Para estos dos colectivos, que según los sindicatos
están formados por varios miles de personas, “se seguirá aplicando la
regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades,
requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema
de la Seguridad Social”.
Estas condiciones son más ventajosas puesto que no se ven afectadas por
los endurecimientos de la jubilación anticipada y parcial de 2011 y,
sobre todo, 2013.
Finalmente, esta norma que prepara Trabajo autoriza
un suplemento de crédito de 1.333 millones de euros en el apartado
presupuestario “Préstamos a la Seguridad Social para su equilibrio
financiero, financiado con deuda pública”.
Otras novedades
- Iprem. El Ministerio de Trabajo baraja incrementar un 2% en 2019 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) hasta situarlo en 548,60 euros al mes.
- Jubilación Ertzaintza. El Real Decreto-Ley que quiere aprobar el Consejo de Ministros del viernes incluye una disposición adicional séptima que incrementa al 9,90%, el tipo de cotización adicional establecido para la jubilación anticipada de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, a partir del 1 de enero de 2019. “No proceder a dicho incremento supondría un perjuicio para las cuentas del sistema”, indica el texto redactado por la Seguridad Social.
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