CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha apuntado a ambos partidos, PP y C's,
como los que bloquean instar al gobierno central a eliminar una
disposición adicional en los PGE 2017 que "torpedea cualquier
posibilidad para que servicios como el agua vuelvan a ser gestionados de
manera pública y transparente. Quieren crear una situación de
incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados
por estos procesos para sabotear la remunicipalización ya iniciada e
imponen las privatizaciones aún en contra de los intereses y derechos de
todos y todas. Parece que al PP no le gusta la idea de perder las
mordidas del 3%".
Tal y como ha explicado María Giménez, el ejecutivo central del
Partido Popular pretende, a través de los Presupuestos Generales del
Estado, que "en caso de que algún servicio público local se esté
gestionando a través de una empresa privada, y se decida su
remunicipalización para prestarlo directamente por el propio
Ayuntamiento o Entidad, las personas que presten ese servicio en la
empresa privada no podrán integrarse, ni siquiera temporalmente, como
empleados públicos del Ayuntamiento".
Esto es algo, ha dicho Giménez, que va "totalmente en contra de la
voluntad local y de la petición de la gente en muchas ciudades de
España, con estas disposiciones se produce un claro atentado a la
autonomía local".
Según la diputada de Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos son
"plenamente conscientes de que la entrada en vigor de esta disposición
implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta
envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable,
se pudiera dar".
Además, otro de los puntos "negros" de las disposiciones adicionales
que quiere sacar adelante el PP es que "tampoco los Ayuntamientos podrán
seleccionar su propio personal para que cuando se asuma directamente el
servicio sea prestado por las personas que previamente hayan sido
seleccionadas en base a procesos selectivos realizados con arreglo a
esos principios de mérito y capacidad".
María Giménez, diputada de Podemos, ha recordado que la gestión
indirecta es "más cara y menos eficaz que la gestión directa, como ha
reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su Informe de 2011. Sin
olvidar que la contratación pública en general, la gestión indirecta de
servicios y la privatización, ha sido el espacio, menos democrático y
menos transparente, donde se han desarrollado la gran mayoría o la casi
totalidad de los grandes casos de corrupción y expolio de lo público por
una minoría perpetrados contra la ciudadanía de todo el Estado".
Por último, Giménez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha
subrayado que el PP también incumple el Estatuto de los Trabajadores
puesto que "no se aplicará la subrogación de empresas al que se refiere
el artículo 44. Ni siquiera cuando el convenio colectivo correspondiente
así lo haya previsto, ni, aunque inmediatamente se apruebe la oferta de
empleo correspondiente para que, previa la celebración de unas pruebas
con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad esos
puestos terminen cubriéndose con carácter definitivo por quienes superen
el correspondiente proceso selectivo".