Se restringe el trasvase de agua desde la cuenca del Tajo hasta la del Segura

MADRID.- Desde el pasado 1 de enero el volumen de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el Trasvase Tajo-Segura, no puede descender de los 400 hectómetros cúbicos, un nivel que supera holgadamente el actual, situado en 236 hectómetros y que impide suministrar agua a la huerta levantina a través de la infraestructura. Los regantes, no obstante, reclaman un trasvase "de socorro" para salvar 44 millones de árboles frutales, publica hoy elEconomista.

Corría el mes de octubre de 2013 cuando Miguel Arias Cañete, por entonces ministro de Agricultura, lograba muñir un acuerdo con las cinco comunidades autónomas implicadas en el Trasvase Tajo-Segura sobre el uso de esta polémica infraestructura. Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia estaban todas gobernadas por el PP y se aprovechó la sintonía política para introducir varias enmiendas en la Ley de Evaluación Ambiental que, teóricamente, ponían fin a una de las eternas guerras del agua del país.

En virtud de esas medidas se establecieron varios escenarios y se incrementó el umbral mínimo a partir del cual no se puede desembalsar agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía para alimentar la sedientas cuencas del Júcar y el Segura, pasando de 240 a 400 hectómetros a partir del pasado 1 de enero, un nivel muy superior al actual, de 236 hectómetros, equivalente al 9,6% de capacidad de ambos embalses.

Para alcanzar ese umbral de 400 hectómetros, la norma contemplaba un período transitorio en el que el mínimo se iría incrementando en 32 hectómetros anuales. En virtud de esta restricción, el Trasvase no funciona desde el pasado mes de mayo, si bien en octubre la Comunidad de Castilla-La Mancha denunció un "trasvase encubierto", porque regantes del Tajo habían cedido ocho hectómetros a regantes del Segura, algo que el Ministerio consideró una operación privada, permitida por las citadas enmiendas a la Ley de Evaluación.

En cualquier caso, por el Travase circularon el año pasado 82,5 hectómetros de agua -sobre un máximo permitido, en caso de una excepcional bonanza hídrica, de 650 hectómetros anuales- y este año no se espera que circule nada, habida cuenta de que la Confederación del Tajo augura que el año concluirá con 172 hectómetros.

Sin embargo, los agricultores del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) reclaman un trasvase "de socorro" -en palabras de su presidente, Lucas Jiménez- para salvar 44 millones de árboles frutales.
Ellos, grandes beneficiarios de la infraestructura, reclaman que funcione y recuerdan su importante peso económico: mantienen 100.000 empleos y su producción -de la que exportan el 60%- se valora en unos 2.300 millones de euros.

La alternativa al agua del Trasvase es el agua desalinizada. No siempre es posible y resulta mucho más cara: en la cuenca del Segura, según calcula la Confederación, de 197 a 564 millones más cada año.