MADRID.- Las investigaciones del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y las pesquisas judiciales
están desmontando una retahíla de operaciones sospechosamente
irregulares, que dejaron tocadas las arcas de las antiguas cajas de
ahorro, a juicio de elEconomista.
Al
menos los directivos están siendo investigados por desfalcar a estas
entidades en los años del boom y en los comienzos de la crisis 3.704
millones. Ésta es la cuantía de las diferentes transacciones
supuestamente ilegales que el organismo público ha denunciado ante la
Fiscalía desde 2013, cuando puso en marcha una serie de informes para
analizar la situación de los grupos que tuvieron que ser rescatados con
dinero público. La inmensa mayoría están en procedimientos abiertos, en
diferentes causas, en los tribunales.
Estas irregularidades tienen que
ver con créditos, sueldos y prejubilaciones que fueron autorizados al
margen de la legalidad y que supusieron un quebranto patrimonial de tal
dimensión.
Hace
dos semanas el presidente del Frob destacaba en el Congreso de los
Diputados que hasta la fecha la institución había remitido a
Anticorrupción 57 informes con transacciones sospechosas.
"Es obvio que
la actuación de los gestores es un elemento determinante de la eventual
inviabilidad de una entidad", aseguraba Jaime Ponce, quien subraya que
el Frob, como autoridad de resolución, "ha velado por la persecución de
aquellas conductas irregulares que podrían haber causado un perjuicio
patrimonial a las entidades y, en concreto, ha ejercido directamente las
acciones judiciales o extrajudiciales cuya titularidad le corresponde
encaminadas a conseguir el resarcimiento patrimonial".
Las últimas denuncias fueron
presentadas el año pasado, cuando llevó nueve créditos supuestamente
irregulares de Caja España Duero, que habían supuesto un quebranto de
120 millones, y otro de Sa Nostra, cuyo agujero aún no se había
determinado.
En estas causas no se encuentran
algunas de las más relevantes y de impacto social, como la salida a
bolsa de Bankia o la comercialización de preferentes, ya que las
pérdidas han sido asumidas finalmente o bien por el Estado, a través de
compensaciones o indemnizaciones, o por los inversores.
Precisamente
está previsto que próximamente se sienten en el banquillo de los
acusados los antiguos consejeros y directivos de Bankia por la
colocación de acciones en el mercado a mediados de 2011.
De momento, muy pocas denuncias
han sido resueltas aún por la Justicia. Y muy poco dinero se ha podido
recuperar. Las condenas, hasta la fecha, han llegado a cuentagotas.
Apenas
varias causas han culminado ya. La más importante, por su relevancia
social, ha sido el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, cuya
sentencia aún debe ser ratificada por el Supremo.
También es destacable la causa de
las prejubilaciones de las cajas gallegas, por la que algunos
directivos se encuentran aún en prisión. Desde octubre los cinco
exgestores disfrutan de un régimen de semilibertad tras haber cumplido
buena parte de la pena y de haber comenzado a realizar trabajos
sociales.
El que fuera presidente de
Bancaja, José Luis Olivas, fue condenado a un año y medio de cárcel por
una de las operaciones que más quebranto ha supuesto a una entidad, la
denominada Grand Coral.
Los préstamos a un proyecto inmobiliario en el
Caribe conllevaron un agujero a la caja valenciana de 750 millones de
euros. Olivas se enfrenta a otras causas, entre ellas, la salida a bolsa de Bankia, de la que llegó a ser vicepresidente en la época en que Rodrigo Rato era su máximo responsable.
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