VALENCIA.- Las empresas para las que trabajaba el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana,
van soltando lastre del ahora preso preventivo. Tras al suspensión de
empleo y sueldo por parte de Telefónica, este martes fue la compañía de
distribución Logista la que anunció la salida del que
fue presidente de la Generalitat valenciana de su consejo de
administración. Lo hizo a través de un hecho relevante comunicado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que calificó de
"dimisión" la renuncia de Zaplana "como consecuencia de su actual situación procesal penal".
Zaplana era vocal independiente del consejo de administración desde 2012 de la filial cotizada de la antigua Tabacalera,
donde percibía una retribución de 60.000 euros más dietas al año. El
pasado ejercicio la remuneración total fue algo inferior a los 100.000
euros.
La "dimisión" se hace efectiva el día que se reúne el
consejo de administración de Logista, justo una semana después de la
detención del expolítico el pasado 22 de mayo.
Tras dos días de
registros, compareció ante la Guardia Civil y la jueza instructora de
Valencia, Isabel Rodríguez, y fue enviado a prisión por
riesgo de fuga y destrucción de pruebas, una decisión que ha recurrido
su defensa por razones de salud.
En paralelo a la investigación sobre las presuntas operaciones de
blanqueo de comisiones de Zaplana, personas de su confianza y la familia
Cotino, la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha abierto diligencias para indagar sobre un posible
chivatazo de la operación que llevaban en marcha.
El pasado 16 de mayo,
seis días antes de que los agentes accediesen a un centro logístico y
almacenaje de la Generalitat en la localidad valenciana de Riba-roja, un
alto funcionario de la Conselleria de Economía, Alfonso Roselló,
accedió al recinto durante algo menos de media hora. Según atestados de
la UCO publicados por El Mundo, Roselló pudo consultar y manipular
expedientes relativos al proceso de adjudicación del Plan Eólico
Valenciano, los mismos papeles que los investigadores requisaron el 23
de mayo, el segundo día de la operación Erial.
Roselló no es un desconocido en las filas del PP valenciano. Marido de Auxiliadora Hernández,
ex alto cargo con los populares y hermana de Maritina Hernández,
exconsejera de Agricultura. Actualmente, el funcionario ejerce de
responsable de Recursos Humanos del Intituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), empresa pública que integró a la Agencia Valenciana de la Energía, organismo del que que dependió la tramitación del Plan Eólico y en el que trabajaba Roselló.
Aunque,
el alto funcionario ha negado haber manipulado expedientes y ha
atribuido su presencia previa en el almacén a una casualidad, pero su
presencia en un lugar al que normalmente solamente acuden los ordenanzas
cuando se solicita algún documento desde alguno de los departamentos de
la Adminsitración valenciana ha despertado las sospechas de la existencia de un 'chivatazo' y de si los implicados en la trama de blanqueo y comisiones podrían haber estado alertados de lo que iba a ocurrir.
No en balde, en ámbitos de la Ciudad de la Justicia se venía especulando desde hacía algunas semanas sobre una posible operación policial que iba a implicar a un personaje muy mediático.
