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"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
MURCIA.- En la Región de Murcia, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral
(ISSL-RM) lleva desde el pasado mes de febrero de 2017 sin aportar ni un
solo dato estadístico de siniestralidad regional, asunto que UGT y CCOO
consideran grave, por el flagrante incumplimiento de la Ley de
Transparencia de la Región de Murcia y por ser un ejemplo más del velo
de silencio para seguir ocultando información pública considerada como
relevante o sensible de cara a cuestionar las políticas del Gobierno de
España y en nuestro territorio, del Gobierno Regional.
CCOO y UGT han pedido por escrito a la Directora General de Relaciones
Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes, una reunión urgente para
pedir explicaciones del por qué de esta falta de datos estadísticos y de
información en distintos temas laborales, entre ellos los datos
regionales de siniestralidad.
Esta falta de datos no es una novedad, ya
que ambos sindicatos han venido pidiendo desde hace muchos meses estas
informaciones, y como miembros del Consejo Asesor Regional de Seguridad y
Salud, valoramos como grave este incumplimiento de la normativa de
transparencia que rige (o debiera regir) las Administraciones públicas.
"La última vez que pedimos estas informaciones fue el pasado 1 de
septiembre de 2017, en una carta enviada por CCOO y UGT a la señora
Fuentes, para manifestar nuestra preocupación ante la falta de
información por parte del ISSL-RM. Hasta ahora, y tras más de cuatro meses
esperando noticias, aún no se han facilitado estos datos".
UGT y CCOO han buscado estos datos por otras vías, y han solicitado a
través de sus respectivas organizaciones a nivel nacional los datos al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, datos que sí nos han llegado
aunque de manera muy limitada y sin desglosar.
Para ambos sindicatos, el
que el ISSL-RM sí disponga de los datos "pero que no se nos faciliten,
demuestra la falta de voluntad política del Gobierno regional para
implementar un régimen de transparencia de los asuntos públicos en la
Región de Murcia".
MURCIA.- Sergio Ramos, concejal de Cambiemos Murcia, ha exigido hoy
"responsabilidades políticas" al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Murcia por la sentencia judicial en la que se obliga al Consistorio a
readmitir a una trabajadora del Ramón Gaya y en la que se condena a la
Administración municipal por una vulneración flagrante de los derechos
fundamentales de los trabajadores.
Para Ramos, "la sentencia confirma lo que Cambiemos Murcia lleva
tiempo defendiendo, que las trabajadoras debían ser readmitidas".
Además, desde la formación municipalista exigen que el fallo judicial se
cumpla lo antes posible y que además se haga extensivo al resto de la
antigua plantilla.
La sentencia obliga al pago de 12.000 euros de indemnización y al de
toda la deuda asumida con esta trabajadora del Museo, más un 10 por
ciento de demora, lo que supone, una vez más, que "la mala gestión del
Partido Popular tenga como resultado un gasto importante por parte de
las arcas municipales", ha explicado el edil.
Para Cambiemos Murcia ha quedado más que demostrado que "el
Ayuntamiento de Murcia debe cambiar de manera radical su política de
contratación y el trato que da a los trabajadores y trabajadoras de las
contratas municipales".
CARAVACA DE LA CRUZ.- El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha organizado ya el acto para el nombramiento del ex alcalde socialista, Antonio García Martínez-Reina, como Hijo Predilecto de la Ciudad, fallecido a temprana edad.
El actual alcalde socialista procederá a dar lectura al acta de la Sesión Plenaria del
día 27 de noviembre de 2017, en la que se aprobó el nombramiento de Antonio García Martínez-Reina, como Hijo Predilecto de Caravaca de la
Cruz.
Intervendrán a continuación Germán Sánchez Campos, Luis Gabriel Martínez Elbal, Juan Carlos Gómez Triguero, Patricia García Caro y Cristina García Carrascal.
Finalizadas
estas intervenciones tomará finalmente la palabra el actual alcalde socialista de Caravaca de la Cruz, José Moreno Medina, quien entregará el Diploma Acreditativo a sus
hijas Cristina y Patricia.
Antonio García Martínez-Reina nació en Caravaca el 23 de septiembre
de 1954 y murió en agosto de 2011 a los 57 años. Como maestro dedicó su vida profesional a la enseñanza. que era
su gran pasión. Sabía de la importancia de la relación con sus alumnos
más allá del aula y siempre tuvo tiempo para ellos.
En junio de
1987 fue elegido alcalde de Caravaca y para el pueblo empezó una
etapa que duraría 12 años hasta 1999 y que significó el cambio más importante que
había tenido hasta ese momento.
Trabajó para que Caravaca cambiara
hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro consiguiendo que cada
caravaqueño y caravaqueña estuviera orgulloso de vivir en su calle, en
su barrio o en su pedanía, eliminando barreras físicas, dotando a todo
el municipio de servicios, con especial esfuerzo en lugares olvidados
muchos años (el Barrio de San Francisco es un buen ejemplo de este
trabajo) y también invisibles, devolviendo a sus barrios y pedanías la
dignidad y el orgullo de vivir en ellos, haciendo de la igualdad su
razón de ser alcalde.
Creó espacios culturales, sociales, naturales,
educativos, económicos, fomentó las asociaciones y estuvo siempre al
lado de cada ciudadano que lo necesitaba.
Hacia fuera iniciando una
época de protagonismo para el pueblo como no se había conocido
nunca.
Otra de sus grandes pasiones fue la naturaleza. Y uno de
sus principales empeños que Las Fuentes del Marqués dejaran de ser privadas y
pasaran a ser propiedad del pueblo caravaqueño y, una vez conseguido,
trabajó para que cada uno de los caravaqueños estuvieran orgullosos de que ese
hermoso paraje hoy sea de todos.
Supo siempre rodearse de
compañeros que entendieron su forma de trabajar, sus ideas sobre lo que
había que hacer, con un sentido del humor que hacía el día a día mucho
más fácil.
Hoy su familia y amigos están orgullosos de este
nombramiento de Hijo Predilecto, porque saben que es también un
orgullo para Caravaca haber tenido la suerte de que Antonio García
Martínez-Reina haya sido su alcalde.
LORCA.- En IURM-Verdes no encuentran indicios para congratularse en la Región por unos buenos resultados en la gestión de la dependencia. Hacen esta afirmación tras conocer que "Murcia es la segunda Comunidad Autónoma con menor lista de espera en Dependencia". Afirman que no es motivo para celebrar, sino un síntoma de la necesidad de mejora que presenta nuestra región en esta cuestión.
Después de suspender sistemáticamente esta comunidad autónoma en los
diferentes informes de los últimos años elaborados por la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en cuanto a la
gestión de la dependencia, situándose Murcia siempre a la cola del país,
ya va siendo hora de que se tomen medidas serias y urgentes.
Si bien es cierto que se incrementa el número de perceptores que
reciben en la Región algún tipo de ayuda, prestación o servicio de la
Dependencia en más de 30.000 personas, y que, paralelamente, la lista de
espera se reduce, el hecho de que, a día de hoy, 5.317 murcianos sigan
aguardando las prestaciones a las que tienen derecho, no es una buena
noticia para IURM-Verdes.
Resaltan que el 13,5% de las personas
reconocidas como dependientes con derecho a prestación en Murcia están a
la espera de recibir sus ayudas, mientras todavía el 30% de las
personas valoradas con un grado I (el más leve) están a la espera de sus
ayudas en la Región.
Desde la formación de izquierdas recuerdan que Murcia ha sido,
tradicionalmente, una de las comunidades con peores resultados en la
aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que afirman que cabe
cuestionar muy en serio tanto la gestión como las políticas en
dependencia que se han venido realizando hasta ahora y que tantas
críticas han recibido por parte de la organización política.
Desde IURM-Verdes manifiestan que es necesario cuestionarse la
calidad de los servicios que se están ofreciendo, ya que el hecho de que
la región continúe siendo deficitaria en residencias y centros de día, y
que también esté a la cola en ayuda a domicilio después de 11 años de
estar en vigor la ley, es muy significativo.
De hecho, recuerdan que una de las cuestiones que IURM-Verdes más ha
denunciado en estos años es que en la región se haya apostado por las
prestaciones económicas (precarias y deficitarias, además) antes que por
la inversión en centros y servicios tal y como la norma legal
establece.
En total, el 46% de dependientes de la Región reciben un
servicio, mientras en España el porcentaje asciende al 67%. Además,
afirman que los múltiples recortes en el sistema de atención a la
dependencia durante los años más duros de la crisis han tenido como
consecuencia prestaciones más bajas, copagos más altos y baremos más
restrictivos; al tiempo que centenares de personas han fallecido sin
llegar a recibir las ayudas a las que tenían derecho debido a que sus
expedientes permanecieron paralizados durante años, teniendo que
soportar el IMAS un importante número de condenas judiciales por
quebrantar los derechos de las personas dependientes.
Afirman desde la formación de izquierdas que la leve mejora actual
(reconocida incluso por la propia Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales antes citada) en las políticas de atención a
personas dependientes, no debe hacer que se olviden las asignaturas
pendientes del gobierno regional en esta materia, y recuerdan que la
precarización de servicios y prestaciones económicas continúan siendo
una necesidad imperiosa para esta región, con el fin de normalizar la
vida de los dependientes y sus familiares.
No hay que olvidarse, dicen,
del necesario impulso que requiere una prestación tan necesaria como la
ayuda a domicilio, prestada en la mayoría de ayuntamientos por empresas
externalizadas; ni de que tenemos menos plazas en residencias y centros
de día por habitante que la media nacional, traducido en que el 54% de
las personas dependientes reciben en la Región prestaciones económicas
al cuidador(algo que la propia ley contempla que debería ser una
excepción) mientras apenas el 8,5% ocupan una plaza en un centro día
público, y el 10% en una residencia.
Por todo ello, desde IURM-Verdes advierten de los importantes
déficits estructurales que sufren los servicios sociales de la Comunidad
desde hace años y exigen al gobierno regional que no se relajen con las
mejoras reconocidas y reformulen las políticas de atención a las
personas dependientes y a sus familiares, sin duda, unos de los
colectivos más castigados por los años de crisis y más desatendidos por
el gobierno regional.
MURCIA.- Carlos 'El Profe', el hombre de 55 años considerado por la Policía el inductor de los sabotajes en las vías, ha quedado libre con cargos después de declarar durante horas en la Ciudad de la Justicia de Murcia ante la titular del Juzgado nº 5. Se le prohíbe acercarse a menos de cien metros de las vías, de las zonas del AVE y del lugar de la acampada contra la llegada de la Alta Velocidad, según publican esta noche La Opinión y La Verdad.
El sospechoso, al que se le investiga por un delito de daños agravado (por incendio) y coacciones, fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional. Durmió dos días en los calabozos y esta mañana fue llevado a declarar ante la juez, que, por la tarde, decretó su puesta en libertad. Sobre la mesa, cinco restos de artefactos explosivos que lanzaron sobre las vías. Son "cápsulas de metal que se convierten en metralla una vez que explotan", detallaba el responsable de la Policía Científica de la Jefatura Superior, Juan Manuel España. El jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, Cirilo Durán, comparecía este jueves para hablar sobre la operación y esclarecer quién estuvo detrás del vandalismo en las obras del AVE.
En cuanto a los artefactos lanzados a las vías, Cirilo Durán apuntó que "de elementos pirotécnicos no tienen nada", y que "se lanzaron contra los trabajadores de Adif con intención de amedrentarlos".
Reveló
que los dos menores sospechosos confesaron quién había sido la persona
que les mandó tirar estos artefactos. Así la Policía, sin ninguna duda,
detuvo a 'El Profe'.
También los menores hablaron sobre el incendio de los paneles del muro: lanzaron botellas de gasolina, que, según el menor que confesó, les dio 'El Profe'.
"Para nosotros lo más grave del tema este es haber puesto en riesgo de la vida de las personas y por otro la utilización de menores", destacó el jefe de la Policía. La operación se saldó con la detención de dos varones (de 55 y de 14 años respectivamente) y la imputación de otro, de 17 años. Los menores también están libres y a cargo de sus padres a la espera de las medidas que les imponga el juzgado de Menores. La titular del juzgado nº 5 de Murcia dejó en libertad a Carlos 'El Profe' en la tarde de este viernes y le impuso una prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las vías del tren, de las zonas del AVE y del lugar de la acampada contra la llegada de la Alta Velocidad. La juez le investiga por un delito de daños mediante incendio agravado y coacciones. La investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan más detenciones de las personas que participaron en los actos vandálicos. A Carlos 'El Profe' la juez le investiga por daños mediante incendio agravado y coacciones, presuntos delitos que se le imputan. Carlos 'El Profe', el vecino de 55 años detenido por su presunta implicación en incidentes, facilitó y fabricó presuntamente petardos y cócteles molotov y se los entregó a los dos menores.
En el registro del domicilio de 'El Profe' se encontraron pruebas que
parecen acreditar que todo obedecía a un plan organizado, ya que
hallaron un croquis detallado de la zona de las obras junta a la
estación del Carmen.
Se trata de un esquema en el que se indicaba de forma minuciosa cómo estaban distribuidas las obras del AVE, las zonas con menos luz o más accesible. También se incautaron de una mecha casera similar a la utilizada en los artefactos explosivos y un tirachinas de caja con el que supuestamente se podrían haber lanzado algunos de los artefactos desde larga distancia.
En su declaración ante la Policía, los dos menores confesaron su participación en los incidentes del 29 de diciembre pasado.
Desde el 14 de septiembre de 2017, el Cuerpo Nacional de Policía ha
impuesto 29 denuncias a 27 vecinos (dos de ellos, reincidentes) e
incoado otros siete expedientes que, probablemente, acabarán también en
una multa administrativa.
Las sanciones suman 18.693 euros y tienen su
origen en desobediencia a la autoridad, falta de respeto a los agentes,
negativa a identificarse, alteración del orden público, corte de las
vías y manifestaciones no comunicadas.
Las cuantías van, según los
casos, desde los 100 a los 1.000 euros, excepto en dos casos que, por
ser reincidentes, han sido de 2.000 euros.
MURCIA.- Ahora Murcia afirma que el alcalde "Ballesta se ha ratificado hoy como cómplice de las
graves prácticas que Roque Ortiz confesó públicamente". Tras la junta
extraordinaria de portavoces celebrada este mediodía, la concejala de
Ahora Murcia, Alicia Morales, insiste en que "Roque Ortiz debe ser
cesado y Ballesta debe dimitir", y apunta que Ahora Murcia ha registrado
por escrito la petición de que se cree en el seno del Ayuntamiento una
Comisión de Investigación "que dé a conocer las prácticas que se han
estado llevando a cabo en el Ayuntamiento y en las juntas municipales, y
si hay más partidos implicados".
La formación municipal también ha registrado 13 preguntas al alcalde,
de cara al próximo Pleno, acerca de las prácticas confesadas por Ortiz,
"con el objetivo de obtener respuesta por escrito de unas actuaciones
que hablan de compra de votos y de pago de favores, unas prácticas de
suma gravedad que suponen un 'modus operandi' de tintes mafiosos".
Alicia Morales señala que además de la Comisión de Investigación es
necesario que se realice una auditoría, "todo ello para esclarecer
posibles prácticas irregulares en las contratas millonarias del
Ayuntamiento y en la concesión de obras".
La edil recuerda que en los últimos años autos judiciales han
afirmado que el PP nacional "funciona como una organización criminal; lo
que habrá que investigar ahora es si este tipo de prácticas se han
asentado también en el Ayuntamiento de Murcia".
En este sentido, Morales
recalca que "desde Ahora Murcia siempre hemos mantenido que estar más
de 20 años en el poder propicia la creación de redes clientelares y la
corrupción, lo mismo que sucede con la externalización de servicios
públicos que ha llevado a cabo el PP municipal y que también venimos
denunciando de forma reiterada".
Por todo ello, la portavoz de Ahora Murcia considera "indispensable y
urgente que el PP municipal asuma responsabilidades políticas y que se
llegue al fondo en dirimir si existen responsabilidades penales".
MURCIA.- El secretario general de Podemos Región de Murcia y portavoz del
grupo parlamentario en la Asamblea Regional ha afirmado "resulta
incompresible que a día de hoy el alcalde de Murcia no haya cesado a
Roque Ortiz, su mano derecha. Conocedor y consentidor de las prácticas
de Ortiz, al frente de la Concejalía de Fomento, a Ballesta no le queda
otra salida que irse".
Oscar Urralburu ha explicado que las declaraciones del concejal del
PP en el Ayuntamiento de Murcia y mano derecha del alcalde José Ballesta
y en presencia de él "son palabras que avergüenzan a todos los
murcianas y murcianos y que son la punta del iceberg, de un modus
operandi que apuntan a toda una trama del PP en la Región" las cuales
revelan cómo se han estado sustentado con comportamientos caciquiles
cuando las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos y
funcionar con transparencia".
En este sentido, Urralburu ha señalado que el alcalde de la capital
de la Región estaba sentado al lado de Roque Ortiz cuando el concejal
del PP realizó las declaraciones, y Ballesta "guardó un silencio
cómplice ante lo que fue una confesión pública en toda regla del 'modus
operandi' del PP en el Ayuntamiento de Murcia por lo que "Ballesta debe
dimitir y asumir responsabilidades".
Es necesario que la Fiscalía ponga manos en el asunto, para saber si
"se trata de excesos verbales (como afirma el propio alcalde del
municipio de Murcia) y "hasta qué punto más que un exceso verbal se
trató de una revelación con tintes de coacción".
Finalmente, Oscar Urralburu ha señalado que los murcianos y murcianas
están ya hartos de las prácticas mafiosas del PP, y este asunto viene a
demostrar que se ha acabado que el Partido Popular gestione las
instituciones como su cortijo. La Región no se merece estos gobernantes.
MURCIA.- El portavoz del grupo municipal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, ha
dicho hoy, tras asistir a la Junta de Portavoces extraordinaria y
urgente convocada por el equipo de Gobierno, que una moción de censura
en estos momentos es "la única opción sensata desde el punto de vista
ético" porque no se está en política "solo para quejarnos de lo que ha
dicho alguien", sino para "actuar en consecuencia y mostrar que sí
existe alternativa a las políticas del PP".
"La única opción posible es que el PP deje de gestionar la vida
pública. Aquí no estamos para poner una tirita a una hemorragia porque
esa es una forma de dejar pasar el tiempo sin ninguna finalidad; por
eso, seguimos apostando por un gesto con decisión por parte del resto de
grupos municipales para proceder de manera que el PP no siga ni un día
más gestionando este Ayuntamiento", ha señalado Tornel.
Si bien esta opción "no es ningún dulce ni una solución fácil" porque
implica la asunción de la responsabilidad del Gobierno municipal, el
edil de la formación municipalista ha opinado que "en política estamos
para asumir retos" y esto requiere dar "un paso arriesgado pero
obligado" con el fin de "erradicar la sangría que ha generado durante
los últimos 20 años el Partido Popular en el ámbito del manejo de los
recursos públicos en las juntas municipales".
Precisamente en los barrios
y pedanías donde el Partido Popular ya no gobierna, "se está
demostrando que incluso partidos tan distintos como los cuatro -en
referencia a Cambiemos Murcia, PSOE, Ciudadanos y Ahora Murcia-, con un
objetivo y un frente común, podemos gestionar más y mejor".
En referencia a las palabras del concejal de Fomento, ha asegurado
que "no solo son torpes, inadecuadas y erróneas", sino que, sobre todo,
"verbalizan este procedimiento de diseño, alimentación y engorde de la
red clientelar que luego tiene que votar al PP para seguir siendo
favorecidos por este tipo de favores con dinero público".
"Eso que ha sido un secreto a voces lo ha verbalizado Ortiz en una
reunión con pedáneos y compañeros de su partido, y uno de ellos lo ha
puesto de manifiesto. A partir de este momento no es posible que Ortiz
mantenga el crédito suficiente para poder gestionar una entidad pública
como es un ayuntamiento", ha sostenido Tornel, quien se ha referido al
alcalde, José Ballesta, para urgirle a cesar al responsable de Fomento
porque de lo contrario "se convertirá en partícipe" de sus palabras.
MURCIA.-El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado que
es inmoral recurrir al clientelismo y a la compra de voluntades para
aferrarse al poder, en relación a las declaraciones del concejal Roque
Ortiz en la sede regional del PP y con la presencia de responsables
regionales y el alcalde de Murcia, José Ballesta.
"Las palabras del concejal, por tanto, son asumidas por el alcalde y
por todo el PP. El presidente López Miras nos ha dicho a todos que no
paga lavados de imagen de sus dirigentes, pero queda otra vez muy claro
que su forma de hacer política es el clientelismo y la compra de
voluntades", ha señalado.
El secretario general ha hecho estas declaraciones después de una
reunión de la Comisión Ejecutiva del PSRM-PSOE con el Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, alcaldes pedáneos y portavoces
socialistas de las pedanías, además de representantes de las juntas
vecinales.
Según Conesa, el presidente del PP, Fernando López Miras, tiene una
nueva oportunidad para empezar a dar patadas, "pero no al aire, como
hasta ahora".
"Las patadas, por higiene democrática, debe darlas para
desterrar de una vez las prácticas caciquiles del PP".
"En las declaraciones filtradas por el propio PP hemos escuchado lo
que tantos años hemos denunciado: su política clientelar. Lo que ahora
sabemos también es cómo piensan fastidiar en 2018 a los alcaldes
pedáneos que no son del PP, y eso es inadmisible por todos los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia que viven en todas esas
pedanías", ha remarcado.
El secretario general ha afirmado que las palabras de Roque Ortiz
demuestran que los planes de regeneración democrática pactados por el PP
y Ciudadanos han fracasado. "Da vergüenza escuchar las manifestaciones
de cómo se piensa plantear la licitación pública durante este año, y da
vergüenza cómo tienen planteado gestionar los recursos públicos
municipales durante este año".
"Por todo ello, el Partido Socialista de la Región de Murcia y del
municipio de Murcia solicita el cese inmediato del concejal que hizo
estas declaraciones y la dimisión del alcalde por estas gravísimas
manifestaciones y esta demostración fehaciente de su forma de actuar. Y
también exigimos las inmediatas explicaciones por parte del PP regional"
ha indicado.
Ha asegurado que el PSOE de la Región de Murcia seguirá denunciando
públicamente la trama del PP en la gestión de los recursos públicos y en
su forma de hacer política.
"Lo que ha quedado de manifiesto es justo lo contrario a lo que
expresa el código de buenas prácticas del PP, y esto es lo más
lamentable para recuperar la confianza de la ciudadanía en la noble
actividad de la política", ha comentado.
MURCIA.- La dirección regional de IU-Verdes, a través de sus coordinadores,
los comunistas Candi Marín y José Luís Alvarez-Castellanos, han denunciado la
pasividad de los populares respecto a las vergonzantes declaraciones del
concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortíz, en los audios que han
salido en prensa, donde verbaliza al menos tres prácticas que podrían
ser constitutivas de delito.
Las declaraciones del concejal de fomento
se producen en una reunión con los pedáneos del PP en el municipio y en
presencia de los concejales de Modernización de la Administración, Pepe
Guillén, Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez, y el alcalde, José
Ballesta. Así mismo han declarado que es "urgente acabar con estas
prácticas llevadas a cabo durante años por el Partido Popular".
El
Coordinador de IU Verdes en el Municipio de Murcia, Sergio Ramos por su
parte manifiesta que "estas declaraciones son gravísimas y ponen de
manifiesto que ha existido una red de corrupción generalizada en el
Ayuntamiento de Murcia".
Ramos, también ha recordado que "a esto habría
que sumar los procesos abiertos como el caso Umbra que nos dejan un
panorama desolador, por lo que urge expulsar al Partido Popular del
Ayuntamiento de Murcia, no puede pasar un día más sin que estas
prácticas irregulares sean eliminadas".
MURCIA.- Cambiemos Murcia propondrá en el Pleno del próximo jueves que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte firme un convenio de
colaboración con el Museo Salzillo para que contribuya a la financiación
de la institución "de cara a afrontar la situación de precariedad en
que se encuentra".
El concejal Nacho Tornel ha mantenido hoy una reunión con la
directora del museo, Teresa Marín Torres, para presentar la
iniciativa, que incluye que el Estado reconozca la titularidad de piezas
museísticas y parte del inmueble y del suelo edificado.
Al encuentro han asistido también el diputado de Unidos Podemos,
Javier Sánchez Serna, y la coordinadora del grupo de Cultura de la
formación municipalista, Mercedes Nicolás.
El primero, elevará al
Ministerio "una serie de preguntas sobre si considera que debe estar en
el patronato, al ser propietario del terreno y de fondos, y por tanto
sobre si debe hacerse también responsable del estado en el que se
encuentra el Museo".
Según ha explicado Mercedes Nicolás, la iniciativa la formación
municipalista "pretende profundizar en el trabajo que comenzó Cambiemos
Murcia en 2016 al proponer la puesta en marcha de un convenio entre el
Consistorio y el Museo".
"De momento, a raíz de la moción, y según nos ha comentado la
directora, ha aumentado la contribución del Ayuntamiento a la entidad",
ha concluido.
MADRID.- El Ministerio de Fomento va a sacar al mercado en dos lotes
las autopistas quebradas por la falta de tráfico, con una previsión de
ingresos que va de 700 a 1.000 millones de euros por su nueva
privatización por 25 años, recuerda Cinco Días.
La Seittsa, sociedad estatal encargada de
aglutinar las nueve autopistas en liquidación, comenzará a gestionar los
activos entre febrero, cuando se espera la reversión de la radial 4 de
Madrid, y el mes de marzo, cuando deberían nacionalizarse las radiales
2, 3 y 5; la M-12 que enlaza la capital con el aeropuerto de Barajas; la
AP-36, que presta servicio entre Ocaña y La Roda; la circunvalación de
Alicante (Ciralsa), y la autopista Cartagena-Vera (Aucosta). El
calendario final depende del juez que tramita estas liquidaciones.
Todas
ellas avanzan hacia la reversión a la Administración, mientras la AP-41
Madrid-Toledo tiene sin someter a la junta de acreedores el convenio.
Pese a ello, Fomento prevé la próxima resolución de los contratos
concesionales en Consejo de Ministros, y la relicitación allá por el mes
de junio. El montante de las adjudicaciones dependerá del marco
tarifario y de los estudios de demanda, aún en elaboración. Y en el caso
de la AP-41, podría anticiparse el concurso pese a no haber sido
liquidada.
Las nueve autopistas han cerrado 2017 con una intensidad
media 4.200 vehículos diarios, lo que implica un incremento medio del
8,6% respecto a 2016. Ese año los activos ya mejoraron un 7,6% en número
de usuarios, y en 2015, punto de inflexión para el tráfico tras la
crisis, la demanda media creció un 5,2%.
Faltan por estimar las cuantías con que el Estado debe
compensar a las concesionarias por el lucro cesante en función de la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Y es que quedará
establecido que la reversión a manos públicas de estas concesiones se
ha debido a causas ajenas a las operadoras. La caída de demanda por la
crisis y los sobrecostos en expropiaciones son las dos grandes losas que
han pesado sobre estas infraestructuras, ambos problemas inesperados
por Fomento en el momento de su licitación.
El Ministerio tendrá seis meses a partir de la transmisión
de los activos a la Seittsa para establecer la cifra de la citada RPA,
que se antoja multimillonaria y computará en déficit. Como aproximación,
el Gobierno fijó un impacto de 2.000 millones en el plan presupuestario
de 2018 enviado en octubre a Bruselas. De esa cifra, que está en la
mitad de lo que calculan los acreedores de las concesionarias, titulares
de la RPA por la pignoración de esta garantía para cubrir los créditos
de construcción, habría que restar la cantidad obtenida por la
relicitación. En definitiva, Fomento quiere aglutinar todas estas
operaciones en 2018 para tener un solo impacto en déficit.
MADRID.- El proceso de rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra acabará costando dinero al erario público, al contrario de lo que ha sostenido repetidamente el Gobierno. Y la factura no será precisamente barata, ya que rondará los 4.000 millones de euros.
Al menos, el Estado no tendrá que hacer tal desembolso de golpe. La
operación de rescate protagonizará un largo recorrido por los
tribunales, que contribuirá a diferir el pago. Tanto, que lo más
probable es que el Gobierno que termine de pagar los costes del rescate
no sea el mismo que el actual, el que comenzará a asumirlos, según razona hoy Voz Pópuli.
Las previsiones del Ministerio de Fomento sobre este proceso, que incluye asumir las nueve concesiones en situación de quiebra y volver a licitarlas pasan por ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros,
en el mejor de los casos. Unas cifras que no cubrirán en ningún caso el
coste que debe asumir el Estado por el rescate, encarnado en la figura
de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). En este punto es en el que residen las diferencias entre el Gobierno y los acreedores.
El
Ministerio de Fomento tendrá seis meses de plazo, desde que asuma el
control de la concesiones (lo que se prevé para el próximo mes de
marzo), para determinar la cuantía de la RPA, que es, en síntesis, la
compensación del Estado por quedarse unos activos cuyo coste ha sido
asumido por otros (en este caso, las sociedades concesionales que se
adjudicaron en su día las autopistas de peaje de última generación).
Por
lo tanto, los cálculos, que deberán pasar el filtro de la Intervención General de la Administración, aún no tienen cara y ojos.
Sin
embargo, de forma extraoficial el Gobierno sí ha hecho saber que no
está dispuesto a pagar por este capítulo más de 2.500 millones de euros.
Y que la cifra más probable estaría más próxima a los 2.000 millones.
De concretarse, ésta sería la cantidad a consignar por la
RPA, que difiere en gran medida de las estimaciones de los acreedores
de las concesionarias. De los actuales, mayoritariamente fondos oportunistas
que han ido adquiriendo las carteras de deuda a los bancos que
originalmente financiaron las concesiones; y de los anteriores, las
citadas entidades financieras.
Fomento ha tratado de
llegar a un acuerdo con ambos colectivos, pero en vano. Los cálculos de
los acreedores, en línea con los realizados por las constructoras y las
concesionarias afectadas por las quiebras, se van hasta los 5.000 millones, incluyendo la RPA y otro tipo de amortizaciones, créditos participativos, etc.
Por
lo tanto, todo apunta a que la RPA que finalmente asuma el Estado será
convenientemente recurrida por los acreedores. Un proceso que no tendría
por qué obstaculizar la operación de relicitar las concesiones pero que
dejará en manos de jueces y tribunales el importe final de la factura del rescate.
Antes de que acabe 2018
De
ahí que el coste del rescate será diferido. En función de lo que
determinen los tribunales, la RPA será más o menos voluminosa. En
cualquier caso, el objetivo de que el proceso no suponga un coste para
el erario público ha quedado netamente superado por los acontecimientos.
El Gobierno únicamente conseguirá que el primer impacto sea menor.
Fomento mantiene su intención de que la reversión de las nueve autopistas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa)
y la adjudicación de su concesión de nuevo a empresas privadas se
produzca dentro de 2018, pues la entrada y salida de fondos minimiza el
impacto en el déficit.
El Gobierno quiere que todas
las concesiones se liciten en el plazo máximo de diciembre de este año y
que salgan a adjudicación en dos lotes: uno con la Circunvalación de
Alicante y la autopista Cartagena-Vera, y otro con el resto, incluida la
AP-41, que se incluiría en la licitación aunque no tenga el plan de
liquidación aprobado, pues en cualquier caso en el momento de la
adjudicación estará en manos del Estado.
MADRID.- El Gobierno planea la integración
de Adif y Adif Alta Velocidad (AV) en una única sociedad y ya ha pedido
las autorizaciones pertinentes a la Comisión Europea (CE) para hacerlo,
según explican fuentes del Ministerio de Fomento. Este planteamiento se
produce apenas cuatro años después de aprobar su segregación. Los
motivos para esta decisión se sustentan en la necesidad de mejorar la
gestión de las infraestructuras ferroviarias de España y de dotar a la
nueva Adif de una mayor flexibilidad para la obtención de financiación
que permita cumplir con los compromisos de inversión y de calendario de
AVE, según publica hoy elEconomista.
Aprobada
en diciembre de 2013, las razones por las que el Gobierno acometió la
separación de Adif en dos sociedades respondía a la búsqueda de "una
mayor racionalización en el sector ferroviario, lograr la máxima
eficiencia de los servicios y asegurar la estabilidad presupuestaria",
según subrayó la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.
La
segregación implicó la asignación a Adif AV de todos los activos de alta
velocidad y de algunos tramos de la red convencional, mientras que Adif
se quedó con toda la red de cercanías y de media y larga distancia,
incluidos algunos tramos que pasarán a formar parte de Adif AV. Se
mantuvo, por el contrario, la gestión única del tráfico y de la
seguridad en la circulación.
Aquella decisión permitió
desconsolidar como déficit público la abultada deuda (más de 16.000
millones en 2013) de Adif AV, en un contexto de exigencias máximas por
parte de Bruselas. Esta sociedad dejó de financiarse con los
Presupuestos -no así Adif- y en estos años ha podido obtener liquidez de
los mercados de bonos y obligaciones, del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) o de los bancos para invertir en el desarrollo del AVE.
Sin
embargo, las dos compañías escindidas se han topado con mayores
dificultades de las previstas al generarse múltiples duplicidades que
han afectado a la gestión y a la eficacia de los recursos humanos y de
los procesos de contratación. A todo esto, se suman las complicaciones
de Adif para acceder a financiación con la que cumplir con los plazos de
obra y recibir así los fondos europeos comprometidos.
En este escenario, Fomento quiere
corregir aquella medida y volver a unificar Adif y Adif AV con el
objetivo de mejorar la gobernanza de toda la red y conseguir más
flexibilidad en el acceso a la financiación. De acuerdo con el
planteamiento del departamento que dirige Íñigo de la Serna, la
integración permitirá mantener la diversificación de las fuentes de
financiación tanto para la red de alta velocidad como convencional. Es
decir, la nueva Adif seguiría teniendo acceso a los mercados
financieros. Además, la deuda no repercutiría en el déficit.
La clave para que esto sea
posible se halla en el cambio que el Gobierno introdujo en los
Presupuestos de 2017 por el que Adif ya no es quien recibe la subvención
del Estado por las Obligaciones de Servicio Público (OSP), sino que lo
reciben directamente los operadores (Renfe). De este modo, desde
entonces Adif cobra a Renfe por los cánones por uso de las
infraestructuras ferroviarias.
A la espera de respuesta
Según
fuentes conocedoras, Fomento ha pedido a la CE, a través de Eurostat,
que dirima si el cobro de estos cánones pueden atribuirse como ingresos
de mercado. Si el resultado es positivo, supondría admitir que los
ingresos de Adif proceden del mercado, lo que, a su vez, permitiría
considerar al gestor ferroviario ya no como una entidad dependiente
exclusivamente del Estado sino como una sociedad no financiera.
Y esto
es precisamente lo que facilitaría la integración con Adif AV,
manteniendo sus capacidades actuales. El Gobierno está a la espera de la
respuesta de Bruselas para que Adif elabore un plan de fusión que, en
todo caso, debe recibir el visto bueno de Hacienda.
Desde Adif confirman que la
dirección de la empresa "analiza cualquier opción que pueda suponer una
mejora de la gestión y eficacia de la empresa" y descartan "cualquier
decisión que ponga en duda la estabilidad del empleo". Al margen de esta
integración, Fomento sopesa a futuro crear un holding con Adif y Renfe.
MADRID.- Varios
bancos, no todos, también han perdido la batalla judicial por los
gastos de formalización de las hipotecas. Un total de 18
audiencias provinciales han fallado a favor de los usuarios en
pleitos sobre el cobro indebido de estas tasas, que se han
convertido en el gran caballo de batalla de los consumidores tras
el caso de las cláusulas suelo, recoge hoy https://www.capitalmadrid.com
Enfrente se halla un sector de la
banca, que durante los últimos años cobró en exceso con este tipo de
importes.
Hasta10
de las audiencias han condenado al banco a hacerse cargo de la
totalidad de los gastos de formalización del crédito. En los ocho casos
restantes, la entidad fue obligada únicamente a reembolsar.
Según el portal Idealista.com, que cita datos de reclamador.es, las
entidades financieras han recibido reclamaciones por valor de casi cinco
millones de euros, por lo cobrado de más en el momento de la firma del
contrato hipotecario.
En la 'pole position' de las más reclamadas se encuentra el BBVA, con
una masa de demandas que supera el millón de euros y unos importes de
entre 2.800 y 4.400 euros por préstamo. Al banco de Francisco González
le siguen, entre otros, el Sabadell, Popular, ING, Bankinter, Abanca y
BMN.
Entre los gastos de formalización de las hipotecas se encuentran la
inscripción en el Registro de la Propiedad, la notaría y el impuesto de
Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En la actualidad, el criterio judicial sobre este asunto empieza a
aclararse, con los juzgados dando mayoritariamente la razón a los
afectados, a quienes ampara una sentencia del Tribunal Supremo.
El fallo del máximo órgano jurisdiccional del país considera que son
nulas las cláusulas que cargan al cliente con todos los costes derivados
de la concertación del contrato y los impuestos vinculados al mismo.
MADRID.- El Mundo publica hoy una reacción del juez que instruyó las operaciones Púnica y Lezo antes de su ascenso a la Sala de Apelaciones. Sucedió el pasado 21 de abril después del interrogatorio a la secretaria de Edmundo Rodríguez, exconsejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González
en la trama del Canal de Isabel II. Un micrófono abierto recogió la
desesperación del magistrado: "Es muy duro para un juez, muy duro", recoge hoy Libertad Digital.
El
titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional cargó
contra la estrategia de defensa de la investigada: "A mí lo que me quema
es el teatro, porque a mí no me pagan por aguantar esto", explicaba tras hora y media de comparecencia de Clarisa Guerra.
En relación al resto de los investigados en ambas tramas, principalmente
políticos vinculados al Partido Popular, empresarios e intermediarios
en los pelotazos, se desahogaba con sus funcionarios: "Tú no te puedes imaginar la presión de todos estos", refiriéndose a los abogados, "cada uno una táctica, un no sé qué, uno tocándote los huevos con dos abogados, el otro con siete...".
Velasco abandonó semanas después la instrucción de estas causas que
son competencia ahora de su sucesor al frente del Juzgado Manuel
García-Castellón. El magistrado, conocido por su intensidad en los
interrogatorios, acabó harto: "Es que no me pagan por aguantar esto".
Definió a Clarisa Guerra como "más rápida y proactiva" que Rodríguez
Sobrino; y también valoró la situación: "Esto es un paso para arriba de la infanta".
Se
adivina un cierto desánimo en la voz del juez: "Si la hemos oído [en
los pinchazos], sabemos cómo es, ¿por qué hace teatro?", vuelve en
referencia a la compareciente. "Es muy duro para un juez (...), porque
hacer teatro es malísimo. Cuando quería hablaba muy bien, imitaba de
puta madre y llamaba coletillas al que le daba la gana, y ahora... Que
pase un abogado y con que sepa hablar me basta. Que no me venga cada uno
a contar una vaina porque yo estoy cansado ya, porque esta noche no he
dormido, la anterior dormí dos horas... En estas operaciones ustedes –a
los funcionarios– creían que yo era de hierro, pero yo soy una puta mierda como todo el mundo. Y yo tengo que ser dios y aguantar. Es muy duro, la gente se cree que pueden hacer teatro todos, porque en nombre de la defensa está todo permitido,
y yo tengo que ser dios y aguantar. Yo estoy peor que ella, pero no voy
haciendo el payaso. Ella dice que no ha dormido, y los demás ¿qué hemos
dormido?, ¿eh? Me pongo a llorar y a hacerme la tonta. Es:
'Compadécete'. Y yo: 'Compadécete tú de mí también'. Conteste o no pero
no me empiece a marear".
MADRID.- 'Es muy duro para un juez, muy duro'. Sucedió el 21 de
abril del año pasado y, por un descuido, quedó grabado. Acababa de
finalizar la declaración de una imputada en el juzgado de Instrucción
nº 6 de la Audiencia Nacional, y un micrófono abierto
retrató a la perfección la desesperación del juez Eloy Velasco durante
las declaraciones de la 'Operación Lezo'. Fue el retrato cristalino de un juez peleando, con las armas del Estado de Derecho, contra la corrupción institucionalizada,según publica hoy El Mundo.
"A mí lo que me quema es el teatro, porque a mí no me pagan por aguantar esto",
bramaba Velasco a sus funcionarios, después de hora y media de
declaración, jugando al gato y al ratón el magistrado y la imputada,
Clarisa Guerra, la secretaria de Edmundo Rodríguez, el hombre que habría
cobrado una comisión millonaria para Ignacio González, ex presidente de
la Comunidad de Madrid.
"Tú no te puedes imaginar la presión de todos estos",
decía refiriéndose a los abogados, "cada uno una táctica, cada uno un
no sé qué, uno tocándote los huevos con dos abogados, el otro con
siete...". El contexto: a pocas semanas de dejar Instrucción 6, Eloy
Velasco explota tras prácticamente dos años instruyendo causas de
corrupción a cual más compleja, con decenas de imputados y
complicadísimas investigaciones: Púnica (Francisco Granados), Acuamed,
Lezo, Mercasa... Cansado, está a punto de que le trasladen a la
sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Célebre por lo punzante de
sus interrogatorios, Velasco no puede más y se sincera ante sus funcionarios: "Es que no me pagan por aguantar esto".
La conversación se incluye después, por descuido, en el audio de la
declaración, que se pone a disposición de las partes en 'Lezo'. El Mundo
ha tenido acceso a él. En el pasaje, Velasco se refiere primero a la
imputada que acaba de declarar, que en los pinchazos realizados por la
Guardia Civil suena casi altanera y autoritaria -"más rápida y proactiva" que su jefe, les dice Velasco a los funcionarios-, mientras que ante el juez se hace la sueca: "Esto es un paso para arriba de la Infanta", llega a ironizar el magistrado
'Soy una mierda, como todo el mundo
"Si
la hemos oído [en los pinchazos], sabemos cómo es, ¿por qué hace
teatro?", dice el juez sobre la declaración de Clarisa Guerra. "Es muy
duro para un juez (...), porque hacer teatro es malísimo". Y agrega
sobre la actitud de la declarante: "Cuando quería hablaba muy bien, imitaba de puta madre y llamaba coletillas [motes] al que le daba la gana, y ahora...". Justo
en ese momento tiene que comparecer ante el juez un abogado, y Velasco
se muestra ante sus compañeros de juzgados, más que cansado, casi harto:
"Que pase un abogado y con que sepa hablar me basta... Que no me venga
cada uno a contar una vaina porque yo estoy cansado ya, porque
esta noche no he dormido, la anterior dormí dos horas... En estas
operaciones ustedes [a los funcionarios] creían que yo era de hierro,
pero yo soy una puta mierda como todo el mundo", dice.
'Y yo tengo que ser dios y aguantar'
"Es muy duro, la gente se cree que pueden hacer teatro todos, porque en nombre de la defensa está todo permitido, y yo tengo que ser dios y aguantar", remata el juez, harto del toreo
al que le someten sus interrogados, y que vuelve de nuevo sobre Guerra,
que se ha quejado ante él, en la declaración, de que no ha podido
descansar bien en prisión: "Yo estoy peor que ella, pero no voy haciendo el payaso.
Ella dice que no ha dormido, y los demás qué hemos dormido, ¿eh? Esto
es un paso para arriba de la Infanta [Cristina en el 'Caso Noos']". Antes de que entre el letrado, al magistrado le queda un último lamento: "Me pongo a llorar y a hacerme la tonta. Es: 'Compadécete'. Y yo: 'Compadécete tú de mí también'. Conteste o no pero no me empiece a marear , a preguntarme usted a mí, a hacerse la tonta...", registra el micro,
abierto. Pocas semanas después, Eloy Velasco, que tuvo que pedir auxilio
al Consejo General del Poder Judicial en varias ocasiones ante la falta
de medios para sus investigaciones, abandonaba el juzgado en dirección a
la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.
MADRID.- Los analistas de Kepler Cheuvreux han revisado sus estimaciones de
beneficio antes de impuestos y de potencial alcista en Bolsa de los
mayores bancos europeos en el supuesto de que la curva de tipos de
interés se desplace al alza 100 puntos básicos, revela Expansión.
En pleno endurecimiento del discurso del Banco Central Europeo (BCE) y
ante la expectativa creciente en el mercado de que el precio del dinero
adelante el calendario de subidas a finales de 2018, Liberbank y Bankia
serían las grandes beneficiarias. En un informe fechado el lunes 15
de enero y basado en una muestra de 26 bancos europeos, Kepler asegura
que en estos momentos el sector financiero del Viejo Continente "ofrece
un potencial alcista de exactamente cero".
Sin embargo, si los tipos de
interés suben esos teóricos 100 puntos, la banca tendría por delante un
recorrido alcista medio del 13%. Un porcentaje que entre los bancos
españoles sólo es superado por Liberbank, Bankia y Caixabank. El primero
tendría por delante un potencial alcista del 29%, por delante de
Commerzbank y Erste Bank y solo superado en la muestra de Kepler por UBI
Bank, con un 33%. En el undécimo lugar se sitúa Bankia, que subiría
un 16% respecto al actual precio de mercado. Y sólo un puesto después
se situaría CaixaBank, con un 14%. Muy lejos del doble dígito queda
el resto de las entidades financieras españolas, que se agrupan en la
parte baja de la tabla. El potencial de Bankinter se reduciría 7%,
mientras que Santander, Sabadell y BBVA (es decir, los tres bancos
españoles más internacionales y diversificados por mercados geográficos)
no superarían el 6%.
Solo tres entidades se sitúan por debajo en las
previsiones de Jacques-Henri Gaulard, el analista jefe de banca de la
firma, que mantiene su recomendación de neutral para el sector. En
su informe, Kepler asegura categóricamente que en Bolsa los "grandes
ganadores en el caso de un aumento de 100 puntos básicos de los tipos de
interés serían Ubi, Liberbank, Commerzbank, Erste y Banco BPM. Entre
los bancos completamente inmunes a los tipos de interés están Sabadell,
BBVA, Natixis, Crédit Agricole y Mediobanca".
Liberbank (tras la ampliación de capital de 500 millones) es el gran
ganador europeo en el análisis del impacto del potencial alza de tipos
en el beneficio antes de impuestos. La subida de 100 puntos básicos
se dejaría notar a partir del segundo año y, respecto al resultado
estimado para 2017, supondría una mejora del 52% en los próximos cinco
ejercicios. En segundo lugar se sitúa Commerzbank y el tercero es para
Bankia, cuya sensibilidad a la subida de tipos incrementaría el
beneficio un 36%. La banca española sería la gran beneficiada en este
apartado. CaixaBank ocupa el quinto lugar con un potencial de mejora
del 34% a cinco años vista del beneficio antes de impuestos. Cifras toda
ellas muy superiores a la media del 18% estimada para los 26 grandes
bancos europeos en la que se sitúa Sabadell. Por debajo, Bankinter
se queda en un 13%, Santander en un 10% y BBVA en un más discreto 7% en
consonancia con su menor receptividad al proceso de normalización
monetaria en Europa, según Kepler. En este otro extremo de la tabla,
sólo hay un banco (el italiano Montepaschi Siena) que vería disminuir su
resultado en un nuevo entorno de tipos de interés al alza en Europa.
CÁDIZ.- Un
simple rejilla de ventilación pasará a la historia del sector naval por
ser la primera pieza instalada en un barco en todo el mundo fabricada
con una impresora 3D. Lo ha hecho el astillero de Navantia en Puerto
Real en el primer petrolero tipo Suezmax, el Monte Udala,
con una máquina diseñada y fabricada por la propia empresa, con un
equipo integrado por técnicos de la casa y de la Universidad de Cádiz.
La fabricación aditiva, como se llama en argot técnico, es el primer
paso de la compañía de construcción naval hacia el Astillero 4.0., según publica hoy Diario de Cádiz.
Ayer,
el director de Navantia en la Bahía de Cádiz, Pablo López, y el
responsable de este proyecto, Víctor Casal, dieron todas las
explicaciones. Básicamente, se trata de ganar en costes, en tiempo y en
materiales pero, eso sí, como se encargaron de recalcar, "no todo vale
para la impresión 3D".
En el caso de la rejilla de ventilación ya
instalada (se han colocado dos), con el permiso del cliente, el armador
vasco Ondimar, la diferencia es evidente: en lugar de 25 kilos de acero
inoxidable, son 3,5 kilos de fibra de carbono y ADS; en vez de tardar 5
días en fabricar la hasta ahora habitual, la máquina lo hace en tres
horas; y en vez de costar 570 euros, el precio baja hasta los 100.
Pero
no ha sido la única pieza fabricada con esta tecnología. Los
responsables de Navantia Puerto Real presentaron las dos cabinas
modulares para aseos construidas en cinco piezas gracias a la máquina
3D.
Víctor Casal ofreció otros datos: un aseo de estas características
fabricado de manera habitual supera los 5.000 euros, mientras que el que
ya han hecho realidad no llega a los 3.000, además del ahorro en
materiales y en tiempo.
La gran ventaja de esta nueva realidad llegada a
los astilleros es, como dijo, que "podemos hacer lo que queramos, esto
nos permite hacer, si queremos, este mismo aseo en forma de óvalo o
circular, lo que el cliente demande". De momento, están esperando la
certificación pertinente para poder instalarlo en el barco. "La rejilla
no precisa de esa certificación, por eso se ha colocado", explicó.
El director del astillero no ocultaba su
satisfacción por la importancia del momento, de un hito que asienta el
primer paso de una cuarta revolución industrial que llega incluso antes
de comenzar a negociarse el próximo lunes el plan estratégico que deberá
sentar las bases de cómo serán los astilleros en los años venideros.
Pablo López indicó que con esta nueva tecnología, "Navantia apuesta
firmemente por ser una empresa sostenible de la industria naval,
estratégica e internacional, desarrollando programas navales
competitivos".
Aunque no quiso valorar el inicio de la negociación ("no
es el momento hoy", aseguró), sí explicó que "el Astillero 4.0 tiene
unos objetivos claros de reducción de costes, plazos e incremento de
calidad en nuestros productos y procesos, para lograr la sostenibilidad
competitiva de la empresa; cuando se habla de Astillero 4.0, se plantea
el uso de tecnologías como la robótica, el Internet de las cosas, la
inteligencia artificial, la realidad aumentada, o las técnicas avanzadas
de simulación".
Este nuevo método de fabricación en 3D
presentado ayer se inició hace dos años, conjuntamente con la
Universidad de Cádiz (UCA), y "a finales del año pasado pudimos ver los
primeros resultados, al concluir el primer proyecto de I+D+i de Navantia
en fabricación aditiva, denominado 3DCabin con la impresión
íntegra de un aseo modular en 3D y la instalación a bordo de un buque de
dos rejillas de ventilación impresas con esta tecnología", insistió
López.
Asimismo, este año Navantia Puerto Real ha iniciado un segundo proyecto de I+D+i denominado Adibuque,
con el que busca consolidar el uso de esta tecnología en sus buques.
"Ahora debemos impulsar la realización de Proyectos de I+D+i
colaborativos con nuestras industrias auxiliares, para lograr poner a
nuestro sector naval en el lugar que le corresponde", subrayó el
dirigente de Navantia. Es más, como detalló Casal, ya se ha iniciado un
trabajo previo de investigación con la UCA para determinar cuáles serán
las nuevas piezas que se podrán fabricar de esta manera.
"Los proyectos e iniciativas en curso
permiten visualizar el potencial que esta línea de trabajo tiene por sí
misma y en el conjunto de la apuesta de Navantia por el modelo de
Astillero 4.0", reseñó López, para luego apostillar que "se puede prever
que esta tecnología ha llegado para quedarse y ser parte en un futuro
próximo de nuestro tejido productivo".
A lo largo de toda su trayectoria, la línea
de I+D+i que Navantia desarrolla en el ámbito de la fabricación aditiva
en Puerto Real ha contado con el apoyo científico y técnico del grupo
de investigación Innanomat de la UCA.
El
responsable del proyecto remarcó que la impresora 3D que se utiliza en
Puerto Real es pionera en Europa y una de las más grandes de su clase.
"Hay otras empresas que han logrado incluso fabricar una hélice, en
metal, soldando a través de un ordenador, pero quiero verla en el agua",
decían ayer en el astillero. "Lo que hacemos aquí está comprobado que
funciona", añadía Casal.
Estas técnicas de fabricación aditiva
permiten producir piezas a partir de modelos tridimensionales en formato
digital. Los equipos van materializando capa a capa la información
digital suministrada por el modelo digital.
Respecto a otras técnicas
convencionales de fabricación, la fabricación aditiva "aporta una enorme
libertad y flexibilidad en el diseño y en la producción, permitiendo
ahorrar material, disminuir costes y ganar tiempo en el prototipado y
producción, así como aportando mejoras medioambientales", explicaba ayer
Navantia.
Aunque se ha desarrollado poco en el sector
naval, en comparación con otros sectores como el aeroespacial y el
sanitario, en los últimos años "hemos detectado un aumento significativo
de trabajos en relación a la aplicación de la fabricación aditiva en el
sector naval".
Las ventajas que presenta este tipo de fabricación,
según Víctor Casal, frente a los métodos tradicionales de fabricación,
son el ahorro de materiales, menos peso, mayor capacidad de carga para
el armador (y por tanto un menor consumo de combustible o una mayor de
velocidad del buque); en el caso de uso de materiales termoplásticos, se
evitan los problemas de corrosión en ambientes marinos, disminuyendo
también los requerimientos de pintura; o favorecer la actividad
económica local, reduciendo la importación desde otros países con mano
de obra barata. De hecho, todo lo necesario para construir la máquina de
impresión 3D se ha comprado en el mercado nacional.
Por último, el director, Pablo López, fue
preguntado por la prensa acerca del futuro más inmediato. Su respuesta,
contundente: "Por supuesto que hay más vida después de los petroleros,
la habrá con las corbetas de Arabia y con el nuevo BAM".
MADRID.- El Estado se dispone a empezar a hacerse cargo a partir
de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas
por constructoras (ACS, Abertis, FCC...), y que ahora están en su
mayoría en manos de "fondos buitre", recuerda eldiario.es.
Según los cálculos que manejan hasta el momento las partes, el erario
público asumirá en todo este proceso unas pérdidas de entre 2.000
millones (lo que espera el Estado según las estimaciones que envió a
Bruselas) y 4.500 (lo que calculan los acreedores) en concepto de
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).
No obstante, el Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones
cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas a final de
este mismo año, según fuentes del Ministerio de Fomento.
Además, como el
tráfico se está recuperando, aún podría intentar rebajar lo que
considera que debe pagar en concepto de RPA, según las fuentes. Si los
acreedores no aceptan los cálculos del Ejecutivo (han dicho que están
dispuestos a pleitear y por el momento no se ha llegado a un acuerdo)
serán los jueces los que decidan la cantidad, y el proceso podría
prologarse.
Pero de cumplirse los pronósticos iniciales (incluidos
en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea en octubre) en
el mejor de los casos las pérdidas de fondos públicos serán de 1.000
millones de euros y en el peor de 3.800, siempre que se reste lo que se
espera reingresar.
En principio, salvo decisión judicial, el pago a los
acreedores se produciría como máximo a los seis meses desde que la
autopista pase a manos del Estado (entre febrero y marzo). Al Gobierno
le interesa retrasar al máximo el proceso, porque de este modo se
reducirá la factura.
Unidos Podemos ha anunciado este
jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Fomento para que dé
explicaciones sobre el rescate mientras que el PSOE a través del portavoz de Fomento en el Congreso, César Ramos, ha anunciado que exigiran que "en las nuevas licitaciones" se contemplen garantías para "mejorar la movilidad en los zonas de influencia de estas autopistas”.
La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal
de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero. El
rescate continuará en marzo para la mayoría de las vías, esto es, las
otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la
capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y
la Circunvalación de Alicante.
La última vía que se
rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41
Madrid-Toledo, según indicaron las mismas fuentes, que atribuyen estos
plazos temporales al distinto ritmo de resolución que siguen los
respectivos procesos de concurso de acreedores en que están inmersas. Seittsa se subrogará a los 700 trabajadores
contratados en la actualidad en estas vías.
El
Ministerio finalmente ha decidido relicitar las autopistas en dos lotes,
uno con las dos vías del Levante, esto es la Circunvalación de Alicante
y la Cartagena-Vera , y el otro con el resto.
La
intención es que mantengan su titularidad pública durante este año,
hasta que en diciembre de 2018 vuelvan a ser sacadas a concurso. Fomento
se resiste a calcular una cifra final de pérdidas, porque aseguran que
el tráfico se está recuperando y que al fin y al cabo acabarán por
volver a manos del Estado cuando pasen 25 años desde su nueva
licitación.
El ministro Íñigo de la Serna es el que
se ha terminado haciendo cargo de esta patata caliente.
El Gobierno de
José María Aznar, allá por el cambio de milenio, firmó en cada contrato
de licitación una cláusula (RPA) por la que éstas adquieren una
obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas
implicadas.
A esto se sumaron varios casos en que
hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos
terrenos y que se produjeron sobrecostes en las obras. Los sobrecostes
en las radiales de Madrid oscilan entre el 15% de la R-3 y el 31% de la
R-2. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno
expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de
mercado en plena burbuja del suelo.
Con estas
salvaguardas, no es extraño que acudieran a las licitaciones para
construir y optar a la concesión de las autopistas un gran número de
constructoras como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial,
OHL o Globalvía. En principio, nada les impide volver a acudir a la
licitación de diciembre, según las citadas fuentes.
CÁDIZ.- Las
centrales sindicales recibieron el pasado martes el borrador elaborado
por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a
la que pertenece Navantia, donde se recogen las directrices del futuro plan industrial de la compañía naval, según La Voz de Cádiz.
Los representantes del comité intercentros y la dirección de Navantia
iniciarán el próximo lunes la primera ronda de contactos para la
aplicación de este ambicioso plan que, entre otras cosas, incluye el
rejuvenecimiento de la plantilla de los astilleros y la reconversión
tecnológica de las factorías hacia lo que se ha venido a denominar
'Astillero 4.0'.
Una de las claves de este plan es garantizar el futuro laboral de la empresa a través de su mano de obra.
La edad media de los trabajadores de Navantia en la Bahía ronda los 55
años y un amplio sector de esa mano de obra ya está en fase de
jubilación.
Las tres plantas de la Bahía suman 1.800 empleados,
de los que el 48% son operarios, un 28% forman parte del personal
administrativo y de gestión y el 24% restante corresponde al cuerpo de
ingenieros y técnicos.
El contingente más numeroso de la plantilla se
concentra en la planta de Puerto Real con el 53%, seguido de la factoría
de San Fernando, con el 18%, y un 14% en la unidad de reparaciones del
astillero de Cádiz. El 15% restante forma parte de los servicios
compartidos. La Voz de Cádiz adelantó el pasado julio que una
de las personas que se encargará de pilotar el plan para rejuvenecer la
plantilla de los astilleros será, precisamente, un alto cargo de Airbus.
Navantia ha fichado al hasta ahora director de Recursos Humanos de la
compañía aeronáutica, Fernando Ramírez, para gestionar la salida
incentivada de los trabajadores con más edad de los astilleros.
Ramírez
ha sido uno de los artífices de la renovación de plantilla en las
factorías de Airbus y, al mismo tiempo, una de las personas clave que ha
logrado la firma del nuevo convenio colectivo del gigante aeronáutico.
Su perfil se ajusta a las necesidades de Navantia, que debe abordar a
partir de ahora una negociación colectiva y un proceso abierto y
consensuado para facilitar la salida de los trabajadores de astilleros
con más de 61 años. Ramírez sustituye a Juana María Fernández, que
abandonó la dirección de Recursos Humanos de Navantia el pasado abril
para incorporarse a una empresa privada.
Todo apunta a que
la prejubilación de los más mayores de Navantia queda ligada a la
conversión de un contrato temporal en fijo de un trabajador joven.
El 68% de los 5.283 empleados de Navantia tiene más de 50 años. En el
caso de las tres plantas de la Bahía de Cádiz la situación es aún más
preocupante, ya que el 30%, unos 517 trabajadores, está por encima de
los 60 años.
MADRID.- El proyecto S-80 se ha convertido en una pesadilla para la Armada.
Bajo esa nomenclatura se ampara una de las ambiciones más complejas a
las que se ha enfrentado el Ministerio de Defensa: la construcción de
cuatro submarinos de la más alta gama llamados a revolucionar el
escenario tecnológico. El plan, no obstante, ha sufrido varios
contratiempos -el primero y más destacado, que el sumergible no flotaba- que han abierto un agujero de 2.000 millones de euros, según El Español.
Esos son los datos que maneja el Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Teodoro López Calderón
[la máxima autoridad en la rama naval de las Fuerzas Armadas]. Los
problemas de diseño en el balance de peso provocaron que el primero de
estos cuatro submarinos construidos por Navantia no flotase. Era capaz
de sumergirse, pero no de salir a la superficie.
El problema disparó inmediatamente el presupuesto
del S-80, previsto inicialmente en 2.135 millones para la adquisición de
los cuatro submarinos.
De acuerdo a esos datos que maneja el AJEMA, el proyecto requiere prácticamente el doble de esta inversión.
Con los 2.135 millones iniciales no daría más que para el primer
sumergible. Ahora, se calcula que el presupuesto rozará los 4.000
millones; esto es, 1.865 millones de euros más.
Pero a esa cantidad hay que sumar otra partida. Los cuatro submarinos S-80 estaban llamados a sustituir los tres submarinos S-70 con los que ahora cuenta la Armada, el Mistral, el Galerna y el Tramontana.
Pero el aplazamiento en la entrega de los S-80 -Navantia los iba a
entregar en 2014 y ahora está previsto en 2023- ha obligado a alargar la
vida útil de los S-70.
Esta decisión obliga al carenado de los tres
sumergibles. O lo que es lo mismo, el desmontaje y el montaje completo
de las naves, para su revisión completa.
Ahora está prevista una segunda carena para los tres viejos submarinos. Otros 129 millones. Sumadas todas las cifras, da el resultado de 2.123 millones de euros (1.865+129+129).
El programa hoy es viable. Pero para lograrlo, no
obstante, se debe actualizar la orden de ejecución presupuestaria;
decisión que tendrá que contar con el respaldo del Consejo de Ministros.
Un sistema de propulsión fallido
A estos problemas hay que añadir el retraso sufrido
en el sistema de propulsión de los S-80. En un principio se proyectaron
unos motores diésel-eléctricos con sistema de propulsión AIP (Air Independent Propulsion, por sus siglas en inglés).
El desarrollo de estos motores ha requerido la
aplicación de todos los esfuerzos en I+D+I, que han tropezado en algunos
puntos de la planificación. Por eso, Navantia entregará los dos
primeros S-80 a la Armada con un motor tradicional, mientras que los dos
últimos ya tendrán incorporado el AIP. Habrá que esperar a la primera
gran carena de los submarinos para incorporar ese sistema a los dos
sumergibles restantes.
Inversión en tecnología española
Fuentes de la Armada admiten a El Español las
grandes dificultades que se han encontrado en el desarrollo del S-80,
con un presupuesto mucho mayor al proyectado inicialmente y un retraso
en los planes.
El plan, no obstante, supone una apuesta por la tecnología militar española,
añaden estas mismas fuentes. Una vez desarrollado el proyecto del S-80,
cabe la posibilidad de que se exporte esa tecnología -de forma parcial o
en su totalidad- al mercado internacional.
Porque pese a la pesadilla en la que se ha
convertido el S-80, disparando en 2.000 millones el gasto, la Armada
española seguirá confiando en la industria nacional, convencida de que
la inversión tendrá un retorno en la economía.
TOTANA.- El Ayuntamiento de Totana va a ofrecer a los contribuyentes
del municipio a partir de este año el abono de sus impuestos mediante el
denominado plan especial de pagos, que se aprobó el pasado octubre a
propuesta de la concejal de Hacienda, Ana María Cánovas.
Asegura que se
trata de un sistema que «va a permitir a los usuarios realizar ingresos
periódicos a cuenta de la deuda anual correspondiente».
En
concreto, afectará a los padrones del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, Vados Permanentes, Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) de naturaleza urbana, rústica y de características especiales. Se
trata de un plan individual para afrontar los recibos, cuya principal
novedad para los contribuyentes es que no se cobran intereses, siempre
que se pague en los plazos indicados.
Los
vecinos interesados deben solicitarlo durante el ejercicio anterior al
que se refiera la petición y deberá señalar la periodicidad de pago
elegida; de manera que podrá hacerlo en cuatro cuotas de cobro (5 de
abril, 5 de junio, 5 de agosto y 5 de octubre), en tres cuotas (5 de
abril, 5 de julio y 5 de octubre) y en dos cuotas de cobro (5 de abril y
5 de octubre).
Excepcionalmente, las personas que deseen
acogerse a esta forma de pago de recibos para el ejercicio 2018, podrán
presentar las solicitudes hasta el próximo 28 de febrero. Y, en
cualquier momento, el interesado podrá efectuar el pago de una sola vez
de todas las cuotas no vencidas.
CARTAGENA.- La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
atenderá este año en Cartagena a unas 17.700 personas que están en
riesgo de exclusión. Así lo destacó la titular de este departamento
del Gobierno regional, Violante Tomás, durante una visita al centro de
acogida de baja exigencia Hogar Sagrada Familia.
Tomás,
quien acudió junto al director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José
Antonio Planes, y el secretario general de la organización, Juan Antonio
Illán, indicó que la Comunidad Autónoma financiará en 2018 a esta
organización humanitaria con 2.411.139 euros. Con ese dinero, asistirá a
más de 79.000 personas de la Región de Murcia con pocos recursos
económicos.
«El Gobierno regional está resolviendo
problemas reales, necesidades concretas de cada municipio, familia y
persona. De la mano de Cáritas, nuestra ayuda está llegando a miles de
personas, a las que se presta servicios como la acogida en viviendas, la
manutención, el acompañamiento a la infancia y a jóvenes en riesgo de
drogodependencia, el guardarropa y los programas de empleabilidad e
inserción social, entre otros», dijo.
En cuanto a los
servicios prestados en el centro de acogida de baja exigencia Hogar
Sagrada Familia, Violante Tomás se refirió a «las ventajas que supone
contar con una gran red de centros, como los de Cáritas, que permite
ayudar con recursos diferentes a las personas en sus necesidades más
acuciantes».
Cáritas
tiene un programa de acción social específico de vivienda, con
proyectos específicos orientados al chabolismo, la infravivienda y las
personas sin hogar. El Hogar Sagrada Familia dispone un equipo mixto de
siete técnicos y veinte voluntarios, con un acompañamiento a los
participantes 24 horas del día. Hay trece plazas, entre fijas y de
emergencia.
Este centro está vinculado a otros proyectos de Cáritas,
como el comedor social y el taller de recuperación de ropa.
MURCIA.- La empresa municipal de aguas de Murcia, Emuasa, desmiente en un comunicado las
conclusiones de un informe de la Agencia Tributaria que ha sido
incorporado al 'caso Pokemon', en el que se señala que la decisión del
Ayuntamiento de Murcia de renunciar a la adquisición preferente del 49%
de las acciones de Agbar, en 2007, se hizo contando solamente con un
informe de los servicios jurídicos de la propia empresa. Los inspectores
de la Agencia Tributaria expresan en su análisis sus sospechas por el
hecho de que los servicios legales municipales no se pronunciaran sobre
tal cuestión.
Emuasa
desmiente así tales afirmaciones y califica de «falso» ese dato al tiempo que
manifiesta que «existe un informe del Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia,
competente en la materia, que fue el tenido en cuenta para la adopción
del acuerdo. En ningún caso el documento de los servicios jurídicos de
Emuasa sirvió de base para la adopción de tal acuerdo».
En
lo referente a los viajes a Zaragoza y Madrid abonados por Emuasa a la
exconcejal y actual consejera Adela Martínez-Cachá, la empresa confirmó
que se debieron a dos desplazamientos de representación institucional.
El primero, a la capital aragonesa, fue realizado con motivo de la
celebración del Día de la Región de Murcia en la Expo dedicada al agua
en Zaragoza. Por otra parte, el viaje a Madrid fue con ocasión de la
entrega del premio a Emuasa Corresponsables 2010 que otorgó la Fundación
Corresponsables, lo que ya adelantó Adela Martínez-Cachá ayer.
En cuanto a las manifestaciones
sobre la actuación del director gerente de esta empresa municipal,
Emuasa afirma «que su proceder se ha adecuado en todo momento a las
propias del cargo que desempeña y a la normativa reguladora de la
gestión de la empresa. Además cabe señalar que José Albaladejo Guillén
no desempeñaba el cargo de director gerente a la fecha de la toma de
decisión del ejercicio del derecho de adquisición preferente».
Por
otra parte, Emuasa niega que haya abonado viajes a ediles de Cartagena.
De acuerdo con lo publicado, habría
sido, según la juez del 'caso Pokemon', la concesionaria de la ciudad
portuaria, del mismo grupo empresarial, quien pagó los viajes.
MURCIA.- Unos cuatro mil ninis (jóvenes menores de 30 años que no se encuentran
estudiando ni trabajando) de la Región podrán formarse a lo largo de este año en los
261 cursos organizados por la Consejería de Empleo. Para acceder a esta
oferta formativa, deberán estar inscritos en Garantía Juvenil.
Según
el último informe trimestral 'Inserta', elaborado por el Servicio de
Empleo y Formación (SEF), el 49,4% de los jóvenes menores de 30 años que
completan un curso logran un puesto de trabajo en los seis meses
siguientes.
La subvención de la Comunidad Autónoma para poner en marcha
estos cursos asciende a 5,4 millones de euros, cofinanciados por el
Fondo Social Europeo y destinados a las entidades de formación.
Las
acciones serán de cuatro tipos: acceso a certificados de profesionalidad
en diferentes familias profesionales como el comercio, la
administración o la hostelería; idiomas, informática y los cursos que
orientarán en autoempleo a aquellos alumnos con más inquietudes
emprendedoras. Una de las prioridades establecidas por la Consejería ha
sido la formación certificada en idiomas, que aglutina un total de 46
cursos, y en informática, con 21 cursos.
En el caso de los idiomas, la meta principal es potenciar el dominio
del inglés, ya que esta lengua abarca 42 de esas 46 acciones formativas,
desde el nivel A1 (inicial) hasta el C1 (avanzado). Igualmente, se
incluyen dos cursos iniciales de francés, así como dos de alemán, uno
del nivel A1 y otro de nivel A2.
Como factor de interés para los
jóvenes, estos cursos incluyen un examen final llevado a cabo por una
entidad certificadora externa, como Cambridge o Trinity en inglés, o el
Instituto Goethe en alemán. El alumno no deberá realizar ningún pago por
estas pruebas.
El director general del SEF, Alejandro Zamora,
destacó durante la presentación de los cursos que «la realidad es
que el dominio del inglés se ha convertido en algo prácticamente
obligatorio no sólo para acceder a un empleo, sino para progresar en él.
Pero hacer un curso de inglés no es sinónimo de un gasto obligatorio;
esta formación es gratuita, del máximo nivel y, lo que es más
importante, conduce a un título».
Respecto a la programación
formativa en informática (TIC), abarca un total de 21 cursos, algunos de
los cuales abordarán contenidos transversales, como los seis cursos de
'Confección de páginas web', mientras que otros serán más técnicos, como
los tres cursos de 'Sistemas microinformáticos'. Todos ellos conducirán
igualmente a un título oficial.
Zamora
también valoró el «cada vez más positivo» escenario de empleo joven, ya
que la Región ganó 2.669 afiliados a la Seguridad Social menores de 30
años en los últimos doce meses, y ahora son 81.742 los afiliados totales
de este colectivo. La cifra de trabajadores jóvenes, por tanto, se ha
incrementado un 3,38% en el último año, un dato muy similar al
crecimiento experimentado por el conjunto de la población.
Zamora
remarcó que «los contratos indefinidos a jóvenes crecieron en 2017 un
16%, casi el doble que el dato general para todos los tramos de edad,
que registró un 9% de subida. Es decir, la contratación estable se está
consolidando de manera más intensa entre los jóvenes, y esta es una
tendencia que debemos mantener».
