MURCIA.- La empresa municipal de aguas de Murcia, Emuasa, desmiente en un comunicado las
conclusiones de un informe de la Agencia Tributaria que ha sido
incorporado al 'caso Pokemon', en el que se señala que la decisión del
Ayuntamiento de Murcia de renunciar a la adquisición preferente del 49%
de las acciones de Agbar, en 2007, se hizo contando solamente con un
informe de los servicios jurídicos de la propia empresa. Los inspectores
de la Agencia Tributaria expresan en su análisis sus sospechas por el
hecho de que los servicios legales municipales no se pronunciaran sobre
tal cuestión.
Emuasa
desmiente así tales afirmaciones y califica de «falso» ese dato al tiempo que
manifiesta que «existe un informe del Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia,
competente en la materia, que fue el tenido en cuenta para la adopción
del acuerdo. En ningún caso el documento de los servicios jurídicos de
Emuasa sirvió de base para la adopción de tal acuerdo».
En
lo referente a los viajes a Zaragoza y Madrid abonados por Emuasa a la
exconcejal y actual consejera Adela Martínez-Cachá, la empresa confirmó
que se debieron a dos desplazamientos de representación institucional.
El primero, a la capital aragonesa, fue realizado con motivo de la
celebración del Día de la Región de Murcia en la Expo dedicada al agua
en Zaragoza. Por otra parte, el viaje a Madrid fue con ocasión de la
entrega del premio a Emuasa Corresponsables 2010 que otorgó la Fundación
Corresponsables, lo que ya adelantó Adela Martínez-Cachá ayer.
En cuanto a las manifestaciones
sobre la actuación del director gerente de esta empresa municipal,
Emuasa afirma «que su proceder se ha adecuado en todo momento a las
propias del cargo que desempeña y a la normativa reguladora de la
gestión de la empresa. Además cabe señalar que José Albaladejo Guillén
no desempeñaba el cargo de director gerente a la fecha de la toma de
decisión del ejercicio del derecho de adquisición preferente».
Por
otra parte, Emuasa niega que haya abonado viajes a ediles de Cartagena.
De acuerdo con lo publicado, habría
sido, según la juez del 'caso Pokemon', la concesionaria de la ciudad
portuaria, del mismo grupo empresarial, quien pagó los viajes.
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