MADRID.- El Estado se dispone a empezar a hacerse cargo a partir
de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas
por constructoras (ACS, Abertis, FCC...), y que ahora están en su
mayoría en manos de "fondos buitre", recuerda eldiario.es.
Según los cálculos que manejan hasta el momento las partes, el erario
público asumirá en todo este proceso unas pérdidas de entre 2.000
millones (lo que espera el Estado según las estimaciones que envió a
Bruselas) y 4.500 (lo que calculan los acreedores) en concepto de
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).
No obstante, el Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones
cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas a final de
este mismo año, según fuentes del Ministerio de Fomento.
Además, como el
tráfico se está recuperando, aún podría intentar rebajar lo que
considera que debe pagar en concepto de RPA, según las fuentes. Si los
acreedores no aceptan los cálculos del Ejecutivo (han dicho que están
dispuestos a pleitear y por el momento no se ha llegado a un acuerdo)
serán los jueces los que decidan la cantidad, y el proceso podría
prologarse.
Pero de cumplirse los pronósticos iniciales (incluidos
en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea en octubre) en
el mejor de los casos las pérdidas de fondos públicos serán de 1.000
millones de euros y en el peor de 3.800, siempre que se reste lo que se
espera reingresar.
En principio, salvo decisión judicial, el pago a los
acreedores se produciría como máximo a los seis meses desde que la
autopista pase a manos del Estado (entre febrero y marzo). Al Gobierno
le interesa retrasar al máximo el proceso, porque de este modo se
reducirá la factura.
Unidos Podemos ha anunciado este
jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Fomento para que dé
explicaciones sobre el rescate mientras que el PSOE a través del portavoz de Fomento en el Congreso, César Ramos, ha anunciado que exigiran que "en las nuevas licitaciones" se contemplen garantías para "mejorar la movilidad en los zonas de influencia de estas autopistas”.
La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal
de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero. El
rescate continuará en marzo para la mayoría de las vías, esto es, las
otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la
capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y
la Circunvalación de Alicante.
La última vía que se
rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41
Madrid-Toledo, según indicaron las mismas fuentes, que atribuyen estos
plazos temporales al distinto ritmo de resolución que siguen los
respectivos procesos de concurso de acreedores en que están inmersas. Seittsa se subrogará a los 700 trabajadores
contratados en la actualidad en estas vías.
El
Ministerio finalmente ha decidido relicitar las autopistas en dos lotes,
uno con las dos vías del Levante, esto es la Circunvalación de Alicante
y la Cartagena-Vera , y el otro con el resto.
La
intención es que mantengan su titularidad pública durante este año,
hasta que en diciembre de 2018 vuelvan a ser sacadas a concurso. Fomento
se resiste a calcular una cifra final de pérdidas, porque aseguran que
el tráfico se está recuperando y que al fin y al cabo acabarán por
volver a manos del Estado cuando pasen 25 años desde su nueva
licitación.
El ministro Íñigo de la Serna es el que
se ha terminado haciendo cargo de esta patata caliente.
El Gobierno de
José María Aznar, allá por el cambio de milenio, firmó en cada contrato
de licitación una cláusula (RPA) por la que éstas adquieren una
obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas
implicadas.
En 2013, el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y
todas estaban en quiebra. La última fue la R-2 que va de Madrid a
Guadalajara. El Gobierno impulsor de su construcción y conexión,
justificó la obra con perspectivas muy altas de tráfico que no se
cumplieron.
A esto se sumaron varios casos en que
hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos
terrenos y que se produjeron sobrecostes en las obras. Los sobrecostes
en las radiales de Madrid oscilan entre el 15% de la R-3 y el 31% de la
R-2. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno
expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de
mercado en plena burbuja del suelo.
Con estas
salvaguardas, no es extraño que acudieran a las licitaciones para
construir y optar a la concesión de las autopistas un gran número de
constructoras como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial,
OHL o Globalvía. En principio, nada les impide volver a acudir a la
licitación de diciembre, según las citadas fuentes.
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