MADRID.- El Ministerio de Fomento va a sacar al mercado en dos lotes
las autopistas quebradas por la falta de tráfico, con una previsión de
ingresos que va de 700 a 1.000 millones de euros por su nueva
privatización por 25 años, recuerda Cinco Días.
La Seittsa, sociedad estatal encargada de
aglutinar las nueve autopistas en liquidación, comenzará a gestionar los
activos entre febrero, cuando se espera la reversión de la radial 4 de
Madrid, y el mes de marzo, cuando deberían nacionalizarse las radiales
2, 3 y 5; la M-12 que enlaza la capital con el aeropuerto de Barajas; la
AP-36, que presta servicio entre Ocaña y La Roda; la circunvalación de
Alicante (Ciralsa), y la autopista Cartagena-Vera (Aucosta). El
calendario final depende del juez que tramita estas liquidaciones.
Todas
ellas avanzan hacia la reversión a la Administración, mientras la AP-41
Madrid-Toledo tiene sin someter a la junta de acreedores el convenio.
Pese a ello, Fomento prevé la próxima resolución de los contratos
concesionales en Consejo de Ministros, y la relicitación allá por el mes
de junio. El montante de las adjudicaciones dependerá del marco
tarifario y de los estudios de demanda, aún en elaboración. Y en el caso
de la AP-41, podría anticiparse el concurso pese a no haber sido
liquidada.
Las nueve autopistas han cerrado 2017 con una intensidad
media 4.200 vehículos diarios, lo que implica un incremento medio del
8,6% respecto a 2016. Ese año los activos ya mejoraron un 7,6% en número
de usuarios, y en 2015, punto de inflexión para el tráfico tras la
crisis, la demanda media creció un 5,2%.
Faltan por estimar las cuantías con que el Estado debe
compensar a las concesionarias por el lucro cesante en función de la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Y es que quedará
establecido que la reversión a manos públicas de estas concesiones se
ha debido a causas ajenas a las operadoras. La caída de demanda por la
crisis y los sobrecostos en expropiaciones son las dos grandes losas que
han pesado sobre estas infraestructuras, ambos problemas inesperados
por Fomento en el momento de su licitación.
El Ministerio tendrá seis meses a partir de la transmisión
de los activos a la Seittsa para establecer la cifra de la citada RPA,
que se antoja multimillonaria y computará en déficit. Como aproximación,
el Gobierno fijó un impacto de 2.000 millones en el plan presupuestario
de 2018 enviado en octubre a Bruselas. De esa cifra, que está en la
mitad de lo que calculan los acreedores de las concesionarias, titulares
de la RPA por la pignoración de esta garantía para cubrir los créditos
de construcción, habría que restar la cantidad obtenida por la
relicitación. En definitiva, Fomento quiere aglutinar todas estas
operaciones en 2018 para tener un solo impacto en déficit.
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