Sin duda, la investigación podría dar un vuelco si los supuestos intentos de compra a cargos públicos se hubieran materializado para favorecer a Fenoll implicando también así a la clase política.
Asimismo, la juez del Juzgado número 3 de Orihuela podría estar investigando, según fuentes judiciales, un presunto delito de tráfico de influencias para obtener la adjudicación del Plan Zonal de Residuos. Sin embargo, según las citadas fuentes, tanto Fenoll como el gerente de su empresa, Javier Bru, han negado cualquier tipo de pago a cargos públicos así como cualquier intento de soborno.
La investigación parte de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Felipe Briones (en la fotografía), que vio indicios de delito en la grabación de audio (registrada en una cinta por Fenoll y grabada en vídeo por un detective que el sábado quedó en libertad bajo fianza tras haber prestado declaración ante la juez) entre el empresario oriolano y el edil de CL, Jesús Ferrández, quien dijo tener conocimiento de sobornos al alcalde y varios ediles a cambio de adjudicar la contrata de la recogida de basuras de Orihuela a Urbaser, firma que competía con la de Fenoll en el concurso por la contrata.
La investigación, según fuentes judiciales, se centra en presuntos delitos de extorsión a través de la divulgación de las grabaciones, pero el análisis del material incautado en varias propiedades del empresario podría sumar a la extorsión los delitos de amenazas, cohecho y tráfico de influencias.
Cabe recordar que el todavía alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, quien actualmente muestra un rechazo público por el empresario del que dice no querer saber nada, presentó una denuncia por amenazas el 10 de abril de 2006 ante la Policía Nacional, en plena polémica por el escándalo de la contrata de basuras de Orihuela y días después de hacerse público el contenido de las grabaciones entre Fenoll y Ferrández, hecho del que se encargó el propio industrial dando una copia de la transcripción a los periodistas.
Según fuentes judiciales consultadas, el industrial oriolano tiene una «verdadera obsesión» por las grabaciones. Como ya adelantó este diario, entre el material incautado en los registros efectuados «por sorpresa» en distintas propiedades de Fenoll existen decenas de cintas con al menos 200 grabaciones.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela decretó el sábado el ingreso en prisión provisional para el empresario oriolano Ángel Fenoll, el hijo de éste y el gerente de la empresa y concejal electo de Albatera, Javier Bru, tras haber prestado declaración por presuntos delitos de extorsión, tráfico de influencias, amenazas y cohecho cuyo origen se atribuye a las grabaciones entre el industrial oriolano y el concejal de CL Jesús Ferrández. El mismo sábado, la juez dejó el libertad con cargos bajo fianza a los otros tres detenidos: un hermano de Fenoll, un sobrino y el detective que grabó en vídeo la conversación.
Los arrestos y medidas cautelares de prisión se han producido en plena resaca por las elecciones municipales. Las primeras detenciones se sucedieron a los tres días de proclamarse la victoria de Mónica Lorente por el PP en Orihuela. Los hechos se producen también en plena polémica por la millonaria adjudicación del Plan Zonal de Residuos para hacerse con la obra pública para la limpieza y recogida de residuos de la comarca. Cabe destacar también que recientemente la Consejería de Medio Ambiente de Murcia ha ordenado el cierre de dos de los tres vasos de su vertedero en Abanilla-La Murada por incumplir la normativa medioambiental.
Entre las empresas que optan al concurso por la gestión de los resiudos de la Vega Baja (llamado técnicamente Plan Zonal de Residuos de la zona XVII) una de ellas es la de Fenoll, cuya propuesta para la ubicación del vertedero es Torremendo. Su mano derecha, Javier Bru, ha efectuado durante la campaña críticas a la ubicación de la planta en Albatera, tal y como han propuesto otras dos firmas que optan al concurso.
Curiosamente, la defensa del edil electo ahora en prisión provisional es el mismo despacho de abogados que actúa como acusación particular en las investigaciones abiertas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio del que acusan al alcalde Medina.
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