Condenado a 13 años de prisión el ex jefe de la Policía Municipal de San Pedro del Pinatar

CARTAGENA.- La sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha condenado al jefe de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, Pedro Antonio Marín, a trece años de prisión y al pago de 9.709.094 euros al considerarle responsable de un delito de cohecho y dos de tráfico de drogas.

El juicio, que duró cuatro días, reflejó que el agente policial dio cobertura a los desembarcos de droga efectuados el 28 de diciembre de 2005, en la playa pinatarense Torre Derribada (en la fotografía), y el 2 de febrero de 2006, en la playa de El Pudridel, en La Manga, donde la Guardia Civil frustró el desembarco de 4,5 toneladas de hachís y arrestó a diez personas.

En la sentencia se refleja el buen trabajo que llevó a cabo la Guardia Civil para asegurar las pruebas contra el cabo Marín, al que se considera "un cooperador necesario" de los 'narcos'.

Destaca el fallo que en el primer desembarco dio "cobertura personal" y tranquilizó a un vecino de la zona para evitar que avisase "a tiempo" a la Guardia Civil y respecto al alijo de La Manga, indica que manejaba información importante de los servicios policiales en la costa aprovechando la confianza y cordialidad que tenía con el jefe de la Policía Local de San Javier y de los mandos policiales de la Benemérita.

"Difícilmente puede encontrarse conducta que merezca mayor reproche penal en un jefe de la Policía Local", reseña la sentencia. También indica que el agente "traicionó la confianza que en él fue depositada" y que su actuación repercute "de forma negativa en el prestigio policial". Otro aspecto destacado es que el agente condenado obtenía un beneficio económico de los narcotraficantes "sin que conste que sufriera apuros económicos" al tener un sueldo mensual que oscilaba entre cuatro mil y seis mil euros.

La sentencia también condena a cinco de los hombres que efectuaron labores de desembarco a condenas de dos años de prisión y multas de 4.600.000 euros, afectando en la reducción de sus castigos los atenuantes de confesión y drogadicción. Otro de los inculpados, que no confesó, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y a una multa de 9.200.010 euros. Por su parte, los dos marroquíes que estaban indocumentados deberán estar tres años en la cárcel y el tribunal rechaza la posibilidad de expulsión del país antes de cumplir ese castigo.