La deplorable intervención del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tratando de defender en el Senado lo indefendible y presentando el referéndum del 1 de octubre
como una jornada en la que la policía española actuó con
proporcionalidad y de una manera profesional forma ya parte de los
anales del parlamentarismo y de la mentira reiterada en sede
parlamentaria.
Zoido debió ser cesado por el presidente del Gobierno
aquella misma jornada o bien presentar él mismo su dimisión. Había tres
motivos para que así sucediera: el fracaso del operativo policial,
incapaz de hallar las urnas, y de una violencia desproporcionada en la
calle; el alto número de personas que necesitaron asistencia médica,
cifrado en más de un millar por la Conselleria de Salut; y el daño
causado a la imagen de Barcelona, Catalunya y España en el mundo.
La marca España quedaba seriamente tocada y asociada a la violencia policial en las televisiones de todo el orbe. El "¡a por ellos!", no era ni una metáfora ni una reacción fruto del desahogo del momento sino una orden a cumplir a rajatabla.
Por todo ello, Zoido se tenía que haber ido a casa y no esconderse
detrás de la policía. Las órdenes emanaban directamente del Ministerio.
Disponía además de medios suficientes para preparar un operativo
policial con instrucciones diferentes, que cumplieran las órdenes
judiciales y que protegieran a la población.
La desorbitada cifra de 87
millones de euros que ha costado el despliegue de la Operación Copérnico
entre septiembre y diciembre, que movilizó hasta 6.000 guardias civiles
y policías nacionales más en su momento álgido, es una cantidad
desmesurada con el resultado conocido y que, como se trata de una
operación de Estado, nadie querrá indagar nunca. Incluso el Tribunal Constitucional
ha prohibido la constitución de una comisión en el Parlament de
Catalunya que abordara la intervención policial y la violación de
derechos fundamentales.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy,
ha agradecido "a la mayoría de los medios de comunicación" su apoyo en
la defensa de la unidad de España ante el proceso independentista
catalán. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
ya se ha encargado de que la respiración asistida sea algo definitivo en
sus cuentas económicas.
Por eso, no hemos visto que se pida la dimisión
de Zoido ni que se critiquen sus explicaciones de lo que sucedió el 1
de octubre en Catalunya. Porque la crítica a la violencia policial
injustificada no debería tener color político. Por todos debería ser
denunciada. Y, seguro que, así, la democracia sería más fuerte.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario