miércoles, 21 de febrero de 2018

El Gobierno regional resalta el avance de las obras para eliminar las vías del tren en Murcia

MURCIA.- El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, subrayó hoy que "día tras día estamos comprobando los continuos avances en las obras del soterramiento" de todas las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia y señaló que "se están cumpliendo los plazos de ejecución".

"Estamos cumpliendo los pasos fijados en el cronograma comprometido con todos los colectivos afectados", insistió el consejero Pedro Rivera, y añadió que estos avances "son hechos, compromisos cumplidos del Gobierno regional, del Ministerio de Fomento, Adif y del Ayuntamiento de Murcia, para el soterramiento de las vías".
El consejero resaltó, tras la exposición de la situación de los proyectos en la reunión de la Comisión Social de Seguimiento de las Obras de Soterramiento del Ferrocarril en Murcia, presidida por el presidente de Adif, Juan Bravo, que la vía provisional estará terminada en junio y se pondría en funcionamiento a finales de agosto para todo el tráfico ferroviario actual (cercanías, mercancías y de media y larga distancia). A partir de entonces, comenzarán las pruebas de seguridad para su puesta a punto de cara a la explotación comercial.
El consejero destacó que "a pesar de los incidentes en las obras, se está avanzando en el soterramiento y la llegada de la Alta Velocidad" y dijo que para lograr el "objetivo de todos", el soterramiento, "hay que dejar trabajar a la empresa para que los trabajos sigan su buen ritmo y podamos eliminar cuanto antes las vías, que dividen la ciudad desde hace 150 años".
Pedro Rivera pidió "responsabilidad a todos aquellos que hagan afirmaciones referidas a la seguridad que puedan generar alarma social", porque "hay unos profesionales detrás que certifican que son unos proyectos seguros". Asimismo, destacó el "ejercicio de transparencia y de participación social que se está realizando por parte de Adif en esta comisión".

Continuo avance de las obras
En el transcurso de la reunión, se expuso que se han soterrado ya 222 metros en la playa de vías del entorno de la estación de El Carmen, lo que, a juicio del consejero, "revela que el compromiso de soterrar es real".
Igualmente, se informó de los proyectos de soterramiento de la estación de El Carmen-Barriomar y de Nonduermas, que estarán concluidos en el mes de mayo y, a continuación, cumpliendo con el compromiso inicial, se licitarán las obras en primavera.
También se abordó la colocación de la pasarela peatonal elevada en el paso a nivel de Santiago El Mayor, cuya eliminación es una demanda histórica de los vecinos. El objetivo de esta infraestructura es garantizar el paso de los vecinos de un lado a otro de la vía, durante la ejecución de las obras de soterramiento, tras lo que se desmontará.
El consejero recalcó que es "una pasarela provisional y completamente segura" para que los vecinos puedan pasar de un lado a otro de las vías de forma continua, ya que a día de hoy se interrumpe 90 veces al día coincidiendo con la circulación los trenes de cercanías, mercancías y media y larga distancia.

'Cambiemos Murcia' urge al Ayuntamiento a pagar las deudas a los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio

MURCIA.- Cambiemos Murcia pedirá en el Pleno de mañana que el Ayuntamiento haga frente cuanto antes al pago de las nóminas atrasadas de los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio, cuyo montante total es de unos 3 millones de euros, a los que hay que sumar las condenas al Consistorio por mora y daños y perjuicios.

En rueda de prensa, el concejal Sergio Ramos ha explicado que detrás de la situación de los trabajadores se encuentra el "mal uso" del dinero público por parte del equipo de Gobierno y el "mal trato" al que somete a los empleados de las contratas.
Así, ha recordado que el PP decidió, a pesar de las deudas que la empresa acumulaba con la Seguridad Social, otros ayuntamientos y entidades bancarias, prorrogar el contrato por un valor de 10 millones de euros. Esto lo hizo "en medio de unas elecciones municipales", ha agregado el edil de la formación municipalista.
Ayuda a Domicilio se comprometió a cumplir con las condiciones impuestas, pero esto "apenas duró un mes", porque se sucedieron meses de impagos al medio centenar de trabajadores que, pese a no cobrar sus salarios, continuaban ejerciendo su trabajo con normalidad.
En esta situación, el Consistorio, en lugar de rescindir el contrato, "continuaba ingresando puntualmente su aportación" mientras la entidad acumulaba "deudas constantes" que llegaron a motivar, incluso, que los trabajadores y trabajadoras tuvieran que recurrir a ayudas sociales ante la imposibilidad de hacer frente a sus gastos básicos.
Los impagos han llegado a la justicia, que hasta ahora ha condenado al Ayuntamiento, por ser responsable solidario, en siete ocasiones. 
El coste que debe afrontar el Ayuntamiento en cada proceso es, por trabajador, de entre 10.000 y 15.000 euros, y todo "por no cumplir lo que es obvio".
Para Ramos, no tiene sentido que el Ayuntamiento de lugar a que cada caso se delibere individualmente, ya que eso conlleva un coste económico mayor. Por eso, ha propuesto que el Ayuntamiento actúe de buena fe, "se tome las cosas en serio" y pague a los trabajadores.
En este sentido, ha informado de que el Ayuntamiento cuenta con una retención de pagos por valor de cerca de 2,5 millones de euros, una cantidad que si bien no cubre todos los pagos, es gran parte de los mismos y sirve para "lo prioritario" en esta situación que, a su juicio, es abonar lo adeudado.

'Cambiemos Murcia' pide inversión real en El Carmen en lugar de "criminalizar a sus vecinos"

MURCIA.- Carlos Egio, vocal de Cambiemos Murcia en El Carmen ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia que lleve a cabo las inversiones que se han solicitado desde la Junta Municipal para mejorar el barrio en lugar de adoptar medidas que tienen mucha repercusión en los medios pero nula efectividad en la convivencia y la seguridad de los vecinos y vecinas.

Para el vocal, desde el Consistorio se ha demostrado en los últimos dos años que no hay ningún interés en mejorar la vida de las personas que residen en el Distrito al no poner en marcha las propuestas que le han llegado desde la Junta para mejorar el estado de las calles que ahora pretende vigilar.
"Ni hay una adecuada limpieza de las calles, ni ha empezado el acondicionamiento del jardín de la plaza Pintor José María Párraga, ni siquiera se ha adoptado medidas tan sencillas como que se abran las fuentes de agua. A esto último, que se solicitó en el primer Pleno, se comprometió personalmente el concejal José Guillén", ha añadido.
Desde la formación municipalista consideran que "lo que no puede pretender el Partido Popular es dejar en completo estado de abandono un barrio y luego solucionarlo todo invirtiendo más de 100.000 euros en cámaras de seguridad, lo que además, anunciado en los medios, criminaliza a sus habitantes".
Para Cambiemos Murcia el Consistorio haría mejor en utilizar ese dinero poniendo en marcha iniciativas encaminadas a dinamizar El Carmen, sus instalaciones públicas y su comercio en pos de la convivencia y bienestar social de los vecinos y vecinas.

'Cambiemos Murcia' pide que Rafael Gómez se implique para evitar una tragedia en las viviendas del Patronato 'Francisco Franco'


MURCIA.- Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia, ha pedido hoy la implicación inmediata del concejal Rafael Gómez en alcanzar una solución para las viviendas públicas del extinto Patronato Francisco Franco, “ante los derrumbes que se están produciendo  y que pueden hacer temer una tragedia” (ver vídeo: https://youtu.be/5kOiexDdzxM).

Las conversaciones con la Dirección General de Economía y Hacienda para cumplir el acuerdo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento en 2016 están paralizadas y las familias siguen viviendo en condiciones inhumanas.
El edil de la formación municipalista ha recordado que el acuerdo de Pleno, a instancia de Cambiemos Murcia, era solicitar una cesión al Consistorio condicionada a cofinanciación con otras administraciones para su rehabilitación y gestión en régimen de alquiler social.

La Virgen de la Fuensanta llega mañana a la ciudad de Murcia


MURCIA.- La patrona de la ciudad de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, bajará mañana jueves desde su santuario en Algezares hasta la capital para permanecer en la Catedral durante la Cuaresma, Semana Santa y Fiestas de Primavera. 

La patrona de Murcia, que visita en dos ocasiones al año la ciudad, partirá a las 15:00 horas desde su santuario en el monte para llegar, aproximadamente a las 19:00 horas a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, donde será recibida por el Obispo de Cartagena y las autoridades locales, que desde allí la acompañarán hasta la Catedral, donde permanecerá hasta el 17 de abril que será cuando regrese de nuevo a su santuario.
‘La Morenica’ bajará a Murcia por su recorrido habitual según ha confirmado el Cabildo de la Catedral.
El trono de la Virgen será dirigido en esta ocasión por Joaquín Vidal Coy, nuevo cabo de andas nombrado por un periodo de cinco años por el Cabildo Catedralicio, tras la reciente muerte de su padre y anterior titular.

La bajada del agua en Cartagena se vera en una próxima reunion de la Comision de Hacienda

CARTAGENA.- La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, reunida esta mañana, bajo la presidencia del área, Carmen Martín del Amor, no ha llegado a dictaminar la propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la bajadas de las tarifas de agua potable, tasas para la autorización de acometidas y servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales y tarifas de conservación de acometidas y contadores para el ejercicio 2018, y aceptación de la documentación presentada por Hidrogea, que confirma el referido acuerdo, al no haberse cumplido el plazo mínimo des 48 horas que establece la ley desde la aprobación de esta misma propuesta por la Junta de Gobierno Local, el pasado lunes, día 19 de febrero.

Según ha explicado el concejal de Desarrollo Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar, el Gobierno ha decidido retirar el asunto y traerlo a una próxima comisión para ser escrupuloso en el cumplimiento de los plazos en los que el expediente debe estar a disposición de los miembros de la comisión, antes de reunirse.
El único asunto que ha llegado a dictaminarse ha sido otra propuesta de la Alcaldía, relativo a los integrantes de las diferentes comisiones del pleno como consecuencia de los cambios habidos en el Gobierno municipal, y en la que se han transcrito las designaciones de representantes de cada uno de los grupos políticos municipales, manteniendo el número proporcional que cada uno de ellos tenía hasta ahora.
En concreto se trata de las comisiones informativas de Hacienda e Interior y de Urbanismo e Infraestructuras; y las especiales de Cuentas y de Sugerencias y Reclamaciones.
En el apartado de daciones de cuenta, se ha informado del tradicional Bando de la Alcaldía sobre Embellecimiento de Fachadas con motivo de la Semana Santa; así como de los decretos de nombramiento de sustitución de miembros en diferentes Juntas Vecinales Municipales y de representantes municipales en Consejos Escolares de Centros Públicos.
Igualmente por parte de la Tesorería Municipal se ha dado cuenta del análisis de estabilidad presupuestaria, del cuarto trimestre de 2017, en el que el Ayuntamiento de Cartagena cumple con todos los parámetros establecidos por el Gobierno de la Nación.
El asunto que más tiempo ha llevado ha sido otra dación de cuenta, sobre el expediente que a instancias del Pleno se abrió para la fiscalización de las asignaciones de los grupos políticos municipales entre 2011 y 2015.
La secretaria general del Pleno ha presentado una serie de conclusiones relativas a este expediente al tiempo que ha relacionado los diferentes informes técnicos de departamentos municipales, que en un sentido u otro se han pronunciado, apuntando la necesidad de que se resuelva finalmente mediante una propuesta concreta de los grupos municipales que deberá elevarse al pleno, ya que es el auténtico órgano fiscalizador de estas subvenciones, destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos municipales.
Los grupos han manifestado su intención de presentar próximamente sus propuestas.

MC Cartagena: "Continúa el esperpento de la alcaldesa Castejón y sus apaños en la tarifa del agua para 2018"

CARTAGENA.- La viceportavoz de MC Cartagena, Isabel García, ha lamentado "el nuevo episodio de la novela 'Chapuzas Castejón' con la que nos ha vuelto a deleitar la alcaldesa en la Comisión de Hacienda e Interior" del Ayuntamiento.

Con estas palabras, la edil se ha referido a la retirada exprés del orden del día de la Comisión de la propuesta sobre las nuevas tarifas de agua potable para el ejercicio 2018, iniciativa que también incluye la aceptación de la documentación presentada por Hidrogea.
Isabel García ha puesto de manifiesto la "interpretación surrealista orquestada por Castejón y su pareja de reparto Padín, quienes hace un mes y medio comparecieron frente a los ciudadanos para apuntarse el tanto de la bajada del agua. 
Hoy, no saben ni por dónde empezar, qué trámites son necesarios y qué tiempo requiere cada uno. Ejerce, eso sí, una improvisación muy bien valorada en el teatro, un mundo muy familiar para la alcaldesa".
"Lo realmente preocupante e indignante es que esta señora siga engañando a los cartageneros, como ya hizo con nosotros, sus socios de Gobierno. Se ha convertido en una trilera capaz de vivir en un mundo paralelo, sin reglas ni leyes, mintiendo a los vecinos mientras les mira a los ojos. Realmente es una interpretación muy meritoria", ha precisado la dirigente de la formación cartagenerista.
"A estas alturas, ha concluido García, no esperamos un gesto de humildad reconociendo que es incapaz de esquivar su gran insolvencia intelectual. Al contrario, prefiere que Cartagena continúe su paralización al no disponer de Gobierno desde nuestra expulsión, producida simplemente por denunciar la tragicomedia a la que hoy asistimos con tristeza".

"El gobierno local sigue sin facilitar los informes sobre la rebaja del agua", dice 'Cartagena Sí Se Puede'

CARTAGENA.- "El gobierno local de Cartagena sigue sin facilitar los informes sobre la rebaja del agua". Por eso, Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) preguntará en el pleno por la falta de transparencia del gobierno, y la demora en facilitar los informes parciales de las empresas auditoras.

Cartagena si Se Puede ha pedido en numerosas ocasiones todos los informes que son necesarios, y que el Gobierno tiene la obligación de facilitar, para estudiar las conclusiones de la empresa GECIVAL – PW, y varias auditorias.
"Nada de eso ha sido facilitado, temiendonos que la tan cacareada transparencia de la que se jacta el Gobierno socialista sea solo de boquita y puertas afuera, nada que ver con la realidad", ha comentado Pilar Marcos.
  Por todo ello Podemos preguntará en el Pleno, una vez más, cuándo cumplirá con su palabra la Alcaldesa y aportará copia del expediente completo de la rebaja del agua, y por la fecha concreta de la próxima Comisión de Seguimiento del Agua.

Los empresarios de Cartagena quedan satisfechos con las Normas Transitorias del Plan de Ordenación Urbana


CARTAGENA.- Para explicarles el documento de las Normas Transitorias de Urbanismo, en que términos y en que medidas han quedado, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y el concejal de Desarrollo Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar, se han reunido hoy con empresarios de Cartagena. Entre los asistentes al encuentro han estado directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena; Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC) y de la asociación de promotores urbanísticos.

“Les hemos detallado las 13 actuaciones que servirían para darle cabida a proyectos urbanísticos en suelo urbano, hablamos del área metropolitana. Le hemos explicado, a los empresarios de Cartagena y comarca, en que se van a basar estas normas”, ha manifestado la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a su salida de la reunión.
Según la regidora, los empresarios están contentos con en estas normas elaboradas por técnicos municipales y regionales, “nos han manifestado su satisfacción porque han servido para dar respuesta a proyectos a los que no se les daba licencia, por estar en esa laguna legal”.
Castejón ha destacado que las normas llevan diferentes anexos entre los que se encuentra un catalogo de arbolado, o edificios protegidos, “un magnifico trabajo de los técnicos ,muy riguroso y muy elaborado”.
En cuanto a la fase en que se encuentran ahora las normas transitorias, el Ayuntamiento ha mandado el borrador a la Comunidad Autónoma. A partir de este momento el Gobierno regional debe, primero publicarlo en el BORM y después someterlo a un periodo de exposición pública que debe durar unos 20 días.
Durante ese tiempo, la Comunidad pedirá los informes que considere pertinentes al Ayuntamiento y, una vez concluido el periodo de exposición pública, responder a todas las alegaciones que se hayan presentado.
La alcaldesa le pide al Gobierno regional que haga sus deberes “le pido mucha celeridad y que al tiempo que se vayan a exponer las normas a exposición pública durante 20 días, ellos también vayan avanzando, de tal forma que para el mes de abril, si la Comunidad Autónoma hace su trabajo, podamos llevar al Pleno Municipal esas normas transitorias”.
Estás normas son necesarias hasta que se elabore un Plan General de Ordenación Urbana, en el que la alcaldesa, ha avanzado, que ya se está trabajando, y ha hecho hincapié en que no es un impedimento que no estén aprobados los presupuestos para poder seguir trabajando en ese Plan, “aunque cuanto antes tenga presupuesto, no cabe duda, de que podrá trabajará mejor”.
Castejón también ha explicado que el Ayuntamiento tiene unas buenas previsiones de ingresos cuando se apliquen estás normas, “las licencias de esas construcciones serán de gran calado para seguir avanzando en la prosperidad y el desarrollo de nuestro municipio”.
Los empresarios, por su parte, han salido satisfechos con poder contar con estas normas transitorias, pero han trasladado a la alcaldesa de que hay que seguir trabajando en el Plan General, según ha manifestado el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández.
Por su parte, el presidente de Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, Miguel Martínez, ha declarado que las Normas Transitorias, “cumplen cada una de las expectativas que nos habíamos planteado los empresarios, no solo los del sector de la construcción, ya que se resuelven problemas como la apertura de nuevos negocios, que ahora se pueden abrir con un solo aseo”. Lo que les da seguridad jurídica para acometer numerosos proyectos empresariales y dentro de esos, predominan los inmobiliarios.

C's-CT solicitará una regulación expresa para el buen desarrollo de las Comisiones de Investigación municipales


CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha expresado hoy que las Comisiones de Investigación municipales pueden y deben ser instrumentos para mejorar la transparencia y el trabajo municipal, espacios para analizar si existen responsabilidades políticas sobre gestiones municipales que hayan provocado algún tipo de controversia o una legítima duda legal y que sean compatibles con otras actuaciones por la vía judicial. 

La formación naranja impulsó una de ellas, la que investiga la gestión del CATAD, y ha apoyado hasta el momento todas las que se han propuesto en el Pleno. "Si funciona, una comisión de investigación permite esclarecer ciertos hechos sucedidos e incluso estudiar aspectos específicos del funcionamiento municipal para promover mejoras", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.
Por otra parte, Ciudadanos cree necesario que exista una regulación expresa para las comisiones de investigación municipales, "desde Ciudadanos vamos a impulsar el estudio de una normativa específica para el correcto desarrollo de estas comisiones que deberá recoger el Reglamento Orgánico del Pleno (ROM); queremos concretar qué asuntos pueden llevarse a esta comisión, si se excluyen o no hechos que hayan dado lugar a la apertura de procedimientos penales, que se concrete el objeto y la competencia municipal de la investigación, su periodicidad, la duración máxima, el carácter reservado o público de las sesiones, la posibilidad o no de retransmisión, la composición de la mismas, con la presencia o no de asesores internos y externos, entre otras cuestiones".
A pesar de las virtudes expuestas anteriormente, al portavoz de Ciudadanos, "no se le escapa que mal llevadas, como ha ocurrido en la que estudia la gestión de la Sociedad Casco Antiguo presidida por un concejal de Podemos, pueden producir el efecto contrario al que se pretende, es decir, oscurecer y distorsionar los hechos, dividir las posiciones de los grupos políticos hasta hacer imposible un informe consensuado, deformar la realidad de manera interesada para encajarla con el programa político de turno. Esas comisiones, que nacieron con una noble finalidad, acaban convertidas en meros instrumentos de propaganda política".
"Cabe también preguntarse por la capacidad que tiene esta Corporación para investigar diversos hechos, ¿Cuál es el límite?, se pregunta Manuel Padín, ¿podemos constituir 10, 20, 50 comisiones de investigación sin perjuicio del trabajo diario que debemos realizar por el bien de los ciudadanos? No parece razonable ni posible investigar y acumular tantos asuntos y esperar al mismo tiempo que sirvan para algo útil", ha indicado Manuel Padín, que recuerda que lamentablemente la existencia de nueve comisiones de investigación no ha impedido que se lleven al Pleno ordinario sus objetos de investigación, lo que ha promovido la saturación de las sesiones plenarias.
Además, el portavoz naranja teme que "algunos grupos políticos en este Ayuntamiento estén aprovechándose de la democracia para atentar contra la democracia, es decir, tratando de saturar y boicotear la actividad municipal y la acción de gobierno impulsando un número inasumible de comisiones".

Arriado solemne de Bandera en conmemoración por el 481° Aniversario de la Infantería de Marina


CARTAGENA.- Mañana jueves, 22 de febrero, a las 18:52 horas, la Armada celebrará el Arriado solemne de Bandera que periódicamente se realiza en la Capitanía General de Cartagena, sede del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

A las 18:32 horas, la fuerza que rinde honores y la Unidad de Música del Tercio de Levante, saldrán desfilando por la puerta del Arsenal Militar de Cartagena y se dirigirán al Palacio de Capitanía General por la calle Comandante Villamartín, mientras se interpretan distintas marchas militares. A la finalización del arriado y después del "Buenas noches Cartagena", la Fuerza se retirará desfilando hacia el Arsenal por el mismo camino.
Este acto, dirigido a la ciudadanía, tiene como objetivo mantener vivas las tradiciones castrenses en Cartagena. La Armada lo lleva a cabo todos los últimos jueves de cada mes, exceptuando el mes de agosto. 
La composición de la fuerza que rinde honores es rotatoria y se designa por turnos entre el Tercio de Levante, Escuela de Infantería de Marina, Arsenal Militar de Cartagena, la Flotilla, Escuela y Base de Submarinos, la Fuerza de Medidas Contra Minas, los buques de la Fuerza de Acción Marítima, el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, el Centro de Buceo de la Armada y el Buque de Salvamento y Rescate 'Neptuno'.
En esta ocasión, los honores serán rendidos por una sección del Tercio de Levante. El acto será presidido por el coronel de Infantería de Marina Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, con motivo de la celebración del 481º Aniversario de la creación de la Infantería de Marina.
Es el deseo de este Cuerpo hacer extensible a los ciudadanos, la alegría y el legítimo orgullo de cumplir 481 años a su servicio y por ello les invitan a asistir a este tradicional acto el jueves 22 de febrero.
En caso de que las inclemencias del tiempo no permitieran realizar el acto, este será aplazado.

Reseña histórica
La antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina está fijada por Real Decreto 1888/1978 en el 27 de febrero de 1537, justificándose en diversos acontecimientos históricos acontecidos durante los reinados de Felipe II, Felipe V y posteriores. Queda así establecida la fecha en la que se viene celebrando cada año el Aniversario de la Infantería de Marina más antigua del mundo.
La ciudad portuaria ha mantenido una relación intensa con la Infantería de Marina desde tiempo inmemorial. Las últimas modificaciones de la estructura de la Armada y redespliegue de sus Unidades no han hecho más que incrementar esta relación. 
Así, en los últimos años hemos visto cómo se ha ido incrementando el número de Unidades y de personal de la Infantería de Marina en Cartagena.

La Oficina de Reconstrucción impulsa en Lorca que los afectados por los terremotos puedan justificar el empleo de la ayuda pública recibida


LORCA.- La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, Saturnina Martínez, ha informado que durante los últimos días se han comenzado a realizar las visitas de los técnicos municipales a las viviendas reparadas tras los terremotos con la finalidad de ratificar la ejecución de los trabajos de reparación tras los terremotos.

Satur Martínez ha explicado que Actualmente, se están realizando las visitas de técnicos municipales a solicitud de los ciudadanos a fin de completar los requerimientos administrativos cara a la justificación del buen empleo de las ayudas públicas recibidas a tal efecto. Se trata de la primera batería de comprobaciones, que abarca un total de 137 visitas, respondiendo a las peticiones presentadas por parte de los interesados para la realización de inspecciones técnicas municipales. 
A lo largo de los próximos días se llevarán a cabo 79 inspecciones, en las que están trabajando 5 técnicos (arquitectos y arquitectos técnicos) de la concejalía de Urbanismo. Estamos hablando de un trabajo en el que también están tomando parte 3 administrativos, una plantilla a la que se suman otros 6 administrativos encargados de la atención a ciudadanos en la propia sede de la Concejalía de Reconstrucción.
La Edil de Urbanismo ha explicado que durante el día de ayer se realizaron 21 visitas a viviendas, y está previsto que hoy se puedan completar otras 20. En dichos reconocimientos se supervisan las obras de reparación de las viviendas para corroborar que se han ejecutado conforme a los daños observados por los técnicos que realizaron la primera visita para la valoración de las ayudas.
Satur Martínez ha indicado que los ciudadanos cuyas viviendas resultaron dañadas por los terremotos y recibieron ayuda pública están acudiendo en mayor número durante las últimas semanas a la oficina de Reconstrucción, donde reciben información detallada y experta sobre su caso particular. 
Animamos a todos los ciudadanos que presenten incidencias relacionadas con los terremotos a acudir a los servicios que desde el Consistorio Municipal se ponen a su plena disposición con el objetivo de asesorarles en todo lo necesario. Entre otras herramientas legales y administrativas, la Oficina dispone de un informe propio que valora como esencial el cumplimiento del objetivo de la ayuda, rechazando excesivos formalismo y rigorismos, y que aboga por rechazar la conversión del defecto formal en incumplimiento.
La edil de Reconstrucción ha explicado que este servicio, que se encuentra en La Merced, detectó que se estaban presentando reclamaciones bajo asesoramiento no profesional que contenían graves errores y que, por tanto, en lugar de ayudar a los ciudadanos, les suponen un serio perjuicio. 
Se comprobó, por ejemplo, que se presentaban alegaciones que no coincidían con la notificación referida, aportación de facturas mal diligenciadas (sin sello, ni firma ni justificante de pago bancario), errónea aplicación de hipotéticas prescripciones.
Satur Martínez ha indicado que afortunadamente estas incidencias están desapareciendo, y los ciudadanos se han dado cuenta de que quien mejor puede ayudarle en estas cuestiones son los especialistas de la Oficina de Reconstrucción. De hecho han constatado la fiabilidad y rigor de este servicio municipal y agradecen que se haya clarificado la tramitación de sus reclamaciones.
Cabe señalar que hasta la fecha la Oficina de Reconstrucción han elaborado 4.102 documentos de múltiples materias para completar los expedientes a afectados por los seísmos y se han elaborado 7.213 oficios que han sido remitidos a petición de los ciudadanos. 
Se ha tramitado la declaración de 926 ruinas de inmuebles, además de formular 1.198 alegaciones, 809 recursos potestativos, 205 recursos de carácter extraordinario y 24 de alzada. Además se han efectuado 1.193 inspecciones técnicas por parte de este servicio para la obtención de prorrogas de ayudas.

Meca pedirá en el pleno de febrero que se elimine en Lorca el impuesto de plusvalía cuando no haya beneficios

LORCA.- El concejal de C's en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, va a pedir en el pleno "que se suspenda transitoriamente la aplicación de la ordenanza fiscal n° 6 referente a la plusvalía, para aquellos supuestos en que se alegue inexistencia de incremento de valor, hasta la entrada en vigor de la proposición de Ley aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias".

El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado el 16 de febrero de 2017, por unanimidad que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es parcialmente inconstitucional.
En concreto, la inconstitucionalidad radica en que se obliga a tributar por este impuesto al ceder el inmueble incluso aunque se haya incurrido en pérdidas al transmitirlo, lo que va contra el principio constitucional de gravar con impuestos según la capacidad económica.
Esto significa que el impuesto se paga incluso aunque el valor del terreno haya disminuido desde su adquisición.
Según Antonio Meca "es nuestra obligación actuar en favor de los intereses de la ciudadanía", y por ello se hace necesario que el pleno del Ayuntamiento de Lorca arbitre con carácter urgente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Plusvalía para habilitar una moratoria en la tramitación de las liquidaciones en tanto en cuanto no se apruebe una norma acorde a nuestra Constitución, y que, en todo caso, "la administración tributaria municipal dé cauce a las reclamaciones que se presenten respetuosa con la norma y con la resolución del TC".
En toda España se han presentado mociones similares para rectificar este impuesto: Ayuntamientos de Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, o más cercanamente en nuestra Comunidad Autónoma Fuente Álamo o San Javier.
En el mes de enero pasado ya el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactado la reforma del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con el fin de que la venta a pérdidas de los inmuebles no tribute por este impuesto, y se aplicará según el texto de la proposición de ley.
Por lo tanto "pretendemos modificar la Ordenanza Reguladora del Impuesto del Incremento Sobre el Valor de los Terrenos Urbanos, de forma que se habilite una moratoria en la tramitación de las liquidaciones donde el sujeto pasivo acredite que no ha existido incremento real en el valor del inmueble transmitido", explica el Concejal, en tanto en cuanto no se apruebe una norma acorde a la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 febrero de 2017.

'Ahora Murcia' denuncia las cámaras del barrio del Carmen

MURCIA.- Ahora Murcia afirma que la instalación de 15 cámaras de vigilancia en el barrio del Carmen aprobada hace unos días por el Gobierno municipal del PP "no responde a las necesidades de seguridad ni de integración social del barrio". 

La portavoz, Alicia Morales señala que "no parece que esta zona sea de las más inseguras del municipio, y en cualquier caso las mejoras en seguridad e integración no se consiguen por instalar estos dispositivos".
La formación municipal ha solicitado por escrito información relativa a las cifras de criminalidad "en esta zona del Carmen y en otras áreas del municipio", para constatar si este barrio es el que arroja peores tasas.
Morales apunta que esta actuación del PP "da una falsa impresión de que se trata de un espacio altamente conflictivo o peligroso, cuando no lo es. Además de crear sensación de inseguridad, con esta medida se criminaliza una zona del barrio con población vulnerable".
La edil añade que estas cámaras crearán "una especie de Gran Hermano que pondrá en riesgo la privacidad en la vida diaria de los vecinos del barrio", además de que "lo más probable es que las cámaras solo desplazarían los posibles delitos a las zonas próximas que queden fuera de su visión".
Morales se muestra convencida de que, antes que esta medida "de eficacia muy dudosa y que crea alarma", sería preferible que el Gobierno del PP "destinara esos recursos a otras medidas de seguridad, como la presencia de policía de barrio, o implantara políticas sociales y de prevención de la exclusión".

Por su parte, el vocal de Ahora Murcia en la junta municipal de El Carmen, Rafa Ródenas, pone de relieve que "la instalación de estas videocámaras la llevó el PP en el año 2015 a un pleno de la junta, que rechazó la medida. Ahora el Gobierno del PP ha aprobado la actuación sin pasarla por nuestra junta y, que se sepa, sin consultar a los vecinos del barrio".
Además, Ródenas destaca que "el PP ha explicado que pagará esta actuación con fondos europeos EDUSI, para el Desarrollo Urbano Sostenible. Sin embargo, hemos comprobado que las bases de estos fondos no contemplan su uso para medidas de vigilancia, por lo que estaríamos ante un uso inadecuado de estos recursos europeos".
Alicia Morales señala que "entre las medidas que plantea el Ayuntamiento en el proyecto ´Estrategia de Ciudad Murcia 2020´ no se encuentra la adopción de nuevas medidas de seguridad en el municipio. El proyecto no establece que la seguridad sea un problema en el municipio ni que sean necesarias actuaciones para incrementarla".
Ante todas estas situaciones descritas, la edil se pregunta "cuál es el verdadero interés del PP en esta desmesurada instalación de cámaras, que no encuentra explicación en las necesidades reales del barrio y que ha sido aprobada sin seguir cauces de participación ni atendiendo a las bases de las ayudas europeas utilizadas ni a las necesidades y objetivos fijados por el Ayuntamiento para el municipio de Murcia".

El río Segura, contaminado por plaguicidas prohibidos en España, según 'Ecologistas en Acción'

MADRID.- El agua de los ríos españoles de diez Confederaciones Hidrográficas analizadas, entre ellos el río Segura, está contaminada por plaguicidas tóxicos y sustancias que actúan como disruptores endocrinos y afectan a la salud humana y animal, según un informe de Ecologistas en Acción que advierte de que el 70% de algunos de estos compuestos hallados fueron prohibidos en España hace años.

El estudio 'Ríos hormonados', realizado por la ONG en diez confederaciones hidrográficas, apunta que España es el país europeo que más plaguicidas utiliza, con un total de 78.818 toneladas en 2014. De este modo, señala que este uso "masivo" se observa en la presencia "creciente" de residuos de plaguicidas en alimentos y en el medio ambiente.
El trabajo analiza los datos oficiales de los Programas de Vigilancia de la Calidad de las Aguas que han aportado las 10 Confederaciones Hidrográficas que respondieron a su petición de información al respecto en las aguas superficiales, por lo que la ONG lamenta que se trata de una "imagen incompleta". 
En el río Segura se detectaron 9 de los 57 plaguicidas analizados en 2016, de las que 6 pueden ser disruptores endocrinos y 6 no están autorizados
En todas las cuencas se ha observado la presencia de plaguicidas tóxicos en las aguas de los ríos españoles y muchos de ellos son disruptores endocrinos, que afectan al sistema hormonal de personas, fauna y flora. Por ello, la ONG asegura que los ríos españoles están "hormonados".
En total, en 2012 las confederaciones detectaron 46 de los 95 plaguicidas analizados y en 2016, 47 de 105 sustancias analizadas. De estas, 21 eran insecticidas; 19, herbicidas y 5 fungicidas. La ONG alerta de que el uso del 70 por ciento de los plaguicidas detectados no está autorizado en España ni en la Unión Europea.
Sin embargo, aún siguen estando presentes en los ríos plaguicidas prohibidos "hace muchos años" por su elevada toxicidad, como el DDT, el lindano, la atrazina o el endosulfán, entre otros.
Además, 26 de los 47 plaguicidas que se detectaron en 2016 se identificaron como disruptores endocrinos o que se sospecha que lo son.

Las más agrícolas, las más hormonadas

Por cuentas hidrográficas, las más contaminadas son las que tienen una agricultura más intensiva. Así, Júcar es "con gran diferencia" la cuenca más contaminada", ya que en ella se hallaron en 2016, un total de 34 de los 57 plaguicidas analizados, 22 de ellos prohibidos y 21 posibles disruptores endocrinos.
De las sustancias detectadas con mayor frecuencia, el DDT, HCH, clorpirifós, imazalil, tiabendazol y endosulfan se encontraron en más de 100 muestras y varias de ellas muy por encima de los límites permitidos.
En el Ebro, la segunda con más tóxicos, en 2016 se hallaron 21 de las 37 sustancias analizadas, 16 de ellas son o se sospecha que son disruptores endocrinos y 18 de los plaguicidas detectados en esta demarcación no están autorizados y en el Guadiana se hallaron 7 de las 27 sustancias analizadas, de las que se sabe o se sospecha que 6 son disruptores endocrinos y no están autorizadas 6 de 7 sustancias detectadas. En este caso, el herbicida disruptor endocrino terbutilazina "se detecta muy frecuentemente y en concentraciones muy elevadas".
En la cuenca del País Vasco se detectaron 17 de las 55 sustancias analizadas en 2016, 14 pueden ser disruptores endocrinos y 15 no están autorizados, como el lindano y sus isómeros, las sustancias detectadas con mayor frecuencia.
Por su parte, en el Tajo se hallaron 15 de las 17 sustancias analizadas y de estas, está prohibido el uso de 12 y 13 de ellas son posibles disruptores endocrinos. 
En cuanto al Miño-Sil, se han encontrado 13 de 58 sustancias analizadas en 2016, de las que cinco de ellas están prohibidas y 11 son posibles disruptores endocrinos.
Mientras, en el Duero se han hallado en 2016 un total de 12 de los 34 plaguicidas analizados; diez de ellas son o se sospecha que son disruptores endocrinos y no está autorizado el uso de 8 sustancias detectadas. En esta confederación hidrográfica la sustancia detectada con mayor frecuencia y concentración es el isoproturón, un herbicida prohibido.
Por su parte, en Galicia Costa "solo" se detectaron 3 de las 55 sustancias analizadas, pero entre ellas está el insecticida cloropirifós que es disruptor endocrino y dos herbicidas prohibidos.
En Cantábrico, en 2015 se detectaron 2 de las 21 sustancias analizadas pero las dos están prohibidas y una de ellas, el lindano es un disruptor endocrino.

Sustancias

Por tipo de sustancia, en 8 de las 10 cuencas analizadas en 2016 se ha encontrado cloropirifós, un insecticida neurotóxico, lo que pone de manifiesto un uso extenso y prolongado. Se trata también del plaguicida que se ha detectado en el mayor número de alimentos en España.
El lindano o sus isómeros se detectan en 7 de las 10 cuencas analizadas en 2016, debido a la mala gestión de los residuos generados durante de su fabricación hasta principios de los años 90.
El glifosato se ha detectado en 3 de las 5 cuencas en las que se analizó en 2016. De hecho, en el Júcar se detectó en el total de las 48 muestras analizadas y en el Tajo es la sustancia detectada con mayor frecuencia (en 263 de las 421 muestras analizadas). En el País Vasco es el plaguicida en uso detectado en mayor frecuencia tras el cloropirifós, lo que muestra un uso extenso de este herbicida tóxico.
La ONG alerta con preocupación la presencia de mezcla de varios de estos plaguicidas en la misma cuenca, con 34 en el río Júcar y 21 en el Ebro porque "diversos estudios" aseguran que la exposición a mezclas de plaguicidas disruptores endocrinos puede multiplicar la toxicidad de cada uno de ellos.
Por ello, Ecologistas en Acción reclama una transformación del insostenible sistema agrario actual a un sistema agroecológico e insta al Gobierno a prohibir los disruptores endocrinos y a poner en marcha un plan para reducir a la mitad en los próximos 10 años el uso de plaguicidas en España, igual que han hecho países como Francia o Dinamarca.
La ONG pide también que se actualice la normativa ambiental al conocimiento científico y que se amplíen y unifiquen los programas de vigilancia de plaguicidas en aguas.

PSRM y C's buscan acuerdos en la financiación local, el Mar Menor y el Estatuto de Autonomía

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Diego Conesa, y el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se reunieron este miércoles para acercar posturas en la Ley de Financiación Local, la Ley Integral del Mar Menor y la reforma del Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios tras la reunión celebrada en un hotel de Murcia, Conesa señaló que su formación busca entendimientos con todos los partidos y el Gobierno regional y, en el caso de Ciudadanos, mostró su predisposición a llegar a acuerdos a pesar de los "muchos puntos de desencuentro".
El líder regional del PSRM apostó por esta línea de entendimiento ante la "alarma" existente en la Región, que soporta los "peores índices de desigualdad y fracaso escolar" y una deuda "alarmante", problemas ante los que el Ejecutivo murciano sólo responde "vendiendo humo".
Por ello, Conesa resaltó la importancia de llegar a acuerdos con las formaciones de cara a las elecciones autonómicas de 2019, donde vislumbra la necesidad de negociar con los restantes grupos para llegar a entendimientos y poder formar gobierno.
En cuanto a la Ley Integral del Mar Menor, PSRM y Ciudadanos se han mostrado de acuerdo en que el Gobierno regional sea el encargado de tramitar la norma porque dispone de los medios técnicos y humanos necesarios, además de dar una mayor seguridad jurídica al requerir de los dictámenes de los Consejos Jurídico y Económico y Social.
En caso de que el Ejecutivo mantenga su negativa a redactar la ley, Sánchez anunció que su partido redactará un texto a partir de las decisiones de un grupo multidisciplinar de expertos y las reuniones con 30 colectivos implicados, entregando a San Esteban el dictamen.
Por su parte, Conesa recalcó que su partido comenzará a redactar en septiembre, una vez constate que el Gobierno murciano no va a acometer la tramitación de la ley, una propuesta que se plasmará en el programa electoral de su partido para las elecciones autonómicas de 2019.
Ambas partes también acordaron pedir al resto de grupos abrir una ponencia en la Asamblea Regional para que, antes de terminar la legislatura, haya consenso en una nueva Ley de Financiación Local que dé "estabilidad presupuestaria" a los ayuntamientos y asegurar las partidas que van a recibir de la Comunidad Autónoma para afrontar inversiones.
Otro punto en el que ha habido "buena sintonía", en palabras de Sánchez, es en la necesidad de concluir esta legislatura con la reforma del Estatuto de Autonomía, un texto que el líder de Ciudadanos consideró "caduco y obsoleto", mientras que el secretario general del PSRM lamentó que la Región sea la única comunidad autónoma que no lo haya modificado todavía.
Finalmente, tanto Conesa como Sánchez emplazaron a Podemos a que realice un "último esfuerzo" y se sume al Pacto Regional del Agua, cuya firma prevé que suscriban "en breve" PP, PSRM y Ciudadanos. "No podemos pedir un pacto y un plan hidrológico nacional si no somos capaces de ponernos de acuerdo en Murcia", concluyó Sánchez.

Podemos propone la creación del 'Defensor del Mar Menor'

CARTAGENA.- La diputada de Podemos, María Giménez, denuncia lo que considera una situación de caos y falta de línea política del Gobierno regional tras la aprobación de las medidas urgentes para el Mar Menor. Durante estos días, explicó, la Región «asiste a una serie de actuaciones que se están poniendo en marcha y que ponen en grave peligro la salud del Mar Menor».

Ante esta situación, la diputada regional afirmó que «no queda otra que trabajar con urgencia para la puesta en marcha de la ley integral del Mar Menor; desgraciadamente, el Gobierno hasta el momento sólo ha echado balones fuera y ha mostrado su falta de voluntad para trabajar en este asunto».
Giménez avanzó que desde la formación morada tenderán la mano al resto de partidos de la oposición para «trabajar de forma urgente». Así, mañana jueves, en la Comisión Especial sobre el Mar Menor, Podemos va a plantear las medidas que desde esta formación proponen para la «regeneración de la laguna salada y que deben formar parte del cuerpo de la ley integral de Mar Menor».
Una de ellas es la aprobación inmediata del plan de gestión integral del Mar Menor, que incorporará una moratoria hasta que los planes urbanísticos de los municipios circundantes no se hayan adaptado a este. 
Otra medida fundamental que avanzó Giménez es la creación de «un plan de recuperación y sostenibilidad del entorno del Mar Menor que afectaría a la superficie terrestre de la zona de influencia no protegida por la normativa ambiental».
Y finalmente informó que va a proponer «la creación de una figura independiente que vele por la salud y regeneración de este entorno: el Defensor del Mar Menor, que sería la máxima autoridad que abanderaría estas actuaciones».

La Región lideró el crecimiento nacional de ocupación en el sector servicios en 2017

MADRID.- La Región de Murcia, con un 4,6% de incremento, es la autonomía en la que más creció la ocupación en el sector servicios en 2017, según datos facilitados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2017, todas las comunidades presentaron tasas positivas de empleo pero fue la Región de Murcia la que lideró el mayor incremento, con un 4,6%, seguida de Baleares (3,8%).
Los menores crecimientos en el empleo en el sector servicios a lo largo de 2017 se dieron en Andalucía (1,6%) y Castilla y León y País Vasco (ambas con el 2%).
Además, todas las comunidades autónomas presentaron registros positivos en la cifra de negocios del sector servicios en 2017, si bien Navarra, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha fueron las comunicaciones donde más creció la facturación.
En el conjunto del país, la cifra de negocios del sector servicios aumentó el 6,3% en 2017 respecto al año anterior mientras que la tasa anual del mes de diciembre fue del 4,4%.
En el conjunto de 2017, Navarra registró el mayor incremento (9,2%), seguido por la Comunidad de Madrid (8,3%), Castilla-La Mancha (8%), Galicia (7,8%), Comunidad Valenciana (7%) y Cantabria (6,4%), todas ellas por encima de la media nacional del 6,3 por ciento.
Por contra, los menores incrementos se dieron en Castilla y León (3,4%) y Extremadura (3,5%).

La Comunidad Autónoma pretende convertir el Mar Menor en un «campo de regatas» a toda vela

MURCIA.- El Mar Menor convertido en un enorme y singular «campo de regatas» a vela. Este es el objetivo que persigue el Gobierno autónomo, que ultima un programa específico de «turismo náutico» para convertir la costa regional en un «campo de regatas» basado en el legado náutico, con la vela latina como estandarte después de haberla declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 

Así lo asegura el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, quien avanzó esta iniciativa durante la reunión de coordinación del programa, que cuenta con tres ejes de actuación.
Celdrán dijo además que se va a «proteger y conservar el patrimonio marítimo como una seña de identidad de nuestro legado vivo en la que apoyarnos para mostrar que la Región de Murcia, y más concretamente el Mar Menor, es un campo de regatas ideal para practicar deportes náuticos durante todo el año».
En concreto, en esta línea de actuación de conservar, transmitir y difundir las artes, aparejos y técnicas náuticas de navegación marítimas clásicas y tradicionales, el Gobierno regional restaurará un barco de vela latina de 42 palmos que será empleado para promocionar las actividades náuticas con el nombre 'Costa Cálida-Región de Murcia'.
Asimismo, la Comunidad procederá a la rehabilitación del histórico embarcadero de Canovillas, en el Mar Menor, que será reutilizado como base náutica con capacidad para doce embarcaciones de vela latina de entre seis y ocho metros de eslora, y además se patrocinará la quinta edición de la regata de Vela Clásica Mar Menor, que se celebrará del 22 al 24 de junio.
La segunda área de actuación es la vinculada específicamente con la visibilidad y la promoción de la Región de Murcia como destino de deportes náuticos, haciendo especial énfasis en esta modalidad turística como elemento para acabar con la estacionalidad, ya que las condiciones marítimas y climatológicas hacen que se puedan practicar deportes náuticos todo el año en el Mar Menor y en la costa mediterránea de la Región.
«Esta línea va dirigida tanto al fomento de los deportes náuticos entre la población regional, especialmente entre los jóvenes, como a nivel nacional e internacional, respaldando el turismo náutico como un elemento de dinamización turística y de desarrollo en los municipios costeros», aseguró el titular de Turismo. 
La Comunidad Autónoma está fomentando la práctica de este deporte entre los escolares. El pasado año participaron 5.424 alumnos en actividades náuticas organizadas por el Instituto de Turismo y el sector, aunque la Consejería prevé que este año puedan alcanzarse los 6.500 participantes.
Además, la Comunidad apoyará una veintena de eventos náuticos regionales, nacionales e internacionales en distintos municipios costeros con una participación de alrededor de 2.400 personas, con lo que se generarán, al menos, 4.000 pernoctaciones extra. 
También, y dentro de las campañas de promoción, se resaltará el producto náutico con acciones publicitarias en prensa y revistas especializadas, canales 'online', radios, televisión y redes sociales.
Por último, la tercera línea de actuación es la vinculada con la tecnificación deportiva y acoger las plantillas de federaciones de deportes náuticos, tanto la regional, como la española y las internacionales, teniendo como objetivo Reino Unido, Centroeuropa y los países nórdicos. El presupuesto con el que cuenta este programa es de casi 280.000 euros.

La tasa de ocupación de los murcianos menores de 25 años repunta y llega a más del 65%

MURCIA.- La tasa de ocupación de los trabajadores murcianos menores de 25 años aumentó al 65,3% a finales del pasado año, según un informe de Randstad elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte, la Región se encuentra, respecto a este colectivo, por encima de la media nacional.

El estudio revela que la tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años con formación superior alcanzó a cierre de 2017 su nivel más alto desde 2009, al situarse en el 76,3%. Un porcentaje que, en el conjunto de los menores de 25 años, independientemente del nivel de su formación, roza el 62,5%.
Tras lograr la tasa de ocupación más elevada en el año 2008 (82,4%), tal y como pone de relieve el informe, a partir de entonces, la tasa de ocupación de los menores de 25 años encadenó cuatro años consecutivos de alzas hasta lograr en 2017 la segunda mejor cifra de la serie analizada (76,3%).
Al finalizar el año pasado había 281.400 profesionales menores de 25 años con estudios superiores trabajando, un 19,7% más que en 2016, cuando se registraron 235.000 ocupados de este colectivo. Solo en 2008 se superó esta cifra, cuando se encontraban trabajando 314.300 menores de 25 años con formación superior.
Según Randstad, a mayor nivel educativo, mayor es la tasa de ocupación entre los trabajadores más jóvenes. Tras los menores de 25 años con formación superior, los profesionales que cuentan con estudios secundarios tienen la segunda tasa de ocupación más elevada (59,3%), con un total de 609.700 trabajadores, un 11,5% más que hace un año.
En el lado opuesto, se sitúan los empleados menores de 25 años con formación primaria. En este caso, la tasa de ocupación de este colectivo es del 43,8%. En concreto, 40.600 jóvenes con estudios primarios tienen un trabajo, un 16,7% más que la cifra registrada en 2016.
Servicios es el sector que ocupa a más profesionales menores de 25 años, con 737.900 trabajadores, el 79,3%. Le sigue la industria, con el 12%; la agricultura (5,1%), y la construcción (3,7%).

Narcís Serra apunta al Banco de España por las inversiones ruinosas de 'Catalunya Caixa'

MADRID.- El exministro socialista y expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el resto de investigados por el presunto agujero de 720 millones de euros ocasionado en esa entidad, que ya declararon en la Audiencia Nacional, señalaron al Banco de España como conocedor de las operaciones «al estar al tanto de todo».

Además del exvicepresidente del Gobierno comparecieron los antiguos directores generales de la caja, Adolf Todó y José María Loza, que apuntaron al Banco de España, cuyos responsables habrían sido conocedores tanto de las operaciones inmobiliarias entre 2001 y 2007 (caso de 'Hacienda del Álamo', en la Región de Murcia) como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008.
Asimismo aseguraron que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa; prueba de ello, añadieron, es que se hicieron, con éxito, unas 600 o 700.
A su salida de la sede judicial, donde declaró durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones urbanísticas supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se dirigió a los periodistas y señaló que había entrado «muy tranquilo» y que salía «aún más tranquilo», convencido de que «todo acabará bien».
Los tres investigados relataron que nadie podía esperar el desplome de los mercados y recordaron que incluso en 2008 se hablaba de brotes verdes. En su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb los activos tóxicos.
Cuatro de estas operaciones inmobiliarias ruinosas las acometió Catalunya Caixa en la Región de Murcia y acabaron acarreándole unas pérdidas de 150 millones, primero con el resort Hacienda del Álamo, para cuya construcción la caja catalana adquirió por 170 millones una gran extensión de suelo en Fuente Álamo. Las pérdidas ascendieron a 109 millones. 
En Lorca, el perjuicio fue de 16 millones. 
Y en Molina de Segura compró un solar industrial para levantar 800 viviendas. Las pérdidas superaron los 22 millones.

La cuenca del Segura sólo gana 2 Hm3 en una semana mientras la del Tajo está ya al 37,6% de su capacidad

MURCIA.- Los embalses de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 185 hectómetros cúbicos, dos más que la semana pasada, y están al 16,2%. Se trata de 169 hectómetros menos que en la misma fecha de año anterior; y se encuentran 364 por debajo de la media en esta época. La reservas crecen en el Segura y en el resto de cuencas, pero lo hacen con lentitud. 

A nivel nacional, los embalses almacenan 24.077 hectómetros, con un aumento de 548 hectómetros en la última semana. Las reservas totales se sitúan en el 42,9%.
La cuenca del Cantábrico Oriental está al 94,5%; el Cantábrico Occidental al 82,4%; el Miño-Sil al 61,3%; Galicia Costa al 77,6%; las cuencas internas del País Vasco al 100%; el Duero al 37,9%; el Tajo al 37,6%; y el Guadiana al 43,5%. 
La demarcación del Tajo cuenta con 4.142 hectómetros (el 37,6%). Los embalses de Entrepeñas y Buendía disponen de 242 hectómetros, el 10% del total, y apenas remontan.
La demarcación del Ebro, por su parte, es la que más recursos almacena en estos momentos y alcanza los 4.914 hectómetros cúbicos. Sus embalses están al 64,3%, veinte puntos por encima que la media peninsular, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.

Detienen ebrio al conductor de un autobús con 42 escolares a bordo en Santomera

MURCIA.- El conductor de un autobús escolar que llevaba 42 estudiantes de secundaria a bordo fue detenido ayer tarde por la Policía Local de Santomera con una tasa de alcohol que casi quintuplicaba la permitida a los chóferes profesionales.

La detención se ha producido cuando el conductor, de 58 años, recorría el trayecto entre los institutos locales Octavio Carpena y Poeta Julián Andúgar, una vez llegado a este, donde iba a recoger más alumnos al término de las clases para continuar ruta por distintas pedanías en las que residen.
Una patrulla policial que participaba en la campaña especial conjunta con la Dirección General de Tráfico sobre la seguridad en los autobuses escolares ha sospechado al hablar con el conductor y olerle el aliento que podía ir bebido, como les ha parecido también por otros signos corporales.
Al hacerle la prueba de alcoholemia, ha ofrecido un resultado de 0,67 miligramos por litro de aire espirado, cuando el límite para transportistas profesionales es de 0,15.
Tras la realización de las diligencias, habría quedado en libertad citado para hoy en un juzgado de Murcia para un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

El líder del plasma, 'CSL Behring', litiga en España para acabar con el monopolio de 'Grifols'


BARCELONA.- El principal competidor mundial de Grifols (con laboratorio en Las Torres de Cotillas), la compañía australiana CSL Behring, está litigando en España para intentar acabar con el monopolio del que disfruta el laboratorio catalán en nuestro país: la venta a hospitales de medicamentos derivados del plasma, publica hoy elEconomista

La multinacional australiana, -que ocupa el primer puesto en este sector en el que Grifols es el segundo-, acusa a la firma española de estar incumpliendo el principal requisito por el que el Ministerio de Sanidad le tiene otorgada esta exclusividad a Grifols. El requisito es que la sangre con la que el laboratorio catalán fabrique los medicamentos que vende a los hospitales proceda en su integridad los propios hospitales españoles.
Sin embargo, la compañía australiana, en un recurso contractual al que ha tenido acceso elEconomista, asegura que Grifols va a suministrar un medicamento "que no obtiene del plasma humano donado en España, proveniente de donaciones no remuneradas, sino de plasma procedente de donaciones realizadas y pagadas en EEUU", por lo que estaría incumpliendo la normativa.
En concreto, CSL Behring presentó este recurso ante el contrato de suministro de hemoderivados de uso terapéutico a partir del fraccionamiento de plasma convocado en noviembre de 2017 por la Junta de Andalucía y cuyo valor asciende a 47,61 millones de euros por un periodo de dos años. Este contrato fue licitado por el Servicio Andaluz de Salud siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad. 
Al tener la exclusividad de este suministro, solamente Grifols podía presentarse a este contrato y fue su adjudicatario. Posteriormente, CSL Behring recurrió tal adjudicación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 
En el recurso, la multinacional australiana solicita que se declare la nulidad del procedimiento de adjudicación por ser el mismo contrario a las normas rectoras en materia de contratación, así como que se declare la procedencia de dar cabida, mediante el procedimiento abierto, a la contratación del suministro del medicamento.
En el recurso contra Grifols, la firma australiana afirma que uno de los hemoderivados que ha de suministrar la empresa española, denominado Prolastina, "es un medicamento obtenido a traves de plasma humano donado en Estados Unidos y fabricado por dicho laboratorio en este territorio". 
Behring esgrime que el suministro de Prolastina comercializado por Grifols "implica que esta empresa vendrá a proveer a los centros del Servicio Andaluz de Salud de un medicamento que no obtiene del plasma humano donado en España", lo que contraviene el objeto del contrato.
Para justificar tal alegato, la empresa australiana se refiere a escritos de varios Servicios de Salud "como el de Murcia y el de Navarra" donde se viene a señalar, según CSL Behring, que "Grifols ha informado que se encuentra actualmente en proceso de sustitución de su Alfa-1-antitripsina comercializado bajo el nombre TrypsoneR, por su Alfa-1- antitripsina comercializada bajo el nombre ProlastinaR y que mientras dure el citado proceso de sustitución, cabe la posibilidad de que no pueda suministrar como producto acabado el TrypsoneR, si bien se compromete en dichas circunstancias a sustituir las unidades equivalentes de TrypsoneR con ProlastinaR, garantizando el mismo nivel de rendimiento y fabricado con plasma de Grifols proveniente de los Estados Unidos".

Falta de pruebas

Por este motivo, la farmacéutica australiana concluye que la inclusión de este medicamento en el procedimiento de contratación como uno de los hemoderivados que Grifols tiene que devolver a los hospitales "implica la ilegalidad del procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de un medicamento que tiene alternativas en el mercado, tales como Respreeza", comercializado precisamente por CSL Behring.
La firma australiana estima que el procedimiento elegido "restringe la concurrencia en cuanto que el tratamiento de la patología para el que se indica Alfa 1 antitripsina debería ser adquirido por medio de un procedimiento abierto".
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emitió su respuesta el pasado 22 de diciembre desestimando el recurso de CSL Behring. En la sentencia, tras reconocer que la Agencia Española de Medicamentos le ha manifestado que "el único laboratorio autorizado para la fabricación de medicamentos hemoderivados a partir de plasma nacional es el Instituto Grifols", asegura que en el recurso interpuesto por CSL Behring faltan pruebas que justifiquen este hecho. 
"Si así fuere -asegura el Tribunal-, incurriría en un incumplimiento del contrato, pero, se insiste, no hay datos ni pruebas que permitan afirmar que esto vaya a ocurrir", según indica la resolución.

"España ahorra dinero con nuestro sistema"

A las preguntas formuladas por elEconomista sobre la acusación de CSL Behring a Grifols de fabricar su producto con plasma procedente de fuera de España -lo que invalida su exclusividad-, el laboratorio catalán no ha querido entrar al fondo del asunto. Grifols se ha limitado a contestar a este diario que "el recurso presentado por uno de los competidores de Grifols ha sido desestimado". 
En cualquier caso, señala la compañía en su respuesta, "aprovechamos para confirmarte que en España Grifols presta un servicio de fraccionamiento de plasma. Es decir, pone sus instalaciones, tecnología y equipo técnico al servicio de los centros de donación para procesar sus excedentes de plasma y producir medicamentos". 
Según la farmacéutica, "gracias a esta colaboración, las administraciones sanitarias se benefician de un ahorro considerable en el gasto público", afirma el laboratorio en su respuesta a este diario. 
La compañía CSL Behring, por su parte, no tiene departamento de Comunicación en España.

El mercado de trabajo en España pierde un millón de jóvenes en la última década


MADRID.- La fuerza de trabajo en España ha perdido un millón de personas de 16 a 24 años en la última década, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Buena parte de esta pérdida se debe a la caída de la población sufrida en esa franja de esa edad, en torno a 700.000 personas entre 2007 y 2017. Otra parte, sin embargo, y a pesar de la recuperación actual, decidió retirarse de un mercado de trabajo en crisis, y dedicarse a estudiar.

Los datos del INE muestran una caída de la población entre 16 y 24 años de 700.000 personas en la última década, desde los 4,7 millones de 2007, a los apenas 4 millones (4,04 millones) que se contabilizaron el pasado mes de julio, los últimos datos disponibles.
Una pérdida de población en torno al 16% del total de la cohorte, que se ha dejado sentir en el mercado laboral español, donde la fuerza de trabajo ha descendido en casi un millón de personas en los últimos doce años en ese rango de edad, al pasar de los 2,4 millones de activos en 2005, a los apenas 1,5 millones al cierre del pasado año.
Y ello a pesar de la recuperación de los últimos años, que ha aumentado el empleo en esa edad en casi 200.000 personas, y rebajado el paro en casi 300.000.
Esta intensa pérdida demográfica, unida a la retirada del mercado laboral, y a la creación de empleo de los últimos años, ha situado la tasa de ocupación de los más jóvenes en un 76%, su mejor registro desde 2009; aunque lejos todavía del 82% registrado en 2008, cuando, además, el número de activos se situaba en 2,37 millones, frente a los 1,5 millones de la actualidad.
Respecto a los sectores, ocho de cada diez empleados menores de 25 años trabajan en el sector servicios, frente al 12% que lo hace en industria, un 5,1% en agricultura, y un 3,7% en la construcción, según detalla un de la consultora de recursos humanos Randstad, con datos de la encuesta de población activa.

Las cúpulas de católicos, judíos, evangélicos y musulmanes se unen para denunciar las "ofensas" a la religión


MADRID.- "En España se profanan templos y símbolos; se hace bufa y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia". Las cúpulas de las principales confesiones religiosas que se practican en España: Iglesia católica, Islam, Judaísmo y Protestantismo consideran que hay falta de respeto hacia sus creencias. Han exigido en un comunicado conjunto "respeto mutuo, para creyentes y no creyentes" ante lo que consideran una escalada de "ofensas a los sentimientos religiosos en nuestro país", según recoge el.diario.es

El texto suscrito conjuntamente por la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, se denuncia cómo "las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible".
En el manifiesto, además se constata con "preocupación y tristeza" las "constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones".
"Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos", apunta la nota, que reconoce cómo, en estos años, "hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión".
"Nos hemos dotado de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, excluye y ya no tolera, tales comportamientos", apunta.
Sin embargo, denuncian, "no sucede lo mismo con la discriminación o delitos de odio por motivos religiosos". Así, subrayan judíos, católicos, musulmanes y protestantes, "las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia".

Provocaciones intolerables

Como ejemplo, las religiones denuncian lo sucedido en los pasados carnavales, donde "cristianos, judíos y musulmanes, que con distintas sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las personas de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, observamos con dolor un espectáculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de otros colectivos".
"No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión", subraya el comunicado, que insiste que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto" y "no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como son la libertad religiosa y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente definidos y protegidos en nuestra legislación".
"Las confesiones religiosas representadas en este comunicado queremos seguir trabajando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso y contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia en libertad en aras del bien común", concluye el comunicado.

El detalle en las multas de la DGT que hace que te devuelvan la sanción

MADRID.- Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 21 de Madrid ha condenado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a devolver los puntos detraídos a un automovilista al que Hacienda había anulado previamente una multa por estar mal notificada. Además condena a Tráfico al pago de las costas judiciales.

Según informa Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que asistió jurídicamente al conductor, el caso se inició por una reclamación ante Hacienda porque la multa de 240 euros que se le reclamaba con recargo nunca había llegado a su conocimiento.
En una primera instancia, la Agencia Tributaria de Madrid (AEAT) denegó el recurso argumentando que Tráfico le había notificado la multa a través de una publicación edictal en el Tablón de Sanciones de Tráfico (TESTRA), porque la notificación postal había sido devuelta por el servicio de correos "con la indicación de ausente en horas de reparto".
Sin embargo, la reclamación planteada en segunda instancia ante el Tribunal económico-administrativo Regional de Madrid (TEAR), sí fue aceptada porque la notificación postal fue dirigida a un domicilio que no era el indicado por el interesado y, por tanto, la notificación edictal no estaba justificada.
Según indica AEA, en base a esa resolución del TEAR se solicitó a la Jefatura provincial de Tráfico de Madrid la devolución de los puntos, pero ésta se negó argumentando que la anulación de una multa por parte de Hacienda no puede significar dejar sin efecto la detracción de puntos al no tener "facultades revisoras de la competencia sancionadora en materia de tráfico".
Ante lo emitido por Tráfico, se reiteró la petición al no entender cómo se podía anular la parte económica de una multa que no había sido notificada y, por tanto, no había adquirido firmeza, pero se mantenía la detracción de puntos. Tráfico inadmitió de nuevo el recurso, trasladándose el caso al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 21 de Madrid, que finalmente dio la razón al interesado.

Una de cada 3.000 multas está mal notificada

Según informa la asociación, esta es la primera sentencia que se produce en España en este sentido, lo que permitirá que cerca de 10.000 conductores puedan recuperar cada año los puntos que, tanto Tráfico como los ayuntamientos, detraen indebidamente por multas mal tramitadas.
Además, por el volumen de multas que cada día se publican en el BOE y por el último informe de auditoría de las cuentas anuales de la DGT de 2016, la AEA ha estimado que una de cada tres multas de las que se tramitan en España está mal notificada. Teniendo en cuenta que de ellas el 1% tiene pérdida de puntos, 45.000 conductores cada año estarían perdiendo puntos sin que nadie se lo estuviera advirtiendo.
Para el presidente de la Asociación, Mario Arnaldo, esta sentencia supone un "importantísimo precedente jurídico por cuanto supone desmontar el argumento perverso que desde hace una década utiliza la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas". "Si una multa no está bien notificada, no sólo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la 'mochilita de puntos' que la acompaña", añade.
Además, AEA mantiene que la Administración "abusa del sistema de notificación edictal", pues apunta que el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que entre las garantías del derecho a la defensa que recoge el Art. 24 de la Constitución están los derechos de defensa y a ser informado de la acusación, cuyo ejercicio presupone que el ciudadano sea emplazado o le sean notificadas debidamente las multas, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa.
Asimismo, señala que el emplazamiento edictal constituye un "remedio último de carácter supletorio y excepcional, ya que ningún ciudadano está obligado a leer a diario los boletines para ver si en ellos aparece su nombre".

Se disparan las solicitudes de los certificados de la mili para acceder a jubilaciones anticipadas


MURCIA.- La crisis económica que se inició en el 2008, los despidos de trabajadores y cierres de empresas, algunas de ellas en concurso de acreedores, y el aumento de los requisitos de cotizaciones fijados por el Gobierno para poder acceder a una jubilación anticipada, han disparado en los últimos años las solicitudes de certificados para que el Ministerio de Defensa acredite el tiempo de permanencia en el servicio militar obligatorio.

Una documentación que piden aquellos trabajadores, en su mayoría con una edad superior a los 50 años, que no cuentan con el tiempo de cotización fijado para acceder a futuras prestaciones.
El artículo 161 de la ley General de la Seguridad Social de 1994 establece que para poder reconocer la jubilación anticipada, por cese en el trabajo motivado por causas no imputables al trabajador, es necesario cumplir con el requisito de tener un periodo de cotización mínimo efectivo de 33 años. Un plazo temporal que se está elevando al aumentar la edad de la jubilación.
La norma recoge que «solo a estos efectos la Seguridad Social computará el periodo del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite de un año».
Para que se pueda convalidar, se establece como requisito que el cese en el puesto de trabajo se tiene que haber producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral con el empleado.
Despidos colectivos, individuales objetivos por razones organizativas o de producción, por declaración de concurso de acreedores o incluso por el fallecimiento o jubilación del empresario, son algunas de las causas que permiten esta jubilación anticipada, siempre que se tengan más tres décadas de cotización.
De este modo, el reconocimiento de hasta doce meses del servicio militar se convierten en imprescindibles para estos empleados, y su traducción puede significar tener que cotizar 12 meses más en otra actividad o no. Hasta hace unos años, este reconocimiento, aprobado en junio de 1994, no era tenido en cuenta por muchos de los desempleados, puesto que la estabilidad en el puesto de trabajo no estaba sometida a los vaivenes del actual mercado laboral.
Cuando el Gobierno de Felipe González aprobó esta inclusión, en pleno debate sobre la supresión de la mili y la prestación social sustitutoria, se buscaba además equiparar en derechos a un segmento de la población que fue movilizado forzosamente, mientras que otros jóvenes compañeros de los entonces reclutas quedaron exentos, pudiendo trabajar y cotizar ese tiempo a efectos de prestaciones futuras. Unos, en los cuarteles, y otros, en oficinas o industrias.

Documentación

Los servicios del Ministerio en la comunidad autónoma certifican los tiempos de permanencia en concepto de servicio militar obligatorio y teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que ha pasado esta movilización en las Fuerzas Armadas.
De este modo, la duración ha sido diferente desde que en 1941 se modificó el reclutamiento y reemplazo en los Ejércitos y la Marina. Desde los dos años, que se realizaron de mili hasta 1969, pasando por los 18 y 15 meses, entre 1970 a 1984, o los 13 meses en 1985, hasta finalmente los 9 meses, desde 1991 al 2001, año en el que quedó suprimido el servicio obligatorio. 
Para poder tramitar el certificado, el personal de Defensa recuerda que se tiene que aportar una fotocopia del DNI, otra de la Cartilla del Servicio Militar, conocida popularmente por los reclutas como ‘la Blanca’, así como los originales de ambos documentos a efecto de compulsa.
Con esta documentación, la Delegación del Ministerio de Defensa suele entregar el certificado antes de 15 días. Salvo que no dispongamos de la cartilla y entonces se tenga que solicitar a otras unidades y archivos la información que acredite el tiempo de permanencia en el servicio militar.
Ello sucede con antiguos soldados que llegaron a deshacerse, extraviar e incluso quemar ‘la Blanca’, donde los jefes de unidades reflejaban la fecha de entrada, el número de reemplazo y el cese en el mismo con el consiguiente pase a la reserva. Hasta finales de los 80, esta situación comportaba tener que fichar anualmente hasta los 37 años, edad en la que se debía de anotar en la cartilla la licencia absoluta.

NORMATIVA PARA EL CÓMPUTO DE LA MILI

Ley 1/1994 de la Seguridad Social

Acceso a la jubilación anticipada.
En este caso el despido debe ser por causa no imputable al trabajador, cuya edad debe ser inferior en cuatro años, como máximo, a la que en cada supuesto sea de aplicación.
Periodo.
A estos efectos, el servicio militar obligatorio o la Prestación Social Sustitutoria (PSS) se podrá computar con un límite máximo de un año si se acredita un periodo efectivo de 33 años de cotización (tiempo que se va elevando actualmente por la reforma de pensiones).
Inem.
Para este cómputo, el solicitante deberá estar inscrito en una oficina de empleo como demandante durante un plazo de al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación anticipada.
ERE.
El cómputo de la mili se reconocerá si el cese del trabajo es consecuencia de una reestructuración empresarial que impida proseguir con la relación laboral. También se tendrá en cuenta si se trata de despidos objetivos individuales por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del E. T.
Indemnización.
La norma establece que el trabajador despedido debe acreditar haber recibido la indemnización correspondiente o haber interpuesto demanda judicial para reclamarla.