«Actualmente se está produciendo en la Región de Murcia una grave crisis ambiental que está degradando, quizás de forma irreversible, los ecosistemas del Mar Menor. Esta crisis está teniendo una profunda repercusión en diversos sectores económicos (la propia agricultura incluida) y en el bienestar de la ciudadanía, llegando incluso a producir una elevada pérdida de rentas a los habitantes del entorno de la laguna, como recoge el informe del Banco de España de 2021 o los estudios dirigidos por investigadores del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la UPCT», indicó la asociación.
Además, añadieron que «la crisis ambiental deviene de un proceso de eutrofización, largamente advertido por los investigadores, que las Administraciones competentes (de distinta adscripción política) no quisieron abordar y que, en muchos casos, favorecieron por activa o por pasiva».
El origen principal de esta eutrofia, indicó ANSE, se encuentra en «la agricultura intensiva que se desarrolló en la cuenca vertiente al Mar Menor tras la llegada del Trasvase Tajo-Segura, tal y como indican las publicaciones científicas revisadas por pares de distintas universidades, como la UMU, la UPCT o la UA; los informes de seguimiento y monitorización del estado ecológico del Mar Menor elaborados por investigadores de la Universidad de Murcia y que publica la Comunidad Autónoma; así como los del grupo interdisciplinar para el seguimiento oceanográfico y ecológico del Mar Menor del centro nacional de referencia para esta temática, que es el Instituto Español de Oceanografía dependiente del CSIC».
La agricultura intensiva del Campo de Cartagena «contaminó con nitratos» el «acuífero cuaternario que está conectado con el Mar Menor». Y, asimismo, añadieron que «a más abundamiento, esa contaminación se vio agravada por el uso ilegal de desaladoras que vertían salmueras enriquecidas en nitrógeno».
«Además, las transformaciones a regadío de amplias extensiones de tierra en el Campo de Cartagena permitirían la llegada grandes volúmenes de tierra por fenómenos erosivos que transportaban grandes cantidades de fósforo al Mar Menor durante los eventos lluviosos.
Ambos elementos, nitrógeno y fósforo son imprescindibles para que se generen los fenómenos de eutrofia que se observan en el Mar Menor, destruyendo sus fondos y produciendo mortalidades masivas de fauna por hipoxia», indicaron.
«Conviene señalar que una parte importante de la agricultura intensiva se desarrolló sin control por parte de las Administraciones competentes, de forma que un informe elaborado por WWF y Anse puso de manifiesto que hasta el 20 % de la superficie de regadío existente en el campo de Cartagena en 2018 no era legal. Esta cifra fue negada en su momento por varios responsables políticos, pero los inventarios oficiales realizados en fechas recientes por la CHS vienen a confirmar su validez», señaló la asociación.
«Desde la sopa verde, las administraciones competentes han adoptado diversas medidas encaminadas a reducir el impacto de la agricultura intensiva en el Mar Menor y a la restitución de la legalidad, incluyendo la promulgación de una Ley autonómica ahora en proceso de revisión en la Asamblea.
Además, como consecuencia de la intervención del Poder Judicial, se han abierto diversas causas penales contra varias empresas agrícolas del Campo de Cartagena y contra los responsables políticos del momento que podrían enfrentarse a duras sanciones y penas por delitos contra el medio ambiente en caso de ser condenados», añadieron.
En este contexto, «un buen número de empresas agrícolas (varias de ellas implicadas en los procesos penales anteriormente mencionados) se agruparon bajo la Fundación Ingenio para actuar junto con la entidad Agroingenieros por el Mar Menor como lobby negacionista de las causas de la crisis ecológica del Mar Menor».
«Estas entidades intentan construir un relato alternativo a la evidencia científica que culpase a los vertidos de las depuradoras de la eutrofia del Mar Menor (aunque también niegan que esté eutrófico), en un intento de quedar eximidos de toda responsabilidad por los daños ambientales generados», sentenciaron.
La construcción de ese relato «ha supuesto la inversión de ingentes cantidades de dinero que han sido empleados en la organización de eventos, promociones diversas, elaboración de informes, campañas publicitarias, movilización en redes sociales, etc que han tenido efectos en la población de la Región de Murcia».
En este sentido, Anse señaló que «nos permitimos trasladar nuestra preocupación por un reciente encuesta del CEMOP donde un número significativo de ciudadanos daban crédito a las tesis negacionistas frente a las evidencias científicas certificadas por el centro científico nacional de referencia, lo que supone un precedente muy preocupante».
«Sin duda alguna, la participación de algunos medios de comunicación en esta campaña de desinformación ha contribuido de forma notable a la expansión de este bulo. Y esta situación podría suponer una vulneración de los principios generales del código deontológico de la entidad que representa», añadieron.
Así «nos permitimos recordar que uno de los periódicos nacionales de mayor tirada y trayectoria se vio obligado a emitir, vía defensor del lector, una aclaración desligándose del uso torticero que la Fundación Ingenio estaba realizando de un contenido patrocinado que se difundió como una noticia contrastada».
Asimismo, expresaron que «hechos similares se vienen sucediendo en diversos contenidos en medios de comunicación donde se acaban colando mensajes negacionistas. La televisión pública también se vio obligada a rectificar una noticia falsa que se había colado en los informativos. Alguna agencia de noticias estatal también se ha visto implicada en la difusión de noticias similares».
«Igualmente y no menos preocupante, es la política activa de hostigamiento constante a periodistas, medios de información y entidades sociales que combaten el relato negacionista de esas entidades. Este acoso es realizado por perfiles falsos o incluso perfiles de claro carácter difamador que buscan amedrentar y acallar a todo aquel que señale la falsedad de los hechos que pretenden divulgar entre la población. Estos hechos erosionan de forma intolerable la libertad de prensa y de información», indicaron.
