viernes, 27 de marzo de 2009

Bancos suizos prohíben viajar al extranjero a directivos por miedo a que sean detenidos

ZURICH.- Varias entidades bancarias suizas habrían prohibido a sus directivos realizar viajes al extranjero, incluso a países vecinos, por el miedo a que pudieran ser detenidos en el marco de la lucha internacional contra el secreto bancario, según informa 'Financial Times'.

El responsable de uno de los principales bancos privados de Ginebra señaló que la creciente determinación de la comunidad internacional, liderada por Alemania y EEUU, en perseguir la evasión de impuestos y el secreto bancario ha hecho percibir a la banca que debe adoptar medidas adicionales para proteger a sus empleados.

"Algunos bancos han tomado ya estas precauciones", señaló. "Si viajo a Alemania a visitar un par de bancos con los que trato, los responsables de aduanas podrían pararme e interrogarme", añadió.

Estas prohibiciones, que no han sido adoptadas por todo el sector, afectan particularmente a los viajes con destino a EEUU, como consecuencia de la detención el pasado año de un alto directivo de banca de UBS en el marco de una investigación federal sobre fraude fiscal.

"Si eres un banquero suizo que viaja a EEUU, hoy en día te expones a ser interrogado. De hecho, yo me lo pensaría dos veces antes de viajar a EEUU", apuntó el director de una entidad helvética, que dijo no sufrir este tipo de restricciones.

No obstante, cuatro miembros de la banca privada de Ginebra reconocieron que sus entidades han prohibido completamente los viajes al extranjero, incluídos los dirigidos a países vecinos.

"Los banqueros ni siquiera viajan a Francia, algunos no se mueven siquiera de Ginebra", indicó al periódico otro directivo de banca suizo.

Solbes dice que la cifra de financiación será "suficiente" para que las CC.AA estén "razonablemente incómodas"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó hoy que la cifra que dará como resultado la nueva financiación autonómica no será "cómoda para nadie", pero será "suficiente" para que todos -Gobierno y comunidades-- se encuentren "razonablemente incómodos".

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Solbes indicó que la intención del Ejecutivo es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en cuanto se forme el nuevo Gobierno de Galicia, con la finalidad de cerrar la negociación del nuevo modelo de financiación. "No tiene sentido hacerlo antes", admitió.

Dicho esto, señaló que lo importante, más que la cifra resultante para cada región, son los principios y los criterios del modelo, aunque reconoció que el Gobierno ya tiene en la cabeza una cantidad "clara".

No obstante, ironizó con que desconoce si esta cantidad coincide con la que tienen las comunidades autónomas. "Nosotros tenemos clara una cifra, que no será cómoda para nadie, pero suficiente para que nos encontremos todos razonablemente incómodos", reiteró Solbes.

Valcárcel y Camps no aparecen por la manifestación de Elche en defensa del trasvase Tajo-Segura

ELCHE.- Cerca de 8.000 personas, según la Policía Local, y poco más de 6.000 según otras fuentes, se manifestaron hoy en Elche bajo el lema 'Todos juntos y unidos en defensa del trasvase Tajo-Segura', convocados por el Comité de Crisis del Trasvase Tajo-Segura, que cifró la asistencia al acto en 20.000 personas.

La marcha estuvo encabezada por tres tractores con pancartas en las que se podían leer consignas como 'Alicante necesita el agua por el futuro del campo', 'No al Estatuto de Castilla La Mancha', o 'Solidaridad = trasvase del Ebro'.

Tras estos vehículos se situó la pancarta principal que portaban el portavoz del Comité de Crisis del Tajo-Segura en Alicante, Ángel Urbina, el presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), Francisco del Amor, así como una representación de agentes sociales y distintos partidos políticos.

Así, en la cabecera de la manifestación se encontraban varios consellers de la Generalitat valenciana como José Ramón García Antón ( Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda), Alejandro Font de Mora (Educación), Mario Flores (Infraestructuras y Transporte), Juan Cotino (Bienestar Social), Trini Miró (Cultura y Deporte) y Maritina Hernández (Agricultura, Pesca y Alimentación), así como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes populares.

Por parte del PSOE estaban presentes los secretarios generales del PSPV, Jorge Alarte, y del PSRM-PSOE, Pedro Saura, así como el portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, y un gran número de alcaldes y ediles de la provincia.

La manifestación, que comenzó sobre las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, terminó en la plaza del Congreso Eucarístico con la lectura, por parte de Manuel Serrano de un manifiesto en defensa del trasvase Tajo-Segura en el que consideró la derogación del trasvase sería "el atentado más grave que puede sufrir el desarrollo agrícola, económico y social" de la provincia.

En este sentido, Serrano pidió al Congreso "que cambie de opinión y no admita una reforma estatutaria que ponga fin al trasvase". Además, indicó que el agua es un bien "que pertenece al país", por lo que "ninguna región tiene derecho a apropiarse de ella, excluyendo a los que la necesitan para sobrevivir".

Para Serrano, el fin del trasvase Tajo-Segura supondría el inicio de "restricciones en el abastecimiento humano, cierre de empresas, despidos, paro y emigración, sin contar con el desastre ecológico que supondría la desertización del sureste español".

Serrano afirmó, además, que ni siquiera el trasvase Tajo-Segura, o el del Ebro son la solución definitiva al problema del agua, sino que reivindicó como "solución definitiva" la "interconexión de las cuencas de los ríos españoles".

Por último, el presidente de Riegos de Levante pidió un pacto nacional del agua "que cuente con el consenso de toda la sociedad, que ponga fin al déficit hídrico de nuestras tierras y que nos quite esta 'espada de Damocles' que pende sobre la supervivencia de los regadíos y los abastecimientos del sureste español".

Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, destacó que su presencia en esta manifestación servía para "confirmar la posición inequívoca del PSPV de defensa del trasvase Tajo-Segura, que es legítimo, necesario e imprescindible para el desarrollo de la provincia de Alicante".

Asimismo, Alarte mostró su "preocupación" por la ausencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y se preguntó "si eso significa que ha cedido ante las presiones del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal".

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "no hace falta que Camps esté aquí físicamente para estar apoyando el trasvase, porque para eso estamos aquí varios consellers", a lo que añadió que "Camps está con este proyecto y lo demostró estando durante cinco años apoyando este trasvase y el del Ebro".

Del mismo modo, Antón señaló que "un estatuto de autonomía no puede condicionar la gestión del agua de un río que atraviesa varias comunidades autónomas", por lo que aseguró que "la derogación del trasvase Tajo-Segura sólo se puede hacer desde la falta de solidaridad".

El socialista Leguina acusa a Zapatero de ´saquear´ al Estado en materia hídrica

MADRID.- El ex diputado socialista Joaquín Leguina arremetió en su 'blog' contra la política hidráulica impulsada por el Gobierno socialista, que considera un "despropósito", y acusa a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de "saquear" el Estado y de iniciar un viaje "disparatado" hacia "la rebatiña demagógica".

En un comentario de su página personal de Internet, Leguina critica que el Ejecutivo socialista haya propiciado que se pase de "el agua es de todos" a "el agua es mía y me la quedo yo", una consigna, ironiza, "mucho más adelantada y progresista". A su juicio, este viaje "disparatado" hacia "la rebatiña demagógica" ha convertido el agua "en bandera para crear banderías" bajo "la mirada irresponsable" de unos gobernantes a quienes el Estado "parece importarles una higa".

El ex dirigente socialista se lamenta de que, tras dos planes hidrográficos nacionales -uno impulsado por el PSOE y otro por el PP-, Zapatero llegue con su "España plural" y, "sin más trámite", decrete que los trasvases son "reaccionarios" y, "lo que es más disparatado", las desaladoras "progresistas" y que las cuencas pueden transferirse".

"El nuevo Estatuto de Andalucía expropió al resto de los españoles la cuenca del Guadalquivir; el Ebro se lo quedó Aragón y, ahora, Castilla-La Mancha, a través también de su Estatuto, pretende decretar motu propio el final del trasvase Tajo-Segura", lamenta.

Leguina cree que hace algunos años hubiera sido "inconcebible" que un Gobierno de España, "y más si era de izquierdas", hubiera propiciado "un desmantelamiento del Estado" como el que, a su juicio, se está asistiendo con Zapatero a propósito del agua.

"Lo diré claro: una izquierda, tan nueva como la actualmente reinante, que propicia o permite tales saqueos del Estado, será nueva, pero no es de izquierdas ni por el forro", concluye.

Saura mete el dedo en la llaga de la corrupción rampante en el PP de la Región de Murcia

MURCIA.- El secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, aseguró que «mientras la crisis económica castiga con más dureza a los murcianos», el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, «están al frente de tres instituciones implicadas en asuntos de presunta corrupción política».

En este sentido, Saura recordó que Valcárcel está acusado de ser el «gran muñidor» del asunto de La Zerrichera, y afirmó que «para salir de la crisis económica hay que abrir una nueva etapa de regeneración política, limpieza en las Administraciones y que la ética presida las actuaciones públicas».

La Región de Murcia no espera una congelación de fondos a España tras la condena del Parlamento Europeo

MURCIA.- La portavoz del Gobierno murciano, Maria Pedro Reverte, manifestó que la Eurocámara no congelará los fondos comunitarios para España, tal y como se aseguró ayer tras aprobar el Pleno del Parlamento Europeo un informe que así lo solicitaba si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

«No nos la van a quitar», indicó, de todas formas «es un informe que ha recibido los votos en contra de los eurodiputados del PP y las abstenciones del Partido Socialista, sólo cuatro de esas 150 denuncias se relacionan con la Región de Murcia y además dos de ellas son genéricas», explicó.

En concreto, señaló, «una parecer ser que es la de una ciudadana inglesa que se quejaba por un tema de la vivienda y otra de una asociación de Salvemos a Mojacar».

Además, «la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones que están refrendadas por la Eurocámara», de manera que «no puede prosperar la pretensión de que se nos congelen los fondos que recibimos de la UE por ese informe».

A su juicio, «se puede cambiar el urbanismo de toda las costas», pero prefiere incidir en que es especialmente importante el dato del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que señala que la superficie que se ha urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha crecido durante los años 2000-2005 un 22% en España y un 27,2% en todo el litoral mediterráneo español, mientras que en la Región de Murcia «sólo lo ha hecho en un 14,9%».

El 'agujero' inmobiliario que tendrán que asumir bancos y cajas supera el 10% del PIB español

BURGOS.- Xavier Sala i Martín, catedrático de Economía en la Columbia University, cifró hoy en un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España el "agujero grande" que se tendrán que "comer" los bancos y las cajas de ahorro de este país por la "avalancha" inmobiliaria que va a venir y por impagos de hipotecas.

Este fue el principal mensaje que lanzó Xavier Sala i Martín en la conferencia inaugural de ForoBurgos en la que constató la dependencia del PIB nacional del sector de la construcción, con un 19 por ciento del crecimiento de la economía, y advirtió a los responsables políticos de la necesidad de corregir ese porcentaje hasta situarlo en torno al 4 por ciento, como en otros países.

"Tienen que quebrar algunas constructoras e inmobiliarias", sentenció el catedrático, que no dudó en ocultar su "preocupación" ante la política que está llevando a cabo el Gobierno de España, contraria a esta recomendación.

Sala i Martín también puso sobre la mesa la dependencia de los bancos y de las cajas de ahorro españolas del sector inmobiliario, circunstancia que definió como una "catástrofe" ya que, según argumentó, las constructoras y el sector inmobiliario deben al sistema financiero español 300.000 millones de euros, el 27 por ciento del PIB.

"Y esas cifras no tienen aún en cuenta lo que viene ahora", continuó el catedrático, que recordó que están pendientes de vender muchas promociones inmobiliarias y que en breve se terminará el paro para el millón de españoles en situación de desempleo desde hace un año que tendrán dificultades para pagar sus hipotecas, lo que conforma el "agujero" que se tendrán que "comer" bancos y cajas y que cifró en ese 10 por ciento del PIB.

Sala i Martín evidenció también el déficit exterior que sufre España, también en torno al 10 por ciento del PIB, y aseguró que la única alternativa para corregir esta desviación pasa por el incremento de la oferta sin caer en la trampa de bajar los precios.

"La clave es la oferta", continuó el catedrático que apeló para ello a aumentar la productividad y la competitividad, siguiendo el ejemplo de EE.UU., un país que, cuando salga de la crisis, saldrá de la crisis "disparado porque son muy productivos".

De hecho, continuó, en las dos últimas semanas ya se han visto algunas señales de que EE.UU empieza a ver la luz al final del túnel, a diferencia del caso de España, al que se refirió como "un camión que viene de cara y que conducen Zapatero y Solbes". De este modo, cuestionó Xavier Sala i Martín la opción del Gobierno español por potenciar las políticas de demanda y no las de oferta, como él propone.

Entre las recetas que propuso el profesor Sala i Martín para pasar página a la anterior etapa económica -"ya no hay vuelta atrás", aseveró y salir de la crisis destaca especialmente la innovación, pero no en clave de I+D+i como proponen muchos políticos ya que esto sólo supone gasto en investigación.

Para Sala i Martín la clave para incrementar la producción en España está en la innovación para lo que hay que tener ideas e implementarlas después en las empresas. En este contexto, explicó que, lejos de lo que se puede pensar, la innovación consiste en "ideas pequeñitas y tontas" que se pueden dar en todos los campos y no sólo en las TIC.

Xavier Sala i Martín justificó esta afirmación con dos datos, el 71 por ciento de las grandes ideas con éxito vienen de los trabajadores y no de los departamentos de I+D+i y sólo el 8 por ciento de las ideas empresariales vienen del I+D+i "y, normalmente, no vienen de la financiación previa sino de una petición".

Por todo ello, abogó por crear en España una sociedad que tenga ideas para lo que recomendó un cambio en el sistema educativo que enseñe a los niños a ser creativos y a tener ideas. Sala i Martín también hizo un llamamiento al sistema financiero español ya que, a pesar de ser "muy seguro", tiene "verdadera aversión" a cualquier proyecto que no pase por la construcción de pisos en la Costa del Sol.

"El mundo de ayer se ha acabado, hay que hacer cosas nuevas", insistió el catedrático, que recomendó también un cambio en el sistema de remuneración basado en términos de productividad.

Sala i Martín terminó su conferencia con un mensaje de optimismo desde el convencimiento de que las grandes reformas sólo se producen después de grandes catástrofes. "Esa es la gran noticia de la crisis", sentenció.

IU apoyará activamente mañana la manifestación en defensa del trabajo y la protección social

MURCIA.- El coordinador de Izquierda Unida en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, señaló hoy, en rueda de prensa, que su partido apoyará "activamente" la manifestación convocada por los sindicatos Unión General de Trabajo y CCOO en defensa del trabajo y la protección social mañana, a las 18.30 horas, en la plaza de la Cruz Roja.

Pujante indicó que su formación política participará en esa movilización porque "no es de recibo que quien tenga que pagar la crisis económica sea, una vez más, la parte más débil. Son otros los que deben asumir su responsabilidad ante las consecuencias de la recesión", al tiempo que animó a todos los murcianos a que asistan a la misma con el fin de mostrar una postura unitaria a favor del empleo de calidad.

Y es que, para el dirigente de IU "es necesario cambiar el modelo económico de la Región de Murcia y del resto de comunidades autónomas, reorientando del sistema productivo hacia la cualificación, la sociedad del conocimiento, la inversión en I+D+i y la defensa del papel de lo público".

De este modo, Pujante exigió una mayor inversión en política social y en educación ".para acabar con la burbuja inmobiliaria que ha convertido el litoral Mediterráneo en un gran muro de cemento". En este sentido, mostró su total acuerdo con el 'Informe Auken' sobre abusos urbanísticos en España aprobado ayer en el Parlamento Europeo con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones.

El texto considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de "desarrollo insostenible", al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que "no están debidamente preparadas" para responder a los abusos.

Por todo ello, IU exige una rectificación y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario para evitar que los Fondos Estructurales Europeos no peligren para España.

A las recomendaciones de Pujante se une la del texto de Auken que recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa.

Así, según explicó, los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía y la Región de Murcia, con un total de 250 proyectos urbanísticos calificados de 'insostenibles'.

En el caso murciano, Pujante explicó que "se creó el Ente Público del Agua (EPA), dependiente de la consejería de Agricultura y Agua como subterfugio para hacer viables proyectos insostenibles como el de la Sierra de la Almenara, Marina de Cope y Novo Cartago", estos dos últimos detenidos por la crisis económica.

"Gracias a la crisis económica se han congelado proyectos urbanísticos insostenibles", subrayó, al tiempo que criticó la laxitud de la Justicia en España, como se incide en el Informe Auken, y citó como ejemplo de ello la lista de inmuebles ilegales que debería demolerse y finalmente no se hace.

El dirigente calificó la 'Ley de suelo estatal' como "un paso tardío pero importante" para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal.

De este modo, el texto fija las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración, y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en la materia. Para dar cumplimiento a esta finalidad se clasifica el suelo en dos tipos, a efectos de valoraciones administrativas, según su situación física, el Suelo Rural, (que incluye tanto el Suelo urbanizable como el No urbanizable) y el Suelo Urbanizado.

Asimismo, el Suelo Rural se valora en función del criterio de capitalización de rentas agrarias y el Suelo Urbanizable o en curso de urbanización se valora como Suelo rural, sin aplicar expectativas urbanísticas; se elimina la aplicación del valor real del suelo a efectos expropiatorios y la edificabilidad del suelo no se integra dentro del derecho de propiedad, sino que sólo se patrimonializa ese derecho con el cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas urbanísticas.

Finalmente, la Ley aumenta las cargas de los titulares del suelo con la elevación de la obligación actual de ceder gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento el 10 por ciento de la edificabilidad neta de cada Unidad de Actuación a ceder el 15 por ciento o, incluso en algunos casos, el 20 por ciento; y generaliza la figura del Agente Urbanizador.

El precio de la vivienda en la Región de Murcia cae un 1,2% en el primer trimestre

MURCIA.- El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia descendió un 1,2 por ciento durante el primer trimestre del año, una disminución con la que el metro cuadrado se ha quedado en 1.622 euros y es la segunda Comunidad Autónoma más barata de España, sólo superada por Extremadura, con un precio de 1.530 euros.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda usada cayó entre un dos y un cinco por ciento en los principales mercados durante el primer trimestre, según se desprende del informe elaborado por Idealista.com, que estudia un total de 340 municipios de toda España, de los que 307 han bajado de precio (90,3 por ciento) y 33 han subido (9,7 por ciento).

En la ciudad de Murcia, el precio bajó durante el primer trimestre un 2,5 por ciento hasta situarse en 2.074 euros por metro cuadrado, y en Cartagena, en cambio, el precio se ha reducido un cuatro por ciento hasta quedar en 1.662 euros por metro cuadrado.

Sólo en dos municipios murcianos se incrementó el precio de la vivienda durante el invierno, en Los Alcázares se incrementó un 1,6 por ciento, mientras que en Molina de Segura la subida del 0,4 por ciento. Por contra, las mayores caídas, además de Cartagena, se produjeron en Lorca, que registró una caída del 3,4 por ciento.

Entre enero y marzo, los precios sólo se incrementaron en cuatro capitales de provincia: Pontevedra (0,8 por ciento), Palencia (0,5 por ciento), Orense (0,3 por ciento) y Badajoz (0,1 por ciento), y las caídas en raro caso superaron el cinco por ciento.

No obstante, el descenso del precio desde máximos históricos se pudo ver acentuado en diferentes municipios y distritos de los grandes mercados, como Barcelona, Madrid y Valencia.

En concreto, Barcelona registró una caída del 3,3 por ciento en el precio de sus viviendas de segunda mano, lo que dejó el metro cuadrado en 4.216 euros, casi el mismo precio que marcaba en el segundo trimestre de 2005 (4.213 euros).

En Madrid la caída fue menor (-1,7 por ciento), pero el precio del metro cuadrado bajó por primera vez desde 2005 de los 4.000 euros y se situó en 3.997 euros por metro cuadrado, llegando en algunos distritos a los valores registrados en el año 2004.

Además, algunos distritos de Madrid y Barcelona registraron descensos superiores al 20 por ciento en el primer trimestre, lo que puede provocar que el valor de la vivienda sea inferior a la hipoteca pendiente con el banco, concedida generalmente por el 80 por ciento del valor de tasación. Así, si el propietario decide vender la propiedad, podría obtener menos dinero que la cantidad que debe por la hipoteca.

Valencia, por su parte, registró una nueva caída por quinto trimestre consecutivo, al descender los precios un 4,5 por ciento, hasta los 2.547 euros por metro, mientras que en Sevilla cayeron un dos por ciento, hasta los 2.851 euros, y en Bilbao un 0,2 por ciento menos. El mayor descenso se produjo en Palma de Mallorca (-8,8 por ciento), seguido de Cuenca (-6,5 por ciento) y Huesca (-5,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, ninguna de ellas registró subidas de precios en el primer trimestre, aunque en Canarias y Galicia los precios se mantuvieron estables. La mayor caída se produjo en Navarra, donde los precios bajaron un 4,7%, seguida de Baleares (-3,9%) y Asturias (-2,9%).

Euskadi se mantuvo como la comunidad con la vivienda más cara (3.575 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (3.426 euros) y Cataluña (3.072 euros). Las más económicas fueron Extremadura (1.530 euros), Murcia (1.622 euros) y Castilla-La Mancha (1.743 euros)

Según el jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, los vendedores siguen sin aceptar el desplome de la burbuja inmobiliaria, porque piden menos por sus casas pero no han trasladado a los precios de oferta los descuentos.

"La tragedia es que, aunque están abiertos a negociar y mucho el precio, se desesperan porque no reciben ni siquiera ofertas y pasan meses, e incluso años esperando que aparezca el comprador", señala.

Para la realización de este análisis el equipo de estudios de Idealista.com ha estudiado una muestra de 1.538 viviendas de la Región de Murcia y, para garantizar la representatividad de los resultados, se han incluido sólo los municipios con una base estable de un mínimo de 50 viviendas durante el periodo analizado.

Para la obtención del precio medio de la Comunidad se han tenido en cuenta los 2.676 inmuebles presentes en la base de datos de Idealista.com en Murcia entre el 19 de diciembre de 2008 y el 23 de marzo de 2009.

La alcaldesa de Cartagena destituye al concejal Pérez Abellán

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, anunció hoy la destitución del concejal de Seguridad, Vía Pública y Servicios, Enrique Pérez Abellán, por la "responsabilidad moral" de la adjudicación a su hijo de la redacción de cuatro proyectos y la dirección de cuatro obras con cargo al Plan 'E' y consideró que "no hay nada más que indagar".

Esta contratación, por un valor aproximado de 56.000 euros, tendría en Pérez Abellán el único responsable, defendió Barreiro.

"Él mismo lo reconoció y puso su cargo a disposición de la Alcaldía. Ha tocado aceptarla, no porque haya ilegalidades, sino porque los cartageneros tienen derecho a estar seguros sobre quienes les gobiernan", apuntó Barreiro, quien admitió que era "una decisión difícil y dolorosa dirimir esta cuestión" respecto a un edil "que ha prestado tantos servicios y ha trabajado mucho más que aquellos que pedían su dimisión".

Respecto a la exigencia de más dimisiones -la suya, la del vicealcalde, Agustín Guillén, y la del concejal de Hacienda, José Cabezos- Barreiro reiteró que en todo el caso "no hay ninguna irregularidad" y sí un reconocimiento de responsabilidad moral por parte de un solo concejal.

"He hablado con quien tenía que hacerlo y considero que no hace falta indagar más", apuntó.

La renuncia de Pérez Abellán como concejal, que Barreiro dio por segura, supondrá, que Javier Herrero, hasta ahora al cargo de Comercio, Empleo y Juventud, asuma Seguridad; y que el edil de Infraestructuras, José Vicente Albaladejo, se haga cargo de Vía Pública.

Además de los cambios para Herrero y Albaladejo, supondrá la entrada en el consistorio de la número 18 en la lista del PP a las elecciones municipales de 2007, Ruth María Collado González.

La democracia enferma / Rosa María Artal *

La democracia vive uno de sus peores momentos históricos. La crisis ha desnudado al sistema y ha dejado al descubierto un esqueleto deforme con el corazón podrido. Sin embargo, aún alienta actitudes que carcomen el cuerpo social –puede que lo haga por mucho tiempo, porque no se le aplica un remedio eficaz–. La ciudadanía pone sus ojos en la política señalando culpables. Hizo dejación de sus obligaciones al entregar nuestros destinos a Consejos de Administración privados –cuando su mandato era representarnos para buscar el bien común–.

Más aún, la política parece constituirse hoy como parte del problema. Las estructuras de los partidos están obsoletas, lo que propicia que –en más casos de los admisibles– lleguen a los puestos de decisión quienes se abren paso a codazos, en lugar de ser elegido el más capaz y el más dispuesto al servicio público. Igual parece suceder con los sindicatos, que han sido colaboradores necesarios para que los españoles cobremos los sueldos más bajos –sólo superamos a Grecia y Portugal– de la Europa de los 15, frente a un poder empresarial ambicioso e insolidario.

Lo más grave es que no varían ni su discurso ni sus métodos. En los conflictos actuales del PP, les vemos negar con ahínco los evidentes síntomas de corrupción, resucitando viejas y nefastas teorías conspirativas en un espectáculo patético y nada inocuo que empobrece la democracia. Inmadurez, imprevisión y descoordinación enmascaran importantes logros del Ejecutivo. Los ataques partidistas nos hastían.

Asistimos perplejos a peligrosas concomitancias de todos los poderes que fundamentan el Estado de Derecho, incluido el cuarto, la prensa. Aupados en sus torres de marfil, los actores del fiasco no parecen enterarse del efecto que la suciedad y la inoperancia causan en la ciudadanía. Una inmensa apatía recorre el mundo –país por país y en la casa globalizada–, mezclada con brotes de rebeldía, cada vez mayores, que no encuentran canal para circular.

La doctrina militarista y neocon en lo económico que George W. Bush trajo bajo el brazo fue dando los últimos golpes de gracias a los organismos nacidos tras la II Guerra Mundial y su intento de que aquella conflagración terrible fuera la última –¿se acordaría alguien, hoy, de los Derechos Humanos al redactar Constituciones?–.

La ONU inoperante, la ONU bombardeada y dócil, el periodismo silenciado, cuando no también gaseado y golpeado… o desactivado. Noticias de un día, sin seguimiento, ni refrescadas con antecedentes; la sociedad que no parece ser consciente de sus derechos y de su papel actor en el devenir de la historia.

Cayó ya el manto de la impunidad sobre la última masacre de Israel sobre los palestinos. Un muro de 2.500 km sembrados de minas se yergue –olvidado– en el Sáhara, a la espera de un referéndum que nunca se celebra. Se aplastó la revolución dorada –de monjes indefensos y hartos– en el Tíbet. Completamente. Hasta el silencio 30.000 muertos sepultados por un terremoto y –sobre todo– la tiranía, en Myanmar. Totalmente. Hasta la indiferencia. Aunque el mundo dolorido derriba sus barreras en avalancha: lo malo nos toca a todos. Más asesinatos de locura terrorista, cavernaria. Aquí y allá.

Se incrementan los precios de los alimentos y la gasolina; luego los especuladores los bajan sin dar explicaciones. Estalla una guerra al norte de la civilizada Europa. Por gas, por petróleo, por hegemonía. Se solidifican y congelan los hielos de la guerra fría. Un dirigente político legisla en su provecho, introduciendo el fantasma del fascismo desde sus pies de bota. Siguen llegando pateras. Sigue matando el hambre. Siguen diezmando poblaciones las guerras y las enfermedades. Unos pocos se lucran con el mal ajeno. Joyas y materiales preciosos –coltan, uranio– causan codicia y muerte en África. En Zimbabue, el cólera sin medicinas mata a cientos de personas. Su dictador, Robert Mugabe, fue exonerado de condena por el G-8 tiempo atrás, por ese juego de vetos y prioridades al que suele jugar.

Se reconstruye el Irak invadido, entre escándalos y más impunidad. Ya no hay espacio para tanto banco y tantos fraudes, pero hay que conservar el sistema a cualquier precio. Ya no caben más coches en el mundo, pero se hace preciso mantener las estructuras. Lloran los bolsillos millonarios –porque alguno de los suyos les engañó– mientras repasan sus cuentas sólidas de Suiza. Baja el petróleo, sin cesar. Y todos los indicadores económicos. Y las Bolsas no se animan. Llegan los despidos, los ERE, tan oportunos a los planes económicos, y gimen –con más motivo– los asalariados.


¿Algo más tiene que pasar para que el mundo se inmute? El podrido sistema, la democracia enferma, exigen regeneración. Pero habrá que utilizar la propia casa como punto de partida. Necesitamos la política, esencia de la democracia, pero no esta. No nos podemos limitar a votar cada cuatro años. Ya no es hora de algaradas callejeras que no provocan cambio alguno. Los descontentos constructivos tampoco disponemos, desde nuestras casas aisladas, de los medios para fletar 700 autobuses, con bocadillo y manta o abanico.

En España, los planes inaplazables –vigentes en otros países– son, como mínimo: asambleas ciudadanas con políticos y expertos de la universidad, listas abiertas para que nuestros representantes no sucumban a la ominosa disciplina de partido, separación real de poderes. Cada uno de ellos, libre, limpio y responsable. Un periodismo crítico que erradique la prioridad del negocio, otros intereses ajenos, improvisación o falta de capacitación.

La educación como cimiento, no limitada a la enseñanza en el colegio, con una actualización continua de los adultos. Poderes públicos que la propicien en lugar de disuadirla. Una red mundial nos ayuda como vehículo. Todo ello contribuiría a despertar a tibios e insolidarios. Alguien tendrá que emprender la tarea. Si tiembla la tierra, habrá que apuntalarla. Con la voz, las manos y las utopías.

(*) Rosa María Artal es periodista y escritora. www.publico.es

jueves, 26 de marzo de 2009

La mitad de los españoles culpa a políticos y bancos de la actual crisis financiera

MADRID.- La mitad de los españoles achaca la responsabilidad de la actual crisis financiera a los políticos en general y a los bancos, con un 28% y 22% respectivamente, según un estudio del instituto de investigación Iris sobre la confianza económica de los ciudadanos.

Según el estudio, realizado a través de Internet sobre una muestra de 602 personas en España, los españoles consideran que también contribuyeron al deterioro económico el ex presidente Bush (un 10%), la avaricia empresarial (6%), la burbuja inmobiliaria (6%) y la especulación inmobiliaria de los últimos años (5%).

Asimismo, los encuestados mostraron su pesimismo sobre cuándo se retomará la senda del crecimiento en España. Un 51% considera que, a pesar de las medidas impulsadas por el Gobierno, la economía se mantendrá en recesión en los próximos 6 meses, y un 53% teme que algún miembro de su familia pierda el empleo a corto plazo. Así, seis de cada diez españoles auguran que pasarán apuros económicos.

El miedo al desempleo y las dificultades para afrontar los pagos mensuales merman los hábitos de consumo en las familias españolas. Para afrontar la crisis, los españoles se plantean reducir sus gastos, y empiezan por no comer fuera de casa (60%). Además, el 63% afirma gastar menos en regalos y ropa.

La bajada de tipos a niveles históricos, las inyecciones de liquidez a las entidades financieras y la cooperación internacional por salir de la coyuntura económica no es percibida por los españoles de forma positiva. El 69% de los encuestados considera que la Unión Europea y el Banco Central Europeo no están realizando el esfuerzo suficiente para solventar la recesión, mientras que un 71% piensa lo mismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Así, el director técnico del estudio de Iris, Juanjo Torres, apunta que la cumbre del G-20 que se celebrará la próxima semana en Londres supone una "oportunidad" para que las instituciones palien la falta de comunicación con el ciudadano y "tomen medidas concretas" que potencien la recuperación.

Del estudio también se desprenden datos a nivel internacional. Los ciudadanos de 19 países de todo el mundo (un total de 16.995 de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia y Australia) afirman que la actual situación económica es la peor que han vivido en su vida (un 60%).

El pesimismo reina en todo el mundo, y un 36% cree que la recesión se alargará al menos dos años más. Eso sí, en China prima el optimismo, y el 50% piensa que podrán esquivar la crisis, debido a la buena actuación desarrollada por su Gobierno.

Por último, el 41% de los encuestados en los diferentes países confiesa su preferencia por la intervención estatal en los mercados financieros, ya que observan que el modelo económico liberal es ineficaz, mientras que el 25% sigue defendiendo el libre mercado a pesar de la actual crisis.

Por su parte, EEUU representa el bastión de los que abogan por que el Estado se mantenga al margen.

Los grupos ecologistas aplauden fuerte al Parlamento Europeo

MADRID.- Ecologistas en Acción aplaudió en un comunicado la resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en España, pues la ONG lleva «años» denunciando «este proceso especulativo de esferas empresariales y políticas, que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental».

Así, creen que esta medida «da la razón» a Ecologistas en Acción y otras plataformas ciudadanas que consideran «insostenible» un modelo que genera «indiscutibles impactos ambientales».

Además, este crecimiento urbanístico «aumenta las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos», señalan los ecologistas.

Por su parte, Greenpeace confía en que la amenaza del Parlamento Europeo de congelar los fondos comunitarios a España si no soluciona los abusos urbanísticos sea efectiva y «se cierre el grifo» a actuaciones e infraestructuras que no respetan la normativa española ni la comunitaria.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, valoraba así el informe europeo, que pide, además, a España que suspenda todos los desarrollos urbanísticos que no respeten el medio ambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad.

Marcos ha valorado el hecho de que «por fin» el Parlamento Europeo tenga conocimiento de «los delitos urbanísticos que se están cometiendo en España.

Gutierrez-Cortines, a contracorriente

La eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez-Cortines, sumó su voz contra el 'Informe Auken' durante el Pleno en la Eurocámara, en Estrasburgo.

"Todo está manipulado y el informe peca de mala intención. Se generaliza todo a partir de casos concretos", sostiene.

Gutiérrez-Cortines apunta que la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones refrendadas por la Eurocámara. "Dice que es un informe impresentable".

"Ha habido abusos urbanísticos y las autoridades tenían que haber actuado a tiempo, pero se ha mezclado todo en el informe. Se confunden lo que son denuncias particulares por la compra de viviendas con la normativa medioambiental. Lo grave es que el informe no puede demostrar nada de lo que contiene y se menciona de una forma grave la actuación de los jueces españoles, sugiriendo poco menos que cometen prevaricación porque actúan de forma arbitraria", revela nuestra eurodiputada.

"El informe Auken no tiene ningún valor jurídico", concluye Cristina Gutiérrez.

De Ramón y 'Anse" se apuntan un tanto en Europa

MURCIA.- Cuatro quejas y denuncias al urbanismo en la Región de Murcia han sido presentadas en los dos últimos años, dentro de un total de 150 en toda España. Una de ellas corresponde al abogado Diego de Ramón, que pidió a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que se controlara el exceso de planes urbanísticos. De Ramón presentó la queja en nombre de Unión Democrática de la Región de Murcia.

Pedro García, en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), denunció presuntas infracciones de la legislación europea por parte de las autoridades locales y autonómicas.

Otra queja fue interpuesta por la Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, relativa a «numerosos proyectos urbanísticos en la Región de Murcia y Almería».

Por último, el año pasado se formuló una denuncia particular de Wheatley Elizabeth, súbdita británica, por «problemas con la compra de una casa en Murcia», según recuerda 'La Verdad'.

El obispo Reig Plá alude al demonio en su despedida

MURCIA.- Una despedida multitudinaria y plagada del blanco de las vestimentas del centenar de sacerdotes que se acercaron hasta la Catedral para mostrar su apoyo al obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, en uno de los últimos actos antes de marcharse a la Diócesis de Alcalá de Henares, de la que tomará posesión el próximo 25 de abril.

En la homilía de la eucaristía que fue oficiada por él mismo, Reig Pla reiteró su obediencia y lealtad a la Iglesia y al Santo Padre y apeló a la unidad de la Diócesis, según 'El Faro'.

Además, prometió ser obediente “a la verdad y lealtad al Santo Padre, pero sobre todo a Dios que no tiene en cuenta mis errores y que me ha dado una oportunidad nueva para que, con lo aprendido, comenzar un nuevo camino y no errar en él, siguiendo así la voluntad de Dios”.

Esta homilía, que fue ovacionada cuando terminó por todo el público asistente, también sirvió para aconsejar a los sacerdotes –que fueron los que organizaron este acto de despedida– a “que no se meta el demonio entre vosotros” y les pidió que “améis al nuevo obispo como habéis amado a los anteriores obispos y a mi”, apelando a la “comunión entre vosotros”.

Del mismo modo, el obispo Reig Pla afirmó que “sólo atendiendo a la libertad por la verdad y a la obediencia seremos fecundos”.

Los sacerdotes le mostraron su apoyo a un obispo que iba emocionándose conforme iba pasando la eucaristía y le regalaron un cáliz con cuatro medallones en donde había representadas cuatro pasajes bíblicos relacionados con la Virgen.

Asimismo, afirmaron, en boca del vicario general, Miguel Ángel Cárceles, que “su amor a la verdad y la justicia es un testimonio para desempeñar nuestro trabajo”.

Pérez Abellán votó a favor de los proyectos de su hijo en Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA.- El concejal de Seguridad, Enrique Pérez Abellán, votó a favor de los cuatro proyectos para cuya redacción y dirección de obra fue designado su hijo Enrique Pérez Blaya en las Juntas Locales de Gobierno del ayuntamiento de Cartagena celebradas los días 29 de diciembre de 2008 y 16 de enero de este año. En las citadas sesiones, se votaron exclusivamente los proyectos, es decir, qué trabajos se iban a llevar a cabo y con cuánto dinero del Plan E, según 'La Opinión'.

Con anterioridad, Pérez Blaya ya había sido elegido por designación directa para dirigir las obras, trabajo por el que va a cobrar 28.323,16 euros, cantidad que aumenta hasta los 52.000 euros con la redacción de los proyectos.

Según el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y deben comunicarlo a su superior de inmediato si tienen interés personal en el asunto de que se trate" o "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo".

Además, la citada ley especifica que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse si "tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las personas mencionadas anteriormente" o "relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto".

El artículo 28.4 de la citada norma señala que los órganos superiores "podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente". El punto 5 aclara que "la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad".

En las citadas Juntas Locales de Gobierno no se aprobó quién iba a redactar los citados proyectos y tampoco quién se haría con la dirección de las obras. "Se trata de un puro acto administrativo en el que se aprobó qué destino iban a tener los fondos del Fondo Estatal de Inversión", precisó un portavoz de Alcaldía.

Pérez Abellán no se abstuvo en la votación de los proyectos en las citadas Juntas Locales de Gobierno, situación que exige la citada norma.

Los proyectos, una vez aprobados, fueron enviados a la delegación del Gobierno encargada de remitirlos al Ministerio, que por su parte analizó si cumplían los requisitos del decreto del Fondo Estatal de Inversión Local de Zapatero.

Con el visto bueno del Ministerio, el ayuntamiento sacó a concurso las obras. En estos momentos, uno de los proyectos ya está ejecutado y el resto están en marcha. El Ayuntamiento no ha precisado si Pérez Blaya ha cobrado ya el dinero procedente de las arcas públicas, ya que el Plan E sólo financia la ejecución de las obras.

El vino de Jumilla pasa de la bota a la botella

JUMILLA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó que los vinos de Jumilla "se están vendiendo muy bien", y explicó que del total de la producción dedicada a la comercialización, un 55% se destina al mercado exterior", principalmente a Suiza y Alemania, así como a Estados Unidos.

Cerdá, que presentó el XV Certamen de Calidad de Vinos de la Denominación de Origen Jumilla, recordó que "el viñedo es junto con el almendro un cultivo de gran valor ambiental para mantener nuestro paisaje natural y evitar la desertización". En el certamen, que se celebrará hoy y mañana en Jumilla, participarán un total de 112 muestras de 42 bodegas.

Explicó que "hay una visión optimista de los vinos murcianos que hoy se elaboran bajo los parámetros de modernidad, planificación e innovación", y recordó que los vinos de Jumilla se han situado "en la elite del mercado vitivinícola".

Así mismo, apuntó que esta denominación tiene cerca de 3.000 viticultores inscritos, 42 bodegas y un total de 27.900 hectáreas cultivadas, lo que supone "una importante representación de la viticultura regional".

El responsable de Agricultura resaltó que los vinos elaborados bajo esta denominación "están obteniendo las mejores calificaciones y valoraciones por parte de los expertos vitivinícolas más prestigiosos".

Según Cerdá, "Jumilla es una de las zonas productoras de España que más etiquetas ha incorporado a la lista Parker, el mayor referente del mundo del vino, con más de 40 marcas".

En 2008, se concedieron las máximas puntuaciones a 32 vinos de Jumilla, "un resultado que no ha alcanzado el grueso de las denominaciones de origen españolas", subrayó el consejero.

El Foro Social le grita a Egea que Caja Murcia deje de financiar a la corrupción urbanística

MURCIA.- Un grupo de personas del Foro Social ocupó de forma pacífica, esta tarde, una sucursal de Caja Murcia en la Gran Vía. La acción se inscribe dentro de los actos con los que el Foro Social quiere sumarse a las movilizaciones propuestas por el Foro Social Mundial en contra de la crisis capitalista y de las guerras, y fue el preludio de la participación del mismo en la manifestación convocada para el sábado 28, bien que con consignas diferenciadas respecto de las esgrimidas por los sindicatos convocantes.

Durante media hora, las personas encerradas en esta sucursal corearon eslóganes tales como “Menos financiación para la corrupción”, “Menos Polaris”, “Valcárcel, escucha, el Foro está en lucha”, “Disolución de los paraísos fiscales”, “Más impuestos para los ricos”, y otras de similar contenido, referidas, sobre todo, a la condonación de embargos y desahucios en esta época de crisis, según una nota de la propia organización.

"La elección de esta caja de ahorros se fundamenta en que Caja Murcia, junto con otras entidades bancarias y de ahorro de la Región, es una de las que más se han significado, durante el pasado ciclo especulativo ligado a la construcción en Murcia, en la financiación de empresas constructoras que, con sus disparatados proyectos urbanísticos, han contribuido a dilapidar parte del patrimonio natural del interior y zonas costeras de la Región.

Caja Murcia ha sido la principal entidad acreedora de la empresa constructora “Polaris”, que ha inundado de resort y campos de golf parte del paisaje murciano, estando detrás, así mismo, del anunciado proyecto macrourbanístico-residencial de “Marina de Cope”, en Águilas, proyecto que en estos momentos está paralizado a la espera de las actuaciones judiciales pendientes de resolución sobre el mismo a raíz de las denuncias interpuestas por grupos ecologistas y partidos políticos de izquierda.

En este sentido, y para ejemplificar el sentido de la protesta, cuando Paco Morote, portavoz del Foro Social, se despidió de los empleados y empleadas -que habían permanecido pasivos pero expectantes y algo inquietos por la acción-, les dirigió las siguientes palabras: “Buenas tardes, y díganles a don Carlos [en alusión a Carlos Egea Krauel, director general de la entidad] que deje de financiar proyectos como el de Marina de Cope”.

La acción de protesta continuó luego, durante unos minutos, en las puertas de la entidad de ahorro, lugar en el que se repartieron octavillas conteniendo las propuestas del Foro Social para superar la crisis capitalista mundial, propuestas que defenderá en la manifestación del próximo sábado 28 en Murcia".


El PSRM pide la dimisión de la alcaldesa de Cartagena por el escándalo con los fondos de Moncloa

CARTAGENA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena pidió hoy la dimisión de la alcaldesa, Pilar Barreiro, al considerar que "es la responsable última de la adjudicación de cuatro obras del Plan E al entonces presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, Enrique Pérez Blaya".

Hace unos días, se conoció que el concejal de Seguridad y Vía Pública de este Ayuntamiento, Enrique Pérez Abellán, había puesto su cargo a disposición de la alcaldesa asumiendo "toda la responsabilidad" en la situación que se ha generado por el encargo del Consistorio a su hijo, el entonces presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, para la redacción de varios proyectos del Plan Estatal del Fondo de Inversión Local.

La portavoz socialista en Cartagena, Caridad Rives, precisó que "la orden de redacción de estos proyectos parte directamente de Alcaldía, por lo que la responsabilidad es suya", además de que "está claro que la gestión del Ayuntamiento hace aguas desde que Barreiro está atendiendo sus labores como alcaldesa a tiempo parcial".

Rives presentó las actas de las Juntas de Gobierno en las que fueron aprobados los proyectos, "y en ellas figura como asistente el edil del PP, Enrique Pérez Abellán", tras lo que agregó, en un comunicado, que "la responsabilidad no puede recaer sólo sobre este concejal".

Explicó, al respecto, que "los mandamientos de pago vienen desde la Concejalía de Hacienda, encabezada por José Cabezos, por lo que era plenamente consciente de esto". "Pérez Abellán pidió el favor, el vicealcalde Agustín Guillén dio el visto bueno, Cabezos lo firmó y la alcaldesa supervisó todo el proceso, por lo que no basta pedir disculpas, sino que debe haber dimisiones", aseveró.

A tenor de los hechos, la portavoz socialista declaró que "se ha puesto en manos de los servicios jurídicos del PSOE toda la documentación existente sobre la adjudicación de estos proyectos por los que Pérez Blaya ya ha cobrado más de 23.000 euros, ya que fueron los primeros en pasar por Tesorería".

"Anse" le gana en los juzgados a los polémicos promotores cartageneros García y Roca Meroño

CARTAGENA.- El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena ha archivado la denuncia de la empresa Salinas de La Manga SA contra la organización ecologista Anse por causar daños presuntamente en las salinas de Marchamalo en una concentración para exponer el estado de abandono de esa área protegida del Mar Menor, revela 'La Verdad'.

El 1 de agosto del 2007, activistas de Anse clavaron cruces de madera por la pérdida de especies protegidas y desplegaron dos pancartas con los lemas Las salinas se mueren, recuperación ya y Protejamos el Mar Menor.

Advirtieron de que la falta de mantenimiento (una situación que sigue a día de hoy) podía provocar su desaparición como humedal. Y expresaron sus sospechas de que había una trama para que las salinas se secaran y poder edificar. Eso a pesar de que la zona tiene varias protecciones legales.

Los ecologistas hicieron un montón pequeño de sal para evidenciar la falta de recogida de sal por parte de la empresa, de los constructores de Cartagena Mariano Roca y Alfonso García.
La compañía acusó a cinco naturalistas de romper la capa cristalizadora de las salinas, arrojar piedras y dañar un muro.

El juez concluye que no se ha certificado, porque «a las salinas acceden muchas personas, a través de la mota, que no es sino un pequeño murete de piedras que la cincunvala; que la gente suele tirar piedras a la capa de las salinas; y que a ella aceden pequeños tractores» para amontonar sal. Tampoco causaron daño las dos estacas y el arrastrar sal con una pala de hierro «con cuidado».

«Nos pusieron la denuncia a mala leche y sólo podía acabar así», destacó Pedro García. Y añadió: «Querían amedrentarnos para no denunciar una gestión negligente y graves daños ambientales».

¿Peligra también el tan cacareado Parque Científico?

MURCIA.- Bahia IT, empresa murciana de tecnologías de la información y la comunicación, era hasta hace menos de un año uno de los ejemplos de la nueva economía regional, basada en la mano de obra cualificada y en la innovación. Hoy, en cambio, sus oficinas en Espinardo carecen de corriente eléctrica y de servicio telefónico a causa de los graves problemas de liquidez que atraviesa y que le han llevado a solicitar concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

La empresa, fundada a finales del año 2006 por Manuel García Castejón, consejero delegado de la firma, llegó a tener casi un centenar de trabajadores en sus mejores momentos, que coincidieron con la presentación de un ambicioso proyecto para crear la primera factoría para la modernización de grandes sistemas de España, según recuerda 'La Verdad'.

El proyecto, que fue presentado en diciembre de 2007 por la consejera Inmaculada García, y que iba a suponer una inversión de diez millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo de alta cualificación, ha quedado finalmente en nada.

Fuentes de la plantilla de Bahia IT indicaron que la compañía les adeuda varias nóminas e incluso el pago de dietas. Las oficinas centrales en Murcia, que hace unos meses mostraban una actividad frenética, ayer se encontraban vacías.

La Verdad intentó ayer recoger las impresiones del máximo ejecutivo de la compañía, Manuel García Castejón, pero no contestó a los mensajes dejados por este diario.

Uno de los empleados lamentó ayer que la dirección «no haya dado explicaciones a los trabajadores», e indicó que la empresa deberá hacer frente a una cascada de demandas por impago de nóminas.

Bahia IT disponía de oficinas en Valencia, Baleares, Barcelona, Madrid y Santiago de Chile y había llegado a un acuerdo con la Comunidad Autónoma para instalar en el futuro Parque Científico de Murcia la factoría de modernización de grandes sistemas, que iba a poner en marcha en colaboración con Hatton Investment Group Inc. y Modern Software Technologies.

La suspensión de pagos de Bahia IT demuestra que la recesión económica, que se ha cebado especialmente en la construcción y la actividad inmobiliaria, no respeta ningún sector y ha comenzado ya a arrastrar a compañías de todo tipo aquejadas de falta de liquidez.

Según las fuentes consultadas, la gravedad de la situación de Bahia IT empezó a ser evidente a finales del pasado año. Su rápido y espectacular crecimiento pudiera estar en el origen de sus problemas. En sus primeros nueve meses de existencia ya había abierto oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma, Chile y Argentina.

Manuel García Castejón declaró en una entrevista a La Verdad en septiembre de 2007: «Tenemos la vocación de crear tecnología desde el arco mediterráneo, especialmente en Murcia, donde está nuestra sede central, y para generar innovación y riqueza aquí. Pero nuestra apuesta es por crecer rápidamente y convertir a la Región en referente».

En el Foro de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm) de mayo del pasado año, la empresa presentó una nueva aplicación informática que permitía a las personas sordas navegar por Internet sin limitación alguna. El programa, denominado SigNOW!, aprovechaba las tecnologías de la realidad virtual.

La corrupción socialista lorquina comienza a aflorar

LORCA.- «A continuación, y como parte de mis continuas denuncias sobre el mal uso del dinero público que pagamos todos los ciudadanos, le detallo con todo lujo de detalle una muestra más de lo que hace el director de la empresa pública Limpieza municipal de Lorca, Francisco Gil Eguino».

Éste es un párrafo de uno de los escritos que el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, envió a «Alcaldía, al consejero delegado de Limusa, al director de la empresa pública de limpieza, a la totalidad de los socios de la empresa [consejeros delegados], ediles y secretario general e interventor del Ayuntamiento», advirtiendo de lo que estaba sucediendo en las dependencias de la empresa pública de limpieza, según 'La Verdad'.

En uno de los últimos, con fecha de entrada en la Secretaría General del Ayuntamiento en 2007, Jacinto Parra Arcas informa de que el 14 y 18 de mayo «me personé» para practicar demanda «de varios delitos, entre ellos, el venir utilizando las dependencias de la empresa pública y todos los medios materiales y humanos de las mismas, para el desarrollo de las actividades delictivas inmobiliarias contenidas en la denuncia, así como fraude continuado a la Hacienda Pública».

Más abajo, asegura que se ha visto obligado «ante la persecución y acoso que sigo recibiendo», y que incluso ha tenido que «interponer denuncia en el Juzgado de Guardia de Lorca», con fecha 4 de junio de 2007. El escrito incluye un listado con fechas, día de la semana, lugar, forma de pago e importe de los gastos de Gil Eguino.

Los datos aportados por Parra Arcas van del 7 de enero al 21 de diciembre de 2006. La suma total asciende a 35.106,32 euros. El listado incluye toda una retahíla de comidas en distintos restaurantes de la geografía española, gastos de aparcamiento en varios aeropuertos, taxis, dietas de viajes y hoteles.

El Asador Donostiarra, El Molino, La Albufera,Las Brisas o el Café París, están entre los restaurantes donde comió. Pernoctó en el Parador de Ronda, el Palacio de Vigo o el Rey Juan Carlos I.

Llama la atención del listado, denunciado por Parra Arcas, que se pasen hasta cuatro comidas en un mismo día de un restaurante. Es el caso de Casa Candido. Según el informe, Francisco Gil firmó cuatro comidas distintas los días, viernes 24 de febrero, miércoles 4 de julio y jueves 21 de diciembre.

López Rejas afirma que no está imputado y Bancaja desmiente que lo financie en La Paz

MURCIA.- El promotor José López Rejas aseguró hoy en rueda de prensa que "no estoy imputado en el caso Peñalver, todo lo que sé lo he leído y escuchado en los medios de comunicación". De hecho, "ni la jueza ni el fiscal me han pedido, ni directa ni indirectamente, ninguna explicación o documentación sobre los hechos". Lo que pasa, continuó, es que decir que "mi persona está imputada parece que es lo que gusta".

Y es que los medios de comunicación regionales apuntan que varios proyectos de la empresa José López Rejas S.L. fueron aprobados de forma irregular por el ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio, Joaquín Peñalver, investigado por la Justicia. A pesar de ello, añadió el promotor, "ayer, a través de nuestro abogado, remitimos un escrito a la jueza, diciéndole que nos ponemos a su entera disposición para lo que estime".

Según explicó en un hotel murciano, ya que su sede en la calle Correos está en venta porque "estamos bajando costes y ese edificio era muy caro de mantener", todo arranca hace tres años a través de un escrito anónimo, un informe fantasma sobre el que está basada la denuncia hacia mi empresa, redactado por el decano del Colegio de Arquitectos, Paco Camino, mandado al fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, y que a mi me hizo llegar un medio de comunicación". Una denuncia, que a su juicio, está destinado a "intentar paralizar el proyecto de La Paz".

López Rejas presentó en la rueda de prensa un certificado del Colegio de Arquitectos, firmado por su secretario en la que "se define con nombres y apellidos todas las obras que mi empresa ha realizado en los últimos años".

De hecho, apuntó, en el escrito "no existe ninguna obra de Planeamiento presentada durante la etapa del señor Peñalver como arquitecto municipal". Aunque, "sí que existen 48 viviendas que ha firmado el estudio del hermano de Peñalver, no 600 como dice el señor Camino en su escrito fantasma", pero son viviendas "de licencia inmediata que nada tienen que ver con Planeamiento", insistió.

"Esto es una lindeza que siempre ha intentado volcar Camino a los medios de comunicación, pero es absolutamente falso y que desmiente su propio Colegio a través de su gerente, que dice que ese informe fantasma nunca ha salido del Colegio", reiteró, tras lo que manifestó "no sé en qué están pensando los arquitectos para mantener a un señor que no para de mentir y utilizar el Colegio no sé en qué provecho".

Asimismo, aclaró que las sociedades a las que hoy se hace mención fueron creadas por él. Y es que "estaba levantándose la anterior crisis y pensábamos que sería una buena idea hacer una empresa para organizar cooperativas de viviendas".

Por suerte, añadió, "esa empresa no ha hecho ninguna casa ni cooperativa, no llegó a funcionar nunca y ni llegó a tener movimiento económico". Al tiempo que atajó, "Sandra de la Puente no tiene ninguna acción de esa empresa y, hoy día, no tiene nada que ver en eso".

"Gracias a Dios nunca hicimos ninguna cooperativa, sólo fue una idea y conforme le he podido devolver la aportación que hizo se le la he devuelto", apuntó. Al hilo, aseguró que están a la espera de que se resuelva la demanda de conciliación que presentaron a Camino "en la que él contestó que eran los medios de comunicación los que mentían".

De hecho, manifestó que sólo ha realizado tres promociones con la familia Peñalver. Una en La Manga, que no llega a 100 viviendas, y otras de dos bloques de 28 y 19 viviendas en la zona de Zarandona, pero "ninguna que tuviera que pasar por Planeamiento", insistió.

Asimismo, López quiso contestar a las declaraciones de las ediles del PSOE e IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia en las que se pedían responsabilidades políticas y la revisión de expedientes del ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio. En este sentido, lamentó que María José Alarcón, sabiendo de su preparación, "haga caso de estas cosas sin al menos preguntar a la otra parte".

En el caso de Esther Herguedas, señaló, "entiendo que lleva poco tiempo en estas cosas y le falta algo de formación para poder hacer preguntas".

El proyecto de La Paz es "un proyecto en casco urbano consolidado, muy mediático, que se ha politizado mucho, y que cumple todas las ordenanzas previstas en cualquier proyecto y todas las que se le ocurren a cada uno en cada momento", aseveró.

Y es que está pendiente nuevamente de la aprobación definitiva del PERI. De todas formas, "por las noticias que tenemos, creo que puede ir al Pleno municipal del día 30 de abril, pero como siempre todo depende de la Gerencia de Urbanismo".

A partir de ahí, prosiguió, "nos queda el proyecto de reparcelación, que pueda tardar cosa de un mes, aunque la Junta de Compensación ya está firmada ante el notario y tenemos la adhesión del 90 por ciento de los vecinos y estamos dispuestos a empezar cuando nos dejen".

En cuanto a la financiación, señaló, "el proyecto de La Paz está financiado hoy, todo dependerá del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de arrancar". De hecho, la financiación está firmada, "cuando llegue el momento tendremos que ver a qué precio de salida podemos ir para que el mercado lo asuma o en qué sistema", afirmó.

El proyecto consiste en cinco torres cuyo presupuesto ronda los diez millones de euros cada uno, es decir, "50 millones de euros, a lo que hay que añadir los avales necesarios de urbanización, que garanticen la ejecución del proyecto ante el Ayuntamiento de Murcia".

López Rejas aseguró que el proyecto básico y de ejecución está redactado desde el año pasado y lo que "tiene que hacer, después de las aprobaciones, es revisarlos, ver que cumplen la ley, comprobar los avales y darnos la licencia", explicó el promotor que manifestó que su idea era que las obras comenzasen en el primer trimestre de este año, pero ahora "no sé estimar el plazo porque lo de exigir un nuevo informe no ha pasado nunca".

"Un retraso que se debe a que éste es un proyecto mediático que lleva muchas vueltas de papel, más de lo normal", lamentó.

Al hilo, mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos del barrio, y es que tenemos a 1.502 familias detrás de este proyecto. "Aquí no se ha ido nadie, seguimos adelante". De hecho, anunció que el lunes pasado tuvieron una reunión con el director general de Urbanismo y mañana con el jefe del servicio de Planeamiento de la Gerencia, "estamos trabajando como siempre".

Preguntado por si se ha puesto en contacto alguna vez con Paco Camino, el promotor indicó que "le propuse, vía email, financiar el concurso de ideas del Colegio de Arquitectos". Lo único que le pedí, añadió, "es que es que convergiera en plazo con la entrega del proyecto de Ricardo Bofill, a efectos de que si había alguna idea buena que incorporar al proyecto lo pudiéramos hacer y la fundación, que yo represento, pagaría los honorarios y el premio del proyecto".

Por último, López Rejas manifestó su deseo de que la jueza "aclare todo".

"No soy imputado pero aparezco el primero en los medios de comunicación y no tengo noticia de nada, esto es grave".

"El tiempo dejará a cada uno en su sitio", concluyó.

Bancaja lo desmiente

Bancaja no ha dado su conformidad previa a la operación de financiación del proyecto de remodelación de La Paz, ni está estudiando la propuesta de José López Rejas, ni tan siquiera ha tratado nunca este plan. Así de contundente se mostró un portavoz de la entidad bancaria que, por otro lado, manifestó que el banco "sí ha financiado otros proyectos de este constructor, aunque no podemos revelar cuáles».

Sólo unas horas antes, López Rejas había asegurado a una decena de periodistas que el proyecto estaba financiado por una entidad de crédito y preguntado acerca de cuál era, respondió que se trataba de Bancaja. De hecho el constructor tan sólo apuntó que todo dependería «del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de empezar el proyecto».

«No se trata de que yo tenga dinero sino de que los tengan los bancos», afirmó.

Derecho de rectificación

D. Francisco Porto Oliva, en su condición de Teniente de Alcalde de Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en ejercicio del derecho de rectificación que le reconoce la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo y en relación con la noticia publicada en La Verdad, de Murcia el día 26 de marzo de 2009, titulada «El entramado de la Gerencia de Murcia quería controlar todo el urbanismo regional» ha solicitado la publicación de las siguientes manifestaciones:

«El Ayuntamiento de Murcia, y la Gerencia como organismo autónomo son instituciones que no han tenido ni tienen relación con las actividades privadas del ex jefe de Planeamiento, Sr. Peñalver, ni con ninguno de los otros posibles implicados en los presuntos delitos que se imputan como así se desprende del desarrollo de la noticia publicada, que es, según se afirma, transcripción de la denuncia formulada por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de la Región de Murcia, no admitiendo la existencia de un entramado en la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia».

Murcia es la CC.AA que concentra más fincas con hipotecas constituidas en enero

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que concentró un mayor número de fincas con hipotecas constituidas en enero por cada 100.000 habitantes, con un total de 449, según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación interanual experimentó un descenso en Murcia del 49,4 por ciento, 10,7 puntos superior a la caída de la media nacional (-38,7 por ciento). Asimismo, la Región ocupa el tercer lugar en lo que se refiere a la Comunidad que tuvo un mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas por cada 100.000 habitantes, con 133.

En cuanto al número de hipotecas canceladas por cada 100.000 habitantes, en la Región ascendió en enero a 205, frente a las 123 registradas en el conjunto del país, por lo que se sitúa en el primer puesto con respecto al resto de autonomías.

El importe medio hipotecado en la Región de Murcia alcanzó en enero los 144.450 euros, 6.089 euros por debajo de la media nacional (150.539), lo que supone un aumento interanual del 22,7 por ciento.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas fue de 4.998, mientras que el capital ascendió a 721.959 euros. Del total, 4.668 fueron urbanas, cuyo importe ascendió a 621.275 euros.

En relación con estas fincas urbanas, de las 4.668, un total de 3.446 fueron viviendas, con un capital invertido de 412.139 euros; mientras que 147 fueron solares y 1.075 corresponden a construcciones urbanas.

Según la entidad prestamista, los bancos prestaron 179.891 euros para las hipotecas de 967 viviendas, mientras que las cajas de ahorro financiaron 385.705 euros para 3.182 viviendas. El resto corresponde a otras entidades.

Respecto a las fincas canceladas registralmente por la naturaleza, el número ascendió a 2.277, de las que 91 fueron rústicas, 1.540 viviendas, 76 solares y 570 corresponden a otras urbanas.

El Gobierno no comparte algunas cuestiones del manifiesto que firmaron CC AA productoras de tomate

MADRID.- La secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, aseguró hoy que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no comparte algunas de las cuestiones que, a su juicio, plantea el manifiesto en defensa del tomate que firmaron los responsables de las cuatro comunidades productoras, como las que, según sus palabras, hacen referencia a que "no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos".

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".

Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.

Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo.

Por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.

Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".

El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal.

Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.

La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.

Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.

Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ensalzó las "buenas intenciones" que tiene el Gobierno pero, según dijo, éste ofrece "poca garantía" de que el Gobierno vaya a defender los intereses del sector hortofrutícola. Además, dudó de si el Ministerio explicó al consejero andaluz del ramo, Martín Soler, esta postura pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con lo que (él) traslada al sector en Almería".

La CAM emitirá cédulas hipotecarias en 2009 por un importe de hasta 1.000 millones de euros

VALENCIA.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó hoy la participación de esta entidad en el programa de emisiones de Titulización de Activos para el lanzamiento de cédulas hipotecarias, durante el ejercicio 2009, por importe de hasta 1.000 millones de euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Durante la sesión ordinaria, correspondiente al mes de marzo y celebrada en el marco de Forinvest, en Valencia, el consejo aprobó la titulización de activos mediante lanzamiento de cédulas hipotecarias para este año por un importe máximo de 1.000 millones de euros, tras tener "conocimiento de que CAM es un emisor consolidado en el mercado de cédulas hipotecarias, un instrumento útil y ágil para la generación de activos líquidos".

Además, también se presentaron los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Caja Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008, elaborados por KPMG Auditores S.L.

En ambos informes la firma auditora expresa su "opinión favorable" a las cuentas del grupo CAM.El órgano rector de la caja aprobó también el Informe Anual de Autoevaluación del Capital correspondiente al ejercicio 2008, expuesto por eel director general, Roberto López Abad.

Por otro lado, con la reunión de su Consejo de Administración en Forinvest, CAM "muestra su apoyo a este certamen pionero en el que, por segundo año consecutivo, se dan cita los principales representantes del sector financiero y empresarial de nuestro país para analizar las cuestiones de mayor actualidad en el mundo de las finanzas".

CAM ha sido reconocida en la presente edición de Forinvest con el Premio al Mejor Producto Financiero por sus cuotas participativas y, de igual manera, el presidente de CAM, Vicente Sala, también ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria Profesional.

Unos vándalos atacan la casa del ex consejero delegado del Royal Bank of Scotland

LONDRES.- Unos vándalos destrozaron ayer miércoles las ventanas y dañaron un coche en la casa del antiguo consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, que desató la ira del público al negarse a renunciar a su elevado fondo de pensiones después de que el Gobierno rescatara el banco.

Un grupo desconocido llamado "Los jefes de los bancos son unos delincuentes" reivindicó el ataque.

Goodwin dejó el banco el pasado octubre después del rescate gubernamental con una pensión anual de unas 700.000 libras (unos 761.000 euros).

Después del ataque, que tuvo lugar de madrugada, un grupo de protesta envió un correo electrónico a los periódicos locales asumiendo la autoría y afirmando: "Esto es solo el inicio".

La policía en Edimburgo confirmó que el comunicado fue enviado por una mujer que decía llamarse Moira McLeod desde la dirección bankbossesarecriminals@mail.com.

"Estamos enfurecidos porque los ricos como él se están pagando enormes cantidades de dinero y viven lujosamente, mientras que la gente normal está quedándose en paro, desamparados y sin hogar", indicó el mensaje. "Esto es un delito. Los jefes de los bancos deberían ser encarcelados. Esto es solo el inicio".

Nadie ha sido arrestado. Un portavoz policial no quiso decir si Goodwin y su familia estaban en la mansión.

Tres ventanas de la planta baja resultaron destrozadas, así como la ventana trasera y la ventanilla del asiento del copiloto de un Mercedes S600 aparcado en la parcela, según la BBC.

La negativa de Goodwin a devolver la pensión, a pesar de haber llevado al banco al mayor fracaso empresarial en la historia de Reino Unido desató la ira pública y política.

El primer ministro, Gordon Brown, ha calificado el pago de "inaceptable" y el Gobierno ha dicho que está estudiando adoptar medidas legales para recuperar el dinero.

Goodwin, de 50 años, ha tratado de mantenerse en un segundo plano desde que el mes pasado se conocieron los detalles de su fondo de pensiones. Ha sido criticado por políticos y en varios medios de comunicación.

Para la próxima semana se han convocado manifestaciones anticapitalistas en Londres con motivo de la cumbre del G-20, y por Internet circulan panfletos que dicen "asaltar los bancos".

En un breve comunicado, la policía de Lothian and Borders dijo: "Podemos confirmar que acudimos a una dirección en Oswald Road a las 4:35 a.m. y que hay una investigación en marcha. Pedimos testigos".

RBS, que tiene su sede central en Edimburgo y ahora es propiedad mayoritaria del Gobierno, ha dicho que está proporcionando la seguridad del domicilio de Goodwin en la ciudad con un coste de alrededor de 290 libras al mes.

"Es una práctica normal de RBS para los altos cargos que se han marchado", explicó en un comunicado.

El Gobierno también ha sido duramente criticado por permitir que Goodwin dejara el banco con una pensión tan generosa después de tener una pérdida de 24.100 millones de libras en 2008, las más elevadas en la historia empresarial británica.

Los abusos urbanísticos en España pueden llevar a partir de hoy a la congelación de fondos por la Unión Europea

ESTRASBURGO.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos.

Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".