VALENCIA.- Los investigadores del caso Erial están encontrando un verdadero tesoro
económico conforme van tirando del hilo en sus indagaciones sobre el
patrimonio del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y su entorno. Las pesquisas sobre el origen del dinero del alquiler
de la vivienda de la calle Pascual y Genís de Valencia, en la que se
detuvo al también expresidente de la Generalitat en mayo del año pasado,
han revelado la existencia de movimientos económicos millonarios de su
yerno, el empresario Luis Iglesias, con entradas de fondos procedentes
de Suiza, de Holanda y de uno de los territorios 'offshore' de los Países Bajos, Curaçao, en la Antillas caribeñas, resume hoy El Confidencial.
Las indagaciones comenzaron a raíz del intento de esclarecer el arrendamiento del céntrico piso valenciano. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa certificaron que había sido la hija del expolítico María Zaplana
quien se encargó en diciembre de 2015 de firmar el contrato del
inmueble, a razón de 3.500 euros al mes a pagar de forma trimestral,
42.000 euros anuales.
"Estas cantidades resultan llamativas si se ponen
en relación con los ingresos por rendimientos del trabajo y de
actividades económicas de la persona que firma el contrato y
presuntamente lo satisface", refleja, en referencia a María, un informe
de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Confidencial.
La vivienda
en cuestión estaba arrendada a un viejo conocido del Ministerio Fiscal,
el ciudadano búlgaro Miroslav Schopoff, investigado en
la llamada 'trama del oro'. Esta segunda causa se instruye en la
Audiencia Nacional por posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo de
capitales de la mercantil Oro Direct, del empresario de Europa del Este.
El entorno de María Zaplana y su esposo Luis Iglesias sostienen que
llegaron a Schopoff por mera casualidad, a través de la agencia
inmobiliaria Engels & Völkers, tras visitar varios
inmuebles.
Pero el hecho de que fuera su yerno y no Zaplana quien
efectuase los pagos (115.000 euros en total, incluyendo la fianza) a
través de una cuenta del Banco Sabadell llevó a los
investigadores a ampliar las pesquisas para tratar de determinar si el
matrimonio estaba haciendo frente a gastos del patriarca de la familia
con fondos de procedencia opaca.
El seguimiento de la cuenta de Iglesias
en el Sabadell reveló que en las mismas fechas (el 10 de diciembre) en
que firmaba el contrato de arrendamiento, este ingresó 2,2 millones de
euros en divisas procedentes de Suiza, según información aportada por la
Agencia Tributaria a la causa.
Esa coincidencia se
suma a otra aportación desde Suiza de otros 1,8 millones de euros a otro
de los presuntos testaferros, el abogado uruguayo Fernando Belhot,
también en una cuenta del banco que preside Josep Oliu.
El papel de Belhot en la causa es significativo, porque ha comenzado a
colaborar con los investigadores. El letrado admitió el pasado mes de
enero, tras declarar por videoconferencia desde Uruguay, que gestionó
parte del patrimonio exterior de Zaplana y sus socios, que el exministro
tenía una papel "protagónico" en la estructura societaria y que llegó a
entregarle 2,3 millones de euros.
En total, confesó haber administrado
casi ocho millones de euros de la trama y admitía abiertamente que los
1,8 millones "pertenecían a Eduardo Zaplana" y tenían como destino la
compra del puerto deportivo de
Altea. Belhot se ofreció a poner a disposición de la jueza Isabel
Rodríguez 6,7 millones de euros en el extranjero. Se trata del dinero
depositado en dos cuentas de Suiza que la
magistrada ha bloqueado y que atribuye a Zaplana a partir de la confesión del abogado.
En su declaración, el letrado uruguayo afirma no haber mantenido relaciones comerciales y profesionales con Luis Iglesias,
al que dice conocer solo "socialmente". Pero esa inyección de fondos
desde Suiza en paralelo a la de Belhot propició que los investigadores
siguieran tirando del hilo de la cuenta del yerno.
Descubrieron que
además de los 2,2 millones de Suiza, Iglesias ingresó otros 1,4 millones
de euros de Holanda y de la isla de Curaçao, que
Europa tiene en la lista de países grises en materia de fiscalidad.
Desde que se produjeron esos abonos, el empresario ha realizado
operaciones inmobiliarias, como la compra de una finca en Mahón por valor de 1,25 millones que firmó en régimen de gananciales con María Zaplana.
Por esta razón, la Guardia Civil solicitó a la instructora el registro
del inmueble en el que el matrimonio reside actualmente. Se trata de una
finca de 3.400 metros de parcela y dos mansiones de 576 y 452 metros
cuadrados situada en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, registrada a nombre de Corsaten Spain SL, una sociedad controlada a través de otra mercantil patrimonial denominada Manzana K,
de la que Iglesias es propietario.
Los agentes de la UCO y la Fiscalía
accedieron al inmueble con permiso para llevarse todo tipo de
documentos, joyas y dinero, además de equipos informáticos. El resultado
de ese registro permanece secreto, dentro de las diligencias que la
instructora Isabel Rodríguez todavía no ha entregado a
las partes.
El inmueble no ha sido embargado ni retenido judicialmente,
según ha podido saber El Confidencial. Tanto Iglesias como María Zaplana
han comparecido ya en sede en judicial y declaron no haber participado
en ningún cobro de comisiones. Se limitaron a explicar que ejercieron un
papel de intermediación en la búsqueda de un piso para el patriarca de
la familia que tuviese la convenientes "condiciones de asepsia".
La
acumulación de propiedades,
bienes y dinero por parte de Zaplana y su entorno es uno de los
elementos que más destacan en los documentos del sumario a los que ha
tenido acceso
El Confidencial. La familia ha tratado de justificar el
enriquecimiento de los últimos años y el abogado de Zaplana, Daniel Campos, aportó a la causa un informe encargado a la consultora especializada en análisis 'forénsic' de contabilidad y finanzas,
Ayuso, Laínez y Monterrey.
En él se hace un repaso de las operaciones inmobiliarias efectuadas de
forma directa a lo largo de su vida por la familia y de los préstamos y
donaciones recibidos, tanto por el matrimonio Zaplana-Barceló por parte
de sus suegros como de los firmados en favor de sus hijas, María y Rosa
María, que sirvieron para adquirir inmuebles.
El informe forense repasa también las retribuciones recibidas por Eduardo Zaplana y su esposa Rosa Barceló
desde el año 2001 hasta 2017. En él se cifra en 8,2 millones el dinero
ganado de forma legal por el exministro tanto por su actividad política
como profesional, y en 1,46 millones lo percibido por su mujer.
El
estudio se encargó desde la consultora de Zaplana, Decuria Consulting,
y sostiene: "La evidencia obtenida de nuestro análisis revela que el
valor del patrimonio inmobiliario que actualmente poseen los Sres.
Zaplana vendría suficientemente justificado por las diferentes fuentes
de ingresos (donaciones, plusvalías e ingresos provenientes de la
actividad profesional) de las que ha dispuesto el matrimonio
Zaplana-Barceló durante el periodo analizado".
La consultora, en
cambio, no analiza ninguna de las sociedades españolas o en el
extranjero que la instructora atribuye al expolítico y empleado de lujo
de
Telefónica, que niega las ilegalidades que se le atribuyen y afirma
que
no ha tenido ni dinero ni sociedades en el extranjero a su nombre o al de terceros.
