lunes, 16 de julio de 2018

Ciudadanos impulsa la creación de la Oficina de Atención a Euroresidentes en la Región


CARTAGENA.- Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que ha solicitado la creación de la oficina de Atención a Euroresidentes.  

Esta oficina funcionaría como órgano de segunda instancia para resolver aquellas cuestiones que los municipios no atiendan adecuadamente; elaboraría informes para homogeneizar los trámites, tanto en la administración local como en las diferentes instancias regionales; proporcionaría seguridad; contribuiría a unificar criterios y sería la instancia a la que acudir ante dificultades burocráticas, y para facilitar la residencia y la plena ciudadanía europea en nuestra Región.
La necesidad de la creación de la oficina ha sido puesto de manifiesto en una reunión que se ha celebrado en la Asamblea Regional, en la que han participado varios representantes de Ciudadanos, entre ellos su portavoz regional Miguel Sánchez; el diputado regional, Juan José Molina; la secretaria de Relaciones Institucionales; Lola Jiménez; el secretario de Acción Institucional, Francisco Álvarez; y los portavoces de Ciudadanos en los Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San Javier, Manuel Padín, Esperanza Balsalobre y Antonio Murcia, con miembros de diferentes colectivos de residentes europeos como la Asociación de Euroresidentes del Mar Menor o Adapt (asociación que agrupa a angloparlantes) que han estado representados por Celia Drinkall, enviada de la cónsul británica en Madrid para asuntos del Brexit y Jill Rowe, directora de comunicación de Adapt.
Durante la reunión los representantes de los residentes europeos han expresado su malestar por las dificultades que se encuentran en cuestiones relativas a los trámites administrativos y burocráticos que tienen que realizar en la administración pública española local: especialmente empadronamientos, legislación, cuestiones inmobiliarias y sanidad.
Miguel Sánchez, portavoz regional de C's, ha resaltado que “Ciudadanos tiene una visión europeísta y, en este sentido, consideramos a los euroresidentes como nuestros compatriotas europeos, por lo que debemos articular todos los mecanismos posibles para ayudarlos. Ellos necesitan accesibilidad a la información, transparencia en la transmisión, y sobre todo fiabilidad de los emisores de esa información, que ha de ser transmitida por la administración y no por personas ajenas que habitualmente les estafan, o bien por desconocimiento les ofrecen información equivocada”.
“Nuestros compatriotas europeos nos han mostrado su decepción con la administración local y regional ya que no se les proporciona la información suficiente para poder agilizar y solventar sus problemas administrativos. Han resaltado la descoordinación que existe entre las diferentes administraciones  y se han quejado de la falta de un organismo local único que atienda estas cuestiones de manera explícita”, ha añadido Sánchez, quien también ha incidido en la barrera que supone el idioma, lo que implica que este colectivo tenga que realizar frecuentemente un desembolso económico para contratar traductores.
El portavoz de C's también ha señalado que la creación de esta oficina ayudará a solucionar otro de los problemas que preocupa mucho a los ciudadanos británicos, que son las dificultades para formalizar su situación como residentes. Durante la reunión han denunciado la imposibilidad de realizar estos trámites en ayuntamientos como el de Cartagena, o el de San Pedro del Pinatar por los obstáculos administrativos. 
“A ello hay que añadir una preocupación más, y que guarda relación con el Brexit, ya que hasta la fecha, pueden utilizar la tarjeta sanitaria europea y por tanto pueden hacer uso de la sanidad, pero en el momento en el que oficialmente el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea, se generará una situación de incertidumbre si no se encuentran en una situación legal de residencia”.

El cartagenero José López no cesa de hacer el rídiculo sacando fuera el supuesto agravio de la CARM


CARTAGENA.- Hoy, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, el ex alcalde José López, ha informado de la comunicación realizada, mediante carta, al presidente de la Federación Europea de Ciclistas, Christophe Najdovski, para explicarle la arbitraria decisión del Gobierno de la CARM de excluir a Cartagena y al resto de municipios costeros de la Comarca del curso natural de la octava ruta 'EuroVelo'.

En concreto, el trayecto que debería atravesar Cartagena, la 'Ruta del Mediterráneo', está integrada en la red de largo recorrido 'EuroVelo'. Comprende desde Cádiz a Atenas (casi 5.900 kilómetros). La voluntad del Ejecutivo de López Miras para discriminar a Cartagena es saltarse el discurrir natural del mar que da nombre a la ruta, una circunstancia que se ceñiría únicamente al tramo que afecta a nuestra Comarca.
En este contexto, López se ha dirigido al colectivo impulsor de 'EuroVelo' para denunciar "el diseño elegido para la octava ruta, que evita la ciudad de Cartagena y su área, a favor de otras ciudades que no se encuentran en la costa".
Acto seguido, el dirigente cartagenerista explica a Najdovski las peculiaridades del Campo de Cartagena y el atractivo que el Mar Menor añade a la ruta, además de reseñar el papel clave que la Comarca juega en la economía regional, gracias a la combinación turismo/industria.
En su misiva, José López reseña la intención del Gobierno regional y estatal de "minimizar, durante cuarenta años, las posibilidades de la Comarca de Cartagena, negándonos las infraestructuras necesarias, y limitando nuestro desarrollo en beneficio de la ciudad de Murcia".
Ha enumerado algunos de los hechos más significativos de "una política avasalladora contra Cartagena. Por ejemplo, con el desvío del Corredor Mediterráneo; la ausencia de la alta velocidad; el traslado de la zona de actividades logísticas del Puerto a cincuenta kilómetros, o el cierre del aeropuerto del Campo de Cartagena y la apertura de uno en el municipio de Murcia".
Posteriormente, el portavoz de MC ha notificado que "la mayor evidencia de esta política es la disminución progresiva de la tasa de población en el Campo de Cartagena durante la última década".
Por todo lo expuesto, López ha solicitado el auxilio de la Federación Europea de Ciclistas para que "defina el corredor natural y subsane la incomprensible decisión de quienes han actuado bajo criterios políticos y sin tener en cuenta la cercanía al Mar Menor. Además, por nuestra zona de influencia trascurre una de las más importantes rutas senderistas en España, la GR-92, que rodea la laguna salada".
Ha finalizado avisando que "si la Federación no tiene en cuenta esta solicitud serán corresponsables de un nuevo caso de discriminación contra el Campo de Cartagena y su turismo, afectando directamente a los usuarios de 'EuroVelo', por impedirles disfrutar de una preciosa zona costera y un enclave natural privilegiado".
La red 'EuroVelo' es una ambiciosa iniciativa impulsada por la Federación Europea de Ciclistas que vertebra un total de 15 rutas que recorren el continente europeo y que ofrecen belleza, turismo, tranquilidad y seguridad a los ciclistas que disfrutan de estos trayectos. Un elemento turístico importante si tomamos en consideración los datos emitidos por esta Federación.
Un estudio encargado en el año 2012 por el Parlamento Europeo cifra en un total de 2.300 millones de viajes los realizados por ciclistas dentro de Europa. Más de 44.000 millones de euros al año generan esta actividad. Por ejemplo, las estancias que se realizan en viajes en bicicleta provocan un impacto anual de más de 9.000 millones de euros.

Lorca remite al Consejo Jurídico de la Región un informe municipal que considera prescrito el reintegro de las ayudas a parte de los afectados por los terremotos


LORCA.- El portavoz del Ejecutivo Municipal, Francisco García, ha informado que el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha solicitado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia la emisión de un dictamen facultativo que clarifique qué fechas se han de tomar como referencia para determinar la prescripción de los expedientes de ayudas relacionados con la reparación de viviendas dañadas por los seísmos. 

Esta medida se debe a que por parte de la Alcaldía del Consistorio Municipal se entiende que los afectados por los terremotos beneficiarios de ayudas públicas se están encontrando con órdenes de inicio del procedimiento de reintegro de la subvención incluso cuando el ejercicio de esta acción se encontraría prescrito.
El portavoz municipal ha indicado que desde el Consistorio también se considera que, en varios casos, existe ausencia de motivación de la justificación de las ayudas recibidas, lo que supondría la nulidad de los procedimientos iniciados por indefensión de los ciudadanos ante la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas.
Francisco García ha anticipado que en esta solicitud de pronunciamiento el Ayuntamiento también se refiere a que el plazo máximo de ejecución de las obras de reparación es de 12 meses a contar desde el pago de la ayuda, y de 6 tras la finalización de las obras. 
Pese a ello se han detectado solicitudes de reintegro de subvenciones calculadas sobre un plazo máximo de reparación de 12 meses y de 24 para reconstrucción, por lo que no se tiene en cuenta los casos de las obras ya realizadas y aplica los plazos establecidos generales de obras no realizadas, es decir, establece como plazo a partir del que contar (Dies a quo) para dar por prescrito el procedimiento el plazo máximo de 12 meses para ejecución de obras y de 6 meses para su justificación.
 Entendemos que dichos criterios respecto a los plazos no se ajustan a la realidad, puesto que el decreto que regula estas ayudas señalaba que el ciudadano disponía de un plazo máximo de 12 meses, pudiendo haber realizado las obras incluso con anterioridad a dicho pago.
El mencionado decreto indica en relación a la justificación que el ciudadano disponía de 6 meses desde que finalizó las obras para justificarlas y, en caso de obras ya ejecutadas, de 3 a contar desde la notificación de la resolución si no se había hecho con carácter previo a su concesión.
Francisco García ha señalado que el Ayuntamiento considera respecto a la prescripción del reintegro de las ayudas que su cómputo se tiene que hacer teniendo en cuenta la fecha en que vence el plazo de justificación y comienzan a computar los 4 años para su caducidad, por lo tanto estarían prescritas las acciones de reintegro de subvenciones efectuadas siguiendo este criterio.
El portavoz de la Administración Municipal ha manifestado que desde este Ayuntamiento se reitera que cuando en las notificaciones iniciales remitidas a los beneficiarios de estas ayudas no se señalaron porcentajes para la ejecución de las reparaciones, no se puede a la hora de la justificación introducir nuevos elementos, ya que la justificación ha de ser acorde con la notificación. 
Si no se señalaron porcentajes en la notificación de aprobación de ayuda, ahora no se pueden exigir dichos requisitos, puesto que nos encontraríamos ante la nulidad de las acciones por vulneración del principio de confianza legítima y buena fe.
Francisco García ha destacado que en una eventual colisión entre el principio de legalidad administrativa y seguridad jurídica, en el que se englobaría los principios de buena fe y confianza legítima, se otorgaría prevalencia incluso, al principio de seguridad jurídica
Hemos de señalar que el Ayuntamiento respalda esta petición en un Decreto de la Alcaldía, que incluye un Informe Jurídico emitido por la Directora de la Oficina de Gobierno Local, apoyado por una amplia doctrina legal (Ley General Presupuestaria, Ley General de Subvenciones, diferentes, Decretos Ley y sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, y se refiere en su texto a al convenio de colaboración entre el Consistorio y el Gobierno Regional rubricado al efecto en 2012. De hecho como normativa aplicable se señala:
Ley 2/1998, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Decreto 15/1988, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
Francisco García ha subrayado que el Consejo Jurídico es una entidad creada para emitir dictamen en cuantos asuntos sean consultados por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno, los Consejeros, la Asamblea Regional y los Ayuntamientos de la región a través de sus alcaldes.

Ciudadanos planea convertir a Cartagena en la capital mediterránea de la economía azul



CARTAGENA.- El pasado 1 de junio, el Gobierno local de Cartagena presentó el Plan Estratégico de Empleo para Cartagena. El documento fue entonces sometido a la consideración de los grupos municipales que han tenido más de un mes para poder ofrecer sus propuestas al plan, de manera que pueda estar operativo en el mes de septiembre. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha informado hoy que ya ha remitido dentro del plazo convenido una baterías de iniciativas para que se incluyan en el documento final.

Entre las propuestas naranjas destaca especialmente, el programa 'Cartagena Azul'. El portavoz de la formación naranja ha explicado que se trata del "desarrollo de una estrategia para promover este sector económico de gran potencialidad en Cartagena". 
La Unión Europea define esta economía como aquella que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. 
El programa que ha presentado C's pasa primero por el diseño de un plan de viabilidad que identifique la estrategia a seguir en este ámbito económico y la puesta en marcha de la Asociación Cartagena Azul (que potencialmente podría estar vinculada a la futura Academia General del Mar de Cartagena, actualmente en trámite parlamentario) que dirija los trabajos del plan e incluya a todos los agentes clave del sector en el mismo.
Manuel Padín ha explicado hoy que la captación de conocimiento de y para los sectores económicos relacionados con el ámbito marino, como las energías renovables marinas, la acuicultura, el sector agroalimentario del mar, los deportes marinos, o nuevos materiales, es un campo lleno de posibilidades que hay que explorar y aprovechar, "este ayuntamiento debe marcarse el objetivo de crear espacios de interrelación entre empresas, personas emprendedoras, centros de investigación, entidades formativas, todas ellas relacionadas con la economía azul".
Por otra parte, Ciudadanos va a pedir en el próximo Pleno municipal la creación de un polo o parque de empresas ligadas a la economía azul en el Puerto de Cartagena. El portavoz naranja ha avanzado que su Grupo "apuesta así por diversificar y fortalecer el modelo productivo a través de una iniciativa que va a instar al Ayuntamiento y al Gobierno regional a trabajar con el Puerto de Cartagena para conseguir que Cartagena sea la capital de las empresas con base tecnológica e innovadora ligada al mar". 
Manuel Padín ha recordado que el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) presentó en febrero el proyecto 'E-Azul' en Murcia, en el que participan empresarios y trabajadores del sector del turismo marítimo costero y donde se va a crear un Living-Lab, un espacio para identificar los retos planteados por el sector y para buscar nuevas oportunidades de negocio en este sector turístico, marítimo y costero". 
"Entiendo que el lugar adecuado para todos estos movimientos en torno a este tipo de economía debe ser en Cartagena, y no un municipio de interior", sostiene Padín que advierte que "otra solución sería ir contra toda lógica."
Ciudadanos va a proponer que las diferentes administraciones marquen una hoja de ruta que permita la concentración empresarial en el Puerto "para conquistar un futuro económico más competitivo". 
"Cada vez que Cartagena ha mirado al mar le ha ido bien, tenemos que apostar por una economía azul que respete el medio ambiente, y por la creación del Instituto Oceanográfico en una de nuestras baterías de costa, esto será el espaldarazo definitivo para colocar a Cartagena en el lugar que merece". 
La moción, que persigue que Cartagena se fije en ciudades como Liverpool, Génova o Marsella que ya han emprendido con éxito este camino, propone también que se celebre una sesión monográfica del futuro Consejo Social de la ciudad en el que se aborden las oportunidades para convertir a Cartagena en la capital mediterránea de la economía azul.

Santamaría y Casado, a la caza del 20% de compromisarios dudosos

MADRID.- El papel más preciado que tienen los candidatos entre manos estos días es la lista de los 3.082 compromisarios que votarán al presidente nacional del PP, con sus números de teléfono, y una pequeña casilla al lado. Están marcados con uno de estos tres colores: verde, amarillo o rojo, según se considere afín, dudoso o totalmente «perdido» a la candidatura correspondiente, según Abc

Los móviles echan humo en los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, en la tarea de intentar convencer, uno a uno, a todos los delegados que tendrán en sus manos el futuro del partido a partir de las 11 de la mañana del próximo sábado, 21 de julio. Fuentes populares estiman que hay unos 600 compromisarios que dudan aún de su voto y pueden decidir el resultado.
La manera de acercarse a los compromisario cambia mucho según las circunstancias, pero las presiones existen, y el «trueque» de favores, también, según explican fuentes populares a Abc. No siempre llama el candidato. 
Según la importancia, o el nivel del compromisario, el contacto lo realizará el aspirante a la presidencia del partido o alguien de su equipo. La conversación también varía, desde un intercambio de impresiones sobre el proceso y una invitación al voto, hasta un regateo en toda regla.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.
 «A veces se puede ofrecer un paquete de votos, por ejemplo 40 o 50, a cambio de mantener un puesto orgánico o una candidatura electoral», aseguran fuentes consultadas, que forman parte del cuerpo de compromisarios.

Entre los compromisarios hay más de 500 que son miembros natos, entre diputados, senadores, alcaldes, y dirigentes territoriales, entre otros. El resto, hasta los 3.082, se reparten entre provincias, según el número de afiliados (75 por ciento) y el número de votos en las últimas elecciones (25 por ciento).

Censo «inflado»

Además, cada territorio tiene un número fijo, por lo que las comunidades con más provincias, como Andalucía o Castilla y León, salen ganando. En el caso andaluz, también le beneficia el censo de afiliados «inflado»: 169.602 militantes, de un total de 869.535, según datos del censo del PP, que todo el mundo acepta pese a que está desafasado. 
Madrid, en cambio, solo tiene 94.607 afiliados en ese censo. No es de extrañar que Andalucía tenga un peso decisivo en el congreso del PP, con casi un 20 por ciento de los compromisarios que votarán el próximo sábado, frente a menos del 8 por ciento de Madrid.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores. 
Los «barones provinciales» del partido tienen un poder decisivo en todo el proceso. Su influencia puede llegar a ser fundamental. Un pronunciamiento de este cabecilla provincial puede arrastrar el voto de todos, o una buena parte, de los compromisarios que están bajo su control.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.

«Algo más que 600 delegados»

Fuentes del cuerpo electoral calculan que habría entre un 20 y un 25 por ciento de compromisarios que se mueven en la «duda». Serían algo más de 600 delegados. De ellos, según las fuentes consultadas, unos están dispuestos a «negociar»: «¿Qué me das a cambio de mi voto?». Y otros son los que realmente no saben lo que es mejor, o peor, para el Partido Popular. Como es lógico, a todos los interesa después que su opción tenga capacidad de ganar las elecciones, para que sus expectativas se cumplan.
El estreno del PP en este sistema de doble vuelta para elegir a su presidente nacional, primero con una votación entre afiliados inscritos y luego entre un cuerpo mucho más reducido de compromisarios, ha despertado ya voces críticas internas. «Hubiese sido mucho mejor una segunda vuelta con todos los afiliados», sostienen fuentes populares. «Los compromisarios siempre son más maleables a las presiones del aparato, y los afiliados, menos», explican.
La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina. 
Soraya Sáenz de Santamaría fue fuerte desde el primer día con un equipo formado por exministros como Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna. El apoyo más preciado para todos sería el de Alberto Núñez Feijóo, que ha preservado un mensaje de neutralidad.

Presión hasta las urnas

Las presiones a los votantes llegan hasta las mismas urnas. Ocurrió ya en la primera vuelta, cuando algunos afiliados tuvieron que votar bajo miradas escrutadoras en las sedes de los partidos. Se votó sin sobres y sin cabinas, algo que se va a subsanar el próximo sábado. Por primera vez, los compromisarios meterán sus papeletas en un sobre, algo que puede parecer irrelavante, pero que los populares han valorado como manera de garantizar la libertad de voto.
Las dos candidaturas saben que las presiones pueden volverse en su contra. Hay compromisarios que responden en sentido contrario cuando se ven empujados a actuar de una manera. Y siempre les queda la «carta» del voto secreto. Por eso, aunque ambos candidatos aseguran a día de hoy que ya cuentan con una mayoría de «síes» entre los compromisarios, es obvio que alguien les ha mentido, y no lo sabrán hasta que se proclame el resultado, a la una de la tarde del sábado.

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos, para frenar el empleo irregular

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan.
También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.
Respecto a los 'falsos autónomos', el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.
El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.
El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.
No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.
El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.
Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos.
 Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".
Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.
En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.
También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.
El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.
Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".
Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.
Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General "inmediatamente después".
El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.
El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". 
Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo en España

MADRID.- La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en niveles mínimos. No en vano, se trata de la segunda más baja de este siglo, dice elEconomista.

Superando la inversión en infraestructuras de 2017, el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 2000, cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. En los ejercicios posteriores la cifra creció ininterrumpidamente hasta los 21.949 millones que alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4% más que la previsión de 2018 (cerca de tres más).
Desde 2009, la evolución fue en decadencia hasta 2014. 
En 2015, experimentó un punto de inflexión al elevar la cifra de 8.657,8 millones a 9.438,1 millones. Una subida que se continuó en 2016, hasta los 9.519 millones, pero que se rompió en 2017 (con los 7.483,1 millones citados).
En la relación con el Producto Interior Bruto (PIB), la inversión en infraestructuras para este año supone el 0,7%, una décima más que en 2017. Sin embargo, se encuentra por debajo del 1,1% del año 2000. De hecho, se sitúa incluso por debajo los ejercicios previos cuando en términos absolutos las cifras eran mucho menores. 
Así, la proporción osciló entre el 0,8% y el 1,1% desde 1995 a 1999, años en los que el importe se ubicó en una horquilla de entre 4.009 millones y 5.479 millones (muy alejados de los 8.462 millones previstos para 2018).
En cualquier caso, aunque los Presupuestos marcan la línea, la verdadera medida de la inversión en infraestructuras la fija la ejecución. Y ésta suele distar bastante de las proyecciones. 
Como muestra, en 2017, la inversión real de los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que abarcan el grueso del presupuesto para infraestructuras del Estado, ascendió a 5.709 millones de euros, lo que implicó 2.189 millones menos que lo previsto, es decir, un 27,7% menos, de acuerdo con el avance de liquidación de los PGE del último curso. 
De ellos, 1.891 millones corresponden al departamento que ahora dirige José Luis Ábalos y los restantes 297 millones al liderado por Luis Planas -ahora denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.

AVE y carreteras

De los 8.461,5 millones presupuestaso para este año, los dos ministerios aglutinan, a través de la gestión directa, un total de 2.834,3 millones, lo que representa el 33,5% del total. Acoge los programas de inversión en carreteras, transporte ferroviario, actuaciones en la costa o infraestructuras y calidad del agua. 
Los 5.627,2 millones restantes atañen a la gestión indirecta de Adif, Adif Alta Velocidad, Enaire, Puertos del Estado, Seittsa y Sociedades de Aguas. La evolución en los últimos treinta años de ambos parámetros ha ido acompasada.
La inversión en líneas de alta velocidad acapara casi la tercera parte, con 2.712,9 millones, lo que implica un aumento de cerca de 400 millones en relación a 2017. Le sigue la partida para carreteras (tanto obras como conservación), con 1.912,3 millones, casi 200 millones más. Entre ambas copan el 54,6% del total.
La semana pasada, el ministro Ábalos se comprometió en el Congreso de los Diputados a invertir más de 8.000 millones en lo queda de año para cumplir con lo recogido en los PGE, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consumó a principios de este mes. "Nuestra voluntad es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión y de contratos", aseguró el titular de Fomento en su comparecencia ante la Comisión del ramo. 
 Ábalos incluso señaló que esta previsión es conservadora y que la cifra podría ser superior, aunque quiso ser prudente. "No quiero pillarme los dedos", afirmó.
De los más de 8.000 millones, el ministro concretó que más de 5.000 serán en obras y los restantes 3.000 en equipamiento, especialmente material rodante ferroviario. La intención de Ábalos es asumir los Presupuestos del anterior Gobierno. 
"Vamos a intentar que todo funcione", subrayó. "Aunque no he hecho loas al presupuesto, es el que tengo y tengo la obligación de gestionarlo", incidió. "Voy a cumplir con su mandato legal y ojalá tenga posibilidades de mejorarlo y actualizarlo", abundó.
Días atrás, el ministro se comprometió a continuar con las inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo. Adif había proyectado licitar más de 2.000 millones para el presente ejercicio, con especial incidencia en la línea entre Murcia y Almería.

La banca cobra hasta 50 euros por cancelar una transferencia

MADRID.- ¿Cuántas veces comprueba que el número de cuenta a la que realiza una transferencia es correcto? Si no lo hace, debe saber que un error puede costarle hasta 50 euros, aunque hay varias entidades que realizan el trámite de forma gratuita, descubre hoy Cinco Días.

Sea cual sea el caso, lo esencial es actuar inmediatamente pues el banco podría dar aún la opción de anular la operación de forma online a través del apartado de histórico de transferencias. 
Si esto no es posible, hay que tener en cuenta otro factor, la hora de corte de los bancos, es decir, la hora a partir de la cual las entidades hacen efectivas las operaciones de la jornada, que pueden ser las 13.00 o las 17.00 horas. 
Si el error se ha cometido antes de este momento, es posible acudir al banco para que anule la operación (con o sin coste, según la entidad) y el importe no sea transferido. Algunas entidades también permiten realizar este trámite de forma online o por teléfono.
No obstante, hay que tener en cuenta, que en el caso de las transferencias inmediatas –incorporadas por la banca española en el mes de febrero–, no hay posibilidad de anular la operación una vez emitida, ya que es completada en 10 segundos.
Si la transferencia (instantánea u ordinaria) ya ha sido ejecutada, la operación es irrevocable, según explican desde el Banco de España, por lo que el cliente debe solicitar a la entidad su cancelación, en un plazo máximo de 10 días laborables. 
El banco se pondrá entonces en contacto con la entidad del beneficiario de la transacción solicitándole la devolución del dinero, que dependerá, en algunos casos, de la existencia de fondos en la cuenta bancaria de este. 
En el caso de que el recepto se niegue a devolver el importe recibido por error, sería necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo.
No obstante, el proceso y los costes varían según el tipo de transferencia que se quiera cancelar. Desde CaixaBank explican que si es una transferencia SEPA (emitida en euros dentro del Espacio Económico Europeo), la operación se rige por la normativa establecida en el Rulebook del European Payment Council que deja a decisión del banco fijar o no una tarifa por el trámite.
Caixabank, BBVA, Ibercaja, ING y Banco Santander (para clientes de la Cuenta 1 2 3) no cobran ninguna comisión, mientras que Bankia y Evo Banco establecen un coste de 20 euros. Banco Sabadell lo eleva a 25 euros (también aplicables a las anulaciones), aunque la comisión más costosa es la fijada por Deutsche Bank, que asciende a 50 euros.
Asimismo, el banco también puede establecer una tarifa diferente para las transferencias emitidas a través del sistema Swift, es decir, para pagos al exterior o en moneda extranjera dentro del territorio nacional. 
En este caso, CaixaBank gestiona la devolución con la entidad del beneficiario y aplica una tarifa máxima de 36 euros.
El banco del beneficiario debe contestar a la petición realizada por la entidad del emisor en un plazo de 10 días laborables y, en algunos casos, el reintegro del dinero puede depender de que el destinatario tenga fondos en la cuenta bancaria. 
No obstante, si el receptor no acepta la devolución, el emisor está amparado por la ley. El Código Penal español lo considera un delito de apropiación indebida y establece penas de entre tres y seis meses de prisión si el importe recibido supera los 400 euros.

La Universidad de Castilla-La Mancha convoca 44 plazas de profesores


ALBACETE.- La Universidad de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para la contratación de 44 profesores doctores para la realización de tareas docentes e investigadoras, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento del servicio público de educación superior que tiene encomendado la entidad. 

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, da un plazo de diez días hábiles para presentar las solicitudes, que podrán tramitar las personas que tengan el título de doctor y cuenten con la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad o de la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha.
Mediante esta convocatoria de plazas se buscan, entre otros, profesores para las facultades de Bellas Artes y de Periodismo de Cuenca; para las facultades de Arquitectura, de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo y de Farmacia y Derecho de Albacete.  Además, también se buscan docentes para las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Letras en Ciudad Real, entra otras.

¿Por qué la Virgen del Carmen es la patrona de la Armada Española?


SAN FERNANDO.- «Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna ventura, salve fénix de hermosura, madre del Divino Amor», así comienza la Salve Marinera que los militares que componen la Armada Española entonan en honor a la Virgen del Carmen en la mayoría de los actos. Pero, ¿por qué esta advocación mariana es la patrona de los marinos de guerra de nuestro país?, se pregunta La Voz Digital.

Según el Ministerio de Defensa, la Virgen del Carmen está vinculada oficialmente con la Armada desde el 19 de abril de 1901, fecha en la que la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo y el ministro de Marina de la época, Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua, refrendaron con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamaba, de manera definitiva, a la Santísima Virgen del Carmen Patrona de la Marina de Guerra.
Esta Real Orden recogía que la Virgen del Carmen era patrona de todos los navegantes. Aunque marinos, pescadores y gentes de mar no veneraban a una única imagen, sino que, dependiendo de su lugar de origen, se encomendaban a la protección de una u otra durante sus travesías.
Destaca Defensa que una de las advocaciones más popularmente arraigadas era la de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Cádiz. «De ellas, las más vinculadas con la Armada serían la imagen que, donada por los venecianos, llevó D. Juan de Austria en su galera real en la batalla de Lepanto y la Galeona que a bordo de la nao capitana hacía la Carrera de Indias», señala explícitamente. Y otra devoción antigua de los navegantes correspondería a la Virgen del Carmelo.
No obstante, se afirma sin ningún género de dudas que el patronazgo de la Virgen del Carmen sobre la Marina de Guerra tiene su origen en la Isla de León, durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se dio estado casi oficial a esta devoción, que ya era la más popular en la ciudad.

Hoy 16 de julio, la Armada celebra la festividad de Nuestra Señora del Carmen con diversos actos en todas sus bases y unidades. El Cuartel General de Madrid y los Arsenales, las Comandancias Navales de toda la geografía española y los buques en la mar, tanto fuera como dentro de las fronteras de España, celebran esta festividad, en honor de la Señora que les guía y protege.
Cierto es que uno de los eventos más importantes de cada 16 de julio es la jura de bandera y entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada Española en la Escuela Naval Militar, en la localidad pontevedresa de Marín. Pero, a casi 900 kilómetros de distancia, en la Escuela de Suboficiales de la Armada, localizada en San Fernando, donde comenzó el patronazgo de la Virgen del Carmen, se celebrará un acto militar que, sin duda, será también muy emotivo.
Ya que es una celebración de carácter religioso, los actos en honor de Nuestra Señora del Carmen comienzan con una misa en honor a la Virgen en las diferentes parroquias castrenses y, por supuesto, en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada, situado dentro de la Escuela de Suboficiales isleña.
En San Fernando, tanto la celebración eucarística como el posterior acto militar con desfile e imposición de medallas en el patio de armas de la Escuela, estarán presididos por el Almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat.
Durante la celebración también se realizará una ofrenda floral en memoria de los que dieron su vida por España y se rendirá reconocimiento a los marinos que han pasado recientemente a la reserva, finalizando su servicio a la Armada.

La Consejería de Fomento firma un nuevo contrato de mantenimiento de carreteras para la comarca del Altiplano

YECLA.- La Consejería de Fomento e Infraestructuras garantiza el mantenimiento de 317 kilómetros de carreteras regionales que discurren por la comarca del Altiplano (Jumilla y Yecla) donde también incluye a Cieza. Un nuevo contrato de conservación tendrá una vigencia de tres años. Su objetivo es dar cobertura permanente a 28 carreteras para lo que se destina el personal y la maquinaria adecuada, con el fin de garantizar el buen estado de las vías y sus elementos y afianzar la seguridad de los conductores.

El Gobierno regional va a invertir más de tres millones de euros para que estas carreteras conserven condiciones óptimas para su circulación. El Centro de Conservación de Carreteras del Altiplano y Cieza, una nave de 800 metros cuadrados, dependiente de la Comunidad Autónoma, da respuesta inmediata a las distintas circunstancias que se puedan producir en la red regional de carreteras en la zona.
El nuevo contrato prevé operaciones de conservación ordinaria como limpieza de plataforma, cunetas y obras de drenaje, reparación de baches, mantenimiento de jardinería, iluminación e instalaciones semafóricas y mecánicas, además de actuaciones por emergencias en caso de lluvia, nieve o accidentes.
Igualmente se realizarán trabajos de refuerzo del firme, renovación del pavimento, reposición de la señalización horizontal y vertical, sellado de fisuras, o colocación de biondas metálicas y balizamiento, entre otras.
Estas labores de conservación se realizarán en casi 150 kilómetros de carreteras regionales que discurren por el término municipal de Jumilla, en 112 kilómetros de vías regionales en Yecla y de 55 kilómetros en Cieza.
Además de la mantener las condiciones de las actuales carreteras, el Gobierno regional sigue impulsando nuevas infraestructuras de acuerdo a las demandas sociales, el crecimiento de la población y las necesidades empresariales. 
Es el caso de la mejora integral de la carretera del Carche (RM-A15), que conecta Jumilla con Pinoso (Alicante), y la construcción de un enlace que permita su conexión con la autovía A-33, que une  Murcia y Valencia.
Tras el acuerdo alcanzado en mayo, ya se ha entregado por Fomento el convenio al Ayuntamiento de Jumilla que permitirá financiar una actuación global valorada en más de siete millones de euros.
Esta nueva infraestructura permitirá aumentar la seguridad de los vecinos y agilizar el tráfico de la industria de las bodegas asentadas en la zona, con el fin de lograr un mayor crecimiento económico comarcal.

La Región es la comunidad autónoma donde más se ha reducido la jornada laboral

MADRID.- La Región de Murcia se convirtió durante el primer trimestre del año en la sexta comunidad con la jornada laboral más reducida (388,5 horas), por debajo de la media nacional, que se situó en 394,2 horas. Esta cifra es la segunda más baja en los últimos diez años, con una caída del 3% respecto al mismo periodo de 2017, según se desprende de un estudio sobre la jornada laboral efectiva realizado por Randstad.

Además, cuando se analiza la variación del número de horas trabajadas se observa que en todas las comunidades autónomas descendió la jornada laboral, con la Región de Murcia (-4,9%) y Castilla-La Mancha (-3,9%) a la cabeza.
La variación de este último año, según este estudio, viene motivada por el calendario laboral, las festividades propias de cada comunidad y la incidencia de la jornada parcial sobre el volumen total de empleados, ya que a mayor porcentaje de trabajadores con contrato a jornada parcial, «menor jornada laboral efectiva».
Por sectores, el sector servicios es donde más se redujo la jornada laboral en el último año. De hecho, en este sector la jornada disminuyó un 3,1% y se situó en las 383,4 horas laborales.
Por detrás, le siguen el sector de la industria y el de la construcción, con un descenso del 2,9% y del 2,6%, respectivamente, en comparación al año pasado.
No obstante, el sector industrial es el único que registró una jornada mayor en 2018 que hace diez años, con un aumento del 0,3%, ya que los sectores de la construcción y servicios redujeron el número de horas trabajadas en un 0,5% y 4,6%, respectivamente.
Según la región en la que reside el trabajador, del estudio se desprende que Madrid es la comunidad en la que más horas se trabajan. De hecho, en el primer trimestre del año cada madrileño registró 405,6 horas realizadas, 11,4 horas por encima de la media española.
Por encima de las 400 horas también se situaron Canarias (402,6 horas), Cantabria (401,4) y Cataluña (400,5). Galicia y Asturias, pese a registrar valores por debajo de las 400 horas, se situaron por encima de la media nacional, tras registrar 396,9 horas y 394,8 horas, respectivamente.
Por el contrario, La Rioja (393,6 horas), Baleares (392,4) y Navarra y La Comunidad Valenciana (391,5 en ambas) se situaron por debajo de la media nacional, pero con valores superiores a las 390 horas registradas.
Las jornadas laborales efectivas más reducidas se dieron en Extremadura (377,7), País Vasco (380,7), Andalucía (383,1), Castilla y León (384,9), Aragón (386,7), la Región (388,5) y Castilla-La Mancha (389,4).

Podemos califica de «partidista» el acto organizado por el Gobierno regional sobre el AVE para el miércoles

CARTAGENA.- Podemos presentó este lunes una interpelación en la Asamblea Regional para que la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, explique quién va a pagar el coste del acto organizado por el Gobierno regional del próximo miércoles para defender la llegada provisional del AVE en superficie, que consideró «partidista» y «propagandista».

Para el portavoz parlamentario de la formación morada, Óscar Urralburu, este evento convocado oficialmente con el escudo de la Comunidad Autónoma es «netamente político y partidista», por lo que «no se puede pagar con dinero público» y con respaldo del Gobierno regional un acto de los populares destinado a «esparcir mentiras».
Frente a esta situación, el dirigente de Podemos defendió el debate de enmienda a la totalidad de su proposición de Ley sobre la publicidad y la comunicación institucional, que está destinada a «dejar de pagar con dinero de todos y todas las campañas del PP». 
Según Urralburu, esta norma está pensada para «evitar» que el Ejecutivo murciano «siga haciendo autobombo a costa del dinero de los murcianos» y, en cambio, centrar la comunicación institucional como una labor de «servicio público».
Para acabar con el «caciquismo comunicativo» que, según Urralburu, representa eventos como el convocado para el próximo miércoles Podemos propone una ley que controle los contratos y garantizar el principio de transparencia, libre concurrencia y adecuación a los medios regionales según sus índices de impacto y distribución territorial, «evitando la lógica del premio y castigo», concluyó el líder de la formación morada.

El SMS cambia la fecha de nueve exámenes de su oposición

MURCIA.- El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha reprogramado el calendario de exámenes de nueve de las 29 categorías de la Oferta Pública de Empleo que tenían previsto celebrarse en el mes de septiembre, y sobre el que ha informado hoy a la Mesa Sectorial.

Se trata de los exámenes correspondientes a Gestión Administrativa y Medicina del Trabajo, que se celebrarán el 21 de octubre; Telefonía e Ingeniero Industrial, que pasarán al 28 de octubre; Ingeniería Técnico Industrial y Emergencias Sanitarias/Teleoperador, que se realizarán el 4 de noviembre; Prevención y Enfermería del Trabajo, cuyas pruebas serán el 11 de noviembre; y Especialista en Salud Pública, el 2 de diciembre.
En los meses de septiembre y octubre se celebrarán, además, tres de las pruebas selectivas más numerosas de esta oferta correspondientes a las opciones de Celador, Técnico Auxiliar de Enfermería y Auxiliar Administrativo, lo que va a suponer un importante esfuerzo de organización y de movilización de personal.
En la reunión de hoy, el Servicio Murciano de Salud ha hecho también balance de las pruebas de las 28 categorías que se han celebrado hasta la fecha, con un total de 576 plazas convocadas, lo que representa un 46 por ciento del total de las 1.250 plazas que conforman la Oferta Pública de Empleo de los años 2014, 2015 y 2016.
El número de opositores citados ha sido de 16.870 para estas 28 categorías, de los que un 78 por ciento se presentaron a la realización de los ejercicios. La relación de aprobados fue de 8.848 de los 10.186 opositores que se presentaron a las pruebas en las categorías cuyas puntuaciones ya se han publicado, es decir, 8 de cada 10 aspirantes las han superado.

El PSRM recuerda al PP su participación en manifestaciones pro soterramiento del AVE


CARTAGENA.- El portavoz parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional, el totanero Joaquín López, pidió este lunes al PP y al Gobierno regional que «respete la voluntad popular» de la oposición, abandone la «demagogia» y vuelva a la «cordura» porque apoyó la llegada del AVE soterrado en una manifestación de febrero de 2014 y en resoluciones en la Cámara autonómica.

En rueda de prensa, López mostró una fotografía de la manifestación convocada por la Plataforma Pro Soterramiento en febrero de 2014, cuyo lema era 'No al AVE en superficie', y en cuya cabecera se observa al exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara y a su sucesor y en ese momento consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta.
Además, el portavoz parlamentario socialista recordó que el PP apoyó en la Asamblea Regional sendas iniciativas, en mayo de 2013 y en febrero de 2017, en las que se aludía como «condición indispensable» y «única» la llegada de la Alta Velocidad a Murcia bajo superficie.
Por ello, López reclamó a los populares «cordura y responsabilidad» en este asunto, además de exigirles que «no sigan haciendo demagogia» tras la decisión del Ministerio de Fomento de abandonar la llegada del AVE en superficie en vía provisional y prever la entrada en Murcia mediante soterramiento para el segundo semestre de 2020.
Igualmente, insistió en que en el pasado debate monográfico sobre infraestructuras celebrado el pasado mes de junio se aprobaron dos resoluciones apoyadas por la oposición, que representa a más de la mitad de la «voluntad popular» de la Región, en las que se prioriza el soterramiento del AVE.
«El PP tiene un problema y es que tiene un gobierno que no gobierna», espetó López a los populares antes de considerar un «capricho» la apuesta del Ejecutivo murciano por la entrada provisional de la alta velocidad en superficie.

En la misma línea, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, mostró este lunes su «respeto» al acto convocado el próximo miércoles por el Ejecutivo regional en contra de la decisión del Ministerio de Fomento de posponer la llegada del AVE hasta que concluya el soterramiento, pero aseguró que los gobiernos «están para generar confianza y no crispación».
«Respeto cualquier acto de un gobierno incluso contra decisiones de la Asamblea Regional», declaró Conesa durante los actos de celebración de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, en el Arsenal de Cartagena.
Conesa recordó al Gobierno regional que los ejecutivos están para «tomar decisiones y generar confianza y no para generar crispación», al tiempo que recordó al ejecutivo murciano que debe tener «muy presente el mandato» de la Asamblea Regional, que contempla que la catenaria «tiene que ir soterrada».
En su opinión, la decisión anunciada el pasado viernes «aúna» el mandato de la Asamblea Regional y del pleno municipal de Murcia con un «sentir general», además de apostar por una «solución» para que en «unos meses» haya una conexión directa entre Cartagena y Madrid en tres horas y media y de tres horas entre la capital de España y Murcia. «Es lo que quizás deberíamos tener desde hace bastante años», apostilló.
Conesa quiso trasladar «serenidad y tranquilidad» con un calendario que «fija y garantiza fechas ciertas» para que el AVE llegue soterrado a Murcia, además de aportar «soluciones» para «poner en el siglo XXI» el sistema ferroviario actual, que ha calificado como «tercermundista».
En cuanto a la plataforma Pro Soterramiento, el delegado del Gobierno valoró que la «dignidad de las personas que han luchado tantos años tienen que estar presentes» en sus decisiones, al tiempo que anunció su disposición a acudir a explicar los cambios adoptados ante la Comisión de Seguimiento de la Entrada del AVE en la Región de la Asamblea Regional.

La Asamblea Regional pide las comparecencias de García-Legaz y del nuevo presidente de 'Aena' sobre Corvera

CARTAGENA.- La Comisión Especial de Investigación del Aeropuerto de Corvera acordó este lunes solicitar la comparecencia durante el próximo mes de septiembre del ex presidente de Aena, Jaime García-Legaz, y de su sucesor, Mauricio Lucena, para que expliquen los planes de la empresa como concesionaria de estas instalaciones.

El presidente de la comisión y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, explicó que la intención de ambas convocatorias es conocer de boca de García-Legaz «lo que ha pasado» y, a través de Lucena, los «planes» para el aeropuerto de Corvera que tiene Aena, cuya fecha prevista de apertura a los vuelos es enero de 2019.
Lucena tiene previsto tomar el mando de la empresa aeroportuaria en el consejo de administración de Aena previsto para este lunes, relevando del cargo a García-Legaz, quien estuvo al mando desde octubre de 2017, periodo en el que firmó el contrato de gestión de Corvera con el presidente de la Región, Fernando López Miras.
Además, la comisión, que no se reunía desde marzo de 2017, volvió a reclamar al Ministerio de Fomento la información sobre los pasillos de navegación aérea del nuevo aeropouerto, así como la documentación a la Consejería de Fomento e Infraestructuras sobre los planes directores de esta infraestructura aprobados previamente.
Finalmente, Urralburu también reveló que volverán a solicitar la comparecencia pedida en marzo de 2017 del ex director general de Transportes y Puertos, Gregorio Alburquerque, para que explique los primeros pasos que se dieron en su departamento entre 2000 y 2003, y que concluyeron con la redacción del plan director del aeropuerto en 2006, la licitación del proyecto y el plan de viabilidad de esta infraestructura.
Por su parte, el diputado regional del PP Víctor Martínez-Carrasco defendió la necesidad de que García-Legaz y Lucena comparezcan ante la comisión de investigación con el fin de que «aporten luz» sobre las intenciones del Gobierno central con este proyecto y confiando en que «no se paralice como con el AVE».

El SMS reconoce más de 3.000 trabajadores afectados por el amianto en la Región

CARTAGENA.- El consejero de Salud, Manuel Villegas, cifró este lunes en 3.133 los trabajadores afectados por asbestosis, un enfermedad ligada a la exposición al amianto, en la Región de Murcia. Esta cifra supone un incremento frente al informe de 2016, en el que se constató la existencia de 2.442 afectados, de los cuales 400 ya fallecieron.

En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional, Villegas señaló que en 2016 había 546 personas expuestas y 1.896 posexpuestas al fibrocemento, mientras que en el registro concluido el actual mes estas cifras eran de 893 expuestos y 2.240 posexpuestos, aunque no detalló si hubo una variación en el número de bajas mortales.
El consejero de Salud se mostró contrario a la petición de Podemos y la asociación de afectados Apena de que las autopsias a los afectados por amianto sean realizadas mediante la técnica médico-clínica porque «no tiene valor legal» y el juez que dirima si hubo una muerte por exposición al amianto en el lugar del trabajo no admitirá las muestras.
En este sentido, Villegas aseguró que la Dirección General de Salud Pública (DGSP) abogó por que las autopsias sean realizadas por forenses siguiendo las recomendaciones de la UE, ya que es el único profesional cuyas resoluciones tienen validez legal ante una reclamación judicial de las familias para que sea considerada enfermedad profesional la causa de muerte del trabajador.
Así, defendió el convenio firmado en julio de 2017 con el Ministerio de Justicia para que un forense tome muestras de los pulmones de los fallecidos y se envíen al hospital Vall D'Hebrón de Barcelona, centro de referencia en esta materia, además de defender la mejora del protocolo en la Mesa de Trabajo constituida por la DGSP, Apena y neumólogos del Servicio Murciano de Salud.
Sin embargo, la diputada de Podemos María López (en la imagen) apostó por la autopsia médico-clínica, tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, para evitar el «calvario judicial» que tienen que pasar los familiares, además de recordar que «muchos familiares» desconocen que deben pedir la autopsia para iniciar los trámites para el reconocimiento de la enfermedad profesional.
Por otra parte, Villegas confió en que la ordenación de los recursos humanos que está haciendo el SMS mediante las ofertas de empleo público y el concurso continuo de traslados permita devolver la figura de la comisión de servicio a su «excepcionalidad».
Además, la comisión aprobó por unanimidad dos mociones para que Bullas deje de ser el único municipio del Noroeste sin servicio de rehabilitación y fisioterapia y que el Gobierno regional promueva campañas de concienciación de la importancia de la fotoprotección y la autoexploración.

Para Podemos son más de 8.000 

María López Montalbán, diputada regional de Podemos, ha preguntado al consejero de Salud acerca del motivo por el que la Consejería no sigue las recomendaciones de la SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica), las cuales indican que a los fallecidos por exposición al amianto hay que realizarles una autopsia clínica.
López Montalbán ha señalado que Apena, la Asociación de perjudicados y afectados por enfermedades producidas por el amianto de la Región de Murcia, ha afirmado que son más de 8.000 personas las que, a través de su trabajo, se ven expuestos al amianto.
El cálculo, ha dicho la diputada de Podemos, "se debe hacer con la estadística de muertes por mesotelioma, un cáncer que solo lo causa el amianto, pero que no se diagnostica correctamente, y sólo un 5% de las muertes derivadas del amianto se contabilizan como enfermedades profesionales.
Una estadística demasiado baja, sobre todo por los afectados que se podrían esperar en una zona industrial como ha sido la de Cartagena. Por ejemplo, Repsol tiene docenas de fallecidos y no da el censo. Lo que dice el consejero es mentira".
La parlamentaria de Podemos ha recordado que dada la incapacidad del gobierno regional para coger las riendas de los afectados por el amianto "llevamos la denuncia a Fiscalía junto a integrantes de Cartagena si se Puede y Apena para denunciar a Repsol ante la negativa de la empresa a entregar un censo de los trabajadores que en su momento estuvieron expuestos al amianto".
Por otro lado, María López Montalbán ha asegurado que es "injusto e inhumano" que el gobierno regional se salte lo que recomienda la SEAP y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas con los fallecidos por este mineral.
Recordamos, ha dicho, que "para esclarecer la causa de estas muertes, al final de 2017, el SMS firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la realización de las autopsias.
Un convenio que niega que en los hospitales de la Región, las autopsias de personas fallecidas por patología respiratoria y expuestas durante su vida laboral al amianto, se realicen dentro del ámbito de la anatomía patológica, tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y como se realizan en el resto de hospitales del país".
Según ha explicado López Montalbán, esto significa que la familia conoce que el cáncer que ha provocado el fallecimiento de su allegado está vinculado al amianto. Y esto es mucho presuponer. Lo que hace el PP es denigrar a las familias afectadas y les obliga a continuar con el calvario de la invisibilidad de su tragedia".
Por ello, tal y como ha detallado la diputada de Podemos, Apena ha denunciado que muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, por tanto, "no pedirán esa prueba al forense.
Y en el caso de tener información, se les obliga a las familias, en un momento de tanto dolor, a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar la autopsia. Un laberinto administrativo para ver reconocidos sus derechos que no todas las familias están preparadas para recorrerlo".
Podemos pide acabar con este pacto de silencio y con la condena a estas familias al limbo administrativo en la búsqueda de sus derechos. De ahí que López Montalbán le haya reclamado al PP que "anule ese convenio para que se hagan las autopsias clínicas en el Hospital Santa Lucía, acabando así con el hecho de que muchos trabajadores muertos por culpa del amianto sean enterrados sin derechos y sin justicia".

La mayoría de artículos de la Ley del Mar Menor entrarán en vigor en febrero de 2019

MURCIA.- El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, aseguró hoy que la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor «se está aplicando en toda su extensión»; el único problema, reconoce, es que «la aplicación de la gran mayoría de sus artículos entra en vigor en febrero de 2019».

«No porque haya querido el Gobierno regional ni el PP, sino porque en el periodo de enmiendas se modificaron prácticamente todos los artículos y se dieron más plazos para el cumplimiento de la ley», recordó.
De hecho, lamentó, para la Comunidad «dejó de ser de medidas urgentes, porque la oposición extendió su aplicación a febrero de 2019».
No obstante, Celdrán aseguró que desde el Gobierno regional «se está intentando aplicar medidas, pero el sector empresarial tiene la cobertura legal de poder aplicarlas a partir de febrero de 2019 y no podemos exigir, por tanto, que las aplique cuando la propia ley le permite no hacerlo hasta febrero del próximo año».
En aquellas que sí han entrado en vigor, el Gobierno regional «está encima, controlando, vigilando y ayudando al sector empresarial a que adecuen sus técnicas de cultivo a esas demandas de la ley».
«Estamos ayudando al sector empresarial para que, a partir de febrero de 2019, cuando entren en vigor la práctica totalidad de los artículos estén preparados», comentó el consejero.
Para concluir, afirmó que el Mar Menor «responde de forma positiva y los niveles de turbidez y transparencia nos dicen que evoluciona positivamente y está mucho mejor, aunque queda mucho por hacer». De hecho, advirtió que «queda el mes de agosto, con temperaturas muy altas las nocturnas que incluye en el Mar Menor».

La compraventa de inmuebles en la Región aumentó un 20,2 % en el primer trimestre

MADRID.- La compraventa de pisos registró un crecimiento medio nacional del 6,9% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, lo que constituye una "pequeña desaceleración" interanual, según los datos del Consejo General del Notariado.

La estadística notarial arroja un incremento menor en el primer trimestre del año en comparación con la compraventa de pisos en los ocho trimestres anteriores, que superó en todos los periodos el 10%.

Por primera vez en los últimos trimestres se han registrado caídas interanuales en algunas comunidades autónomas, como Baleares (8,1%) y Canarias (3,6%), en tanto que repuntan las transacciones de este tipo de vivienda en La Rioja (22,9%), Murcia (20,2%) y Comunidad Valenciana (17,9%).

El precio medio por metro cuadrado de los pisos continúa con un "crecimiento pausado", que la estadística notarial cifra en el 2 % en los tres primeros meses del año.

Los precios subieron con fuerza en La Rioja, un 22,9%; mientras que sólo crecieron por encima del 5% en Baleares (9,35%), Madrid (8,9%) y Andalucía (6,1%).

La compraventa de viviendas en general registró un crecimiento medio nacional del 7,6% entre enero y marzo, también por debajo de los incrementos de dos dígitos en los trimestres anteriores.

Las comunidades autónomas con mayor aumento de compraventa de viviendas fueron La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía, todas ellas por encima de los dos dígitos, en tanto que las caídas más relevantes en el periodo enero-marzo se produjeron en Baleares (8,1%), Canarias (2,4%) y Extremadura (1,2%).

El informe de los notarios indica, asimismo, una "tendencia a la desaceleración" en cuanto a los precios nacionales promedio por metro cuadrado de las viviendas, a pesar de que siguen creciendo un 1,4% en el periodo enero-marzo.

La media nacional se situó en 1.377 euros por metro cuadrado, aunque fue ampliamente superada en el País Vasco (2.208 euros) Baleares (2.157 euros), Madrid (2.146 euros), Cataluña (1.646 euros) y Canarias (1.490 euros).

Entre enero y marzo se registró un "fuerte aumento" del número de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda en el ámbito nacional, que los notarios cifran en un 10,9% mayor que en el mismo periodo de 2017.

Destacaron en este capítulo las subidas en la Comunidad Valenciana (22,5%) y Murcia (18,7%), en tanto que en Cataluña, Asturias, La Rioja, Andalucía y Aragón los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron en cifras superiores a los dos dígitos.

La cuantía promedio de los préstamos hipotecarios mantuvo en ese periodo un leve crecimiento medio en España del 1,4%, mientras que el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 45,3%.

La Región impartirá en 2019 unos 800 cursos para 14.000 parados y ocupados

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha dado a conocer hoy las especialidades que priorizará en sus nuevos cursos de formación del Servicio Empleo y Formación (SEF) para 2019, con el fin de adaptarse a los requerimientos del mercado laboral actual y de las peticiones transmitidas en esta materia por parte de agentes sociales y económicos. Entre las novedades, se hará hincapié en los cursos de informática avanzada, con un plan específico para la certificación en este ámbito, así como en los cursos de idiomas, los agrarios, los relacionados con la veterinaria, los náuticos y los de panadería.

Estas novedades, que supondrán, por ejemplo, la incorporación del idioma portugués a la oferta formativa para el empleo. Anunció que en los próximos días se convocarán las subvenciones para que las entidades de formación acreditadas impartan los cursos para desempleados y ocupados, y a la hora de conceder esos cursos se tendrán en cuenta estas prioridades.

Aunque dichas convocatorias todavía no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), Celdrán adelantó que “las cifras serán muy importantes, con una dotación de unos 14 millones de euros para formar a desempleados, y 3 millones de euros para trabajadores ocupados. 

Serán, en total, más de 800 cursos con plazas para 14.000 personas, y además hablamos de formación con una eficacia demostrada, porque el último estudio del SEF refleja que casi el 50 por ciento de los parados que hacen uno de estos cursos encuentran empleo en los siguientes seis meses”.

Así, por ejemplo, en el campo de la informática avanzada se prepara un plan específico de formación certificada en TIC, adaptada a los nuevos desarrollos tecnológicos. Se tratará de formación impartida por los principales fabricantes, como Oracle, Microsoft o Google Cloud, con cursos breves y específicos en áreas como el big data, que se compaginarán con otros generales como los de ‘Desarrollo de páginas web’ o los de ‘Sistemas microinformáticos’.

En cuanto a los idiomas, continuará activo el programa ‘Región de Murcia Habla Idiomas’ del SEF, para la certificación del nivel inglés y alemán. Además de sufragar los gastos de matriculación, el SEF ofrece a los demandantes de empleo cursos intensivos para preparar las pruebas de acreditación oficial convocadas por entidades como Oxford y Cambridge. 

Por lo que respecta a la programación general de cursos de idiomas, se vuelven a priorizar los de inglés, alemán y francés, pero ahora además se incorpora el portugués, también a través de la plataforma Form@carm.

Náutica, panadería, veterinaria y sector agrario
Otros cursos que se van a priorizar son los de náutica (relacionados con equipos de embarcaciones deportivas y de recreo); de panadería, a petición de la asociación que aglutina a los negocios de este sector en la Región; y de veterinaria (por ejemplo, ‘Actividades auxiliares en clínica veterinaria’). Igualmente, se ampliarán los del sector agrario, con cursos como ‘Drones aplicados al sector agroalimentario y ambiental’ o ‘Explotaciones en agricultura ecológica’.

Determinación de los cursos prioritarios
Para la determinación de los cursos considerados como prioritarios, se formaron grupos de trabajo sectoriales, con participantes que incluyen a representantes de empresas representativas, miembros de organizaciones empresariales y sindicales de ese sector o responsables de centros tecnológicos de la Región.

Además, influyen otros factores, como por ejemplo el interés de los alumnos en cursos anteriores; el análisis del mercado laboral actual; la información derivada por los orientadores laborales del SEF sobre la demanda que puede existir de determinados cursos; el análisis de datos como profesiones demandadas, ofertadas y contratadas, o el informe de inserción por familias profesionales elaborado por el SEF.

Las ventas en industria suben un 10,4% y los pedidos un 10,8% en la Región

MADRID.- La industria española facturó en mayo un 5% más que en el mismo mes de 2017, mientras que la entrada de pedidos se incrementó un 6,8%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), la facturación de la industria avanzó un 4,9% en mayo y lleva 20 meses al alza, mientras que la entrada de pedidos subió un 6,7% y encadenó 22 meses creciendo.

De vuelta a la serie original, todos los sectores registraron avances en la facturación, salvo bienes de consumo, donde se contrajo un 0,1%.

Sin embargo, en energía la cifra de negocio creció un 31,4%; en bienes intermedios, un 6,5%, y en bienes de equipo, un 2,1%.

Por destino geográfico de las ventas, en mayo todos los mercados presentaron tasas anuales positivas, destacando el aumento del 6,3% en el mercado interior.

La cifra de negocios aumentó con respecto a mayo de 2017 en 15 comunidades y disminuyó en dos, Madrid, con una caída del 1,2%, y Baleares, del 0,1%.

Los mayores incrementos se produjeron en Navarra (11%), Murcia y Asturias (10,4% en ambos casos).

En cuanto a la entrada de pedidos, también se registraron subidas en todos los sectores salvo bienes de consumo, donde hubo una retroceso del 1,6% en mayo.

El mayor avance -de un 31,3%- correspondió a energía, seguido de bienes de equipo (12%) y bienes intermedios (5,7%).

Por destino geográfico de las ventas, todos los mercados presentaron tasas anuales positivas en mayo, destacando el aumento del 14,1% en la zona no euro del mercado exterior.

Las entradas de pedidos aumentaron con respecto a mayo de 2017 en 12 comunidades autónomas y disminuyeron en las otras cinco (Madrid, Cantabria, Baleares, La Rioja y Galicia).

Los mayores incrementos se produjeron en Andalucía (28,5%), Asturias (22,3%) y Extremadura (17,6%) y el mayor descenso se registró en Galicia (3,8%).

Las matriculaciones de vehículos industriales en la Región suben un 45% en junio

MURCIA.- El número de vehículos industriales matriculados en el mes de junio en la Región ha sido de 71, lo que significa un aumento de 49,9. En lo que va de año, se han matriculado 519 vehículos de este tipo, lo que supone un 0,5% que el año pasado.

Asimismo, han aumentado en junio el número de autobuses matriculados: 4 (un 33,3% más). En el primer semestre se han matriculado 27, hasta un 12,5% más que el semestre del año pasado.

Las matriculaciones de vehículos industriales en España han caído un 9,3% en junio en comparación con el mismo mes de 2017, hasta las 2.194 unidades, según han informado hoy las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam).

En el acumulado de los seis primeros meses del año, las matriculaciones han aumentado un 5,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta las 13.915 unidades.

En junio, las ventas de camiones han descendido un 6,8%, hasta las 1.971 unidades; mientras en el periodo enero-junio han registrado un alza del 6,2%, hasta las 12.039 unidades.

Por segmentos, las entregas de vehículos industriales ligeros en junio han caído un 14,3%, hasta las 60 unidades; mientras que en el conjunto de los seis primeros meses del año han aumentado un 22,8%, hasta las 393 unidades.

En el caso de los industriales medios, las matriculaciones en junio han registrado un alza del 19,1%, hasta las 406 unidades comercializadas; mientras que en el periodo enero-junio han aumentado un 7,6%, hasta las 1.937 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos industriales pesados experimentaron una caída del 11,6%, hasta 1.505 unidades; y en el cómputo de los seis primeros meses del año han crecido un 5,4%, con 9.709 unidades comercializadas.

En el segmento de los tractocamiones las ventas han descendido en junio un 15,3%, hasta 1.120 unidades matriculadas; mientras que en el acumulado del año han registrado un alza del 0,1%, con 7.525 unidades matriculadas.

Por su parte, en junio se matricularon 223 unidades de autobuses, autocares y microbuses, cantidad que supone un 26,6% menos frente al mismo mes del pasado año.

En el primer semestre del año este segmento ha incrementado sus entregas un 3,5% frente al mismo periodo de 2017 y ha alcanzado las 1.876 unidades matriculadas.

Murcia, la segunda comunidad autónoma con el empleo en servicios que más crece

MURCIA.- La cifra de negocios del sector de los servicios de mercado registró en mayo un incremento interanual del 4,8% en la Región de Murcia, lo que supone dos puntos menos que la media nacional, que se encuentra en un 6,8%. Murcia solo tiene por debajo en este dato a Valencia, con un 3,9% y a Extremadura, con un 3,6%, según los indicadores de actividad del sector servicios (IASS), publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del empleo en servicios en la Región de Murcia es el segundo más alto de España. Con un 3,4%, solo es superada por las Islas Baleares (cuya ocupación es un 4%). Asimismo, supera a la media del conjunto de España en casi un punto y medio este año.

En España, al eliminar los efectos estacionales y de calendario, la facturación del sector servicios en mayo subió el 6,1% respecto al mismo mes de 2017, frente al 4,2% de abril.

En cuanto al empleo en servicios, aumentó un 2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, dos décimas por debajo de la tasa interanual de abril.

En comparación mensual y desestacionalizada, la cifra de negocios subió el 1,5%, frente al descenso del 0,7% de abril.

Por sectores, en tasa interanual y sin corregir los efectos estacionales y de calendario, el comercio aumentó su facturación en mayo el 7,1%, mientras que el resto de servicios creció el 6,3%.

Dentro del comercio, la mayor subida se registró en el mayorista, con un alza del 9,5%, seguido por la venta y reparación de vehículos y motocicletas, del 7,5%, mientras que el minorista fue del 2%.

En cuanto a otros servicios, los mayores incrementos se dieron en las actividades profesionales, científicas y técnicas con un alza del 9,9%, seguidas por las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 9,4% más, y del transporte y almacenamiento, el 5,8%.

Por detrás se situó la información y comunicaciones, cuyas ventas crecieron el 3,5% y la hostelería, con un 3,3% más.

Todas las comunidades aumentaron su cifra de negocios del sector servicios en mayo en comparativa anual, si bien las mayores subidas se dieron en Cantabria y Castilla-La Mancha (ambas un 9,6% más) y Madrid (9% más).

De vuelta a la ocupación y por sectores, el empleo en el comercio en tasa interanual aumentó el 1,5% en mayo por el alza del 2,7% en la venta y reparación de vehículos y motocicletas, en tanto que en el mayorista subió el 2,3% y en el minorista, el 0,8%.

En cuanto al empleo en otros servicios, se incrementó el 2,3% interanual, principalmente por el auge del 3,5% de la información y las comunicaciones, y del 3,3% de las actividades administrativas y servicios auxiliares.

Todas las comunidades registraron tasas anuales de empleo positivas.

Por el contrario, Andalucía registró el menor incremento interanual de la ocupación en los servicios, con un alza del 0,9%.