En
su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la
Asamblea Regional, Villegas señaló que en 2016 había 546 personas
expuestas y 1.896 posexpuestas al fibrocemento, mientras que en el
registro concluido el actual mes estas cifras eran de 893 expuestos y 2.240 posexpuestos, aunque no detalló si hubo una variación en el número de bajas mortales.
El consejero de Salud se mostró contrario a la petición de Podemos y
la asociación de afectados Apena de que las autopsias a los afectados
por amianto sean realizadas mediante la técnica médico-clínica porque
«no tiene valor legal» y el juez que dirima si hubo una muerte por
exposición al amianto en el lugar del trabajo no admitirá las muestras.
En este sentido, Villegas aseguró que la Dirección General de Salud Pública (DGSP) abogó por que las autopsias sean realizadas por forenses siguiendo las recomendaciones de la UE,
ya que es el único profesional cuyas resoluciones tienen validez legal
ante una reclamación judicial de las familias para que sea considerada
enfermedad profesional la causa de muerte del trabajador.
Así, defendió el convenio firmado en julio de 2017 con el Ministerio de Justicia para que un forense tome muestras de los pulmones de los fallecidos y se envíen al hospital Vall D'Hebrón de Barcelona,
centro de referencia en esta materia, además de defender la mejora del
protocolo en la Mesa de Trabajo constituida por la DGSP, Apena y
neumólogos del Servicio Murciano de Salud.
Sin embargo, la diputada de Podemos María López (en la imagen) apostó por la autopsia médico-clínica,
tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, para
evitar el «calvario judicial» que tienen que pasar los familiares,
además de recordar que «muchos familiares» desconocen que deben pedir la autopsia para iniciar los trámites para el reconocimiento de la enfermedad profesional.
Por
otra parte, Villegas confió en que la ordenación de los recursos
humanos que está haciendo el SMS mediante las ofertas de empleo público y
el concurso continuo de traslados permita devolver la figura de la
comisión de servicio a su «excepcionalidad».
Además, la comisión
aprobó por unanimidad dos mociones para que Bullas deje de ser el único
municipio del Noroeste sin servicio de rehabilitación y fisioterapia y
que el Gobierno regional promueva campañas de concienciación de la
importancia de la fotoprotección y la autoexploración.
Para Podemos son más de 8.000
Para Podemos son más de 8.000
María López Montalbán, diputada regional de Podemos, ha preguntado al
consejero de Salud acerca del motivo por el que la Consejería no sigue
las recomendaciones de la SEAP (Sociedad Española de Anatomía
Patológica), las cuales indican que a los fallecidos por exposición al
amianto hay que realizarles una autopsia clínica.
López Montalbán ha señalado que Apena, la Asociación de perjudicados y afectados por enfermedades producidas por el amianto de la Región de Murcia, ha afirmado que son más de 8.000 personas las que, a través de su trabajo, se ven expuestos al amianto.
El cálculo, ha dicho la diputada de Podemos, "se debe hacer con la estadística de muertes por mesotelioma, un cáncer que solo lo causa el amianto, pero que no se diagnostica correctamente, y sólo un 5% de las muertes derivadas del amianto se contabilizan como enfermedades profesionales.
Una estadística demasiado baja, sobre todo por los afectados que se podrían esperar en una zona industrial como ha sido la de Cartagena. Por ejemplo, Repsol tiene docenas de fallecidos y no da el censo. Lo que dice el consejero es mentira".
La parlamentaria de Podemos ha recordado que dada la incapacidad del gobierno regional para coger las riendas de los afectados por el amianto "llevamos la denuncia a Fiscalía junto a integrantes de Cartagena si se Puede y Apena para denunciar a Repsol ante la negativa de la empresa a entregar un censo de los trabajadores que en su momento estuvieron expuestos al amianto".
Por otro lado, María López Montalbán ha asegurado que es "injusto e inhumano" que el gobierno regional se salte lo que recomienda la SEAP y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas con los fallecidos por este mineral.
Recordamos, ha dicho, que "para esclarecer la causa de estas muertes, al final de 2017, el SMS firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la realización de las autopsias.
Un convenio que niega que en los hospitales de la Región, las autopsias de personas fallecidas por patología respiratoria y expuestas durante su vida laboral al amianto, se realicen dentro del ámbito de la anatomía patológica, tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y como se realizan en el resto de hospitales del país".
Según ha explicado López Montalbán, esto significa que la familia conoce que el cáncer que ha provocado el fallecimiento de su allegado está vinculado al amianto. Y esto es mucho presuponer. Lo que hace el PP es denigrar a las familias afectadas y les obliga a continuar con el calvario de la invisibilidad de su tragedia".
Por ello, tal y como ha detallado la diputada de Podemos, Apena ha denunciado que muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, por tanto, "no pedirán esa prueba al forense.
Y en el caso de tener información, se les obliga a las familias, en un momento de tanto dolor, a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar la autopsia. Un laberinto administrativo para ver reconocidos sus derechos que no todas las familias están preparadas para recorrerlo".
Podemos pide acabar con este pacto de silencio y con la condena a estas familias al limbo administrativo en la búsqueda de sus derechos. De ahí que López Montalbán le haya reclamado al PP que "anule ese convenio para que se hagan las autopsias clínicas en el Hospital Santa Lucía, acabando así con el hecho de que muchos trabajadores muertos por culpa del amianto sean enterrados sin derechos y sin justicia".
López Montalbán ha señalado que Apena, la Asociación de perjudicados y afectados por enfermedades producidas por el amianto de la Región de Murcia, ha afirmado que son más de 8.000 personas las que, a través de su trabajo, se ven expuestos al amianto.
El cálculo, ha dicho la diputada de Podemos, "se debe hacer con la estadística de muertes por mesotelioma, un cáncer que solo lo causa el amianto, pero que no se diagnostica correctamente, y sólo un 5% de las muertes derivadas del amianto se contabilizan como enfermedades profesionales.
Una estadística demasiado baja, sobre todo por los afectados que se podrían esperar en una zona industrial como ha sido la de Cartagena. Por ejemplo, Repsol tiene docenas de fallecidos y no da el censo. Lo que dice el consejero es mentira".
La parlamentaria de Podemos ha recordado que dada la incapacidad del gobierno regional para coger las riendas de los afectados por el amianto "llevamos la denuncia a Fiscalía junto a integrantes de Cartagena si se Puede y Apena para denunciar a Repsol ante la negativa de la empresa a entregar un censo de los trabajadores que en su momento estuvieron expuestos al amianto".
Por otro lado, María López Montalbán ha asegurado que es "injusto e inhumano" que el gobierno regional se salte lo que recomienda la SEAP y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas con los fallecidos por este mineral.
Recordamos, ha dicho, que "para esclarecer la causa de estas muertes, al final de 2017, el SMS firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la realización de las autopsias.
Un convenio que niega que en los hospitales de la Región, las autopsias de personas fallecidas por patología respiratoria y expuestas durante su vida laboral al amianto, se realicen dentro del ámbito de la anatomía patológica, tal y como recomienda la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y como se realizan en el resto de hospitales del país".
Según ha explicado López Montalbán, esto significa que la familia conoce que el cáncer que ha provocado el fallecimiento de su allegado está vinculado al amianto. Y esto es mucho presuponer. Lo que hace el PP es denigrar a las familias afectadas y les obliga a continuar con el calvario de la invisibilidad de su tragedia".
Por ello, tal y como ha detallado la diputada de Podemos, Apena ha denunciado que muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, por tanto, "no pedirán esa prueba al forense.
Y en el caso de tener información, se les obliga a las familias, en un momento de tanto dolor, a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar la autopsia. Un laberinto administrativo para ver reconocidos sus derechos que no todas las familias están preparadas para recorrerlo".
Podemos pide acabar con este pacto de silencio y con la condena a estas familias al limbo administrativo en la búsqueda de sus derechos. De ahí que López Montalbán le haya reclamado al PP que "anule ese convenio para que se hagan las autopsias clínicas en el Hospital Santa Lucía, acabando así con el hecho de que muchos trabajadores muertos por culpa del amianto sean enterrados sin derechos y sin justicia".
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