El PP está a las puertas de lo que sería su segunda crisis
en tan solo dos meses, después de 'Auditorio' y
'Púnica' y una moción de censura pusieran contra las cuerdas al
presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y forzaran su
dimisión a principios de abril. Si el TSJ decide ahora abrirle juicio
oral por el 'caso Púnica', Pedro Antonio Sánchez no tendría más remedio
que dejar también su cargo de presidente regional del partido, una
posibilidad que ha dejado de considerarse peregrina en el aparato
popular.
que los casos judiciales
El auto de procesamiento dictado el pasado
martes por el magistrado del TSJ Enrique Quiñonero, apenas dos horas
después de que tomara declaración a Sánchez, fue un jarro de agua fría
en la dirección regional del PP. El convencimiento de que su líder
volvería a salir indemne de sus cuitas judiciales, como, según ellos, ya
le habría ocurrido con otras demandas anteriores, se quebró en ese
instante.
Aún hay esperanzas de que el recurso que
presente la defensa prospere o de que el Ministerio Público, en un
último regate, como los que ha ofrecido en los últimos meses, le eche un
capote, pero son cada vez más débiles y empieza brotar con fuerza el
pesimismo.
«Estamos a un paso del fin de la era PAS. Si el TSJ da ese
paso, que es muy probable, y abre juicio oral... se acabó», comenta
apesadumbrado un dirigente popular, abogado y que desde el inicio ha
defendido la inocencia del presidente del partido. Porque también emerge
la opinión de que, llegados a este punto, a Sánchez no le queda otra
salida que la dimisión.
Las puertas de escape se le han
agotado. Tras romper su compromiso de dimitir si era imputado y retrasar
la línea roja hasta la apertura de juicio oral, en consonancia con la
cúpula nacional del partido, no podría volver a desdecirse y darle otra
patada a la línea roja para aferrarse al cargo sin sufrir una clara
erosión de su credibilidad dentro y fuera del partido.
Pedro
Antonio Sánchez es muy consciente de la delicada situación en la que se
encuentra y en los últimos días ha optado por la discreción. Ni asistió
al acto institucional del Día de la Región, celebrado el viernes en
Blanca, ni tampoco al encuentro sobre el agua que ayer unió en Alicante a
cargos del PP de esta provincia y de la Región.
El
consuelo que le queda al partido, si al final Sánchez acaba en el
banquillo de los acusados y deja su despacho en la sede de González
Adalid, es que existe un claro consenso sobre quién debería ser su
sustituto: Fernando López Miras, Con ello se pondría fin a la bicefalia,
una situación ajena a la cultura del partido.
No hubo ni
un solo reparo cuando la Junta Directiva del partido aprobó su
designación como candidato a la presidencia de la Comunidad el pasado 4
de abril, y no los habrá tampoco si el Comité Ejecutivo le propone a la
misma Junta Directiva para presidir el partido, de nuevo por la dimisión
de su amigo y mentor.
Pedro Antonio Sánchez y Fernando
López Miras se han preocupado en los últimos meses de tender fuertes
lazos con las estructuras de poder del partido para asegurarse el
control de la organización. Primero, con el congreso regional, y después
con la remodelación del Gobierno que siguió al cambio de inquilino en
San Esteban, situaron a sus peones en puestos estratégicos y es difícil
que nadie levante la voz ante la sucesión de reveses que han sacudido al
partido últimamente.
Sin embargo, la coincidencia
general que hay sobre López Miras para relevar a Sánchez en la
presidencia del partido no termina de despejar todas las inquietudes
dentro de la organización.
El mes y medio
que López Miras lleva al frente de la Comunidad Autónoma ha dado pie a
que surjan entre cargos del partido las primeras dudas sobre su
idoneidad. Aún son limitadas y discretas, pero si hasta ahora la
desconfianza procedía del exterior y de veteranos militantes, ahora ya
hay quien se pregunta desde dentro si es la mejor opción para encarar
las trascendentales elecciones autonómicas de 2019.
Las
pegas no se dirigen hacia su gestión ni son por la adopción de
decisiones erróneas, sino porque echan en falta capacidad de liderazgo,
carácter y carisma para conectar con los cuadros intermedios y con unas
bases cada vez más susceptibles al desengaño.
El poder es
una resistente argamasa estructural para los partidos, y el PP lleva
más de veinte años haciendo un buen uso de ella en la Región. Los
comicios de 2019 son claves, porque si no gana con suficiente margen y
pasa a la oposición, el riesgo de tensiones internas se multiplicaría.
Las
circunstancias pueden ponérseles muy adversas a los populares. Si los
grandes proyectos pendientes, como el AVE o el nuevo aeropuerto, vuelven
a encallar, y si fragua el partido político regionalista del
expresidente Alberto Garre, para el que cada traspiés del PP es un
impulso, se pondrían las cosas más difíciles. La competencia, además,
será mucho mayor, ya que la reforma electoral que favorece a los
partidos más pequeños alentará la presentación de más candidaturas.
De
ahí que el desasosiego que aflora entre los populares no solo sea por
la posible dimisión de su presidente, sino porque su previsible
sustituto no termina de ofrecer todas las garantías.
(*) Periodista y redactor de La Verdad