Los grupos ecologistas aplauden fuerte al Parlamento Europeo

MADRID.- Ecologistas en Acción aplaudió en un comunicado la resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en España, pues la ONG lleva «años» denunciando «este proceso especulativo de esferas empresariales y políticas, que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental».

Así, creen que esta medida «da la razón» a Ecologistas en Acción y otras plataformas ciudadanas que consideran «insostenible» un modelo que genera «indiscutibles impactos ambientales».

Además, este crecimiento urbanístico «aumenta las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos», señalan los ecologistas.

Por su parte, Greenpeace confía en que la amenaza del Parlamento Europeo de congelar los fondos comunitarios a España si no soluciona los abusos urbanísticos sea efectiva y «se cierre el grifo» a actuaciones e infraestructuras que no respetan la normativa española ni la comunitaria.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, valoraba así el informe europeo, que pide, además, a España que suspenda todos los desarrollos urbanísticos que no respeten el medio ambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad.

Marcos ha valorado el hecho de que «por fin» el Parlamento Europeo tenga conocimiento de «los delitos urbanísticos que se están cometiendo en España.

Gutierrez-Cortines, a contracorriente

La eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez-Cortines, sumó su voz contra el 'Informe Auken' durante el Pleno en la Eurocámara, en Estrasburgo.

"Todo está manipulado y el informe peca de mala intención. Se generaliza todo a partir de casos concretos", sostiene.

Gutiérrez-Cortines apunta que la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones refrendadas por la Eurocámara. "Dice que es un informe impresentable".

"Ha habido abusos urbanísticos y las autoridades tenían que haber actuado a tiempo, pero se ha mezclado todo en el informe. Se confunden lo que son denuncias particulares por la compra de viviendas con la normativa medioambiental. Lo grave es que el informe no puede demostrar nada de lo que contiene y se menciona de una forma grave la actuación de los jueces españoles, sugiriendo poco menos que cometen prevaricación porque actúan de forma arbitraria", revela nuestra eurodiputada.

"El informe Auken no tiene ningún valor jurídico", concluye Cristina Gutiérrez.

De Ramón y 'Anse" se apuntan un tanto en Europa

MURCIA.- Cuatro quejas y denuncias al urbanismo en la Región de Murcia han sido presentadas en los dos últimos años, dentro de un total de 150 en toda España. Una de ellas corresponde al abogado Diego de Ramón, que pidió a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que se controlara el exceso de planes urbanísticos. De Ramón presentó la queja en nombre de Unión Democrática de la Región de Murcia.

Pedro García, en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), denunció presuntas infracciones de la legislación europea por parte de las autoridades locales y autonómicas.

Otra queja fue interpuesta por la Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, relativa a «numerosos proyectos urbanísticos en la Región de Murcia y Almería».

Por último, el año pasado se formuló una denuncia particular de Wheatley Elizabeth, súbdita británica, por «problemas con la compra de una casa en Murcia», según recuerda 'La Verdad'.

El obispo Reig Plá alude al demonio en su despedida

MURCIA.- Una despedida multitudinaria y plagada del blanco de las vestimentas del centenar de sacerdotes que se acercaron hasta la Catedral para mostrar su apoyo al obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, en uno de los últimos actos antes de marcharse a la Diócesis de Alcalá de Henares, de la que tomará posesión el próximo 25 de abril.

En la homilía de la eucaristía que fue oficiada por él mismo, Reig Pla reiteró su obediencia y lealtad a la Iglesia y al Santo Padre y apeló a la unidad de la Diócesis, según 'El Faro'.

Además, prometió ser obediente “a la verdad y lealtad al Santo Padre, pero sobre todo a Dios que no tiene en cuenta mis errores y que me ha dado una oportunidad nueva para que, con lo aprendido, comenzar un nuevo camino y no errar en él, siguiendo así la voluntad de Dios”.

Esta homilía, que fue ovacionada cuando terminó por todo el público asistente, también sirvió para aconsejar a los sacerdotes –que fueron los que organizaron este acto de despedida– a “que no se meta el demonio entre vosotros” y les pidió que “améis al nuevo obispo como habéis amado a los anteriores obispos y a mi”, apelando a la “comunión entre vosotros”.

Del mismo modo, el obispo Reig Pla afirmó que “sólo atendiendo a la libertad por la verdad y a la obediencia seremos fecundos”.

Los sacerdotes le mostraron su apoyo a un obispo que iba emocionándose conforme iba pasando la eucaristía y le regalaron un cáliz con cuatro medallones en donde había representadas cuatro pasajes bíblicos relacionados con la Virgen.

Asimismo, afirmaron, en boca del vicario general, Miguel Ángel Cárceles, que “su amor a la verdad y la justicia es un testimonio para desempeñar nuestro trabajo”.

Pérez Abellán votó a favor de los proyectos de su hijo en Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA.- El concejal de Seguridad, Enrique Pérez Abellán, votó a favor de los cuatro proyectos para cuya redacción y dirección de obra fue designado su hijo Enrique Pérez Blaya en las Juntas Locales de Gobierno del ayuntamiento de Cartagena celebradas los días 29 de diciembre de 2008 y 16 de enero de este año. En las citadas sesiones, se votaron exclusivamente los proyectos, es decir, qué trabajos se iban a llevar a cabo y con cuánto dinero del Plan E, según 'La Opinión'.

Con anterioridad, Pérez Blaya ya había sido elegido por designación directa para dirigir las obras, trabajo por el que va a cobrar 28.323,16 euros, cantidad que aumenta hasta los 52.000 euros con la redacción de los proyectos.

Según el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y deben comunicarlo a su superior de inmediato si tienen interés personal en el asunto de que se trate" o "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo".

Además, la citada ley especifica que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse si "tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las personas mencionadas anteriormente" o "relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto".

El artículo 28.4 de la citada norma señala que los órganos superiores "podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente". El punto 5 aclara que "la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad".

En las citadas Juntas Locales de Gobierno no se aprobó quién iba a redactar los citados proyectos y tampoco quién se haría con la dirección de las obras. "Se trata de un puro acto administrativo en el que se aprobó qué destino iban a tener los fondos del Fondo Estatal de Inversión", precisó un portavoz de Alcaldía.

Pérez Abellán no se abstuvo en la votación de los proyectos en las citadas Juntas Locales de Gobierno, situación que exige la citada norma.

Los proyectos, una vez aprobados, fueron enviados a la delegación del Gobierno encargada de remitirlos al Ministerio, que por su parte analizó si cumplían los requisitos del decreto del Fondo Estatal de Inversión Local de Zapatero.

Con el visto bueno del Ministerio, el ayuntamiento sacó a concurso las obras. En estos momentos, uno de los proyectos ya está ejecutado y el resto están en marcha. El Ayuntamiento no ha precisado si Pérez Blaya ha cobrado ya el dinero procedente de las arcas públicas, ya que el Plan E sólo financia la ejecución de las obras.

El vino de Jumilla pasa de la bota a la botella

JUMILLA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó que los vinos de Jumilla "se están vendiendo muy bien", y explicó que del total de la producción dedicada a la comercialización, un 55% se destina al mercado exterior", principalmente a Suiza y Alemania, así como a Estados Unidos.

Cerdá, que presentó el XV Certamen de Calidad de Vinos de la Denominación de Origen Jumilla, recordó que "el viñedo es junto con el almendro un cultivo de gran valor ambiental para mantener nuestro paisaje natural y evitar la desertización". En el certamen, que se celebrará hoy y mañana en Jumilla, participarán un total de 112 muestras de 42 bodegas.

Explicó que "hay una visión optimista de los vinos murcianos que hoy se elaboran bajo los parámetros de modernidad, planificación e innovación", y recordó que los vinos de Jumilla se han situado "en la elite del mercado vitivinícola".

Así mismo, apuntó que esta denominación tiene cerca de 3.000 viticultores inscritos, 42 bodegas y un total de 27.900 hectáreas cultivadas, lo que supone "una importante representación de la viticultura regional".

El responsable de Agricultura resaltó que los vinos elaborados bajo esta denominación "están obteniendo las mejores calificaciones y valoraciones por parte de los expertos vitivinícolas más prestigiosos".

Según Cerdá, "Jumilla es una de las zonas productoras de España que más etiquetas ha incorporado a la lista Parker, el mayor referente del mundo del vino, con más de 40 marcas".

En 2008, se concedieron las máximas puntuaciones a 32 vinos de Jumilla, "un resultado que no ha alcanzado el grueso de las denominaciones de origen españolas", subrayó el consejero.

El Foro Social le grita a Egea que Caja Murcia deje de financiar a la corrupción urbanística

MURCIA.- Un grupo de personas del Foro Social ocupó de forma pacífica, esta tarde, una sucursal de Caja Murcia en la Gran Vía. La acción se inscribe dentro de los actos con los que el Foro Social quiere sumarse a las movilizaciones propuestas por el Foro Social Mundial en contra de la crisis capitalista y de las guerras, y fue el preludio de la participación del mismo en la manifestación convocada para el sábado 28, bien que con consignas diferenciadas respecto de las esgrimidas por los sindicatos convocantes.

Durante media hora, las personas encerradas en esta sucursal corearon eslóganes tales como “Menos financiación para la corrupción”, “Menos Polaris”, “Valcárcel, escucha, el Foro está en lucha”, “Disolución de los paraísos fiscales”, “Más impuestos para los ricos”, y otras de similar contenido, referidas, sobre todo, a la condonación de embargos y desahucios en esta época de crisis, según una nota de la propia organización.

"La elección de esta caja de ahorros se fundamenta en que Caja Murcia, junto con otras entidades bancarias y de ahorro de la Región, es una de las que más se han significado, durante el pasado ciclo especulativo ligado a la construcción en Murcia, en la financiación de empresas constructoras que, con sus disparatados proyectos urbanísticos, han contribuido a dilapidar parte del patrimonio natural del interior y zonas costeras de la Región.

Caja Murcia ha sido la principal entidad acreedora de la empresa constructora “Polaris”, que ha inundado de resort y campos de golf parte del paisaje murciano, estando detrás, así mismo, del anunciado proyecto macrourbanístico-residencial de “Marina de Cope”, en Águilas, proyecto que en estos momentos está paralizado a la espera de las actuaciones judiciales pendientes de resolución sobre el mismo a raíz de las denuncias interpuestas por grupos ecologistas y partidos políticos de izquierda.

En este sentido, y para ejemplificar el sentido de la protesta, cuando Paco Morote, portavoz del Foro Social, se despidió de los empleados y empleadas -que habían permanecido pasivos pero expectantes y algo inquietos por la acción-, les dirigió las siguientes palabras: “Buenas tardes, y díganles a don Carlos [en alusión a Carlos Egea Krauel, director general de la entidad] que deje de financiar proyectos como el de Marina de Cope”.

La acción de protesta continuó luego, durante unos minutos, en las puertas de la entidad de ahorro, lugar en el que se repartieron octavillas conteniendo las propuestas del Foro Social para superar la crisis capitalista mundial, propuestas que defenderá en la manifestación del próximo sábado 28 en Murcia".

El PSRM pide la dimisión de la alcaldesa de Cartagena por el escándalo con los fondos de Moncloa

CARTAGENA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena pidió hoy la dimisión de la alcaldesa, Pilar Barreiro, al considerar que "es la responsable última de la adjudicación de cuatro obras del Plan E al entonces presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, Enrique Pérez Blaya".

Hace unos días, se conoció que el concejal de Seguridad y Vía Pública de este Ayuntamiento, Enrique Pérez Abellán, había puesto su cargo a disposición de la alcaldesa asumiendo "toda la responsabilidad" en la situación que se ha generado por el encargo del Consistorio a su hijo, el entonces presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, para la redacción de varios proyectos del Plan Estatal del Fondo de Inversión Local.

La portavoz socialista en Cartagena, Caridad Rives, precisó que "la orden de redacción de estos proyectos parte directamente de Alcaldía, por lo que la responsabilidad es suya", además de que "está claro que la gestión del Ayuntamiento hace aguas desde que Barreiro está atendiendo sus labores como alcaldesa a tiempo parcial".

Rives presentó las actas de las Juntas de Gobierno en las que fueron aprobados los proyectos, "y en ellas figura como asistente el edil del PP, Enrique Pérez Abellán", tras lo que agregó, en un comunicado, que "la responsabilidad no puede recaer sólo sobre este concejal".

Explicó, al respecto, que "los mandamientos de pago vienen desde la Concejalía de Hacienda, encabezada por José Cabezos, por lo que era plenamente consciente de esto". "Pérez Abellán pidió el favor, el vicealcalde Agustín Guillén dio el visto bueno, Cabezos lo firmó y la alcaldesa supervisó todo el proceso, por lo que no basta pedir disculpas, sino que debe haber dimisiones", aseveró.

A tenor de los hechos, la portavoz socialista declaró que "se ha puesto en manos de los servicios jurídicos del PSOE toda la documentación existente sobre la adjudicación de estos proyectos por los que Pérez Blaya ya ha cobrado más de 23.000 euros, ya que fueron los primeros en pasar por Tesorería".

"Anse" le gana en los juzgados a los polémicos promotores cartageneros García y Roca Meroño

CARTAGENA.- El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena ha archivado la denuncia de la empresa Salinas de La Manga SA contra la organización ecologista Anse por causar daños presuntamente en las salinas de Marchamalo en una concentración para exponer el estado de abandono de esa área protegida del Mar Menor, revela 'La Verdad'.

El 1 de agosto del 2007, activistas de Anse clavaron cruces de madera por la pérdida de especies protegidas y desplegaron dos pancartas con los lemas Las salinas se mueren, recuperación ya y Protejamos el Mar Menor.

Advirtieron de que la falta de mantenimiento (una situación que sigue a día de hoy) podía provocar su desaparición como humedal. Y expresaron sus sospechas de que había una trama para que las salinas se secaran y poder edificar. Eso a pesar de que la zona tiene varias protecciones legales.

Los ecologistas hicieron un montón pequeño de sal para evidenciar la falta de recogida de sal por parte de la empresa, de los constructores de Cartagena Mariano Roca y Alfonso García.

La compañía acusó a cinco naturalistas de romper la capa cristalizadora de las salinas, arrojar piedras y dañar un muro.

El juez concluye que no se ha certificado, porque «a las salinas acceden muchas personas, a través de la mota, que no es sino un pequeño murete de piedras que la cincunvala; que la gente suele tirar piedras a la capa de las salinas; y que a ella aceden pequeños tractores» para amontonar sal. Tampoco causaron daño las dos estacas y el arrastrar sal con una pala de hierro «con cuidado».

«Nos pusieron la denuncia a mala leche y sólo podía acabar así», destacó Pedro García. Y añadió: «Querían amedrentarnos para no denunciar una gestión negligente y graves daños ambientales».

¿Peligra también el tan cacareado Parque Científico?

MURCIA.- Bahia IT, empresa murciana de tecnologías de la información y la comunicación, era hasta hace menos de un año uno de los ejemplos de la nueva economía regional, basada en la mano de obra cualificada y en la innovación. Hoy, en cambio, sus oficinas en Espinardo carecen de corriente eléctrica y de servicio telefónico a causa de los graves problemas de liquidez que atraviesa y que le han llevado a solicitar concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

La empresa, fundada a finales del año 2006 por Manuel García Castejón, consejero delegado de la firma, llegó a tener casi un centenar de trabajadores en sus mejores momentos, que coincidieron con la presentación de un ambicioso proyecto para crear la primera factoría para la modernización de grandes sistemas de España, según recuerda 'La Verdad'.

El proyecto, que fue presentado en diciembre de 2007 por la consejera Inmaculada García, y que iba a suponer una inversión de diez millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo de alta cualificación, ha quedado finalmente en nada.

Fuentes de la plantilla de Bahia IT indicaron que la compañía les adeuda varias nóminas e incluso el pago de dietas. Las oficinas centrales en Murcia, que hace unos meses mostraban una actividad frenética, ayer se encontraban vacías.

La Verdad intentó ayer recoger las impresiones del máximo ejecutivo de la compañía, Manuel García Castejón, pero no contestó a los mensajes dejados por este diario.

Uno de los empleados lamentó ayer que la dirección «no haya dado explicaciones a los trabajadores», e indicó que la empresa deberá hacer frente a una cascada de demandas por impago de nóminas.

Bahia IT disponía de oficinas en Valencia, Baleares, Barcelona, Madrid y Santiago de Chile y había llegado a un acuerdo con la Comunidad Autónoma para instalar en el futuro Parque Científico de Murcia la factoría de modernización de grandes sistemas, que iba a poner en marcha en colaboración con Hatton Investment Group Inc. y Modern Software Technologies.

La suspensión de pagos de Bahia IT demuestra que la recesión económica, que se ha cebado especialmente en la construcción y la actividad inmobiliaria, no respeta ningún sector y ha comenzado ya a arrastrar a compañías de todo tipo aquejadas de falta de liquidez.

Según las fuentes consultadas, la gravedad de la situación de Bahia IT empezó a ser evidente a finales del pasado año. Su rápido y espectacular crecimiento pudiera estar en el origen de sus problemas. En sus primeros nueve meses de existencia ya había abierto oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma, Chile y Argentina.

Manuel García Castejón declaró en una entrevista a La Verdad en septiembre de 2007: «Tenemos la vocación de crear tecnología desde el arco mediterráneo, especialmente en Murcia, donde está nuestra sede central, y para generar innovación y riqueza aquí. Pero nuestra apuesta es por crecer rápidamente y convertir a la Región en referente».

En el Foro de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm) de mayo del pasado año, la empresa presentó una nueva aplicación informática que permitía a las personas sordas navegar por Internet sin limitación alguna. El programa, denominado SigNOW!, aprovechaba las tecnologías de la realidad virtual.

La corrupción socialista lorquina comienza a aflorar

LORCA.- «A continuación, y como parte de mis continuas denuncias sobre el mal uso del dinero público que pagamos todos los ciudadanos, le detallo con todo lujo de detalle una muestra más de lo que hace el director de la empresa pública Limpieza municipal de Lorca, Francisco Gil Eguino».

Éste es un párrafo de uno de los escritos que el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, envió a «Alcaldía, al consejero delegado de Limusa, al director de la empresa pública de limpieza, a la totalidad de los socios de la empresa [consejeros delegados], ediles y secretario general e interventor del Ayuntamiento», advirtiendo de lo que estaba sucediendo en las dependencias de la empresa pública de limpieza, según 'La Verdad'.

En uno de los últimos, con fecha de entrada en la Secretaría General del Ayuntamiento en 2007, Jacinto Parra Arcas informa de que el 14 y 18 de mayo «me personé» para practicar demanda «de varios delitos, entre ellos, el venir utilizando las dependencias de la empresa pública y todos los medios materiales y humanos de las mismas, para el desarrollo de las actividades delictivas inmobiliarias contenidas en la denuncia, así como fraude continuado a la Hacienda Pública».

Más abajo, asegura que se ha visto obligado «ante la persecución y acoso que sigo recibiendo», y que incluso ha tenido que «interponer denuncia en el Juzgado de Guardia de Lorca», con fecha 4 de junio de 2007. El escrito incluye un listado con fechas, día de la semana, lugar, forma de pago e importe de los gastos de Gil Eguino.

Los datos aportados por Parra Arcas van del 7 de enero al 21 de diciembre de 2006. La suma total asciende a 35.106,32 euros. El listado incluye toda una retahíla de comidas en distintos restaurantes de la geografía española, gastos de aparcamiento en varios aeropuertos, taxis, dietas de viajes y hoteles.

El Asador Donostiarra, El Molino, La Albufera,Las Brisas o el Café París, están entre los restaurantes donde comió. Pernoctó en el Parador de Ronda, el Palacio de Vigo o el Rey Juan Carlos I.

Llama la atención del listado, denunciado por Parra Arcas, que se pasen hasta cuatro comidas en un mismo día de un restaurante. Es el caso de Casa Candido. Según el informe, Francisco Gil firmó cuatro comidas distintas los días, viernes 24 de febrero, miércoles 4 de julio y jueves 21 de diciembre.

López Rejas afirma que no está imputado y Bancaja desmiente que lo financie en La Paz

MURCIA.- El promotor José López Rejas aseguró hoy en rueda de prensa que "no estoy imputado en el caso Peñalver, todo lo que sé lo he leído y escuchado en los medios de comunicación". De hecho, "ni la jueza ni el fiscal me han pedido, ni directa ni indirectamente, ninguna explicación o documentación sobre los hechos". Lo que pasa, continuó, es que decir que "mi persona está imputada parece que es lo que gusta".

Y es que los medios de comunicación regionales apuntan que varios proyectos de la empresa José López Rejas S.L. fueron aprobados de forma irregular por el ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio, Joaquín Peñalver, investigado por la Justicia. A pesar de ello, añadió el promotor, "ayer, a través de nuestro abogado, remitimos un escrito a la jueza, diciéndole que nos ponemos a su entera disposición para lo que estime".

Según explicó en un hotel murciano, ya que su sede en la calle Correos está en venta porque "estamos bajando costes y ese edificio era muy caro de mantener", todo arranca hace tres años a través de un escrito anónimo, un informe fantasma sobre el que está basada la denuncia hacia mi empresa, redactado por el decano del Colegio de Arquitectos, Paco Camino, mandado al fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, y que a mi me hizo llegar un medio de comunicación". Una denuncia, que a su juicio, está destinado a "intentar paralizar el proyecto de La Paz".

López Rejas presentó en la rueda de prensa un certificado del Colegio de Arquitectos, firmado por su secretario en la que "se define con nombres y apellidos todas las obras que mi empresa ha realizado en los últimos años".

De hecho, apuntó, en el escrito "no existe ninguna obra de Planeamiento presentada durante la etapa del señor Peñalver como arquitecto municipal". Aunque, "sí que existen 48 viviendas que ha firmado el estudio del hermano de Peñalver, no 600 como dice el señor Camino en su escrito fantasma", pero son viviendas "de licencia inmediata que nada tienen que ver con Planeamiento", insistió.

"Esto es una lindeza que siempre ha intentado volcar Camino a los medios de comunicación, pero es absolutamente falso y que desmiente su propio Colegio a través de su gerente, que dice que ese informe fantasma nunca ha salido del Colegio", reiteró, tras lo que manifestó "no sé en qué están pensando los arquitectos para mantener a un señor que no para de mentir y utilizar el Colegio no sé en qué provecho".

Asimismo, aclaró que las sociedades a las que hoy se hace mención fueron creadas por él. Y es que "estaba levantándose la anterior crisis y pensábamos que sería una buena idea hacer una empresa para organizar cooperativas de viviendas".

Por suerte, añadió, "esa empresa no ha hecho ninguna casa ni cooperativa, no llegó a funcionar nunca y ni llegó a tener movimiento económico". Al tiempo que atajó, "Sandra de la Puente no tiene ninguna acción de esa empresa y, hoy día, no tiene nada que ver en eso".

"Gracias a Dios nunca hicimos ninguna cooperativa, sólo fue una idea y conforme le he podido devolver la aportación que hizo se le la he devuelto", apuntó. Al hilo, aseguró que están a la espera de que se resuelva la demanda de conciliación que presentaron a Camino "en la que él contestó que eran los medios de comunicación los que mentían".

De hecho, manifestó que sólo ha realizado tres promociones con la familia Peñalver. Una en La Manga, que no llega a 100 viviendas, y otras de dos bloques de 28 y 19 viviendas en la zona de Zarandona, pero "ninguna que tuviera que pasar por Planeamiento", insistió.

Asimismo, López quiso contestar a las declaraciones de las ediles del PSOE e IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia en las que se pedían responsabilidades políticas y la revisión de expedientes del ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio. En este sentido, lamentó que María José Alarcón, sabiendo de su preparación, "haga caso de estas cosas sin al menos preguntar a la otra parte".

En el caso de Esther Herguedas, señaló, "entiendo que lleva poco tiempo en estas cosas y le falta algo de formación para poder hacer preguntas".

El proyecto de La Paz es "un proyecto en casco urbano consolidado, muy mediático, que se ha politizado mucho, y que cumple todas las ordenanzas previstas en cualquier proyecto y todas las que se le ocurren a cada uno en cada momento", aseveró.

Y es que está pendiente nuevamente de la aprobación definitiva del PERI. De todas formas, "por las noticias que tenemos, creo que puede ir al Pleno municipal del día 30 de abril, pero como siempre todo depende de la Gerencia de Urbanismo".

A partir de ahí, prosiguió, "nos queda el proyecto de reparcelación, que pueda tardar cosa de un mes, aunque la Junta de Compensación ya está firmada ante el notario y tenemos la adhesión del 90 por ciento de los vecinos y estamos dispuestos a empezar cuando nos dejen".

En cuanto a la financiación, señaló, "el proyecto de La Paz está financiado hoy, todo dependerá del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de arrancar". De hecho, la financiación está firmada, "cuando llegue el momento tendremos que ver a qué precio de salida podemos ir para que el mercado lo asuma o en qué sistema", afirmó.

El proyecto consiste en cinco torres cuyo presupuesto ronda los diez millones de euros cada uno, es decir, "50 millones de euros, a lo que hay que añadir los avales necesarios de urbanización, que garanticen la ejecución del proyecto ante el Ayuntamiento de Murcia".

López Rejas aseguró que el proyecto básico y de ejecución está redactado desde el año pasado y lo que "tiene que hacer, después de las aprobaciones, es revisarlos, ver que cumplen la ley, comprobar los avales y darnos la licencia", explicó el promotor que manifestó que su idea era que las obras comenzasen en el primer trimestre de este año, pero ahora "no sé estimar el plazo porque lo de exigir un nuevo informe no ha pasado nunca".

"Un retraso que se debe a que éste es un proyecto mediático que lleva muchas vueltas de papel, más de lo normal", lamentó.

Al hilo, mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos del barrio, y es que tenemos a 1.502 familias detrás de este proyecto. "Aquí no se ha ido nadie, seguimos adelante". De hecho, anunció que el lunes pasado tuvieron una reunión con el director general de Urbanismo y mañana con el jefe del servicio de Planeamiento de la Gerencia, "estamos trabajando como siempre".

Preguntado por si se ha puesto en contacto alguna vez con Paco Camino, el promotor indicó que "le propuse, vía email, financiar el concurso de ideas del Colegio de Arquitectos". Lo único que le pedí, añadió, "es que es que convergiera en plazo con la entrega del proyecto de Ricardo Bofill, a efectos de que si había alguna idea buena que incorporar al proyecto lo pudiéramos hacer y la fundación, que yo represento, pagaría los honorarios y el premio del proyecto".

Por último, López Rejas manifestó su deseo de que la jueza "aclare todo".

"No soy imputado pero aparezco el primero en los medios de comunicación y no tengo noticia de nada, esto es grave".

"El tiempo dejará a cada uno en su sitio", concluyó.

Bancaja lo desmiente

Bancaja no ha dado su conformidad previa a la operación de financiación del proyecto de remodelación de La Paz, ni está estudiando la propuesta de José López Rejas, ni tan siquiera ha tratado nunca este plan. Así de contundente se mostró un portavoz de la entidad bancaria que, por otro lado, manifestó que el banco "sí ha financiado otros proyectos de este constructor, aunque no podemos revelar cuáles».

Sólo unas horas antes, López Rejas había asegurado a una decena de periodistas que el proyecto estaba financiado por una entidad de crédito y preguntado acerca de cuál era, respondió que se trataba de Bancaja. De hecho el constructor tan sólo apuntó que todo dependería «del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de empezar el proyecto».

«No se trata de que yo tenga dinero sino de que los tengan los bancos», afirmó.

Derecho de rectificación

D. Francisco Porto Oliva, en su condición de Teniente de Alcalde de Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en ejercicio del derecho de rectificación que le reconoce la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo y en relación con la noticia publicada en La Verdad, de Murcia el día 26 de marzo de 2009, titulada «El entramado de la Gerencia de Murcia quería controlar todo el urbanismo regional» ha solicitado la publicación de las siguientes manifestaciones:

«El Ayuntamiento de Murcia, y la Gerencia como organismo autónomo son instituciones que no han tenido ni tienen relación con las actividades privadas del ex jefe de Planeamiento, Sr. Peñalver, ni con ninguno de los otros posibles implicados en los presuntos delitos que se imputan como así se desprende del desarrollo de la noticia publicada, que es, según se afirma, transcripción de la denuncia formulada por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de la Región de Murcia, no admitiendo la existencia de un entramado en la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia».

Murcia es la CC.AA que concentra más fincas con hipotecas constituidas en enero

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que concentró un mayor número de fincas con hipotecas constituidas en enero por cada 100.000 habitantes, con un total de 449, según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación interanual experimentó un descenso en Murcia del 49,4 por ciento, 10,7 puntos superior a la caída de la media nacional (-38,7 por ciento). Asimismo, la Región ocupa el tercer lugar en lo que se refiere a la Comunidad que tuvo un mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas por cada 100.000 habitantes, con 133.

En cuanto al número de hipotecas canceladas por cada 100.000 habitantes, en la Región ascendió en enero a 205, frente a las 123 registradas en el conjunto del país, por lo que se sitúa en el primer puesto con respecto al resto de autonomías.

El importe medio hipotecado en la Región de Murcia alcanzó en enero los 144.450 euros, 6.089 euros por debajo de la media nacional (150.539), lo que supone un aumento interanual del 22,7 por ciento.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas fue de 4.998, mientras que el capital ascendió a 721.959 euros. Del total, 4.668 fueron urbanas, cuyo importe ascendió a 621.275 euros.

En relación con estas fincas urbanas, de las 4.668, un total de 3.446 fueron viviendas, con un capital invertido de 412.139 euros; mientras que 147 fueron solares y 1.075 corresponden a construcciones urbanas.

Según la entidad prestamista, los bancos prestaron 179.891 euros para las hipotecas de 967 viviendas, mientras que las cajas de ahorro financiaron 385.705 euros para 3.182 viviendas. El resto corresponde a otras entidades.

Respecto a las fincas canceladas registralmente por la naturaleza, el número ascendió a 2.277, de las que 91 fueron rústicas, 1.540 viviendas, 76 solares y 570 corresponden a otras urbanas.

El Gobierno no comparte algunas cuestiones del manifiesto que firmaron CC AA productoras de tomate

MADRID.- La secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, aseguró hoy que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no comparte algunas de las cuestiones que, a su juicio, plantea el manifiesto en defensa del tomate que firmaron los responsables de las cuatro comunidades productoras, como las que, según sus palabras, hacen referencia a que "no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos".

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".

Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.

Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo.

Por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.

Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".

El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal.

Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.

La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.

Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.

Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ensalzó las "buenas intenciones" que tiene el Gobierno pero, según dijo, éste ofrece "poca garantía" de que el Gobierno vaya a defender los intereses del sector hortofrutícola. Además, dudó de si el Ministerio explicó al consejero andaluz del ramo, Martín Soler, esta postura pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con lo que (él) traslada al sector en Almería".

La CAM emitirá cédulas hipotecarias en 2009 por un importe de hasta 1.000 millones de euros

VALENCIA.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó hoy la participación de esta entidad en el programa de emisiones de Titulización de Activos para el lanzamiento de cédulas hipotecarias, durante el ejercicio 2009, por importe de hasta 1.000 millones de euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Durante la sesión ordinaria, correspondiente al mes de marzo y celebrada en el marco de Forinvest, en Valencia, el consejo aprobó la titulización de activos mediante lanzamiento de cédulas hipotecarias para este año por un importe máximo de 1.000 millones de euros, tras tener "conocimiento de que CAM es un emisor consolidado en el mercado de cédulas hipotecarias, un instrumento útil y ágil para la generación de activos líquidos".

Además, también se presentaron los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Caja Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008, elaborados por KPMG Auditores S.L.

En ambos informes la firma auditora expresa su "opinión favorable" a las cuentas del grupo CAM.El órgano rector de la caja aprobó también el Informe Anual de Autoevaluación del Capital correspondiente al ejercicio 2008, expuesto por eel director general, Roberto López Abad.

Por otro lado, con la reunión de su Consejo de Administración en Forinvest, CAM "muestra su apoyo a este certamen pionero en el que, por segundo año consecutivo, se dan cita los principales representantes del sector financiero y empresarial de nuestro país para analizar las cuestiones de mayor actualidad en el mundo de las finanzas".

CAM ha sido reconocida en la presente edición de Forinvest con el Premio al Mejor Producto Financiero por sus cuotas participativas y, de igual manera, el presidente de CAM, Vicente Sala, también ha sido distinguido con el Premio a la Trayectoria Profesional.

Unos vándalos atacan la casa del ex consejero delegado del Royal Bank of Scotland

LONDRES.- Unos vándalos destrozaron ayer miércoles las ventanas y dañaron un coche en la casa del antiguo consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, que desató la ira del público al negarse a renunciar a su elevado fondo de pensiones después de que el Gobierno rescatara el banco.

Un grupo desconocido llamado "Los jefes de los bancos son unos delincuentes" reivindicó el ataque.

Goodwin dejó el banco el pasado octubre después del rescate gubernamental con una pensión anual de unas 700.000 libras (unos 761.000 euros).

Después del ataque, que tuvo lugar de madrugada, un grupo de protesta envió un correo electrónico a los periódicos locales asumiendo la autoría y afirmando: "Esto es solo el inicio".

La policía en Edimburgo confirmó que el comunicado fue enviado por una mujer que decía llamarse Moira McLeod desde la dirección bankbossesarecriminals@mail.com.

"Estamos enfurecidos porque los ricos como él se están pagando enormes cantidades de dinero y viven lujosamente, mientras que la gente normal está quedándose en paro, desamparados y sin hogar", indicó el mensaje. "Esto es un delito. Los jefes de los bancos deberían ser encarcelados. Esto es solo el inicio".

Nadie ha sido arrestado. Un portavoz policial no quiso decir si Goodwin y su familia estaban en la mansión.

Tres ventanas de la planta baja resultaron destrozadas, así como la ventana trasera y la ventanilla del asiento del copiloto de un Mercedes S600 aparcado en la parcela, según la BBC.

La negativa de Goodwin a devolver la pensión, a pesar de haber llevado al banco al mayor fracaso empresarial en la historia de Reino Unido desató la ira pública y política.

El primer ministro, Gordon Brown, ha calificado el pago de "inaceptable" y el Gobierno ha dicho que está estudiando adoptar medidas legales para recuperar el dinero.

Goodwin, de 50 años, ha tratado de mantenerse en un segundo plano desde que el mes pasado se conocieron los detalles de su fondo de pensiones. Ha sido criticado por políticos y en varios medios de comunicación.

Para la próxima semana se han convocado manifestaciones anticapitalistas en Londres con motivo de la cumbre del G-20, y por Internet circulan panfletos que dicen "asaltar los bancos".

En un breve comunicado, la policía de Lothian and Borders dijo: "Podemos confirmar que acudimos a una dirección en Oswald Road a las 4:35 a.m. y que hay una investigación en marcha. Pedimos testigos".

RBS, que tiene su sede central en Edimburgo y ahora es propiedad mayoritaria del Gobierno, ha dicho que está proporcionando la seguridad del domicilio de Goodwin en la ciudad con un coste de alrededor de 290 libras al mes.

"Es una práctica normal de RBS para los altos cargos que se han marchado", explicó en un comunicado.

El Gobierno también ha sido duramente criticado por permitir que Goodwin dejara el banco con una pensión tan generosa después de tener una pérdida de 24.100 millones de libras en 2008, las más elevadas en la historia empresarial británica.

Los abusos urbanísticos en España pueden llevar a partir de hoy a la congelación de fondos por la Unión Europea

ESTRASBURGO.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos.

Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

Bajo San Esteban se concentra la mayor arqueología árabe de la ciudad de Murcia

MURCIA.- La mayor concentración de arqueología árabe de la ciudad de Murcia se ubica, al parecer, bajo el palacio y jardín de San Esteban, según el arqueólogo cartagenero y profesor de la Universidad de Murcia, Javier García del Toro, que ha evacuado al respecto el siguiente informe.

"ARQUEOLOGÍA MONUMENTAL ÁRABE (califal, Almorávide y Almohade) soterrada bajo el actual jardín de San Esteban, que considero ZONA DE ALTA CONCENTRACIÓN ARQUEOLÓGICA

Podría ser la zona murciana de MÁS CONCENTRACION ARQUEOLOGICA ARABE MONUMENTAL Y PALACIAL

MURALLA
ANTEMURALLA
PUERTA
PALACIOS DE DOS PISOS ARABES
PALACIOS CRISTIANOS
DOS MEZQUITAS
100 TIENDAS
MERCADOS DE SAL

En mi INFORME sobre la arqueología de San Esteban de Diciembre de 2005, lo titulaba DE PROSPECTIVA ARQUEOLÓGICA.

A día de hoy y dado la EXCAVACION Y SOTERRAMIENTO, el pasado 2008 de UN PALACIO ALGORFA ARABE CON MUJROS POLICROMADOS bajo el actual PALACIO DE SAN ESTEBAN (vid. la infografía de La Verdad, de este tipo son los PALACETES ALGORFAS DE DOS PISOS, la superior para gineceo de S. Esteban)

HE DE HABLAR DE LA REALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO DEL JARDÍN DE SAN ESTEBAN

Pormenorización de restos arqueológicos del Jardín de San Esteban y su ubicación en el propio jardín y calles aledañas:

1.- RESTOS DE BASAMENTOS PERIMETRALES DE LA IGLESIA JESUÍTICA DE SAN ESTEBAN DEL SIGLO XVI

2.-Posibilidad de MURALLA en ese mismo palacio de San Esteban,dado que durante toda la Edad Media y Moderna,según doc¡umentación escrita en el Archivo municipal,SE CONCEDÍAN A PARTICULARES LIENZOS DE MURALLA ÁRABE PARA CONSTRUCCIONES, AHORRANDOSE ASÍ UN MURO DE CARGA(es el caso del Ayuntamiento, construido sobre (sic)

3.- PALACIOS ÁRABES DE DOS PISOS O ALGORFAS muy numerosas !!!YA EXCAVADA Y SOTERRADA UNA CON MUROS POLÍCROMOS!!!/ (1)

Texto del siglo XIII alfonsino del Archivo de Murcia sobre este lugar:.

4.- MURALLAS INTERIOR Y EXTERIOR de La Arrixaca Nueva, árabe del sigloXIII

5.-PORTILLOS O PUERTAS de esta muralla especialmente en la CALLE DEL PORTILLO DE SAN ANTÓN.!!!que por eso lleva ese nombre!!!(y en esta calle va una SALIDA DEL PARKING)

6.-!!!DOS MEZQUITAS en el perímetro de San Miguel hacia S. Estean y a Los Pasos de Santiago hacia S. Esteban. PUES ERA COSTUMBRE SANTIFICAR Y CRISTIANIZAR LAS SARRACENAS MEZQUITAS, ENCASQUETÁNDOLES ENCIMA UNA IGLESIA
y en los documentos alfonsinos del siglo XIII del Ayuntamiento ......

7.-MERCADOS Y TIENDAS VARIAS ARABES:
Documentos de Alfonso X:<100> en la colación de Santiago(Pasos de Santiago actual) .

8.- PALACIOS CRISTIANOS siglo XIII
ESTE POPULOSO ARRABAL DE SAN MIGUEL Y SANTIAGO(San Esteban) FUE ELEGIDO COMO LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS PERSONAJES DE MAYOR ALCURNIA EL INFANTE DON FERNANDO DE LA CERDA EL OBISPO ELECTO DON GARCÍA MARTINEZ, ETC, ETC, ETC".

Javier García del Toro

(1) Supervision arqueológica en el palacio Norte del Palacio de San Esteban de Murcia.

XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la R. de Murcia,2008.- pags. 349 a 356

Nota: Se encontró un PALACIO ARABE CON MUROS POLÍCROMOS, y SE TAPÓ para instalar las cunas de agua potable del Palacio de la Presidencia.

El Parlamento Europeo votará hoy el informe que pide congelar los fondos europeos a España si no acaba con abusos urbanísticos

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo votará hoy un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas

La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.

También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.

La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.

Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.

En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

La Fiscalía de Murcia desarticula una presunta gran trama de corrupción urbanística

MURCIA.- Un control casi total sobre todo el ladrillo que se mueve en la Región. Tal era, en opinión de la Fiscalía de Murcia, la pretensión «del entramado de intereses» que se habría forjado en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia: «controlar la actividad urbanística de la Región en beneficios de unas cuantas personas», recuerda hoy 'La Verdad'.

Al frente de dicho entramado, y como eje en torno al cual se habría articulado el citado «entramado de intereses», se situaría el jefe del Servicio de Planeamiento del Consistorio, el funcionario ahora en excedencia Joaquín Peñalver Motas (imagen superior).

Así se hace constar en la denuncia que la Fiscalía Superior presentó el 21 de marzo del 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia -el documento está en poder de La Verdad- y cuyo contenido se resume a continuación.

EL PRESUNTO CEREBRO

Joaquín Peñalver Motas, arquitecto, desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la Primera Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. El 15 de enero de 1999 se le adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento.

El 9 de marzo del 2006, ocho días antes de que la Fiscalía incoara las diligencias informativas nº 76/06, «en averiguación de presuntas irregularidades en su gestión, el señor Peñalver pasa a la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de sus hijos menores de tres años».

El fiscal recuerda que «durante el tiempo que Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal, estuvo sometido al régimen de incompatibilidades, no pudiendo por tanto ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estaba destinado».

Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».

UN DESPACHO EN LA DIANA

«A tal fin -prosigue la denuncia-, Sandra de la Puente fundó en escritura, el 24 de diciembre del 2004, junto con su suegro Joaquín Peñalver Ruiz, y su cuñado, Francisco José Peñalver Motas (hermano del jefe de Urbanismo), ambos arquitectos, la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.».

«La finalidad de la participación de Sandra de la Puente en esta sociedad (no olvidemos que su profesión es economista) era servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa. Ésta tenía como principal activo la presencia de aquél (Joaquín Peñalver) al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados».

«Los tres socios -la mujer, el padre y el hermano de Peñalver-, convencidos de su impunidad, decidieron colgar en internet una página web en la que anunciaban sus servicios, los profesionales que formaban su plantilla, los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa (el fiscal ofrece una amplia relación), y sus principales clientes, entre los que se encuentran las empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región».

EL 'SOCIO' LÓPEZ REJAS

«En los listados de visados facilitados por el Colegio de Arquitectos de Murcia, a solicitud de esta Fiscalía, se observa que un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio de Murcia aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L., y entre las empresas destaca, por su número, la mercantil José López Rejas S.L.».

A este respecto, el fiscal destaca que «el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, José López Rejas (en la imagen) le vende a la esposa de Peñalver, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria. El 27 de julio del 2004 también le vendió a Sandra de la Puente 1.472 participaciones de la mercantil Nou Vivienda Joven Murcia S.L., de la que López Rejas poseía 3.006 participaciones. ¿Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?».

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

«El 14 de julio del 2003, (Sandra de la Puente) adquiere, por compra a José Sánchez Marín, 25 participaciones de la mercantil Urbasa Mediterránea S.L.. Con posterioridad se hace con el 50% de la sociedad».

«Urbasa se convertirá en la principal fuente de ingresos de Sandra de la Puente e, indirectamente, de Joaquín Peñalver, al estar casados en régimen de participación en ganancias. La sociedad es titular de una finca en El Esparragal, valorada en 1,1 millones de euros; de una finca rústica en Cabezo de Torres, de 52.082 m2; otra finca rústica en la Sierra de Carrascoy, con una superficie de 1,2 millones de m2, y el 55% de una finca de 2,6 millones de m2, llamada Columbares, en Cañadas de San Pedro (Murcia)».

UNA SOCIEDAD 'CONSEGUIDORA'

«Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».

El fiscal señala, a tal respecto, que Urbasa vende al promotor Félix García Ripoll un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas. En la escritura se hace constar que «la finca se adquiere por su condición esencial de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le reconocerá un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo.

Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».

En base a ello, el fiscal considera que «el negocio que se realiza no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, Joaquín Peñalver, jefe del Departamento de Planeamiento Urbanístico. Si la gestión ante el Ayuntamiento prospera, el precio del servicio será de 1,2 millones. Si no prospera -cosa difícil, ya que todo queda en casa-, el precio de la gestión será de 450.000 euros».

«A través de Urbasa, Sandra de la Puente logrará tener participación oculta en otras sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria y urbanística como NF Desarrollos S.L. y Mursiya Golf S.L.».

«El 4 de mayo del 2006, conocedora por la prensa de la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, Sandra de la Puente decide finalizar su participación en Urbasa y liquidar patrimonio».

EL PODER DE LOS 'NARANJITOS'

«Tal era el número de proyectos presentados al visado por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban».

«Para evitar el control del Colegio de Arquitectos, que ya había recibido quejas por el monopolio en que se estaba erigiendo la citada mercantil y sus colaboradores, el despacho empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».

FACTURANDO A SU FAMILIA

«Como indica la Agencia Tributaria, desde el año 2002 al 2005, periodo en que Joaquín Peñalver era jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, éste ha venido cobrando de distintas empresas, destacando los 513.863 euros (más de 80 millones de pesetas) que recibe en el 2005 de la empresa Peñalver Arquitectos». Esto es, el jefe de Planeamiento habría facturado sumas muy abultadas a su propia familia por servicios no especificados en la denuncia.

«LAS COSAS NO VAN MAL»

«Como las cosas no funcionaban mal, la familia Peñalver decide en enero del 2004 crear otra mercantil dedicada a la actividad urbanística y así constituye Titobio S.L.. Entre las operaciones que lleva a cabo la citada empresa familiar figura el proyecto Plan Parcial La Cerca de Arriba, firmado por el arquitecto Jesús Zafra, colaborador de Peñalver Arquitectos y socio de Sandra de la Puente. Ese proyecto deberá recibir el dictamen favorable de Joaquín Peñalver. Sandra de la Puente gana al menos 50.088 euros, más lo que gana Titobio y sus familiares, con una operación urbanística que ese mismo mes se presentará como proyecto al Servicio de Planeamiento que dirige Joaquín Peñalver».

«De todo lo antedicho -concluye el fiscal- se deduce, a nuestro criterio, la existencia de un entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, para controlar la actividad urbanística de la Región en beneficio de unas cuantas personas».

El fiscal considera que de los hechos denunciados se deducen indicios de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.

Denunciados por el fiscal

Joaquín Peñalver Motas: Arquitecto y jefe del Servicio de Planeamiento.

Sandra de la Puente: Economista y esposa del anterior.

José López Rejas: Promotor y socio de Sandra de la Puente.

Antonio José Sánchez Marín: Promotor y socio de Sandra de la Puente.

Renato de Noce: Ingeniero de Caminos, socio de Sandra de la Puente y colaborador de Peñalver Arquitectos.

Jesús Zafra Serrano: Arquitecto, socio de Sandra de la Puente y colaborador de Peñalver Arquitectos

Esteban Martínez Abarca Pastor: Socio de los Peñalver en Titobio S.L.

Joaquín Peñalver Ruiz: Arquitecto, padre de Joaquín Peñalver Motas y fundador de Peñalver Arquitectos.

Francisco J. Peñalver Motas: Arquitecto, hermano de Joaquín Peñalver Motas y fundador de Peñalver Arquitectos.

Francisco Peñalver Ruiz: Tío de Joaquín Peñalver y socio de Titobio S.L.

María Dolores Vázquez Sánchez: Suegra de Peñalver.

Alexis de la Puente Vázquez: Hermano de Sandra de la Puente.

Tomás de la Puente Filoso: Familiar de Sandra de la Puente.

Félix García Ripoll: Promotor.

Puertos del Estado ve viable la dársena de El Gorguel

CARTAGENA.- Puertos del Estado considera viable la construcción de la nueva dársena de contenedores en El Gorguel, según anunció el delegado del Gobierno. El Ayuntamiento de La Unión se va a dirigir a este ente público para mostrar su rechazo a este proyecto, según avanzó Onda Regional.

El delegado del Gobierno, Rafael González, que reiteró sus dudas acerca de la incompatibilidad de esta infraestructura con la regeneración de la bahía de Portmán, reconoce que Puertos del Estado le ha comunicado que considera viable el proyecto, siempre a expensas de los estudios y permisos medioambientales.

Sigue el culebrón municipal

Por otra parte, la asociación de vecinos Ribalta de Mar de Cristal responsabiliza al ayuntamiento de Cartagena "de permitir el presunto fraude en las cuentas de la Entidad Colaboradora", señaló en un comunicado su presidente José Castellano Blaya.

El representante vecinal reprochó al Consistorio que haya convertido este organismo "en una empresa particular en manos de miembros del Partido Popular que aprovechan el Estatuto Oficial de la Entidad para coaccionar, chantajear, presionar y explotar a 1.200 familias".

En su denuncia, esta la asociación asegura que en la contabilidad de la Entidad "faltan por justificar 450.000 euros en cinco años. Creemos que más porque el presupuesto se compone de doce partidas y sólo se han analizado cuatro", dijo.

El pleno municipal celebrado el lunes rechazo una moción de la oposición que pedía una comisión de investigación para analizar las cuentas de la entidad "porque el caso está en los tribunales", señaló el portavoz del PP.

En su denuncia la asociación señalaba entre otros al edil Enrique Pérez Abellán, quien se ha querellado contra Ribalta.

Precisamente el concejal de Seguridad y Vía Pública se enfrenta a un periodo de investigación por parte de los técnicos municipales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento respecto a la legalidad de un procedimiento de contratación de su hijo en el que podría haber otros cuatro pagos.

Que sumarían algo más de 20.000 euros, por la dirección de las obras referidas a los proyectos que redactó por encargo directo con cargo al Plan ‘E’.

Las pesquisas en marcha forman parte de las gestiones que se están llevando a cabo, por orden de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para dilucidar si el concejal, que el pasado lunes puso a el cargo a disposición de la primera edil, sigue o no en su puesto.

Fuentes municipales de toda solvencia indicaron a 'El Faro' que la redacción de los cuatro proyectos que cayeron en manos de Enrique Pérez Blaya, de manera directa, no era lo único que habría sido encomendado por este procedimiento a esta misma persona.

Así, habría al menos cuatro expedientes más, separados, en los que figurarían facturas a favor del ya ex presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho e hijo del edil de Vía Pública, por trabajos realizados el año pasado. Estas facturas sumarían algo más de 20.000 euros totales, estarían referidas a las mismas obras cuyos proyectos ya han sido denunciados y habrían sido contabilizadas a principios del mes de diciembre.

Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas, la investigación interna estaría más ligada a dilucidar la legalidad de todo el procedimiento que a saber a cuánto ascienden los contratos.

Si se confirmara que hubo estos ocho pagos, la suma alcanzaría los 50.000 euros, ya que a los 28.000 de los que ya se viene hablando por la redacción de proyectos habría que añadir ahora al menos otros 20.000 por la dirección de las obras correspondientes. La separación de facturas hubiera favorecido el encargo directo y sin fiscalización técnica alguna.

Desde Alcaldía aseguraron que la decisión a tomar sobre la continuidad de Pérez Abellán deberá esperar. Así las cosas “quien garantice la continuidad o la salida del edil del Gobierno municipal, se quiere quedar con los periodistas”, según las mismas fuentes.

Enrique Pérez Blaya se dio de alta como autónomo el pasado noviembre, un mes antes de que venciera el plazo dado por el Ministerio para que el Ayuntamiento enviase a la Delegación del Gobierno todos los proyectos del Plan E que para Cartagena supone una inversión de 37 millones de euros, revela hoy 'La Opinión'.

Además, se da la circunstancia de que el domicilio fiscal de la empresa de Pérez Blaya es el mismo que el del concejal situado en el centro de la ciudad, señalaron ayer fuentes consultadas por esta redacción.

El hijo del edil percibirá los 52.000 euros como pago a un trabajo que le fue adjudicado gracias a que su padre lo enchufó como profesional ingeniero de Caminos, tal y como el propio Pérez Abellán admitió el lunes en su única comparecencia pública en la que puso su cargo a disposición de la alcaldesa para que sea ésta quien decida si lo cesa o no.

Los citados proyectos se referían a la adecuación y pavimentación de calles en Los Barreros, obra presupuestada en 190.000 euros; y en Cuatro Santos, por 92.000 euros; el arreglo de varias calzadas en Los Dolores, por más de 247.000 euros; y la renovación de servicios urbanísticos y pavimentación en El Llano del Beal, por 300.000 euros.

"Por la redacción de los cuatro proyectos le corresponden 23.358,92 euros incluido el IVA y por la dirección de las cuatro obras otros 28.323,16 euros", señaló el portavoz del Gobierno, Joaquín Segado, quien añadió que el decreto del Fondo de Inversión "señala de forma expresa que los proyectos y direcciones de obras deben ser financiados por los Ayuntamientos. Uno de los proyectos está ejecutado y el resto están en marcha.

No se tuvo en cuenta su experiencia "sino su capacitación profesional", añadió. Mientras Pérez Abellán y el vicealcalde, Agustín Guillén no abren la boca ni cogen el teléfono, Barreiro está pendiente de los informes sobre la legalidad del proceso y la dimisión del edil.

En la Alcaldía están convencidos de la legalidad de los contratos porque cada uno de ellos tiene un importe inferior a 18.000 euros y, además, Pérez Blaya no ocupa un cargo público electo (no fue elegido en las urnas por los ciudadanos).

La ley del silencio impera en el gobierno y el PP, y el portavoz del Ejecutivo, Joaquín Segado, defiende que «el gobierno está totalmente unido y fuerte». Pero 'La Verdad' ha constatado un creciente malestar con Pérez Abellán. Ediles, cargos y militantes del PP consideran que ha sido «innecesario y poco valiente» poner en el disparadero a Barreiro y al resto del gobierno con una crisis que «podría haber evitado» de dos formas.

Una habría sido dar la cara el primer día en lugar de dejar que lo hiciera el vicealcalde y coordinador del Plan ZP, Agustín Guillén; la otra, presentando su dimisión para no «desgastar» a Barreiro al «forzarla a ganar tiempo para decidir» si lo destituye por una cuestión ética y de imagen de su gobierno, o ratificarlo porque ha pedido perdón y no hay reproche legal.

Tras catorce años en el equipo de Pilar Barreiro, el concejal Enrique Pérez Abellán está en la picota y su cargo está ahora en manos de la alcaldesa de Cartagena. Ante esta situación y al grito de 'Sálvese quien pueda', los presidentes de las juntas vecinales no se mojan para defender al que ha sido su jefe más directo en las tres últimas legislaturas como edil de Descentralización, según percibe 'La Opinión'.

Uno de sus más fieles amigos Pedro Obradors, presidente de la Junta de La Palma, señaló: "Somos compañeros y no quiero pronunciarme. Apoyo lo que mi partido decida". Mucho más elocuente fue el presidente de la Junta de Isla Plana, José Mendoza, quien dijo: "Para mí es un caballero, pese a ser de otro partido. Ha cometido un error porque no pensó en las consecuencias".

Otros como el presidente de La Aljorra o el de Molinos Marfagones optaron por no pronunciarse. Sin embargo, el presidente de Alumbres, Juan Pedro Torralba, apostilló: "Yo tengo claro que en mi Junta si yo tengo una empresa no la voy a poner a trabajar en mi diputación".

El Consejo Jurídico arremete contra las supuestas ilegalidades de la Consejería de Educación

MURCIA.- El Gobierno regional recibió ayer un tirón de orejas del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, durante el acto de presentación de la memoria de 2008 de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. El presidente del Consejo, Mariano García Canales, recordó durante el acto la importancia de respetar el principio de legalidad en la gestión pública, en referencia a los reiterados incumplimientos cometidos por la Comunidad Autónoma en la contratación pública, en especial por parte de la Consejería de Educación.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, asistió al acto celebrado en la sede del Consejo Jurídico, pero al final del mismo prefirió no hacer comentarios sobre unos hechos cometidos en la etapa de su antecesor, Juan Ramón Medina Precioso, según 'La Verdad'.

La memoria del Consejo Jurídico de 2008 hace mención especial, en el capítulo de observaciones y sugerencias, a los seis dictámenes aprobados por unanimidad sobre obras contratadas por la Consejería de Educación y en los que se reprueban las «ocupaciones totales o parciales de obras, realizadas al margen de los requisitos legales (...), y siempre prescindiendo de la participación del Interventor».

La memoria alude también al caso de «la contratación verbal de la red informática y cuadros eléctricos de un instituto», y al que, como ya informó La Verdad, el Consejo Jurídico se refirió en uno de sus dictámenes como «la vulneración total de la normativa que regula la contratación administrativa».

El órgano consultivo apunta en la memoria de 2008 sobre las ilegalidades cometidas por la Consejería de Educación que «el cúmulo de incumplimientos observado, impropio del carácter profesional de la Administración, no puede ser justificado ni amparado por los titulares de los órganos directivos, a quienes compete salvaguardar el principio de legalidad».

Estos incumplimientos, sin embargo, no son exclusivos de Educación. El informe del Consejo Jurídico informa de la aprobación durante 2008 de 15 dictámenes «sobre obligaciones contraídas sin fiscalización previa»; en 13 de ellos «la infracción se había cometido en un procedimiento contractual, y, de estos últimos, 6 corresponden a las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación.

El órgano recomienda también «hacer un uso moderado de la potestad de modificación del contrato», al existir el riesgo de «articular auténticos nuevos contratos con fraude del principio licitatorio».

El Consejo Jurídico emitió 219 dictámenes el pasado año, un 21% más que en 2007, y recibió 223 expedientes con solicitud de dictamen, de los que la mayoría (70,8%) eran casos de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, que presidió el acto, destacó la importancia de la labor del Consejo Jurídico como garante de la legalidad.