MURCIA.- El Gobierno regional recibió ayer un tirón de orejas del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, durante el acto de presentación de la memoria de 2008 de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. El presidente del Consejo, Mariano García Canales, recordó durante el acto la importancia de respetar el principio de legalidad en la gestión pública, en referencia a los reiterados incumplimientos cometidos por la Comunidad Autónoma en la contratación pública, en especial por parte de la Consejería de Educación.
El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, asistió al acto celebrado en la sede del Consejo Jurídico, pero al final del mismo prefirió no hacer comentarios sobre unos hechos cometidos en la etapa de su antecesor, Juan Ramón Medina Precioso, según 'La Verdad'.
La memoria del Consejo Jurídico de 2008 hace mención especial, en el capítulo de observaciones y sugerencias, a los seis dictámenes aprobados por unanimidad sobre obras contratadas por la Consejería de Educación y en los que se reprueban las «ocupaciones totales o parciales de obras, realizadas al margen de los requisitos legales (...), y siempre prescindiendo de la participación del Interventor».
La memoria alude también al caso de «la contratación verbal de la red informática y cuadros eléctricos de un instituto», y al que, como ya informó La Verdad, el Consejo Jurídico se refirió en uno de sus dictámenes como «la vulneración total de la normativa que regula la contratación administrativa».
El órgano consultivo apunta en la memoria de 2008 sobre las ilegalidades cometidas por la Consejería de Educación que «el cúmulo de incumplimientos observado, impropio del carácter profesional de la Administración, no puede ser justificado ni amparado por los titulares de los órganos directivos, a quienes compete salvaguardar el principio de legalidad».
Estos incumplimientos, sin embargo, no son exclusivos de Educación. El informe del Consejo Jurídico informa de la aprobación durante 2008 de 15 dictámenes «sobre obligaciones contraídas sin fiscalización previa»; en 13 de ellos «la infracción se había cometido en un procedimiento contractual, y, de estos últimos, 6 corresponden a las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación.
El órgano recomienda también «hacer un uso moderado de la potestad de modificación del contrato», al existir el riesgo de «articular auténticos nuevos contratos con fraude del principio licitatorio».
El Consejo Jurídico emitió 219 dictámenes el pasado año, un 21% más que en 2007, y recibió 223 expedientes con solicitud de dictamen, de los que la mayoría (70,8%) eran casos de responsabilidad patrimonial de la Administración.
La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, que presidió el acto, destacó la importancia de la labor del Consejo Jurídico como garante de la legalidad.
1 comentario:
¿Pero qué tirón de orejas? ¿Quién puso al precioso Medina y le consitió todo esto? Valcárcel, dimisión.
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