Puertos del Estado ve viable la dársena de El Gorguel

CARTAGENA.- Puertos del Estado considera viable la construcción de la nueva dársena de contenedores en El Gorguel, según anunció el delegado del Gobierno. El Ayuntamiento de La Unión se va a dirigir a este ente público para mostrar su rechazo a este proyecto, según avanzó Onda Regional.

El delegado del Gobierno, Rafael González, que reiteró sus dudas acerca de la incompatibilidad de esta infraestructura con la regeneración de la bahía de Portmán, reconoce que Puertos del Estado le ha comunicado que considera viable el proyecto, siempre a expensas de los estudios y permisos medioambientales.

Sigue el culebrón municipal

Por otra parte, la asociación de vecinos Ribalta de Mar de Cristal responsabiliza al ayuntamiento de Cartagena "de permitir el presunto fraude en las cuentas de la Entidad Colaboradora", señaló en un comunicado su presidente José Castellano Blaya.

El representante vecinal reprochó al Consistorio que haya convertido este organismo "en una empresa particular en manos de miembros del Partido Popular que aprovechan el Estatuto Oficial de la Entidad para coaccionar, chantajear, presionar y explotar a 1.200 familias".

En su denuncia, esta la asociación asegura que en la contabilidad de la Entidad "faltan por justificar 450.000 euros en cinco años. Creemos que más porque el presupuesto se compone de doce partidas y sólo se han analizado cuatro", dijo.

El pleno municipal celebrado el lunes rechazo una moción de la oposición que pedía una comisión de investigación para analizar las cuentas de la entidad "porque el caso está en los tribunales", señaló el portavoz del PP.

En su denuncia la asociación señalaba entre otros al edil Enrique Pérez Abellán, quien se ha querellado contra Ribalta.

Precisamente el concejal de Seguridad y Vía Pública se enfrenta a un periodo de investigación por parte de los técnicos municipales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento respecto a la legalidad de un procedimiento de contratación de su hijo en el que podría haber otros cuatro pagos.

Que sumarían algo más de 20.000 euros, por la dirección de las obras referidas a los proyectos que redactó por encargo directo con cargo al Plan ‘E’.

Las pesquisas en marcha forman parte de las gestiones que se están llevando a cabo, por orden de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para dilucidar si el concejal, que el pasado lunes puso a el cargo a disposición de la primera edil, sigue o no en su puesto.

Fuentes municipales de toda solvencia indicaron a 'El Faro' que la redacción de los cuatro proyectos que cayeron en manos de Enrique Pérez Blaya, de manera directa, no era lo único que habría sido encomendado por este procedimiento a esta misma persona.

Así, habría al menos cuatro expedientes más, separados, en los que figurarían facturas a favor del ya ex presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho e hijo del edil de Vía Pública, por trabajos realizados el año pasado. Estas facturas sumarían algo más de 20.000 euros totales, estarían referidas a las mismas obras cuyos proyectos ya han sido denunciados y habrían sido contabilizadas a principios del mes de diciembre.

Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas, la investigación interna estaría más ligada a dilucidar la legalidad de todo el procedimiento que a saber a cuánto ascienden los contratos.

Si se confirmara que hubo estos ocho pagos, la suma alcanzaría los 50.000 euros, ya que a los 28.000 de los que ya se viene hablando por la redacción de proyectos habría que añadir ahora al menos otros 20.000 por la dirección de las obras correspondientes. La separación de facturas hubiera favorecido el encargo directo y sin fiscalización técnica alguna.

Desde Alcaldía aseguraron que la decisión a tomar sobre la continuidad de Pérez Abellán deberá esperar. Así las cosas “quien garantice la continuidad o la salida del edil del Gobierno municipal, se quiere quedar con los periodistas”, según las mismas fuentes.

Enrique Pérez Blaya se dio de alta como autónomo el pasado noviembre, un mes antes de que venciera el plazo dado por el Ministerio para que el Ayuntamiento enviase a la Delegación del Gobierno todos los proyectos del Plan E que para Cartagena supone una inversión de 37 millones de euros, revela hoy 'La Opinión'.

Además, se da la circunstancia de que el domicilio fiscal de la empresa de Pérez Blaya es el mismo que el del concejal situado en el centro de la ciudad, señalaron ayer fuentes consultadas por esta redacción.

El hijo del edil percibirá los 52.000 euros como pago a un trabajo que le fue adjudicado gracias a que su padre lo enchufó como profesional ingeniero de Caminos, tal y como el propio Pérez Abellán admitió el lunes en su única comparecencia pública en la que puso su cargo a disposición de la alcaldesa para que sea ésta quien decida si lo cesa o no.

Los citados proyectos se referían a la adecuación y pavimentación de calles en Los Barreros, obra presupuestada en 190.000 euros; y en Cuatro Santos, por 92.000 euros; el arreglo de varias calzadas en Los Dolores, por más de 247.000 euros; y la renovación de servicios urbanísticos y pavimentación en El Llano del Beal, por 300.000 euros.

"Por la redacción de los cuatro proyectos le corresponden 23.358,92 euros incluido el IVA y por la dirección de las cuatro obras otros 28.323,16 euros", señaló el portavoz del Gobierno, Joaquín Segado, quien añadió que el decreto del Fondo de Inversión "señala de forma expresa que los proyectos y direcciones de obras deben ser financiados por los Ayuntamientos. Uno de los proyectos está ejecutado y el resto están en marcha.

No se tuvo en cuenta su experiencia "sino su capacitación profesional", añadió. Mientras Pérez Abellán y el vicealcalde, Agustín Guillén no abren la boca ni cogen el teléfono, Barreiro está pendiente de los informes sobre la legalidad del proceso y la dimisión del edil.

En la Alcaldía están convencidos de la legalidad de los contratos porque cada uno de ellos tiene un importe inferior a 18.000 euros y, además, Pérez Blaya no ocupa un cargo público electo (no fue elegido en las urnas por los ciudadanos).

La ley del silencio impera en el gobierno y el PP, y el portavoz del Ejecutivo, Joaquín Segado, defiende que «el gobierno está totalmente unido y fuerte». Pero 'La Verdad' ha constatado un creciente malestar con Pérez Abellán. Ediles, cargos y militantes del PP consideran que ha sido «innecesario y poco valiente» poner en el disparadero a Barreiro y al resto del gobierno con una crisis que «podría haber evitado» de dos formas.

Una habría sido dar la cara el primer día en lugar de dejar que lo hiciera el vicealcalde y coordinador del Plan ZP, Agustín Guillén; la otra, presentando su dimisión para no «desgastar» a Barreiro al «forzarla a ganar tiempo para decidir» si lo destituye por una cuestión ética y de imagen de su gobierno, o ratificarlo porque ha pedido perdón y no hay reproche legal.

Tras catorce años en el equipo de Pilar Barreiro, el concejal Enrique Pérez Abellán está en la picota y su cargo está ahora en manos de la alcaldesa de Cartagena. Ante esta situación y al grito de 'Sálvese quien pueda', los presidentes de las juntas vecinales no se mojan para defender al que ha sido su jefe más directo en las tres últimas legislaturas como edil de Descentralización, según percibe 'La Opinión'.

Uno de sus más fieles amigos Pedro Obradors, presidente de la Junta de La Palma, señaló: "Somos compañeros y no quiero pronunciarme. Apoyo lo que mi partido decida". Mucho más elocuente fue el presidente de la Junta de Isla Plana, José Mendoza, quien dijo: "Para mí es un caballero, pese a ser de otro partido. Ha cometido un error porque no pensó en las consecuencias".

Otros como el presidente de La Aljorra o el de Molinos Marfagones optaron por no pronunciarse. Sin embargo, el presidente de Alumbres, Juan Pedro Torralba, apostilló: "Yo tengo claro que en mi Junta si yo tengo una empresa no la voy a poner a trabajar en mi diputación".