Otra queja fue interpuesta por la Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, relativa a «numerosos proyectos urbanísticos en la Región de Murcia y Almería».
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
jueves, 26 de marzo de 2009
De Ramón y 'Anse" se apuntan un tanto en Europa
Otra queja fue interpuesta por la Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, relativa a «numerosos proyectos urbanísticos en la Región de Murcia y Almería».
El obispo Reig Plá alude al demonio en su despedida
Además, prometió ser obediente “a la verdad y lealtad al Santo Padre, pero sobre todo a Dios que no tiene en cuenta mis errores y que me ha dado una oportunidad nueva para que, con lo aprendido, comenzar un nuevo camino y no errar en él, siguiendo así la voluntad de Dios”.
Esta homilía, que fue ovacionada cuando terminó por todo el público asistente, también sirvió para aconsejar a los sacerdotes –que fueron los que organizaron este acto de despedida– a “que no se meta el demonio entre vosotros” y les pidió que “améis al nuevo obispo como habéis amado a los anteriores obispos y a mi”, apelando a la “comunión entre vosotros”.
Del mismo modo, el obispo Reig Pla afirmó que “sólo atendiendo a la libertad por la verdad y a la obediencia seremos fecundos”.
Los sacerdotes le mostraron su apoyo a un obispo que iba emocionándose conforme iba pasando la eucaristía y le regalaron un cáliz con cuatro medallones en donde había representadas cuatro pasajes bíblicos relacionados con la Virgen.
Asimismo, afirmaron, en boca del vicario general, Miguel Ángel Cárceles, que “su amor a la verdad y la justicia es un testimonio para desempeñar nuestro trabajo”.
Pérez Abellán votó a favor de los proyectos de su hijo en Ayuntamiento de Cartagena
Con anterioridad, Pérez Blaya ya había sido elegido por designación directa para dirigir las obras, trabajo por el que va a cobrar 28.323,16 euros, cantidad que aumenta hasta los 52.000 euros con la redacción de los proyectos.
Según el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y deben comunicarlo a su superior de inmediato si tienen interés personal en el asunto de que se trate" o "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo".
Además, la citada ley especifica que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse si "tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las personas mencionadas anteriormente" o "relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto".
El artículo 28.4 de la citada norma señala que los órganos superiores "podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente". El punto 5 aclara que "la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad".
En las citadas Juntas Locales de Gobierno no se aprobó quién iba a redactar los citados proyectos y tampoco quién se haría con la dirección de las obras. "Se trata de un puro acto administrativo en el que se aprobó qué destino iban a tener los fondos del Fondo Estatal de Inversión", precisó un portavoz de Alcaldía.
Pérez Abellán no se abstuvo en la votación de los proyectos en las citadas Juntas Locales de Gobierno, situación que exige la citada norma.
Los proyectos, una vez aprobados, fueron enviados a la delegación del Gobierno encargada de remitirlos al Ministerio, que por su parte analizó si cumplían los requisitos del decreto del Fondo Estatal de Inversión Local de Zapatero.
Con el visto bueno del Ministerio, el ayuntamiento sacó a concurso las obras. En estos momentos, uno de los proyectos ya está ejecutado y el resto están en marcha. El Ayuntamiento no ha precisado si Pérez Blaya ha cobrado ya el dinero procedente de las arcas públicas, ya que el Plan E sólo financia la ejecución de las obras.
El vino de Jumilla pasa de la bota a la botella
Cerdá, que presentó el XV Certamen de Calidad de Vinos de la Denominación de Origen Jumilla, recordó que "el viñedo es junto con el almendro un cultivo de gran valor ambiental para mantener nuestro paisaje natural y evitar la desertización". En el certamen, que se celebrará hoy y mañana en Jumilla, participarán un total de 112 muestras de 42 bodegas.
Explicó que "hay una visión optimista de los vinos murcianos que hoy se elaboran bajo los parámetros de modernidad, planificación e innovación", y recordó que los vinos de Jumilla se han situado "en la elite del mercado vitivinícola".
Así mismo, apuntó que esta denominación tiene cerca de 3.000 viticultores inscritos, 42 bodegas y un total de 27.900 hectáreas cultivadas, lo que supone "una importante representación de la viticultura regional".
El responsable de Agricultura resaltó que los vinos elaborados bajo esta denominación "están obteniendo las mejores calificaciones y valoraciones por parte de los expertos vitivinícolas más prestigiosos".
Según Cerdá, "Jumilla es una de las zonas productoras de España que más etiquetas ha incorporado a la lista Parker, el mayor referente del mundo del vino, con más de 40 marcas".
En 2008, se concedieron las máximas puntuaciones a 32 vinos de Jumilla, "un resultado que no ha alcanzado el grueso de las denominaciones de origen españolas", subrayó el consejero.
El Foro Social le grita a Egea que Caja Murcia deje de financiar a la corrupción urbanística
Durante media hora, las personas encerradas en esta sucursal corearon eslóganes tales como “Menos financiación para la corrupción”, “Menos Polaris”, “Valcárcel, escucha, el Foro está en lucha”, “Disolución de los paraísos fiscales”, “Más impuestos para los ricos”, y otras de similar contenido, referidas, sobre todo, a la condonación de embargos y desahucios en esta época de crisis, según una nota de la propia organización.
"La elección de esta caja de ahorros se fundamenta en que Caja Murcia, junto con otras entidades bancarias y de ahorro de la Región, es una de las que más se han significado, durante el pasado ciclo especulativo ligado a la construcción en Murcia, en la financiación de empresas constructoras que, con sus disparatados proyectos urbanísticos, han contribuido a dilapidar parte del patrimonio natural del interior y zonas costeras de la Región.
Caja Murcia ha sido la principal entidad acreedora de la empresa constructora “Polaris”, que ha inundado de resort y campos de golf parte del paisaje murciano, estando detrás, así mismo, del anunciado proyecto macrourbanístico-residencial de “Marina de Cope”, en Águilas, proyecto que en estos momentos está paralizado a la espera de las actuaciones judiciales pendientes de resolución sobre el mismo a raíz de las denuncias interpuestas por grupos ecologistas y partidos políticos de izquierda.
En este sentido, y para ejemplificar el sentido de la protesta, cuando Paco Morote, portavoz del Foro Social, se despidió de los empleados y empleadas -que habían permanecido pasivos pero expectantes y algo inquietos por la acción-, les dirigió las siguientes palabras: “Buenas tardes, y díganles a don Carlos [en alusión a Carlos Egea Krauel, director general de la entidad] que deje de financiar proyectos como el de Marina de Cope”.
La acción de protesta continuó luego, durante unos minutos, en las puertas de la entidad de ahorro, lugar en el que se repartieron octavillas conteniendo las propuestas del Foro Social para superar la crisis capitalista mundial, propuestas que defenderá en la manifestación del próximo sábado 28 en Murcia".
El PSRM pide la dimisión de la alcaldesa de Cartagena por el escándalo con los fondos de Moncloa
Hace unos días, se conoció que el concejal de Seguridad y Vía Pública de este Ayuntamiento, Enrique Pérez Abellán, había puesto su cargo a disposición de la alcaldesa asumiendo "toda la responsabilidad" en la situación que se ha generado por el encargo del Consistorio a su hijo, el entonces presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, para la redacción de varios proyectos del Plan Estatal del Fondo de Inversión Local.
La portavoz socialista en Cartagena, Caridad Rives, precisó que "la orden de redacción de estos proyectos parte directamente de Alcaldía, por lo que la responsabilidad es suya", además de que "está claro que la gestión del Ayuntamiento hace aguas desde que Barreiro está atendiendo sus labores como alcaldesa a tiempo parcial".
Rives presentó las actas de las Juntas de Gobierno en las que fueron aprobados los proyectos, "y en ellas figura como asistente el edil del PP, Enrique Pérez Abellán", tras lo que agregó, en un comunicado, que "la responsabilidad no puede recaer sólo sobre este concejal".
Explicó, al respecto, que "los mandamientos de pago vienen desde la Concejalía de Hacienda, encabezada por José Cabezos, por lo que era plenamente consciente de esto". "Pérez Abellán pidió el favor, el vicealcalde Agustín Guillén dio el visto bueno, Cabezos lo firmó y la alcaldesa supervisó todo el proceso, por lo que no basta pedir disculpas, sino que debe haber dimisiones", aseveró.
A tenor de los hechos, la portavoz socialista declaró que "se ha puesto en manos de los servicios jurídicos del PSOE toda la documentación existente sobre la adjudicación de estos proyectos por los que Pérez Blaya ya ha cobrado más de 23.000 euros, ya que fueron los primeros en pasar por Tesorería".
"Anse" le gana en los juzgados a los polémicos promotores cartageneros García y Roca Meroño
El juez concluye que no se ha certificado, porque «a las salinas acceden muchas personas, a través de la mota, que no es sino un pequeño murete de piedras que la cincunvala; que la gente suele tirar piedras a la capa de las salinas; y que a ella aceden pequeños tractores» para amontonar sal. Tampoco causaron daño las dos estacas y el arrastrar sal con una pala de hierro «con cuidado».
¿Peligra también el tan cacareado Parque Científico?
La corrupción socialista lorquina comienza a aflorar
Llama la atención del listado, denunciado por Parra Arcas, que se pasen hasta cuatro comidas en un mismo día de un restaurante. Es el caso de Casa Candido. Según el informe, Francisco Gil firmó cuatro comidas distintas los días, viernes 24 de febrero, miércoles 4 de julio y jueves 21 de diciembre.
López Rejas afirma que no está imputado y Bancaja desmiente que lo financie en La Paz
Y es que los medios de comunicación regionales apuntan que varios proyectos de la empresa José López Rejas S.L. fueron aprobados de forma irregular por el ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio, Joaquín Peñalver, investigado por la Justicia. A pesar de ello, añadió el promotor, "ayer, a través de nuestro abogado, remitimos un escrito a la jueza, diciéndole que nos ponemos a su entera disposición para lo que estime".
Según explicó en un hotel murciano, ya que su sede en la calle Correos está en venta porque "estamos bajando costes y ese edificio era muy caro de mantener", todo arranca hace tres años a través de un escrito anónimo, un informe fantasma sobre el que está basada la denuncia hacia mi empresa, redactado por el decano del Colegio de Arquitectos, Paco Camino, mandado al fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, y que a mi me hizo llegar un medio de comunicación". Una denuncia, que a su juicio, está destinado a "intentar paralizar el proyecto de La Paz".
López Rejas presentó en la rueda de prensa un certificado del Colegio de Arquitectos, firmado por su secretario en la que "se define con nombres y apellidos todas las obras que mi empresa ha realizado en los últimos años".
De hecho, apuntó, en el escrito "no existe ninguna obra de Planeamiento presentada durante la etapa del señor Peñalver como arquitecto municipal". Aunque, "sí que existen 48 viviendas que ha firmado el estudio del hermano de Peñalver, no 600 como dice el señor Camino en su escrito fantasma", pero son viviendas "de licencia inmediata que nada tienen que ver con Planeamiento", insistió.
"Esto es una lindeza que siempre ha intentado volcar Camino a los medios de comunicación, pero es absolutamente falso y que desmiente su propio Colegio a través de su gerente, que dice que ese informe fantasma nunca ha salido del Colegio", reiteró, tras lo que manifestó "no sé en qué están pensando los arquitectos para mantener a un señor que no para de mentir y utilizar el Colegio no sé en qué provecho".
Asimismo, aclaró que las sociedades a las que hoy se hace mención fueron creadas por él. Y es que "estaba levantándose la anterior crisis y pensábamos que sería una buena idea hacer una empresa para organizar cooperativas de viviendas".
Por suerte, añadió, "esa empresa no ha hecho ninguna casa ni cooperativa, no llegó a funcionar nunca y ni llegó a tener movimiento económico". Al tiempo que atajó, "Sandra de la Puente no tiene ninguna acción de esa empresa y, hoy día, no tiene nada que ver en eso".
"Gracias a Dios nunca hicimos ninguna cooperativa, sólo fue una idea y conforme le he podido devolver la aportación que hizo se le la he devuelto", apuntó. Al hilo, aseguró que están a la espera de que se resuelva la demanda de conciliación que presentaron a Camino "en la que él contestó que eran los medios de comunicación los que mentían".
De hecho, manifestó que sólo ha realizado tres promociones con la familia Peñalver. Una en La Manga, que no llega a 100 viviendas, y otras de dos bloques de 28 y 19 viviendas en la zona de Zarandona, pero "ninguna que tuviera que pasar por Planeamiento", insistió.
Asimismo, López quiso contestar a las declaraciones de las ediles del PSOE e IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia en las que se pedían responsabilidades políticas y la revisión de expedientes del ex jefe del Servicio de Planeamiento del consistorio. En este sentido, lamentó que María José Alarcón, sabiendo de su preparación, "haga caso de estas cosas sin al menos preguntar a la otra parte".
En el caso de Esther Herguedas, señaló, "entiendo que lleva poco tiempo en estas cosas y le falta algo de formación para poder hacer preguntas".
El proyecto de La Paz es "un proyecto en casco urbano consolidado, muy mediático, que se ha politizado mucho, y que cumple todas las ordenanzas previstas en cualquier proyecto y todas las que se le ocurren a cada uno en cada momento", aseveró.
Y es que está pendiente nuevamente de la aprobación definitiva del PERI. De todas formas, "por las noticias que tenemos, creo que puede ir al Pleno municipal del día 30 de abril, pero como siempre todo depende de la Gerencia de Urbanismo".
A partir de ahí, prosiguió, "nos queda el proyecto de reparcelación, que pueda tardar cosa de un mes, aunque la Junta de Compensación ya está firmada ante el notario y tenemos la adhesión del 90 por ciento de los vecinos y estamos dispuestos a empezar cuando nos dejen".
En cuanto a la financiación, señaló, "el proyecto de La Paz está financiado hoy, todo dependerá del potencial financiero que tengan las entidades de crédito en el momento de arrancar". De hecho, la financiación está firmada, "cuando llegue el momento tendremos que ver a qué precio de salida podemos ir para que el mercado lo asuma o en qué sistema", afirmó.
El proyecto consiste en cinco torres cuyo presupuesto ronda los diez millones de euros cada uno, es decir, "50 millones de euros, a lo que hay que añadir los avales necesarios de urbanización, que garanticen la ejecución del proyecto ante el Ayuntamiento de Murcia".
López Rejas aseguró que el proyecto básico y de ejecución está redactado desde el año pasado y lo que "tiene que hacer, después de las aprobaciones, es revisarlos, ver que cumplen la ley, comprobar los avales y darnos la licencia", explicó el promotor que manifestó que su idea era que las obras comenzasen en el primer trimestre de este año, pero ahora "no sé estimar el plazo porque lo de exigir un nuevo informe no ha pasado nunca".
"Un retraso que se debe a que éste es un proyecto mediático que lleva muchas vueltas de papel, más de lo normal", lamentó.
Al hilo, mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos del barrio, y es que tenemos a 1.502 familias detrás de este proyecto. "Aquí no se ha ido nadie, seguimos adelante". De hecho, anunció que el lunes pasado tuvieron una reunión con el director general de Urbanismo y mañana con el jefe del servicio de Planeamiento de la Gerencia, "estamos trabajando como siempre".
Preguntado por si se ha puesto en contacto alguna vez con Paco Camino, el promotor indicó que "le propuse, vía email, financiar el concurso de ideas del Colegio de Arquitectos". Lo único que le pedí, añadió, "es que es que convergiera en plazo con la entrega del proyecto de Ricardo Bofill, a efectos de que si había alguna idea buena que incorporar al proyecto lo pudiéramos hacer y la fundación, que yo represento, pagaría los honorarios y el premio del proyecto".
"No soy imputado pero aparezco el primero en los medios de comunicación y no tengo noticia de nada, esto es grave".
"El tiempo dejará a cada uno en su sitio", concluyó.
Bancaja lo desmiente
«No se trata de que yo tenga dinero sino de que los tengan los bancos», afirmó.
Derecho de rectificación
Murcia es la CC.AA que concentra más fincas con hipotecas constituidas en enero
La variación interanual experimentó un descenso en Murcia del 49,4 por ciento, 10,7 puntos superior a la caída de la media nacional (-38,7 por ciento). Asimismo, la Región ocupa el tercer lugar en lo que se refiere a la Comunidad que tuvo un mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas por cada 100.000 habitantes, con 133.
En cuanto al número de hipotecas canceladas por cada 100.000 habitantes, en la Región ascendió en enero a 205, frente a las 123 registradas en el conjunto del país, por lo que se sitúa en el primer puesto con respecto al resto de autonomías.
El importe medio hipotecado en la Región de Murcia alcanzó en enero los 144.450 euros, 6.089 euros por debajo de la media nacional (150.539), lo que supone un aumento interanual del 22,7 por ciento.
Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas fue de 4.998, mientras que el capital ascendió a 721.959 euros. Del total, 4.668 fueron urbanas, cuyo importe ascendió a 621.275 euros.
En relación con estas fincas urbanas, de las 4.668, un total de 3.446 fueron viviendas, con un capital invertido de 412.139 euros; mientras que 147 fueron solares y 1.075 corresponden a construcciones urbanas.
Según la entidad prestamista, los bancos prestaron 179.891 euros para las hipotecas de 967 viviendas, mientras que las cajas de ahorro financiaron 385.705 euros para 3.182 viviendas. El resto corresponde a otras entidades.
El Gobierno no comparte algunas cuestiones del manifiesto que firmaron CC AA productoras de tomate
En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".
Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.
Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo.
Por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.
Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".
El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal.
Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.
La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.
Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.
La CAM emitirá cédulas hipotecarias en 2009 por un importe de hasta 1.000 millones de euros
Durante la sesión ordinaria, correspondiente al mes de marzo y celebrada en el marco de Forinvest, en Valencia, el consejo aprobó la titulización de activos mediante lanzamiento de cédulas hipotecarias para este año por un importe máximo de 1.000 millones de euros, tras tener "conocimiento de que CAM es un emisor consolidado en el mercado de cédulas hipotecarias, un instrumento útil y ágil para la generación de activos líquidos".
Además, también se presentaron los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Caja Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008, elaborados por KPMG Auditores S.L.
En ambos informes la firma auditora expresa su "opinión favorable" a las cuentas del grupo CAM.El órgano rector de la caja aprobó también el Informe Anual de Autoevaluación del Capital correspondiente al ejercicio 2008, expuesto por eel director general, Roberto López Abad.
Por otro lado, con la reunión de su Consejo de Administración en Forinvest, CAM "muestra su apoyo a este certamen pionero en el que, por segundo año consecutivo, se dan cita los principales representantes del sector financiero y empresarial de nuestro país para analizar las cuestiones de mayor actualidad en el mundo de las finanzas".
Unos vándalos atacan la casa del ex consejero delegado del Royal Bank of Scotland
Un grupo desconocido llamado "Los jefes de los bancos son unos delincuentes" reivindicó el ataque.
Goodwin dejó el banco el pasado octubre después del rescate gubernamental con una pensión anual de unas 700.000 libras (unos 761.000 euros).
Después del ataque, que tuvo lugar de madrugada, un grupo de protesta envió un correo electrónico a los periódicos locales asumiendo la autoría y afirmando: "Esto es solo el inicio".
La policía en Edimburgo confirmó que el comunicado fue enviado por una mujer que decía llamarse Moira McLeod desde la dirección bankbossesarecriminals@mail.com.
"Estamos enfurecidos porque los ricos como él se están pagando enormes cantidades de dinero y viven lujosamente, mientras que la gente normal está quedándose en paro, desamparados y sin hogar", indicó el mensaje. "Esto es un delito. Los jefes de los bancos deberían ser encarcelados. Esto es solo el inicio".
Nadie ha sido arrestado. Un portavoz policial no quiso decir si Goodwin y su familia estaban en la mansión.
Tres ventanas de la planta baja resultaron destrozadas, así como la ventana trasera y la ventanilla del asiento del copiloto de un Mercedes S600 aparcado en la parcela, según la BBC.
La negativa de Goodwin a devolver la pensión, a pesar de haber llevado al banco al mayor fracaso empresarial en la historia de Reino Unido desató la ira pública y política.
El primer ministro, Gordon Brown, ha calificado el pago de "inaceptable" y el Gobierno ha dicho que está estudiando adoptar medidas legales para recuperar el dinero.
Goodwin, de 50 años, ha tratado de mantenerse en un segundo plano desde que el mes pasado se conocieron los detalles de su fondo de pensiones. Ha sido criticado por políticos y en varios medios de comunicación.
Para la próxima semana se han convocado manifestaciones anticapitalistas en Londres con motivo de la cumbre del G-20, y por Internet circulan panfletos que dicen "asaltar los bancos".
En un breve comunicado, la policía de Lothian and Borders dijo: "Podemos confirmar que acudimos a una dirección en Oswald Road a las 4:35 a.m. y que hay una investigación en marcha. Pedimos testigos".
RBS, que tiene su sede central en Edimburgo y ahora es propiedad mayoritaria del Gobierno, ha dicho que está proporcionando la seguridad del domicilio de Goodwin en la ciudad con un coste de alrededor de 290 libras al mes.
"Es una práctica normal de RBS para los altos cargos que se han marchado", explicó en un comunicado.
El Gobierno también ha sido duramente criticado por permitir que Goodwin dejara el banco con una pensión tan generosa después de tener una pérdida de 24.100 millones de libras en 2008, las más elevadas en la historia empresarial británica.
Los abusos urbanísticos en España pueden llevar a partir de hoy a la congelación de fondos por la Unión Europea
El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.
Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.
Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos.
Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.
El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".
También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.
Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Bajo San Esteban se concentra la mayor arqueología árabe de la ciudad de Murcia
Podría ser la zona murciana de MÁS CONCENTRACION ARQUEOLOGICA ARABE MONUMENTAL Y PALACIAL
MURALLA
ANTEMURALLA
PUERTA
PALACIOS DE DOS PISOS ARABES
PALACIOS CRISTIANOS
DOS MEZQUITAS
100 TIENDAS
MERCADOS DE SAL
En mi INFORME sobre la arqueología de San Esteban de Diciembre de 2005, lo titulaba DE PROSPECTIVA ARQUEOLÓGICA.
A día de hoy y dado la EXCAVACION Y SOTERRAMIENTO, el pasado 2008 de UN PALACIO ALGORFA ARABE CON MUJROS POLICROMADOS bajo el actual PALACIO DE SAN ESTEBAN (vid. la infografía de La Verdad, de este tipo son los PALACETES ALGORFAS DE DOS PISOS, la superior para gineceo de S. Esteban)
HE DE HABLAR DE LA REALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO DEL JARDÍN DE SAN ESTEBAN
Pormenorización de restos arqueológicos del Jardín de San Esteban y su ubicación en el propio jardín y calles aledañas:
1.- RESTOS DE BASAMENTOS PERIMETRALES DE LA IGLESIA JESUÍTICA DE SAN ESTEBAN DEL SIGLO XVI
2.-Posibilidad de MURALLA en ese mismo palacio de San Esteban,dado que durante toda la Edad Media y Moderna,según doc¡umentación escrita en el Archivo municipal,SE CONCEDÍAN A PARTICULARES LIENZOS DE MURALLA ÁRABE PARA CONSTRUCCIONES, AHORRANDOSE ASÍ UN MURO DE CARGA(es el caso del Ayuntamiento, construido sobre
3.- PALACIOS ÁRABES DE DOS PISOS O ALGORFAS muy numerosas !!!YA EXCAVADA Y SOTERRADA UNA CON MUROS POLÍCROMOS!!!/ (1)
Texto del siglo XIII alfonsino del Archivo de Murcia sobre este lugar:
4.- MURALLAS INTERIOR Y EXTERIOR de La Arrixaca Nueva, árabe del sigloXIII
5.-PORTILLOS O PUERTAS de esta muralla especialmente en la CALLE DEL PORTILLO DE SAN ANTÓN.!!!que por eso lleva ese nombre!!!(y en esta calle va una SALIDA DEL PARKING)
6.-!!!DOS MEZQUITAS en el perímetro de San Miguel hacia S. Estean y a Los Pasos de Santiago hacia S. Esteban. PUES ERA COSTUMBRE SANTIFICAR Y CRISTIANIZAR LAS SARRACENAS MEZQUITAS, ENCASQUETÁNDOLES ENCIMA UNA IGLESIA
y en los documentos alfonsinos del siglo XIII del Ayuntamiento .....
7.-MERCADOS Y TIENDAS VARIAS ARABES:
Documentos de Alfonso X:<100> en la colación de Santiago(Pasos de Santiago actual)
8.- PALACIOS CRISTIANOS siglo XIII
ESTE POPULOSO ARRABAL DE SAN MIGUEL Y SANTIAGO(San Esteban) FUE ELEGIDO COMO LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS PERSONAJES DE MAYOR ALCURNIA EL INFANTE DON FERNANDO DE LA CERDA EL OBISPO ELECTO DON GARCÍA MARTINEZ, ETC, ETC, ETC".
(1) Supervision arqueológica en el palacio Norte del Palacio de San Esteban de Murcia.
XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la R. de Murcia,2008.- pags. 349 a 356
Nota: Se encontró un PALACIO ARABE CON MUROS POLÍCROMOS, y SE TAPÓ para instalar las cunas de agua potable del Palacio de la Presidencia.
miércoles, 25 de marzo de 2009
El Parlamento Europeo votará hoy el informe que pide congelar los fondos europeos a España si no acaba con abusos urbanísticos
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.
Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.
También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.
Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".
También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.
Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.
Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
La Fiscalía de Murcia desarticula una presunta gran trama de corrupción urbanística
Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».
Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».
Puertos del Estado ve viable la dársena de El Gorguel
El delegado del Gobierno, Rafael González, que reiteró sus dudas acerca de la incompatibilidad de esta infraestructura con la regeneración de la bahía de Portmán, reconoce que Puertos del Estado le ha comunicado que considera viable el proyecto, siempre a expensas de los estudios y permisos medioambientales.
Sigue el culebrón municipal
Por otra parte, la asociación de vecinos Ribalta de Mar de Cristal responsabiliza al ayuntamiento de Cartagena "de permitir el presunto fraude en las cuentas de la Entidad Colaboradora", señaló en un comunicado su presidente José Castellano Blaya.
El representante vecinal reprochó al Consistorio que haya convertido este organismo "en una empresa particular en manos de miembros del Partido Popular que aprovechan el Estatuto Oficial de la Entidad para coaccionar, chantajear, presionar y explotar a 1.200 familias".
En su denuncia, esta la asociación asegura que en la contabilidad de la Entidad "faltan por justificar 450.000 euros en cinco años. Creemos que más porque el presupuesto se compone de doce partidas y sólo se han analizado cuatro", dijo.
El pleno municipal celebrado el lunes rechazo una moción de la oposición que pedía una comisión de investigación para analizar las cuentas de la entidad "porque el caso está en los tribunales", señaló el portavoz del PP.
En su denuncia la asociación señalaba entre otros al edil Enrique Pérez Abellán, quien se ha querellado contra Ribalta.
Precisamente el concejal de Seguridad y Vía Pública se enfrenta a un periodo de investigación por parte de los técnicos municipales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento respecto a la legalidad de un procedimiento de contratación de su hijo en el que podría haber otros cuatro pagos.
Las pesquisas en marcha forman parte de las gestiones que se están llevando a cabo, por orden de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para dilucidar si el concejal, que el pasado lunes puso a el cargo a disposición de la primera edil, sigue o no en su puesto.
Fuentes municipales de toda solvencia indicaron a 'El Faro' que la redacción de los cuatro proyectos que cayeron en manos de Enrique Pérez Blaya, de manera directa, no era lo único que habría sido encomendado por este procedimiento a esta misma persona.
Así, habría al menos cuatro expedientes más, separados, en los que figurarían facturas a favor del ya ex presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho e hijo del edil de Vía Pública, por trabajos realizados el año pasado. Estas facturas sumarían algo más de 20.000 euros totales, estarían referidas a las mismas obras cuyos proyectos ya han sido denunciados y habrían sido contabilizadas a principios del mes de diciembre.
Sin embargo, según las fuentes municipales consultadas, la investigación interna estaría más ligada a dilucidar la legalidad de todo el procedimiento que a saber a cuánto ascienden los contratos.
Si se confirmara que hubo estos ocho pagos, la suma alcanzaría los 50.000 euros, ya que a los 28.000 de los que ya se viene hablando por la redacción de proyectos habría que añadir ahora al menos otros 20.000 por la dirección de las obras correspondientes. La separación de facturas hubiera favorecido el encargo directo y sin fiscalización técnica alguna.
Desde Alcaldía aseguraron que la decisión a tomar sobre la continuidad de Pérez Abellán deberá esperar. Así las cosas “quien garantice la continuidad o la salida del edil del Gobierno municipal, se quiere quedar con los periodistas”, según las mismas fuentes.
Enrique Pérez Blaya se dio de alta como autónomo el pasado noviembre, un mes antes de que venciera el plazo dado por el Ministerio para que el Ayuntamiento enviase a la Delegación del Gobierno todos los proyectos del Plan E que para Cartagena supone una inversión de 37 millones de euros, revela hoy 'La Opinión'.
Además, se da la circunstancia de que el domicilio fiscal de la empresa de Pérez Blaya es el mismo que el del concejal situado en el centro de la ciudad, señalaron ayer fuentes consultadas por esta redacción.
El hijo del edil percibirá los 52.000 euros como pago a un trabajo que le fue adjudicado gracias a que su padre lo enchufó como profesional ingeniero de Caminos, tal y como el propio Pérez Abellán admitió el lunes en su única comparecencia pública en la que puso su cargo a disposición de la alcaldesa para que sea ésta quien decida si lo cesa o no.
Los citados proyectos se referían a la adecuación y pavimentación de calles en Los Barreros, obra presupuestada en 190.000 euros; y en Cuatro Santos, por 92.000 euros; el arreglo de varias calzadas en Los Dolores, por más de 247.000 euros; y la renovación de servicios urbanísticos y pavimentación en El Llano del Beal, por 300.000 euros.
"Por la redacción de los cuatro proyectos le corresponden 23.358,92 euros incluido el IVA y por la dirección de las cuatro obras otros 28.323,16 euros", señaló el portavoz del Gobierno, Joaquín Segado, quien añadió que el decreto del Fondo de Inversión "señala de forma expresa que los proyectos y direcciones de obras deben ser financiados por los Ayuntamientos. Uno de los proyectos está ejecutado y el resto están en marcha.
No se tuvo en cuenta su experiencia "sino su capacitación profesional", añadió. Mientras Pérez Abellán y el vicealcalde, Agustín Guillén no abren la boca ni cogen el teléfono, Barreiro está pendiente de los informes sobre la legalidad del proceso y la dimisión del edil.
En la Alcaldía están convencidos de la legalidad de los contratos porque cada uno de ellos tiene un importe inferior a 18.000 euros y, además, Pérez Blaya no ocupa un cargo público electo (no fue elegido en las urnas por los ciudadanos).
Tras catorce años en el equipo de Pilar Barreiro, el concejal Enrique Pérez Abellán está en la picota y su cargo está ahora en manos de la alcaldesa de Cartagena. Ante esta situación y al grito de 'Sálvese quien pueda', los presidentes de las juntas vecinales no se mojan para defender al que ha sido su jefe más directo en las tres últimas legislaturas como edil de Descentralización, según percibe 'La Opinión'.
Uno de sus más fieles amigos Pedro Obradors, presidente de la Junta de La Palma, señaló: "Somos compañeros y no quiero pronunciarme. Apoyo lo que mi partido decida". Mucho más elocuente fue el presidente de la Junta de Isla Plana, José Mendoza, quien dijo: "Para mí es un caballero, pese a ser de otro partido. Ha cometido un error porque no pensó en las consecuencias".
Otros como el presidente de La Aljorra o el de Molinos Marfagones optaron por no pronunciarse. Sin embargo, el presidente de Alumbres, Juan Pedro Torralba, apostilló: "Yo tengo claro que en mi Junta si yo tengo una empresa no la voy a poner a trabajar en mi diputación".
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El PSRM denuncia el silencio del Gobierno murciano sobre las donaciones millonarias de la UCAM
De tal forma, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia del consejero de Universidades, Salvador Marín, en la Asamblea para que explique la postura del Gobierno regional sobre la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y también sobre las decisiones futuras que ha de tomar con relación a esta institución docente.
El responsable de Universidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, manifestó que en este momento "más que nunca, son necesarias las explicaciones del Gobierno regional" para esclarecer todos los pormenores sobre las donaciones millonarias que, al parecer, han podido realizarse por parte de la UCAM a distintos particulares y organizaciones eclesiásticas.
Carpena se preguntó "si en estos momentos, conocidos los pagos de dinero a distintos colectivos y personas, la decisión del Gobierno de Valcárcel sobre la titularidad de esta Universidad y sobre el rechazo al recurso interpuesto a sus Estatutos por el obispo, Juan Antonio Reig Plá, sería ahora la misma que en noviembre de 2007 y en mayo de 2008". En esa fecha fue cuando se aprobaron los Estatutos y se desestimó el recurso del Obispado.
A juicio de Carpena, "en estos momentos, la sociedad murciana en general y los católicos en particular, se encuentran abochornados y sorprendidos por las noticias que vienen apareciendo sobre donaciones de dinero".
El PSRM-PSOE cree que el silencio del Gobierno regional es "clamoroso". Por ello, le reclama que explique en la Cámara las relaciones del mismo con la Fundación San Antonio y con su presidente, José Luis Mendoza, "ya que muchas de las decisiones que ha tomado parecen tender a favorecer más a esta Fundación privada que a la propia institución eclesiástica".
El diputado socialista quiere conocer la opinión y la postura del Gobierno murciano sobre este asunto ya que desde la propia Comunidad Autónoma y desde el Ayuntamiento de Murcia se han tomado decisiones sobre la UCAM que "se podrían entender si la titularidad fuese de la Iglesia pero no de una Fundación Privada", explicó.
Carpena preguntó si el Gobierno de la Comunidad debe algún favor al presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, "porque no se entiende que guarde silencio, callando y otorgando".