CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Mixto y diputado de IU+LV, José Antonio Pujante, propone cinco grandes pactos basados en el desempleo, la economía sumergida, la corrupción, la Renta Básica de Inserción (RBI) y la eficiencia energética con el fin de reorientar el actual modelo productivo, basado, en su opinión, en la mano de obra intensiva, la precariedad laboral, los bajos salarios y la baja cualificación en sectores como la agricultura y la construcción.
Acusó al Ejecutivo murciano de impulsar un modelo socioeconómico centrado en la economía "especulativa" y el "pelotazo", frente a un sistema "de la excelencia en el empleo y la producción, y de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)".
En concreto, Pujante defendió la necesidad de llegar a un acuerdo contra la exclusión social y la pobreza, que incluya una "imprescindible reforma" de la Ley de RBI, basada en la cuantía a percibir, cantidad y método utilizado, valoración de los ingresos, requisitos de acceso, duración de la prestación, y reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas establecidas.
Otra de las propuestas es un acuerdo para la contratación de desempleados sin cobertura, que tendría un coste de entre 180 y 200 millones de euros, y que garantizaría trabajo para unos 30.000 parados durante seis meses.
Precisamente, la tercera propuesta de pacto sería para luchar contra la economía sumergida, para lo que se necesitaría del acuerdo con los agentes sociales. Pujante defendió la necesidad del mismo por el hecho de que, pese a que se haya reducido la temporalidad, se siga manteniendo el diferencial de 9 puntos con la media nacional, ya que ese descenso se ha producido "a costa del aumento del paro".
También propuso Pujante un acuerdo para la transición hacia una economía sostenible, eficiente energéticamente, con una inversión generada de 750 millones de euros en cuatro años, y que tendría como acción principal un Plan Renove para viviendas.
El último pacto planteado por el diputado de IU+LV es un acuerdo contra la corrupción, un asunto que "inexplicablemente", según Pujante, no fue ni mencionado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en el discurso con el que abrió el debate del estado de la región.
Y eso, rememoró, que uno de los casos más sonados tiene como protagonista a un ex consejero del Gobierno de Valcárcel y ex delegado del Gobierno de Aznar, en alusión a Francisco Marqués y el asunto 'Zerrichera'. Pujante aseguró que los casos de corrupción "generan una mala imagen de la Región y hay que salir con valentía a decirlo".
En este punto, echó mano del decálogo que, hace unos años, planteó el propio Valcárcel contra la corrupción, y que, a juicio de Pujante, "podría servir de base" para lograr un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
Pujante, que inició su intervención mostrando su solidaridad con los trabajadores de Española del Zinc, anunció que su discurso sería "eminentemente rojo", reprochando al jefe del Ejecutivo regional que "no hiciera ni una autocrítica".
Tras hacer un pormenorizado repaso de la situación de la Región para rebatir el balance desglosado por Valcárcel, el diputado de IU+LV aseguró que el modelo económico regional ha sufrido un "enorme batacazo".
Por ello, Pujante insistió en la necesidad de un giro en el modelo productivo "con pies de barro" actual, para lo que planteó un gran pacto social para el cambio del modelo socioeconómico, en el que también participen los partidos políticos.
Finalmente, defendió que para salir de la situación de crisis es preferible "la colaboración a la confrontación" con el Gobierno central. "Eso no significa que haya que renunciar a la crítica, sino que se coopere desde la lealtad institucional por el bien de la Región, no por el bien electoral", concluyó.
Pero antes había indicado que el actual modelo económico se asienta sobre las bases del neoliberalismo, al tiempo que tildó de "ridículas" las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, cuando aseguró que la Región registra un descenso de la temporalidad laboral, hecho que se debe, a juicio de Pujante, al aumento del desempleo.
Criticó además "el concepto de igualdad laboral" de Valcárcel, ya que los colectivos más afectados por la crisis económica son "las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes", y comparó el sueldo mensual medio de los empleados de la empresa Cofrusa, en torno a los 700 euros, frente al salario de Francisco Marqués, presidente de Hefame.
El parlamentario de IU+Los Verdes denunció que la inversión destinada a I+D+i represente el 0,91 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, ante el 1,35 de la media nacional, "que se encuentra por debajo de la europea", responsabilizó al Ejecutivo autonómico de apostar por la educación universitaria privada y criticó la falta de inversión para atajar el fracaso escolar.
Pujante denunció también la quiebra financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS), la "mala gestión" de la sanidad en hospitales como el Virgen del Rosell, en Cartagena, y la externalización de los servicios no sanitarios por medio de la sociedad mercantil regional GISCARMSA.
Aseguró además que la última ley de Protección Medioambiental elimina "aspectos avanzados" incluidos en la anterior norma, y criticó el uso de la energía nuclear, la construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel, el "retraso" en la regeneración de la Bahía de Portmán y la no aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Dijo asimismo no entender como el Gobierno murciano reclama al central una mayor inversión en la Región "si defiende, al mismo tiempo, una rebaja de impuestos, la reducción del déficit público, del papel del Estado, y del uno por ciento del tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supone tener menos capacidad financiera".
"Frente a esta posición, IU+Los Verdes defiende una política fiscal progresiva, que incluya la recuperación del impuesto de Patrimonio y del uno por ciento del IRPF, con el fin de contar con más recursos para hacer frente a la crisis", apostilló Pujante.
Hizo también referencia a la "poca vocación autonomista y el interés por mejorar el autogobierno de la Región de Murcia", ya que, tras dos años de legislatura, la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia "todavía no se ha reunido".
Reclamó al Ejecutivo murciano la puesta en marcha de medidas de carácter político y normativo para paliar los casos de corrupción, y dijo que ésta "no es un elemento aislado, sino que está insertado en el modelo socioeconómico", tras afirmar que, "en ningún caso, los resultados electorales sirven para legitimar este tipo de actuaciones".
