miércoles, 17 de junio de 2009

Herguedas muestra su preocupación por la compra del colegio San Antonio de Padua por una empresa inmobiliaria

MURCIA.- La concejala IU+Los Verdes en Murcia, Esther Herguedas, mostró hoy su preocupación por la compra del colegio San Antonio de Padua, situado en el barrio de La Flota, por parte de la sociedad valenciana Longeva Corporación de Negocios S.L., dedicada al sector inmobiliario.

Herguedas recordó que el ayuntamiento cedió un terreno público de propiedad municipal de unos 10.000 metros cuadrados a la Fundación 'Desarrollo de Escuelas Cristianas' para la construcción de un centro escolar concertado, pero esa entidad traspasó la gestión del colegio a la empresa Globalis.

Debido a la acumulación de deudas, el centro fue de nuevo puesto en venta y adquirido recientemente por la sociedad Longeva Corporación de Negocios dedicada a la gestión inmobiliaria, entre otros asuntos.

Según la edil de IU+Los Verdes, la nueva empresa gestora "ha anunciado a los padres la puesta en marcha de diversas reformas que han provocado el descontento entre los padres".

Por esta razón, Herguedas preguntará al concejal de Educación, Francisco Porto, en la próxima Comisión de Asuntos Sociales, que tendrá lugar el próximo lunes, 22 de junio, sobre la actual situación del colegio y qué cambios va a poner en marcha la nueva dirección.

Exactamente, pedirá explicaciones acerca de la forma en la que el ayuntamiento ha velado por el cumplimiento de la obligatoriedad de reservar un porcentaje de plazas para alumnos de entornos sociales desfavorecidos y con necesidades educativas especiales, establecido en el pliego de condiciones, y si esta condición es asumida por la empresa.

Además, preguntará sobre la situación legal del solar municipal en lo que respecta a la adjudicación del derecho de superficie y el cumplimiento de los pagos comprometidos.

Herguedas también se interesará por si el centro docente pasará a ser bilingüe, así como si es cierto que la dirección del colegio tiene previsto incrementar las cuotas y la forma en que esto puede afectar a la configuración del alumnado y al concierto educativo al que obliga la cesión municipal.

"Y es que, desconocemos la experiencia docente de la nueva dirección, de la que se hace cargo una empresa de la que sólo conocemos que gestiona distintas empresas, por lo que mucho nos tememos que el derecho a la Educación se trate con una visión de negocio", concluyó la concejala de IU+Los Verdes en comunicado de prensa.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

El ayuntamiento debiera recuperar la concesión ya que no se cumplen las condiciones iniciales de gestión. Lo contrario puede ser constitutivo de un presunto delito de prevariación (por omisión) y perjuicio manifiesto para los bienes públicos. Los abogados de la oposición y de algunos sindicatos debieran estudiar esto con detenimiento, y desde luego también la desbordada fiscalía. Esto es lo que hace que el PSOE y ZP gane credibilidad ante los ciudadanos...

Anónimo dijo...

Así como se cuenta, se parece mucho al asunto Proinvitosa de Totana