domingo, 31 de diciembre de 2017

¿Qué precios subirán y bajarán en 2018?

MADRID.- España cierra este 2017 que este domingo se despide con un crecimiento del 3,1%, y las previsiones apuntan a que seguirá haciéndolo a buen ritmo en los próximos años. Pero, ¿qué ocurrirá con los precios de los servicios básicos en 2018? De momento, el próximo lunes subirán el gas natural, los peajes de las autopistas y el franqueo de las cartas y postales. Pero para compensar también se incrementará un 4% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 0,25%, las pensiones. A continuación, El Mundo expone los precios que suben, bajan y se mantienen de cara al año próximo: 

Lo que sube

  1. GASOLINA:La llegada del nuevo año no traerá consigo, al menos en principio, un aumento del esfuerzo para llenar el depósito. Y es que, según datos del mercado de futuros, el precio del petróleo se mantendrá estable con una tendencia ligeramente a la baja (-0,38%) en la apertura de 2018. A pesar de los datos de las casas de análisis, la OPEP continuará con los recortes en la producción de crudo hasta finales de este año, lo que supone la retirada de 1,8 millones de barriles diarios. El pacto, que comenzó en enero de 2017, podría encarecer los costes del crudo el próximo año. Esta decisión ha llevado al Gobierno a contemplar un escenario con el Brent a 54,8 dólares en los Presupuestos Generales de 2018 remitidos a Bruselas en octubre, una cifra superior a la manejada en mayo, correspondiente a 53,2 dólares. El Brent rondó en los últimos días de 2017 la cota de los 65 dólares. En caso de no tratarse de una tendencia puntual, el coste del crudo por encima de los 60 dólares en 2018 supondría un impacto adicional en la tendencia de crecimiento de la economía española. 
  2.  LUZ y GAS NATURAL:  Las facturas de la luz de luz y de gas se han disparado en las últimas semanas de 2017 y lo seguirán haciendo en el año que estamos a punto de estrenar. En este sentido, el Ministerio de Energía ha optado por mantener congelada en 2018 la parte regulada tanto de la factura del gas como la de la luz por cuarto y quinto año consecutivo respectivamente, es decir, la parte correspondiente a los peajes por el uso de infraestructuras y por el coste de la energía. Aunque las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural se dispararán, a partir del lunes, un 6,2% de media respecto a los datos del último trimestre de 2017. En concreto, los consumidores con tarifa TUR 1 (igual o menor a 5.000kWh) pagarán un 4,9% más, mientras que la tarifa TUR 2 (entre 5.000 y 50.0000kWh) se incrementará un 6,6%. El recibo eléctrico tampoco dará un respiro. En concreto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, es decir, el coste del recibo de la luz sin la parte regulada se incrementará un 2,5% en 2018, según las previsiones del mercado de futuros.De este modo, el importe del megavatio hora para el próximo ejercicio se sitúa en una media de 55,92 euros de acuerdo con el gestor Omip, después de conocer que 2017 se ha cerrado con una subida de un 10% respecto a 2016, es decir, que el recibo de la luz ha sido 76 euros más caro que el año anterior. La bombona de butano subió un 2,1% el pasado mes de noviembre, con un precio máximo de 14,45 euros, y no se revisará hasta el tercer martes de enero.
  3. TELEFONÍA: Telefónica incrementará sus precios por sexta vez en un año. En este caso la factura de los clientes subirá cinco euros en todos los servicios convergentes de fijo-móvil y televisión, salvo Movistar Fusión 0 y Movistar Fusión Series, a cambio de mejoras en las prestaciones. Por su parte, la francesa Orange aumentará entre dos y cinco euros el precio de sus paquetes convergentes, un incremento que vendrá acompañado de una subida de gigas en los datos móviles. Vodafone tampoco se queda atrás y ya ha anunciado un incremento en la factura mensual de la fibra óptica de su firma low cost, Lowi. De esta forma y a partir del 15 de enero, Lowi suprime tres de las modalidades convergentes más económicas y sube un 10% el coste en las nuevas contrataciones de fibra óptica.
  4. PEAJES: También aumentará en torno a un 2% el coste de los peajes de las autopistas en 2018, tras dos años consecutivos de descensos (-0,4% en 2017 y -0,6% en 2016).
  5. SELLOS: El franqueo de las cartas y postales internacionales se encarecerá 10 céntimos: las destinadas a países europeos pasarán de 1,25 euros a 1,35 euros, y las que se dirijan al resto del mundo costarán 1,45 euros, frente a los 1,35 euros actuales.

Lo que se mantiene


Tren

Renfe congelará por el momento los precios de los billetes de Cercanías y de Media Distancia convencional en 2018 por tercer año consecutivo, después de haber subido a principios de año un 1% el precio de los trenes AVE y de Larga Distancia, lo que encareció el billete 48 céntimos de media. Como cada año, los precios del transporte vendrán fijados por las Comunidades Autónomas y, por regla general, no habrá cambios.

Lo que baja


Tarifas aeroportuarias

Aena aprobó en julio la propuesta de tarifas aeroportuarias aplicables para 2018, que supondrá una rebaja del 2,22% a partir del 1 de marzo, coincidiendo con el inicio de temporada alta para el sector aéreo. A esta rebaja se añade el descenso en las tasas de navegación aérea de ruta del 3% en 2018, del 4% en 2019 y del 5% para 2020, contemplada en el Plan de Vuelo 2020'.

La edad legal de jubilación sube a 65 años y 6 meses en 2018

MADRID.- Los trabajadores que quieran jubilarse en 2018 con el 100 % de la pensión (y no hayan cotizado 38 años y medio) tendrán que tener cumplidos 65 años y seis meses, de acuerdo con la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011.

La reforma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años, según consta en la siguiente tabla.

Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de los 67 años, salvo si tienen 38 años y medio de cotización a la Seguridad Social.
Asimismo, desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que en 2018 se hará con los últimos 21 años cotizados, tal y como aparece recogido en la siguiente tabla.

Pensiones previstas para 2018

La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más años con cónyuge a su cargo será de 11.044,6 euros anuales en 2018, mientras que para los beneficiarios menores de esa edad será de 10.353 euros al año.
Así se desprende del real decreto sobre revalorización de las pensiones de clases pasivas, del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, experimentarán en 2018 con carácter general un incremento del 0,25 %.
De esta manera, el Gobierno aplica la subida fijada en la Reforma de las Pensiones que, en función del índice de revalorización, establece que las pensiones crecerán, como mínimo, el 0,25 % y, como máximo, el IPC más el 0,50 %.
Tal y como aparece en el citado real decreto sobre revalorización de las pensiones, si la persona jubilada tiene 65 o más años y carece de cónyuge recibirá una pensión mínima de 8.950,2 euros y, si no ha cumplido esa edad, cobrará 8.372 euros.
Para los mayores de 65 años con cónyuge que no esté a su cargo la cuantía es de 8.493,8 euros anuales y de 7.914,2 euros para los menores de esa edad.
En los supuestos de gran invalidez, para mayores de 65 la prestación mínima será de 16.567,6 euros anuales para los pensionistas con cónyuge y de 12.741,4 euros para los que no lo tengan a su cargo.
Para los que no tienen cónyuge y se consideran como unidad económica unipersonal esa pensión ascenderá a 13.426 euros.
En lo que se refiere a viudedad, quienes tengan cargas familiares cobrarán 10.353 euros al año; los de 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 %, 8.950,2 euros; entre 60 y 64 años, 8.372 euros; y con menos de 60 años, 6.778,8 euros.
En las pensiones de orfandad, la ayuda por beneficiario se fija en 2.734,2 euros al año, cantidad que se eleva a 6.778,8 euros para la orfandad absoluta, que se repartirá, en su caso, entre los perceptores de una misma pensión.
Por beneficiario, con una discapacidad de al menos el 65 % y menor de 18 años, se fija una pensión de 5.381,6 euros anuales.
Las prestaciones en favor de familiares serán de 2.734,2 euros anuales por beneficiario, de 6.609,4 euros si sólo hay un receptor mayor de 65 años y de 6.228,6 euros si es menor de esa edad.
En el caso de que haya varios beneficiarios, el mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.044,6 euros al año entre todos.
Respecto a las no contributivas, se fijará la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez en 5.178,6 euros íntegros anuales.
La cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) queda fijada en 5.728,8 euros anuales si no concurre con otras prestaciones.
Se mantiene el complemento de pensión de 525 euros anuales para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada que no sea de un pariente ni cónyuge o persona con la que tenga una unión estable o conviva.

Ocho medidas de Podemos para mejorar la Sanidad en 2018

MADRID.- Unidos Podemos propone para 2018 ocho medidas que sus diputados consideran urgentes para afrontar "las amenazas" a la sanidad pública, después de un año, denuncian, "protagonizado por la inacción del Gobierno" en esta materia, adelanta El Plural.

Según han señalado fuentes de la formación morada, la sanidad española ha sido "la gran olvidada en 2017" para el Ejecutivo que, tras el nombramiento de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en noviembre de 2016, "sólo ha convocado dos veces el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando la periodicidad, precisan, "debería ser trimestral".
Unidos Podemos considera que es necesario pasar a la "acción inmediata" y poner las propuestas encima de la mesa para un "debate político urgente". Estas son las ocho medidas que propone el partido.   
1Financiación comunidades autónomas
Lo primero que habría que abordar en este sentido, a juicio de Podemos, es la financiación de las comunidades autónomas, que es, aseguran, "actualmente insuficiente en muchas de ellas para garantizar la protección a la salud de nuestra población".
2Fondo de cohesión
La formación de Pablo Iglesias considera necesario también contemplar un fondo de cohesión "acorde a las necesidades" ya que se ha pasado de 150 millones en el año 2002, cuando se concluyeron las transferencias sanitarias, a los 3'7 millones para el 2017, una cantidad "claramente insuficiente".
3Derogar la reforma sanitaria
Los integrantes de Podemos piden también la derogación de la reforma sanitaria y "recobrar" la atención sanitaria universal", así como revertir el copago farmacéutico para los pensionistas y evitar la fragmentación de la cartera de servicios, que supone "una puerta abierta a más copagos".
4Revertir la privatización
Revertir la privatización del sistema sanitario y "evitar que siga extendiéndose de forma silente" es otra de las peticiones de Unidos Podemos, que reclama también desarrollar la Ley de Salud Pública de 2011 y evitar que se continúe aumentando el consumo desmesurado de servicios sanitarios.
5Políticas transparentes con la industria farmacéutica
 Los integrantes de la formación morada urgen a que la política ejercida por los Ministerios, tanto de Sanidad como de Hacienda, con la industria farmacéutica sea "clara, transparente y eficiente".
6No a la fijación de precios
"La fijación de precios sin conocimiento del coste real del fármaco, como sucedió con el precio del tratamiento de la hepatitis C, (900 euros en Egipto y 63.000 dólares en EEUU), puede poner en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", advierten desde Podemos.
7Planificación de las necesidades de los profesionales sanitarios
El partido de Pablo Iglesias considera necesaria la planificación de las necesidades de los profesionales sanitarios.
8Participación de los pacientes
La lista de propuestas de Podemos destaca, por último, la necesidad de que los pacientes participen. 

El año 2017 se despide en la Región de Murcia con anuncio de lluvia

MURCIA/MADRID.- La Región de Murcia recibirá el Año Nuevo con situación anticiclónica y temperaturas suaves para la época, comenzando el año con el paso de una borrasca, al final del día 1, según ha avanzado hoy el portavoz de la delegación territorial de Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Luis Bañón.

Concretamente, se espera un fin de año con temperaturas suaves que podrían estar entre los 4 grados de mínima en zonas tradicionalmente frías, y los mas de 10 grados en el entorno de Murcia.
Este domingo será un día templado, entrando el día de Nochevieja un frente de nubes, "poco activo", que pasaría por la Región en la madrugada de fin de año, lo que dejará nubes, algo de viento y temperaturas suaves. No se esperan lluvias; aunque de caer alguna precipitación será en las montañas muy al oeste de la Región, quizá en forma de nieve.
Tras el paso de ese frente, entrará uno nuevo, más activo, a final del 1 de enero y en la madrugada del día 2, que podría traer algo de precipitación, de nieve en cotas altas, así como viento y bajada de temperaturas, al menos durante dos o tres días.

Un total de 18 provincias españolas, entre ellas Albacete, están este domingo 31 de diciembre en alerta amarilla (riesgo) por viento, seis de ellas también en alerta naranja (riesgo importante) por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Del mismo modo, Albacete capital no se verá afectada por dichas rachas de viento y el nivel de alerta es nulo.
Así, están en alerta amarilla Almería, Granada, Cantabria, Albacete, Burgos, Soria, Tarragona, Navarra, Castellón, La Coruña, Lugo, Pontevedra, La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, Murcia.
El cielo estará este domingo nuboso o cubierto en el extremo noroeste peninsular, con precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, tendiendo a remitir en la segunda mitad del día.
Las precipitaciones se irán extendiendo a lo largo del día al resto de la mitad noroeste peninsular, siendo más débiles y menos probables hacia el sur y el este, sin descartar que alcancen otras zonas del norte de Andalucía, meseta sur y Sistema Ibérico.
En el área mediterránea y en Canarias predominarán los cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas. La cota de nieve en la Península estará en torno a 1.600-2.000 metros, bajando a 1.000-1.200 metros.
Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales en zonas de Extremadura, meseta sur, oeste de Andalucía, depresiones del nordeste peninsular y Mallorca y posibles calimas en Canarias.
Las temperaturas irán en descenso en gran parte de la Península, y en ascenso en Canarias.
En la Península y Baleares, el viento es de componente oeste, fuertes en Galicia y con intervalos de fuerte en el área cantábrica, extendiéndose en la segunda mitad del día a otras zonas de montaña del norte y este de la Península y litoral mediterráneo. En Canarias soplarán los alisios.

2017 o la crisis existencial de España / Lucía Méndez *

El año que empieza se cumplirá una década del estallido de la gran depresión, que primero trajo pobreza y convulsiones sociales a los países prósperos y más tarde ha legado un mapa de inestabilidad y crisis de la democracia representativa. Ni siquiera Alemania se ha librado. El país que lidera la UE lleva más de tres meses sin Gobierno, tras las elecciones generales de septiembre.

En España, duramente castigada por la depresión, la crisis de la democracia se manifestó primero en la indignación de «los de abajo» -trabajadores, parados, jóvenes- contra «los de arriba» -banqueros y gobernantes corruptos-, y de esa dialéctica nació Podemos. El sistema político sufrió una sacudida sin precedentes con la aparición de nuevos liderazgos políticos y un declive del bipartidismo. 

La fragmentación parlamentaria surgida de las elecciones del 20-D de 2015 aún mantiene al país en parálisis legislativa y de reformas. Sobre el papel, hay Gobierno y hay oposición. En realidad, ni el Gobierno, ni los partidos de la oposición, han logrado sacar adelante las muchas reformas pendientes. Únicamente los Presupuestos permiten al Ejecutivo mantener la apariencia de estabilidad.

Por el camino de la parálisis, la crisis política española -consecuencia de la económica- ha ido mutando. Empezó siendo un estallido social derivado del sufrimiento colectivo y ha desembocado en una crisis territorial y existencial de España. Los líderes independentistas que ostentaban la mayoría parlamentaria en Cataluña -revalidada el 21-D- prendieron la mecha de lo que ya es -y seguirá siendo en 2018- la mayor crisis de Estado de los últimos 40 años. 

El pulso entre los soberanistas y el Estado -con el Gobierno y los jueces como fuerzas de choque- ha consumido todas las energías políticas del país en 2017. Tal y como advierte lo que queda del desaparecido nacionalismo catalán, el Estado español es fuerte y se ha impuesto a la sinrazón de los que incumplieron las leyes. Los partidos soberanistas subestimaron la fuerza del Estado. Y tal vez el Gobierno nunca creyó que el independentismo fuera capaz de aprobar la declaración unilateral de independencia que dio paso automáticamente a aplicación del artículo 155 de la Constitución.

2017 pasará a la Historia precisamente por esto. La primera vez que se activa un precepto constitucional pensado como arma de disuasión para las ensoñaciones de independencia de cualquier parte del territorio. La primera vez que el presidente del Gobierno central -con la aprobación del Senado- destituye a un Ejecutivo autonómico, toma el control de la Administración, disuelve el Parlamento y convoca elecciones.

Más allá de este combate legal, Cataluña ha despertado también las emociones latentes sobre la identidad misma de España como nación. Fue en 2017 cuando aparecieron -espontánea y repentinamente- las banderas españolas en los balcones y ventanas de las ciudades de todo el país. Incluida Barcelona. Como expresión simbólica del rearme de un nacionalismo español desacomplejado, según algunas interpretaciones. Como grito de socorro de muchos ciudadanos que no quieren ver desmembrado al país donde nacieron, según otras. Las banderas españolas siguen ahí en esta Nochevieja. Desteñidas y arrugadas, pero testarudas y empecinadas. 

El año que termina será recordado por la intensidad de la preocupación, inquietud, tristeza y ansiedad con las que los ciudadanos de a pie de toda España han vivido la crisis catalana. Cataluña se ha hecho hueco en los salones de las familias, en las comidas, en las cenas, en las meriendas con los amigos y en las conversaciones de las personas mayores, que -quién sabe por qué- se acuerdan más que nunca de la Guerra Civil. Las conversaciones familiares han tenido su correlato en el debate intelectual sobre lo que ha sido, lo que es, lo que no es, lo que puede ser, o lo que debería ser España. 

Personalidades principales de ciencias y de letras discuten acerca de la nación española. Casi como cuando la Generación del 98 debatía sobre el ser y no ser de España, tras la pérdida de Cuba y Filipinas, últimos vestigios del Imperio.

El debate identitario deja una importante estela política en 2017. El reforzamiento del centro-derecha y la extrema debilidad de la izquierda. Desde que el bipartidismo se convirtió en multipartidismo, España ha sido una auténtica montaña rusa, en la que los partidos subían o bajaban por meses en las preferencias del electorado. Si el dolor social y la corrupción beneficiaron a Podemos en elecciones pasadas -autonómicas, municipales y generales-, el renacimiento de la idea de España ha partido por el eje a esta formación. Y en general a toda la izquierda española, ya que el PSOE tampoco ha sido capaz de explicar si tiene un modelo de país distinto al del PP.

Es Ciudadanos el partido que acaba y empieza el año en lo más alto. Su apuesta clara y rotunda por la España sin complejos -con todas las letras y todas las banderas- ha triunfado en las elecciones catalanas y podría expandirse al resto del territorio nacional. No es la primera vez que la formación de Albert Rivera amenaza la hegemonía electoral del PP en el centro-derecha. Pero quizá en esta ocasión, la cosa puede ir en serio.

En ese temor es donde podemos buscar, y quizá encontrar, lo que se esconde detrás del lapsus de Mariano Rajoy, al desear en Vigo «lo mejor para el año 2016». Tiene sus razones el presidente para equivocarse con ese año, y no con cualquier otro. 2016 fue, sin duda, un año clave en su vida política. Logró sobrevivir a la montaña rusa, a la pérdida de la mayoría absoluta, a la fragmentación parlamentaria, a la corrupción, a los empujones del Ibex, a la amenaza de Ciudadanos, a los envites de Aznar y a las calabazas que le propinó al Rey. Rajoy empezó 2016 con su cabeza en almoneda y lo terminó en La Moncloa. No le disgustaría repetir la hazaña en 2018.


(*) Periodista


Bruselas, ¿imposición o pretexto? Fernando Luengo *

El discurso político y mediático del gobierno del Partido Popular (PP) está instalado en el pretexto. Apela continuamente a la necesidad de seguir la hoja de ruta marcada por Bruselas –sin cuestionarla, por supuesto–, deslizando el mensaje de que las políticas aplicadas dentro responden fielmente a las exigencias comunitarias en materia de ajuste presupuestario. Con esa falacia, pretenden salir libres de polvo y paja de una gestión de la crisis –de la cual el PP es en buena parte responsable– tan ineficiente como costosa en términos sociales y productivos.

Este mismo pretexto también ha sido sacado a pasear por el gobierno de Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cargar contra los “ayuntamientos del cambio”, exigiéndoles que introduzcan más y más recortes en las políticas sociales y en las inversiones. Presión que, además de inaceptable, resulta incomprensible, pues estos ayuntamientos han conseguido, con una gestión eficiente y transparente, sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la ciudadanía. 

Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid desvela los verdaderos intereses del PP: debilitar y fracturar Ahora Madrid, poner contra las cuerdas a los concejales más comprometidos con las políticas antiausteridad, meter al Ayuntamiento en la lógica de los recortes y trasladar a la opinión pública la percepción de que sólo hay una política económica posible. Lo cierto, sin embargo, es que existía y existe en el estado español un margen de maniobra que, sobre todo por falta absoluta de voluntad política, no ha sido utilizado.
El contraejemplo está en Portugal, donde sí encontramos el compromiso político que ha estado clamorosamente ausente en nuestro país. En este país, desde que gobierna la coalición de izquierdas, se ha reducido de manera sustancial el desempleo y han mejorado los salarios; en paralelo, se ha reducido la deuda y el déficit públicos.

Se trata, pues, de dos ejemplos cercanos que, apuntando en direcciones opuestas, invitan a introducir más complejidad al debate sobre las evidentes y crecientes restricciones que supone nuestra pertenencia a la zona euro (a las que me refiero a continuación). Entre los factores que dan cuenta de las diversas trayectorias seguidas por las economías europeas –y sin pretender restar un ápice de complejidad a este debate– es necesario reivindicar la acción social y política, dentro y fuera de las instituciones. 

Esta es la clave para aprovechar, o no, el margen de maniobra a disposición de los actores que operan en los espacios locales, autonómicos y estatales. Sólo una interpretación errónea e interesada permite concluir que los estados carecen de cierta autonomía dentro de la zona euro, y en consecuencia de discrecionalidad, para diseñar y ejecutar una agenda propia que cuestione de hecho las políticas impulsadas desde la Troika. Avanzar en esa dirección, para lo cual es necesario que, como he señalado antes, exista disposición política, significa pelear desde abajo por Otra Europa.
Me parece evidente, en todo caso, que la camisa de fuerza comunitaria opera cada vez con más fuerza y que ello condiciona y lastra el rumbo a seguir por las economías. Hay que ser plenamente conscientes –por las consecuencias de gran calado que ello tiene– de la deriva oligárquica de la construcción europea en general, y de la unión monetaria en particular.

Lo acontecido en Grecia es un ejemplo inapelable. El gobierno de este país, liderado por Syriza, un partido de izquierdas que, además de contar con una amplia y sólida mayoría parlamentaria, se reivindicaba en las plazas y en las calles, quiso abrir una agenda de diálogo con las instituciones comunitarias con el objeto, absolutamente prioritario, de reestructurar la deuda, verdadero tapón de botella que impedía (y todavía impide) disponer de recursos para hacer políticas productivas y sociales. 

Esa pretensión contó con el rechazo frontal de las autoridades comunitarias y del Banco Central Europeo, encabezados por la irreductible posición de Alemania. La propuesta de Syriza en absoluto pretendía romper con las instituciones comunitarias y mucho menos abandonar la moneda única, pero fue abruptamente bloqueada, desencadenando una increíble operación política de acoso y derribo, que terminó por doblegar y someter a los dirigentes griegos y, lo más importante, condenó a la pobreza a la mayor parte de la población.
Un ejemplo, entre otros, de unas políticas económicas y unas reformas estructurales que cargan el coste de la crisis sobre la ciudadanía y los estados de bienestar, al mismo tiempo que rescatan a los bancos, preservan los privilegios de las élites y protegen a las grandes corporaciones. En la quintaesencia de las políticas comunitarias, exigidas sobre todo a las economías más débiles, está la continua y creciente injerencia presupuestaria, la estricta condicionalidad macroeconómica, la desregulación de las relaciones laborales y la exigencia de proceder a privatizaciones masivas.

También simbolizan esa deriva oligárquica las reformas que la Comisión Europea ha introducido y pretende introducir en la arquitectura institucional del euro. Las diversas propuestas puestas sobre la mesa al respecto y las diferencias existentes entre ellas –entre la francesa y la alemana, por ejemplo– no deben ocultar la evidencia de que apuntan a un federalismo tecnocrático y autoritario, y son un punto y seguido, o incluso un recrudecimiento, en las políticas llevadas a cabo hasta ahora.

Esta perspectiva arroja luz sobre la permanencia y resistencia de políticas que han fracasado o que, en el mejor de los casos, han obtenido resultados mediocres. Estas políticas que no han sacado a las economías de la crisis –a pesar de los registros positivos de los últimos años en materia de crecimiento–, pero sí han hecho posible una profunda recomposición de los mecanismos de acumulación, consolidando un capitalismo socialmente extractivo y depredador de los recursos naturales.

Un asunto sobre el que casi siempre se pasa de puntillas y que, sin embargo, tiene una gran trascendencia para el asunto que nos ocupa y revela la degradación del “proyecto europeo”: la intención de trasladar a los tratados europeos y a las constituciones de los países el conjunto de disposiciones en materia de ajuste fiscal que han estado en el corazón de las políticas de la Troika, el denominado Fiscal Compact

Dotar de rango legal, tanto a escala estatal como comunitaria, una determinada opción de política económica –la que han abrazado tanto los gobiernos conservadores como los socialistas– es, literalmente hablando, un atentado a la democracia, la cual, para serlo, por definición tiene que alimentarse de la pluralidad; un verdadero golpe de mano que culmina y sitúa en un proceso difícilmente reversible el asalto a las instituciones por parte de las élites.
Es necesario acumular fuerzas para librar una batalla política por otra Europa (las elecciones al parlamento europeo que tendrán lugar en junio de 2019 darán la medida de la capacidad de las fuerzas del cambio para afrontar ese enorme desafío). Porque en ese espacio europeo –y también en el contexto más amplio de la globalización– se dirimen asuntos de crucial importancia que afectan y mucho a la ciudadanía, como los paraísos fiscales, la desregulación financiera o la degradación medioambiental; porque a escala europea y global se están reconfigurando las relaciones de poder, en un sentido claramente favorable al gran capital corporativo y a los ricos; y porque las instituciones y las políticas comunitarias han sido colonizadas por las élites, que las han puesto a su servicio.

Opino que esta pugna hay que librarla dentro del euro. Pero no nos engañemos, y sobre todo no traslademos a la gente, a nuestra gente, el mensaje equivocado. El panorama someramente descrito nos habla de una Europa inmovilista, crecientemente blindada en la defensa de los intereses y privilegios de las élites, con una agenda de reformas y con unas políticas que los preservan y refuerzan. Nada que ver con la Europa democrática, abierta, acogedora, solidaria, sostenible y equitativa que necesitamos. Por esa razón, todos los escenarios, incluido el de la salida/disolución del euro, están abiertos; las fuerzas del cambio deben hacer pedagogía y trabajar sobre todos ellos. 


(*) Profesor de Economía Aplicada en la UCM y miembro de la Secretaría de Europa en Podemos
 
 

El año que Mariano Rajoy quiere olvidar… con ayuda de Freud / José Oneto *

El pasado sábado 30 de diciembre, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy asistía a un acto en Moaña (Pontevedra) para inaugurar la ampliación del Puente de Rande. Al terminar su discurso, quiso felicitar el año a todos los que se encontraban en el acto, aunque, tuvo un acto fallido, ya que en lugar de desear un feliz 2018, terminó su intervención “deseándoles a todos, y a sus familias lo mejor para el próximo año 2016, que sinceramente, buena falta nos hace”.

Según la teoría psicoanalítica un acto fallido es un acto en el cual no se obtiene el resultado explícitamente perseguido, sino que dicho acto inicial se encuentra reemplazado por otro resultado diferente. En otras palabras, no se habla de actos fallidos para designar el conjunto de errores de la palabra, de la memoria y de la acción, sino que se alude a aquellas conductas que el individuo habitualmente es capaz de realizar con éxito y cuyo fracaso tiende a atribuir a la falta de atención o al azar.

Desde el punto de vista psicoanalítico, los actos fallidos son formaciones de compromiso entre la intención consciente del sujeto y lo reprimido. Estos lapsus también pueden ser facilitados por la fatiga, la falta de concentración, entre otros. Pero no sólo eso, Para Freud el acto fallido tiene sentido e intención, y ocurre cuando el sujeto entra en conflicto o interferencia con algún deseo o cadena de pensamientos inconscientes, por tanto se podría de decir que estos lapsus son una especie de “traición” del inconsciente que provoca que expresemos cosas que conscientemente no queremos decir.

Efectivamente, en esos momentos, Rajoy, de forma inconsciente, en donde se almacenan recuerdos, pensamientos y situaciones dolorosas, quería olvidar todo lo que ha pasado este año, que ha sido trágico para el país, y trágico para él, y volver a 2016, el año que con muchas dificultades, volvió a ser investido presidente del Gobierno, después de una larga crisis constitucional, en su segundo mandato, un mandato que todavía no sabe cómo va a terminar.

En principio diciembre, después de un año para olvidar, termina con la vuelta a sus domicilios y cuarteles de más de quince mil policías que acaban de poner fin, según los planes del Ministerio del Interior, a la “Operación Copérnico” puesta en marcha por el Gobierno para impedir el Referéndum Ilegal del pasado 1 de octubre, que daría paso a la Declaración Unilateral de Independencia y a la intervención de la comunidad autónoma de Cataluña por el Gobierno central, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Una intervención, la primera que se produce desde la creación del llamado “Estado de las Autonomías”, que se mantendrá hasta la formación del nuevo Govern que todavía no se sabe si será presidido por Carles Puigdemont, (para restablecer el Gobierno que fue cesado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy), o por Oriol Junqueras. Uno, huido y refugiado en Bruselas y, el otro, encarcelado, en la prisión de Estremera, y, pendiente de la vista del recurso para su puesta en libertad el próximo jueves 4 de enero.

Es decir, que termina 2017 con el “contencioso catalán”, que ha acaparado toda la actualidad política hasta llegar a ser insoportable, desde el punto de vista informativo, y, comienza el nuevo año con el mismo contencioso, con el Gobierno español a la defensiva y, en peores condiciones con las que se abrió 2017, con esa promesa de que, tras el fiasco del Referéndum del 9 de noviembre de 2014, ese otro Referéndum del 1 de octubre no se celebraría, insistiendo, casi a diario que tenía preparadas todas las respuestas para cualquier eventualidad que pudiera producirse.

La única respuesta fue una actuación magnificada de las fuerzas de Orden público para cumplir una orden Judicial ; una rebelión de muchos mandos de los Mossos, entre ellos el Mayor Trapero, que no cumplieron el plan previsto para que todas las responsabilidades cayesen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil ( grupos paramilitares según la información distribuida a la prensa internacional por los independentistas ) y, numerosos actos de protesta contra las actuaciones judiciales y policiales que daban origen a una querella del fiscal general del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que, al final, ha afectado a toda la Mesa del Parlament catalán y a todo el Gobierno de la Generalitat.

Todo esto es lo que ha querido olvidar Mariano Rajoy, inconscientemente, el sábado pasado cuando al querer felicitar el nuevo año, en un acto fallido, se olvidó de 2017, y felicitó a todos, en un salto en el tiempo, el 2016. Para él este que acaba de terminar, igual que para el país, ha sido un año funesto. Para olvidar. Difícil fue la investidura, difícil fue conseguir los apoyos, especialmente la abstención del PSOE, difícil la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y difícil el año Parlamentario.

El Congreso de los Diputados sólo ha completado la tramitación de ocho leyes en el primer año de esta XII Legislatura, mientras que tiene pendientes otras 28, muchas de ellas paralizadas desde hace meses, y se ha topado con 34 vetos del Gobierno a otras tantas iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios o de parlamentos autonómicos. Además, los diputados han registrado un total de 13.890 preguntas escritas al Ejecutivo. El Gobierno ha sacado adelante 16 decretos ley y sólo ha visto rechazado uno, el primero de la reforma de la estiba.

Un año parlamentario bastante estéril y políticamente de poco recorrido por la necesidad de apoyos en el Parlamento, que ha visto cómo eran rechazadas propuestas de la oposición que hubieran significado un principio de renovación política que tanto necesita la vida española. Este año que acaba de comenzar se cumplen cuarenta, de la aprobación de la Constitución, y debería aprovecharse para plantear una profunda Reforma de una Carta Magna, que se ha quedado anquilosada, que no contempla nuevas realidades y nuevos retos y que, en algunos aspectos, necesita de correcciones.

Correcciones habrá que hacer también en la Economía para superar ese 3 % de crecimiento del PIB que el Gobierno se ha fijado para 2018. La Economía ha sido precisamente lo que mejor ha funcionado el año que termina, según el balance que él Presidente del Gobierno, hizo a final de año, en su tradicional rueda de prensa de balance en la Moncloa. Según él, la recuperación “se nota cada vez más” en la situación de los ciudadanos. 

España cerrará este año con un crecimiento del 3,1 por ciento, lo que supone que el Producto Interior Bruto (PIB), completará su tercer año consecutivo con un avance de más de tres puntos porcentuales y, probablemente con 600.000 empleos creados”, algo que España seguirá liderando entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Solo el contencioso catalán más vivo que nunca puede perjudicar a estos objetivos de crecimiento, como ha ocurrido en Cataluña que ha crecido menos que el resto de España y que ha visto cómo ha descendendido la inversión extranjera y  el turismo.

Ha sido precisamente la OCDE la que ha hecho sonar todas las señales de alarma sobre un tema económico que hay que abordar con urgencia: el futuro de las Pensiones y  la complejidad a la que se enfrentará en el futuro para la sostenibilidad del sistema público debido al envejecimiento de la población. España apunta a que el país tendrá en 2050 la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, solo superada por Japón. 

A pesar de la “importante” reforma del sistema realizada en 2013, existen aún enormes limitaciones, como la edad media de salida del mercado laboral, que se estancó en 2013, o la falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación.

En concreto, en los próximos 32 años, cuando la generación nacida en la década de los noventa esté próxima a la jubilación, observará cómo 77,5 de cada 100 habitantes serán pensionistas, frente al 30,6% de 2015 o el 19% de hace 40 años. Esta ratio solo será superada “ligeramente” por Japón, que en 2050 contará con 77,8 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes.



(*) Periodista y economista



 

El otro discurso / Ramón Cotarelo *

Ayer comentaba Palinuro el balance triunfal del año de M. Rajoy, con una victoria sobre los réprobos catalanes, capaces de sostener la nefanda y antidemocrática teoría de que ganar unas elecciones da derecho a componer gobierno. 
 
Días antes había glosado el discurso del Rey de esta católica monarquía el 24 de diciembre (Discursos a la nación catalana) informándonos muy cumplidamente de que aquí no se mueve nada ni nadie porque no. Horas después contestaba Puigdemont con otro discurso, afirmando que las elecciones del 21D fueron el triunfo de la República catalana frente a la Monarquía del 155.

Pero, desde entonces, se multiplicaron los gestos de hostilidad del bloque del 155 sin respuesta en el campo indepe en donde comenzaron a correr rumores de quiebras y discrepancias internas. La belicosa aparición de M. Rajoy, con su hidalga bambolla de trolas, amenazas, disparates y perogrulladas, acabó por asustar al personal. Justo lo que quieren estos vociferantes guerreros de la honra hispánica de la Gürtel.

Las guerras no se ganan en los campos de batalla sino antes, y en la retaguardia. La retaguardia determina la moral de los combatientes.

El "tradicional" discurso de fin de año de Puigdemont (aquí en castellano) es la respuesta a la prolongación del 155, el continuado ataque a las instituciones de autogobierno y la última diatriba de M. Rajoy en pro de la dictadura. Justamente lo que necesitaban las huestes indepes para encarar el nuevo año con brío. 

Ese es el punto central de ambos discursos. El de M. Rajoy es sobre el año pasado; el de Puigdemont sobre el que que viene, el que empieza hoy a las 24:00. El primero ha cantado sus glorias y exhibido como trofeos las cabezas de los dirigentes que él mismo había descabezado, según anunció orgullosa su vicepresidenta, hoy misteriosamente ausente del foro público. Las cabezas de los dirigentes políticamente muertos por haber albergado ideas distintas a las de la recta razón, monopolio exclusivo del 155. Tal es la realidad que M. Rajoy invita a aceptar a los futuros gobernantes catalanes si no quieren perder sus cabezas.

De pronto, algún recurso escénico, algún truco inesperado provoca un repentino cambio de escenario y de la sala de prensa de La Moncloa pasamos a una habitación en Bruselas con dos banderas catalana y europea, unas discretas luminarias navideñas y, en lugar de M. Rajoy, nos habla uno de sus descabezados, demostrando con hechos aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud
 
También hemos cambiado de realidad. La realidad del lazo amarillo. La realidad de unos candidatos electos presos o exiliados, impedidos de ejercer sus derechos políticos. Ahora, el presidente del gobierno legítimo de la Generalitat exige al del gobierno de facto que acate el resultado de las elecciones 

Se oye mucho esa aparentemente sensata (y resignada) consideración de que es absurdo y además imposible gobernar por internet. Depende de lo que se entienda por gobernar. Por ejemplo, la cuestión ahora es saber cuál de las dos fórmulas acabará configurando la realidad real, si el 155 y la dictadura o el restablecimiento de la Generalitat legítima. Y esa es una decisión de gobierno a distancia. 

Se quiera o no, la cuestión catalana se ha internacionalizado, especialmente se ha "europeizado". La intervención de distintas instancias europeas es cada vez más evidente. El gobierno ve cómo se reduce su margen de maniobra en parte por su incompetencia (aunque esto no se lo confiesa), y en parte por la habilidad de sus adversarios, capaces de mantener una relación intensa entre los dirigentes y la amplísima base en que se apoyan. 

Se ponga como se ponga el bloque del 155, en Europa no es aceptable un Estado con rehenes, con presos políticos. 

En el PSOE se han enfadado del todo con Podemos por el supuesto apoyo de este al independentismo. Es una excusa porque todo el mundo sabe, incluido el PSOE, que Podemos no apoya el independentismo. Entre ellos lo resolverán. El PSOE hace visible así su exquisita centralidad entre el independentismo y el "inmovilismo" del  gobierno. Es preciso encontrar alguna fórmula intermedia, satisfactoria para todo el mundo. 

Mientras la encuentran, ¿qué tal si piden a su socio, el PP, que levante el 155 y permita que se constituya el govern legítimo? Sin prejuzgar el resultado que, cuando menos, las partes puedan actuar en igualdad de condiciones. Se llama juego limpio, algo por lo que el socialismo ha luchado siempre.

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Si no me equivoco, Puigdemont no menciona una sola vez al Rey. Es lógico; es el presidente de una República.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Puigdemont reta a Rajoy / José Antich *

El president Carles Puigdemont ha destacado los valores de la República catalana en su discurso de Fin de Año emitido desde Bruselas, ciudad en la que se ha exiliado junto a cuatro consellers de su Govern. El mensaje de Puigdemont es un desafío al inmovilismo de Mariano Rajoy y un canto a que los catalanes disfruten de los valores republicanos: libertad, igualdad y fraternidad.

A buen seguro que el discurso levantará ampollas en Madrid, que contemplaba el post-21-D en otro contexto y con otros actores. Una circunstancia que no se ha producido en las urnas y está a expensas, en todo caso, de lo que suceda en los despachos políticos y judiciales. 

Y en cambio, lo que sucede es que el president destituido por Rajoy y en condiciones aritméticas de ser reelegido por el Parlament lo que manifiesta es que Catalunya es un pueblo “democráticamente maduro, que se ha ganado el derecho a hacerse a sí mismo como república de hombres y mujeres libres”.

Puigdemont invita a Rajoy a aceptar los resultados, la victoria del independentismo y lo emplaza a negociar sin más demora. Lo hace responsable de haber enredado a los líderes de la UE con un compromiso que no se ha cumplido y que consistía en haber acabado con el independentismo antes de Navidad. Y le exige que repare el daño causado porque las urnas ya han hablado.

Un último apunte: es la primera vez desde la Generalitat restaurada, en 1977, con Josep Tarradellas volviendo del exilio, que en estas fechas el president de Catalunya no puede dirigirse a los catalanes desde el Palau de la Generalitat. No es un dato menor, ni un apunte a pie de página: los estragos del 155 no se solucionarán en meses. El Estado sabía lo que hacía con una iniciativa que no era constitucional, aunque así se haya presentado y haya sido avalada en las Cortes.

El resultado del 21-D exige un nuevo tiempo, un diálogo y una negociación. Los catalanes así lo han querido.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


sábado, 30 de diciembre de 2017

El primer filtro verde del Mar Menor se reduce tan solo a 9 hectáreas por un menor vertido en la Rambla del Albujón


MURCIA.- La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente está trabajando en la creación de una red de humedales artificiales en el Campo de Cartagena para evitar la llegada de cualquier tipo de agua superficial con concentración de nutrientes o con contaminación de cualquier tipo al Mar Menor.

Con este objetivo, ya se ha constituido dentro del propio Comité un grupo de expertos para el diseño de 'filtros verdes' que se adecúen a la realidad actual y previsiones futuras. La Comunidad Autónoma aportará 4,2 millones de euros a este nuevo proyecto.
Esta iniciativa para contribuir a la recuperación total del Mar Menor sustituye a la originalmente prevista, ya que los volúmenes de agua que discurren por la Rambla del Albujón, así como su composición, han variado sustancialmente desde las medidas de 'vertido cero' adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a instancia del Gobierno regional en el verano de 2016.
El director general del Mar Menor, Antonio Luengo, indicó que "en la reunión del Comité de Asesoramiento Científico de octubre, así como en los encuentros del grupo específico, ya cometamos la necesidad de cambiar el proyecto original y buscar uno más ajustado y que realmente sea útil y viable".
En concreto, ya se ha puesto sobre la mesa para su estudio lo que se denomina 'Fase I del Filtro' que consistiría en la ejecución de un proyecto con una superficie de unas nueve hectáreas, cuya ubicación más idónea sería junto a la desembocadura de la Rambla del Albujón.
Este primer humedal artificial estaría planificado para un caudal aproximado de 60 litros/segundo y debe incluir la obtención de agua, previa autorización de la CHS, para garantizar el caudal mínimo de supervivencia tanto de las bacterias como de la propia vegetación que ayuden a contener y adsorber los nutrientes o algún tipo de contaminación que pueda arrastrar el agua.
"El diseño de esta infraestructura será analizado y estudiado por los miembros del grupo de trabajo constituido dentro del Comité de Asesoramiento Científico para que puedan hacer todas las aportaciones que consideren con el objetivo de intentar disponer de un documento que dé solución a la llegada de agua en superficie al Mar Menor", aseguró Luengo.
Una vez avanzado este proyecto, se abordará su posible ampliación, si se considera necesario por los expertos, así como la ubicación de otros humedales artificiales en el Campo de Cartagena que constituyan una red de depuración natural de las aguas superficiales.
Por otro lado, en la última reunión del grupo de trabajo relacionado con los humedales artificiales, celebrada el pasado 18 de diciembre, se trataron otros proyectos liderados por la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, como los trabajos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Los Alcázares para utilizar un diseño y una tecnología de desnitrificación aplicable a otros humedales; o los primeros resultados del ensayo de desnitrificación de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena.

C's Cartagena promete combatir el populismo excluyente en 2018 y hace balance de su trabajo de consenso en 2017


CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha querido hacer hoy un balance del trabajo de su Grupo en 2017, "Ha sido un año difícil, complejo y apasionante. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos hemos crecido en experiencia y en eficacia, hemos aprendido del pasado y hemos aplicado aquellas cosas que han funcionado, hemos optimizado nuestros recursos y seguiremos haciéndolo en el futuro".

Manuel Padín ha informado que Ciudadanos ha defendido en el Pleno del Ayuntamiento casi medio centenar de mociones, de las cuales se han aprobado el 97,70 por ciento, lo que, en opinión del portavoz de la formación naranja, convierte a Ciudadanos "en un partido con vocación de consenso y diálogo en el Pleno municipal, pero ya no nos conformamos con hacer oposición, creemos que podemos cambiar la manera en que se ha hecho política desde hace unos años en Cartagena, hacer las cosas de otra manera, y para eso no hay más remedio que hacerlo desde el gobierno".
"Además, desde la Asamblea hemos rescatado del olvido la ZAL de Cartagena, y hemos sumado y trabajado como nadie para que los cartageneros disfruten de una sustancial rebaja en su recibo del agua", ha añadido Padín.
Manuel Padín también ha aludido a la necesidad de confiar en el trabajo de los funcionarios, "hay que respetar de verdad el trabajo de estos profesionales y no sólo mencionarlos cuando interesa o usarlos políticamente, porque ellos son los garantes del buen funcionamiento de este Ayuntamiento, y los políticos tenemos que dejarnos asesorar por ellos con respeto y humildad".
En el lado negativo, Ciudadanos lamenta que el Gobierno de Cartagena sólo haya podido ejecutar el 30,30 por ciento de los acuerdos plenarios impulsados por C's y que haya dejado en el aire casi el 70 por ciento de ellos, entre los que se encuentran la adecuación y la mejora de la seguridad de los parques infantiles del municipio, el plan de choque para revivir el Mercado Gisbert, el proyecto para crear espacios de sombra en áreas públicas, iniciar el proyecto de Patios Abiertos para aprovechar estos espacios fuera del horario escolar, realizar la Semana del Pequeño Comercio, u organizar el ciclo de conferencias sobre las zonas logísticas de España para impulsar más aún la ZAL de Cartagena, entre otros.
El portavoz asegura haber intensificado durante 2017 sus contactos con los barrios y diputaciones del municipio: "He acompañado y escuchado a los vecinos de mi tierra en cada evento, cada junta vecinal, cada acto al que se me ha invitado, y he aprovechado esos instantes para atender las necesidades, los sueños, las quejas o los objetivos de innumerables colectivos sociales y vecinales. Esa información ha sido trasladada a mi Grupo que ha sabido transformarla para convertirla en acciones legislativas para dar solución a los problemas y satisfacer las demandas. Pero queda mucho por hacer, mucho por escuchar".

El cartagenerismo es otra cosa
Manuel Padín también ha hecho referencia a los ataques sufridos y la persecución política a la que se ha visto sometido por parte de algún miembro de la Corporación, ya que "no ha sido fácil, en 2017 he vuelto a soportar el odio y el resentimiento de aquellos (no hace falta que los nombre) que no saben digerir las críticas; ciertas personas que en el fondo no han interiorizado lo que significa la democracia y la diversidad. El cartagenerismo es otra cosa, los valores de Cartagena tienen que ver más con el señorío, la nobleza, la valentía, la disparidad de ideologías. El populismo excluyente que dice 'o eres de los míos o no eres un verdadero cartagenero' también se ha instalado aquí, y de nosotros depende presentar batalla y combatir sus soflamas populistas con argumentos en 2018; nacimos precisamente para combatir esta forma de hacer política".
El portavoz de la formación naranja ha querido recordar el trabajo de sus vocales en las Juntas Vecinales, ya que "me siento orgulloso del trabajo de todos los vocales que representan las siglas y el color naranja en sus respectivas diputaciones y barrios, que han denunciado cada injusticia, reclamado cada reivindicación vecinal, y que han dejado el pabellón de C's tan alto".
"Agradecido también a todos aquellos afiliados, a las primeras y a las últimas incorporaciones que nos alientan y aconsejan casi cada día, que han entendido que quieren formar parte del futuro de España a través de un partido político que les representa y que ha jurado transformar la vida política, combatir la corrupción, el populismo y el nacionalismo excluyente, pelear por un reparto de la financiación justa y ofrecer respuestas a los retos de España, de la Región, y de Cartagena", ha señalado Manuel Padín.
Asegura que para esa 'batalla', tiene la suerte de "contar en la estructura nacional y regional con una fuerza intelectual y moral apabullante, con mis diputados y con los secretarios institucionales".
El portavoz naranja asegura sentirse "afortunado de representar a este partido en la tierra que amo, y no olvido a los miles de votantes que lo hicieron posible en Cartagena, y a los que me debo... como tampoco olvido al resto, que son tan cartageneros como los que más y por los que también trabajamos, porque entiendo que tenemos un objetivo común: llevar a Cartagena hasta donde se merece".

C's-CT pide explicaciones al Ayuntamiento por no autorizar la recogida de firmas para equiparar sueldos policiales

CARTAGENA.- Según ha informado el diario La Opinión, responsables de Jusapol, la asociación de policías nacionales y guardias civiles que lucha por la equiparación salarial con Mossos y la Ertzaina, han denunciado que los agentes tenían previsto recoger ayer firmas de apoyo a su reivindicación en Cartagena, pero, a las dos horas de empezar, les denegaron la autorización para montar el stand con banderas de España, "alegando que la responsable está de vacaciones y no ha podido firmarla".

Con motivo de la publicación de esta información, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que pedirá la próxima semana explicaciones al Gobierno de Cartagena.
 "La verdad es que nos cuesta entender este cúmulo de despropósitos, no entendemos que la recogida de firmas se haya podido realizar en la ciudad de Murcia y en otras ciudades españolas, pero no en la de Cartagena, no entendemos que el Ayuntamiento no prevea las vacaciones de la responsable que debe firmar la autorización para montar un stand en la vía pública, y no entendemos el trato que se les ha dado a estos agentes que sólo quieren recoger apoyos para una reivindicación justa, y por la que está peleando con uñas y dientes Ciudadanos a nivel nacional", ha señalado el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.
"Si se niegan a aclarar nuestras dudas o la respuesta del Gobierno local es insatisfactoria, no tendremos más remedio que llevar este asunto al primer pleno ordinario de 2018", ha advertido el portavoz.
"Espero que nuestro Ayuntamiento aclare cuando antes nuestras dudas, y encuentre la manera de resarcir a la Asociación Jusapol", ha indicado el portavoz de C's.
El portavoz ha recordado el apoyo de su Grupo en la Asamblea Regional a esta equiparación, "la iniciativa de Ciudadanos exigió que se equiparen las retribuciones de Policía Nacional y Guardia Civil a las de las policías autonómicas, y que mejoren sus condiciones laborales, profesionales y sociales para que puedan ejercer su trabajo de forma digna".

El PP sí organizó su stand
Por otra parte, el portavoz naranja ha expresado su malestar "porque a esa misma hora, en la vía pública, y no sabemos si con todos los permisos y autorizaciones, estaba el Partido Popular montando un stand para explicar los presupuestos regionales, y de paso, adjudicarse logros ajenos, como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que como todo el mundo sabe ha sido una condición impuesta por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos". 
"Además, es llamativo que el PP regional estuviera en las calles del centro defendiendo sus presupuestos para la Comunidad, mientras que a la misma hora, no muy lejos de allí, el PP local estaba dando su apoyo a incontables modificaciones presupuestarias para esas mismas cuentas; eso no hay quien lo entienda, nosotros hemos influido positivamente en los presupuestos pero no están diseñados por nosotros y no son los mejores para Cartagena, pero sí son de arriba a abajo los del PP". 
"El PP dice una cosa en el Ayuntamiento y otra en la Asamblea y en las calles, y encima se permite el lujo de rechazar nuestra propuesta para alcanzar un gran pacto político municipal para trabajar en 2018 en una batería de inversiones necesarias para Cartagena en 2019", explica Manuel Padín. que se sorprende de que el señor Espejo calificara graciosamente su reacción en el Pleno de 'berrinche', "cuando lo único que sentí y siento es estupor ante la incoherencia y la frivolidad de un partido que, más de dos años después, sigue buscando su sitio en la oposición de Cartagena".

Unas 200 personas protestan contra la represión en el CIE temporal de Archidona


MÁLAGA.- Unas 200 personas, según los asistentes, se han concentrado este sábado a las puertas de la cárcel de Archidona, que funciona como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) temporal, para mostrar su repulsa por la muerte este pasado viernes de uno de los inmigrantes internos en la misma y por la "represión" en estas instalaciones. Además, han exigido la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Con gritos de 'Ninguna persona es ilegal', 'Rajoy dimisión' y 'Zoido dimisión' ha discurrido esta concentración en la que han participado miembros de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, organizaciones, colectivos y partidos políticos.
Se ha leído un manifiesto de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones en el que se alude a la "represión" que está habiendo en la cárcel de Archidona en su uso como CIE "pese a las incompatibilidades legales" y han lamentado la muerte de un ciudadano argelino de 36 años, según los primeros indicios, tras haberse suicidado.
En este sentido, en el manifiesto se reclama una investigación "independiente" sobre los sucesos y piden que se identifique al fallecido y se contacte con su familia. Esta Campaña Estatal ha denunciado esta muerte "como un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación".
Han incidido en este sentido en la "vulneración de los derechos humanos a un extremo criminal", criticando el uso de una instalación penitenciaria como CIE temporal, el empleo de "datos falsos para internar a las personas, que se haya intentado deportar a adolescentes, etcétera".
Además, se ha aludido al vídeo que circula por las redes sociales en el que "la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona". A esto se ha referido también el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, Daniel Machuca, quien ha indicado que los internos "están sufriendo malos tratos y algunos, según nos trasladan las familias, ya no aguantan más"; de hecho, ha indicado que este mismo sábado se ha trasladado a un interno en ambulancia a un centro de salud.
Machuca ha sostenido que la investigación sobre lo sucedido "debe llegar hasta el final", acusando al ministro del Interior de ser "el responsable" y ha exigido que se paralicen las deportaciones "de manera inmediata porque cualquiera de los internos es susceptible de ser testigo de lo que pasó con el inmigrante que ha muerto".
Ha lamentado, al igual que ha hecho el dirigente de Izquierda Unida en Málaga, Francisco Matas, que se estén "vulnerando" derechos humanos y, sin embargo, el Gobierno central "no hace nada", recordando que hasta el Defensor del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han llamado la atención sobre lo que está sucediendo desde que a finales de noviembre comenzaran a llegar a este centro penitenciario de Archidona inmigrantes que alcanzaron las costas españolas en pateras.
El portavoz de la plataforma ha recordado también que la Audiencia Nacional ha pedido que se deje en libertad a dos de los solicitantes de asilo internos en la cárcel del municipio malagueño.
Matas, por su parte, también ha exigido que se conozca las causas de la muerte del argelino de 36 años "fruto de la desesperación". 
"Hay vulneración de los derechos humanos a 50 kilómetros de Málaga capital", ha lamentado.
Además, ha criticado que ni el Ayuntamiento de la capital ni la Diputación, que aprobaron sendas mociones institucionales para declarar a la ciudad y la provincia como libres de CIE, "hayan condenado todo lo que está sucediendo en Archidona". 
"El único delito de estas personas es ser pobres", ha finalizado.
También la Asamblea Nacional Andaluza ha responsabilizado al ministro del Interior "del suicidio del inmigrante" en la prisión de Archidona y ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que reclame "de inmediato, las competencias, tanto en materia de inmigración, como la de la gestión de los CIE y la administración penitenciaria para que sean gestionados desde el sentido humanitario y de integración que distingue al solidario y tolerante pueblo andaluz".
En la tarde de este sábado, a partir de las 19.00 horas en la plaza de la Merced de Málaga capital, tendrá lugar una concentración similar a la de Archidona para protestar por la situación en el CIE temporal y pedir responsabilidades políticas por la muerte del ciudadano argelino hallado muerto en su celda este pasado viernes.

La abundancia de lenguado y lubina del contaminado Mar Menor modera sus precios


SAN JAVIER.- La generosa campaña de lubina del contaminado Mar Menor de este año, con piezas de un kilo o kilo y medio, permite una carne fina y sabrosa por no más de 26 euros el kilo, casi la mitad del precio que alcanzó la Navidad anterior. Si se prefiere de tamaño más pequeño, se puede encontrar incluso a unos 16 euros el kilo, según revela hoy La Verdad.

Los lenguados del Mar Menor registran en estas fechas toda una explosión nunca vista entre los pescadores de la laguna. La merma de la pradera verde que se produjo hace dos años parece haber favorecido la reproducción del lenguado, que tiende a enterrarse en los fondos de arena.
La dorada del Mar Menor, en cambio, desaparece al apretar el frío, tras el aluvión que llenó las redes en noviembre.
Las crancas del Mar Menor, escasas y apreciadas, alcanzan hoy los 63 euros el kilo.

Acuerdo seis años después para regular las condiciones de los empleados públicos municipales en Molina de Segura


MOLINA DE SEGURA.- Políticos y sindicatos consiguieron aprobar la propuesta de un nuevo acuerdo marco que regirá las condiciones laborales de todos los empleados públicos del Ayuntamiento molinense desde su aprobación en Pleno hasta el día 31 de diciembre de 2020. 

La Mesa General de Negociación de Empleados Públicos ha conseguido, con los votos a favor de los representantes de los grupos municipales que integran el equipo de gobierno (PSOE, Ganar Molina, Cambiemos Molina y dos concejales no adscritos), otro concejal no adscrito, así como de los representantes sindicales de UGT, CCOO y CSI-CSIF, sacar adelante un acuerdo marco que incorpora varias mejoras laborales y un anexo de formación acreditada para todos los empleados públicos, dotado con un total de 350.000 euros, a repartir entre todos los trabajadores a cambio de una formación de 30 horas, que recibirán fuera del horario laboral.
Los empleados públicos del Ayuntamiento de Molina no disponían de un acuerdo marco desde el día 1 de enero 2012, fecha en la que caducó el último acuerdo marco en vigor, correspondiente al período 2008-2011: «desde entonces carecen de un acuerdo que rigiera sus condiciones laborales», explica el concejal de Recursos Humanos, Antonio Navarro. «Seis años después, este equipo de gobierno rescata del olvido el acuerdo marco y logra sacar adelante una propuesta que incorpora importantes mejoras económicas y de las condiciones laborales de los empleados públicos».
La propuesta será debatida y votada en el Pleno Ordinario del Consistorio molinense, correspondiente al mes de enero de 2018.
Asimismo, la propuesta incorpora un anexo de especial disponibilidad para los agentes de Policía Local, que «redundará en una mejora de la calidad de los servicios que presta la Policía Local, al tiempo que garantiza la prestación de todos los servicios necesarios, con mejoras en la retribución económica para aquellos agentes que se adhieran a esta especial disponibilidad, según el edil.

La Región contará con 13 festivos en 2018

MURCIA.-El calendario laboral para 2018 recoge un total de 13 días festivos nacionales, de los que diez se celebrarán de forma conjunta en toda España, uno más que en 2017.

En concreto, nueve son festivos nacionales "no sustituibles" por las comunidades autónomas: 1 de enero (lunes), 30 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (martes), 15 de agosto (miércoles), 12 de octubre (viernes), 1 de noviembre (jueves), 6 de diciembre (jueves), 8 de diciembre (sábado) y 25 de diciembre (martes).
A los nueve festivos no sustituibles se suma otro más, el 6 de enero, Día de Reyes (sábado), que será fiesta en todas las comunidades autónomas porque ninguna región ha decidido cambiar este festivo a otro día.
Junto a estos diez festivos nacionales figuran tres más que las comunidades autónomas pueden sustituir: el 19 de marzo (San José); el 29 de marzo (Jueves Santo) y el 25 de julio (Santiago Apóstol).
El 19 de marzo (lunes) sólo será festivo en Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que el 29 de marzo (Jueves Santo) será festivo en toda España menos en Cantabria y Cataluña. El 25 de julio (miércoles) sólo será festivo en Galicia.
A todos estos días festivos hay que sumar el día que cada comunidad autónoma establece como fiesta propia, y los días festivos locales de cada ciudad.
En 2018 vuelve a añadirse como festivo nacional el 1 de enero (Año Nuevo), que no se recogía en el calendario de festivos de 2017 porque caía en domingo.
De este modo, en 2018 todas las comunidades disfrutarán de un festivo nacional más que en 2017, cuando sólo hubo nueve festivos comunes.
Así, los festivos en la Región de Murcia serán el 1 y 6 de enero, 19, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 9 de junio (Día de Murcia), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre.

Fallece la exedil socialista de Cartagena María Sacramento Cánovas

CARTAGENA.- La exedil socialista del Ayuntamiento de Cartagena durante tres legislaturas María Sacramento Cánovas Montalbán, también exdiputada nacional, ha fallecido a los 69 años, según informan fuentes municipales al transmitir sus condolencias. 

Cánovas fue edil durante los mandatos los alcaldes Juan Martínez Simón, entre 1983 y 1987; Antonio Vallejo Alberola, entre 1987 y 1991, y José Antonio Alonso, entre 1991 y 1993.
Fue concejal de Educación y primera teniente de alcalde.
También fue directora general del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia y directora general de Educación y Universidades del Gobierno autonómico, así como diputada en el Congreso de 1996 a 2000.
La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio Estavesa y el funeral tendrá lugar mañana domingo a las 10 horas.

A partir del 1 de enero baja el precio de 1.253 productos farmacéuticos

MADRID.- A partir del próximo lunes, 1 de enero de 2018, se rebajarán los precios de 1.253 medicamentos, que reducirán la factura pública en 89,6 millones de euros, y también costarán menos 327 presentaciones de medicamentos hospitalarios.

Los diez principios activos que tendrán un mayor impacto en la bajada de precios representan casi el 80 % de toda la reducción de la factura, ha señalado en un comunicado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Los principios activos que bajarán el precio son: Salbutamol (indicado para el asma), Azitromicina (antibiótico), Insulina glargina (diabetes), Condroitinsulfato (artrosis), Olmesartan medoxomilo (antihipertensivo), Levonorgestrel/etinilestradiol (anticonceptivo), Latanoprost (glaucoma), Candesartan/hidroclorotiazida (antihipertensivo), Metotrexato (inmunosupresor) y Mirtazapina (antidepresivo).
A partir del lunes, con la entrada en vigor de los nuevos precios, las farmacias dispensarán los medicamentos a precio rebajado y asumirán la diferencia de las existencias que aún tengan en 'stock'.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha afirmado que "el sistema de precios de referencia se ha consolidado", pero ha señalado que se deberían "ampliar los plazos de coexistencia de medicamentos con precio antiguo y nuevo".

Más de 800 empleados del Popular han aceptado ya el ERE de Banco Santander

MADRID.- La intención de Banco Santander de que la práctica totalidad de salidas en los servicios centrales del Popular sean voluntarias lleva camino de cumplirse. Según fuentes conocedoras de la situación, más de 800 empleados de esta entidad se han apuntado ya voluntariamente al ERE (Expediente de Regulación de Empleo) acordado entre el Santander y los sindicatos el 5 de diciembre. Dado que el número total de bajas será de 1.100 y que el plazo de adscripción voluntaria llega hasta el 10 de enero, se espera que los despidos forzosos sean mínimos, según El Confidencial.

Para conseguir su objetivo, el banco que preside Ana Botín ha ofrecido a los empleados del banco adquirido unas condiciones muy parecidas a las del ERE que acometió el Santander el año pasado y mucho mejores que las del expediente del propio Popular por el que salieron 2.592 personas en octubre de 2016. Estas condiciones contemplan grandes incentivos para los que se apunten voluntariamente. Asimismo, el Santander ha aceptado una rebaja del número de salidas a 1.100 frente a las 1.585 anunciadas en noviembre.
Según la información transmitida por el banco a los representantes de los trabajadores, la idea del banco es cerrar el proceso en menos de un mes una vez que se haya cerrado el plazo y que prácticamente el 100% de las bajas sean voluntarias. Estos representantes destacan que el acuerdo firmado a principios de mes prima la voluntariedad y la fórmula de las prejubilaciones, para lo cual se ha reducido la edad mínima para acogerse a esta figura a los 50 años.
Los mayores de 55 que acepten prejubilarse seguirán cobrando el 80% del salario bruto hasta que se jubilen definitivamente a los 63 años, más una prima para los que se apunten voluntariamente de 14.000 euros, a la que se sumarán otros 2.000 por trienio acumulado en el banco.
El colectivo de entre 50 y 54 años ya no tendrá que apuntarse a las bajas incentivadas, sino que también podrá retirarse con el 80% del sueldo durante ocho años y con un tope de 380.000 euros. Como en el caso de los mayores de 55, habrá una prima de voluntariedad de entre 19.000 y 30.000 euros en función de la antigüedad, más los 2.000 por trienio.

Santander paga el convenio de la Seg. Social

Además, los sindicatos destacan como un logro muy relevante que el banco se hará cargo del 100% del convenio especial de la Seguridad Social. Este convenio permite cotizar a título individual a determinados colectivos que necesiten seguir cotizando para evitar lagunas de cotización en el cálculo de su pensión o bien para mejorar el cálculo de la misma. Es el caso de los que prejubilados más jóvenes, que agotarán el máximo de dos años de prestación de desempleo que incluye esta figura y aún les quedarán algunos años para poder acceder a la jubilación. En el caso del Popular, no tendrán que pagar ellos las cuotas sino que lo hará el Santander.
Aparte de las prejubilaciones, el ERE contempla bajas incentivadas entre los menores de 50 años, para las que las condiciones son una indemnización de 40 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades —lo que supone el doble de la indemnización legal vigente— y primas de 500 euros por año de antigüedad con un máximo de 30.000 euros. Aquí también se aplicará el plus de 2.000 euros por trienio, siempre que la baja sea voluntaria.
Hay que recordar que todavía está pendiente el grueso de la reducción de plantilla en el Popular, la que corresponde a la red de oficinas. 
Este segundo ERE se negociará cuando se produzca la integración tecnológica de las dos redes, algo previsto a lo largo de 2018 y que no tiene por qué replicar necesariamente las condiciones del proceso actual. 
Por otro lado, como ha informado El Confidencial, el Santander estudia trasladar los servicios centrales de su filial en España a la nueva sede del Popular en la salida de Madrid por la A2, lo que le permitiría vender su actual ubicación de la calle Mesena.

Los beneficiarios de becas hasta 6.000 euros no tendrán que pagar IRPF

MADRID.- El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se modifica el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, entre otros aspectos, se incrementa el importe exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar estudios.

"La intención del Gobierno con esta modificación -cuyos efectos entran en vigor el 1 de enero de 2018- es la de incrementar considerablemente el importe disponible para los beneficiarios de estas becas", ha explicado el Ministerio de Educación en una nota. Así, si antes figuraba como importe exento de las becas para cursar estudios reglados en concepto de costes de matrícula, por concepto equivalente y seguros la cantidad de 3.000 euros anuales, ahora se duplica a 6.000 euros anuales.
Se elevará hasta un máximo de 18.000 euros anuales -antes eran 15.000- cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente.

Becas en el extranjero
Cuando la beca se destine a la realización de estudios en el extranjero, el techo se eleva de 18.000 a 21.000 euros anuales.
Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, estará exenta la dotación económica hasta un importe máximo que también se eleva de 18.000 a 21.000 euros anuales y de 21.600 a 24.600 euros anuales cuando se trate de estudios en el extranjero.
Cuando la duración de la beca sea inferior al año natural, la cuantía máxima exenta será la parte proporcional que corresponda.