MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel
Abadía, tomará declaración este lunes, a las 10.30 horas, en calidad de
imputado al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en relación al
resort 'Novo Carthago'.
Asimismo, cita a declarar al director general del Medio Natural,
Carlos Brugarolas Molina; y la asesora del consejero de Agricultura,
María Antonieta Fernández Cano, en calidad de imputados, el martes, día
10, a las 10.30 y a las 12.00 horas, respectivamente.
El pasado 18 de julio decidió abrir diligencias para investigar la
actuación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en relación al
resort 'Novo Carthago', por los presuntos delitos de prevarización,
ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de
influencias.
El pasado mes de junio la juez titular del Juzgado de Instrucción
nº 2 de Murcia, Miriam Marín García, remitió una exposición razonada
al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que indicaba ver
indicios para imputar al consejero del ramo de un posible delito de
prevaricación administrativo al ordenar modificar el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor en favor del resort.
En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites
administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la
normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la
finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del
campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio
protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido
como Novo Carthago.
Un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y
más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de
especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos
eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de
protección del trasvase (NUPT).
Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por
la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera
certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá, y diera
traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días informara sobre
la competencia y el fondo del asunto.
Según reza el escrito actual, la Sala declara su competencia para la instrucción y, en su caso,
el enjuiciamiento respecto al consejero del ramo, aforado, en relación
con los presuntos delitos de prevarización, ordenación del territorio y
tráfico de influencias.
Así como de aquellas personas relacionadas con los hechos "en los
que ha intervenido el aforado" y en concreto contra el director general
del Medio Natural, Carlos Brugarolas Molina y la asesora del consejero
de Agricultura, María Antonieta Fernández Cano.
También incoar diligencias previas y designar instructor conforme
al turno establecido, al magistrado de la misma sala, Manuel Abadía
Vicente, a quien se le remitirán las diligencias.
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