MADRID.- El sistema sanitario español es, todavía, básicamente público. El 70% del gasto lo cubren los impuestos. Por eso no es especialmente gravoso: supuso el 8,8% del PIB en 2017, según la OCDE. Menos que la media de la Unión Europea. También lo hace sensible a las decisiones de sus gestores políticos, según recuerda Público.
Las competencias
en sanidad son autonómicas. Sin embargo, la convocatoria de elecciones
generales del 28A va a poner en el escaparate las ideologías sanitarias
que representan diferentes maneras de entender la asistencia sanitaria:
mayor o menor peso de los servicios privatizados, ampliación o
restricción de prestaciones públicas, autorización para reponer o
ampliar las plantillas de profesionales… Elementos que luego se
trasladan a la calidad de asistencia a los pacientes.
Así, la aplicación de recortes sanitarios derivada de la
reducción del gasto público que diseñó el PP ha hecho que la inversión
pública actual sea muy parecida a la que hubo en 2008: 74.000 millones
en 2016 (últimos datos oficiales ajustados a inflación) por los 80.000
de casi una década antes. El pico de gasto fue en 2009 con 84.500
millones.
A partir de 2010, con Rodríguez Zapatero aún en la Moncloa,
empezó a caer y permanecer dos cursos en la franja de los 68.000
millones. Eso es en torno al 15% menos de recursos. En 2015 se inició
una remontada. Mientras, la sanidad privada ha ido al revés: 28.000
millones en 2008. 30.000 en 2016.
Detraer recursos ha hecho, por ejemplo, que, en España haya actualmente menos camas hospitalarias que en 2012. El Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad muestra que 2018 se cerró con unas 158.000 camas por las 162.000 que había en 2012.
Las urgencias
Aunque no sea una idea intuitiva,
los famosos colapsos en los servicios de urgencias hospitalarias están
muy relacionadas con la capacidad en las plantas y sus camas
disponibles. Los pacientes alojados en la urgencia, si han de recibir un
tratamiento más prolongado, no se derivan hasta que se libera alguna
plaza en las, normalmente, plantas superiores.
Entre las primeras razones que saturan urgencias, los profesionales han señalado
"la espera para hospitalización" o "la atención de pacientes
hospitalizados sin camas". Dos asuntos estructurales. Entre los mitos se
subraya que se pueda reducir los colapsos a base de inaugurar áreas de
urgencias más grandes.
Entre los gobiernos autonómicos
(responsables últimos de diseñar los presupuestos para sostener la
atención sanitaria), los que más han recurrido a la llamada colaboración
público-privada para, en sus palabras, promover la eficiencia y
sostenibilidad del sistema han sido los de la Comunidad de Madrid y
Comunitat Valenciana al mando del Partido Popular.
En Levante estrenaron
el modelo Alzira de concesión a un sociedad privada de la atención
sanitaria con el hospital de la Ribera. Un sistema que se extendió por
el resto de departamentos sanitarios valencianos. El ya saliente
ejecutivo de Ximo Puig (Pspv) revertió precisamente este centro sanitario a la gestión pública directa.
En
Madrid, el modelo 100% externalizado se ha aplicado a cinco hospitales.
Los tratamientos resultan, finalmente, más costosos según analizó la
Cámara de Cuentas en su informe preliminar sobre los procesos de
privatización, unas conclusiones que se evaporaron de documento final
tras la
alegaciones del Gobieno autonómico para las que se recurrió al actual
jefe de gabinete en del presidente del PP, Pablo Casado, Javier
Fernández-Lasquetty, precisamente uno de los principales impulsores
de la gestión privada de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
Fórmulas similares han sido aplicadas por la Xunta de Galicia o la Junta
de Castilla y León en el hospital universitario de Burgos, el HUBU, cuya factura se ha multiplicado varias veces.
El
ejemplo de modelo de gestión más reciente ha llegado con el nuevo
Gobierno andaluz formado por una coalición entre Partido Popular y
Ciudadanos. Allí, ya en la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno
Bonilla, se oyó la argumentación propia del PP de Esperanza Aguirre
en Madrid sobre la manera de dirigir el sistema sanitario.
Este mes de
marzo el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha anunciado que prevé ampliar esa
fórmula de los conciertos con centros privados con 15,5 millones más
para agilizar las listas de espera, y baraja ya "externalizar" este
servicio "en beneficio de los pacientes"
Con todo, los últimos ejercicios han visto cómo los responsables políticos volcaban el dinero hacia los hospitales mientras perdía fuerza la atención primaria.
En 1982 representaba el 20,2% de todo el presupuesto sanitario público.
En un declive sostenido, en 2017 se colocó en el 14,2%. El deterioro
progresivo y acumulado en este eslabón del sistema ha terminado por
provocar el último torbellino de protesta a finales de 2018 y el
comienzo de 2019.
La sanidad española dispone de menos
médicos de primaria que en Europa: la media está en unos 7,4 por cada
10.000 habitantes por los 9,7 en la UE. En cuanto a enfermería, hay unas
6,6 profesionales por las 8,8 en la UE.
Hace solo dos semanas, los
facultativos de centros de salud se concentraron frente al Ministerio de
Sanidad ofreciendo algunos relatos sobre la carga de trabajo que las
plantillas precarias y menguadas les impone.
La Atención Primaria es una pieza clave para, incluso,
mejorar la eficiencia del sistema porque ahora hasta un 20% del gasto
sanitario se desperdicia por falta de inversión en medicina familia y
medicamentos genéricos.
Esta semana, el Ministerio de Sanidad distribuyó
a los consejeros autonómicos de sanidad su propuesta sobre Atención
Primaria entre la que incluye promover un contrato, al menos de dos
años, para los MIR que terminen medicina de familia. El objetivo es que
cada sanitario tenga un cupo de 1.500 pacientes por profesional.
Precarización de plantillas sanitarias
La
escasez de médicos en esta disciplina responde a una mezcla de
precarización en las condiciones laborales y planificación ambas bajo la
competencia de responsables políticos. La oferta de plazas MIR, el
sistema de especialización, cayó un 10% entre 2011 y 2014 junto a los
presupuestos sanitarios, y en 2019 no llega aún al nivel de hace ocho
años. Hay un déficit reconocido de 4.000 especialistas. Medicina de familia es una de las principales damnificadas.
La
desinversión llevó a la exclusión de amplios grupos de personas del
sistema sanitario público (como los inmigrantes irregulares), la
eliminación de ciertas prestaciones (como la reproducción asistida a
lesbianas y mujeres sin pareja) o a ampliar el copago farmacéutico.
Varias de estas medidas se han revertido. Otras, como la reproducción,
van a quedar en el aire.
Las familias pagan más
Al tiempo que se daba un deterioro del sistema público, la sanidad privada no ha parado de crecer. Las
clínicas privadas no benéficas ingresaron 1.615 millones de euros
públicos en 2017, según el último análisis disponible de DBK,
encadenando cinco años seguidos de incremento (un 13% más). Las
aseguradoras han pasado de facturar 6.900 millones en pólizas a unos
8.000 millones.
El mercado engorda. La facturación ha
aumentado tanto por el dinero que llega de las aseguradoras como por el
de los conciertos o concesiones con los gobiernos. El nicho ha creado grandes corporaciones (algunas
multinacionales) como Quironsalud, Vithas-Nisa, HM, HLA y Hospiten que
suman 3.900 millones en ingresos, dos tercios de un mercado al alza
mientras decae el sistema público.
Con este panorama,
el gasto sanitario en el sector privado ha escalado de 27.450 millones
en 2012 a 29.995 en 2016, según reflejan los datos actualizados a
inflación del último Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de
Sanidad. Los familias son las que desembolsan la mayoría de ese dinero.
23.900 millones, el 81,5%.
El campo se ha abonado de tal manera que en
estos años han proliferado nuevas formas de negocio
como las plataformas pay-as-you-go, abonas lo que consumes. Fórmulas
destinadas a captar el flujo económico que no para de llegar a la
asistencia privada. Empresas que se publicitan subrayando el deterioro
público: "Con sus limitaciones y esperas", "evitando las largas listas
de espera de la sanidad pública". Reclamo para clientes.