El 6 de diciembre de 2013, en la plaza de la
República Dominicana de Madrid, nació Vox. En el lugar que ETA escogió
para cometer el atentado más sangriento de su historia en la capital, se
reunieron cientos de personas convocadas por la Fundación para la
Defensa de la Nación Española (Denaes), presidida por Santiago Abascal,
uno de esos organismos para los que la formación de extrema derecha
quiere ahora cortar cualquier tipo de subvención pública por constituir
“un chiringuito de los partidos políticos”.
Tomaron la palabra, además
de Abascal, José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda, y los
portavoces de tres asociaciones de víctimas del terrorismo: Consuelo
Ordóñez, Francisco José Alcaraz y Daniel Portero.
Entre decenas de banderas de España, los convocados clamaron contra el
Gobierno de Mariano Rajoy y exhibieron pancartas en las que se podían
leer consignas como “fieles a vuestros partidos, traidores a nuestra
patria”. Se sentían abandonados porque el Ejecutivo, como no podía ser
de otra forma, iba a acatar la sentencia del Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot y, de rebote,
ponía en la calle a decenas de presos, no sólo etarras sino también
violadores múltiples. Quienes estuvieron en esa concentración recuerdan
que una frase de los asistentes sobresalió por encima de todas las
demás: “¡Santiago, monta un partido!”.
Cinco años
después, el partido que nació aquella tarde entre insultos a la
“derechita cobarde” de Rajoy y vivas a la Guardia Civil, se ha
convertido en la principal amenaza para muchos de los avances sociales
que se han conseguido en cuarenta años de democracia.
El primero, la
lucha contra la violencia machista, con la advertencia explícita de los
dirigentes de Vox en Andalucía de no apoyar la investidura del popular
Juanma Moreno si destina recursos públicos al desarrollo de dos leyes
aprobadas en el Parlamento autonómico por unanimidad que, sin embargo,
ellos consideran “podemitas” y fruto del “feminismo supremacista y las
imposiciones ideológicas de la izquierda”.
La propuesta de Vox de sustituir las leyes andaluzas de
igualdad por una “ley de violencia intrafamiliar” en la que se proteja a
“todas las víctimas” y se salvaguarde “la presunción de inocencia” de
los hombres supone volver al pasado más oscuro, aquel en el que los
malos tratos eran “cosas de pareja”, los humoristas estrella hacían
chistes sobre las mujeres que recibían palizas en la televisión pública y
los asesinatos machistas pasaban en los periódicos como “crímenes
pasionales”.
Un regreso al pasado, entre otras cosas,
porque en estos primeros días de 2019 ninguno de los casos de violencia
doméstica que se han producido en España han tenido a un hombre como
víctima: una mujer fue asesinada en Laredo a manos de su novio y otra en
Madrid sufrió una brutal paliza con una escoba de aluminio delante de
sus hijos de 8 y 10 años. Como volverá a suceder, de forma dramática, el
resto del año.
Porque ese debate que ahora resucita
Vox se cerró en 2008 cuando el TC desestimó una cuestión de
inconstitucionalidad interpuesta por un juzgado de Murcia y estableció,
por siete votos frente a cinco, que el diferente trato penal dado por el
legislador al hombre y la mujer en el delito de maltrato ocasional no
constituye una discriminación por razón de sexo.
Ya entonces, hace 11
años, los magistrados defendieron que el legislador tenía la legítima
finalidad de proteger a la mujer en un ámbito, el de la pareja, en el
que está especialmente desprotegida.
Pero también
porque esos argumentos retrógrados, los que llevan al portavoz de Vox en
Andalucía, el juez Francisco Serrano, a jactarse de que su formación no
sigue con “sumisión lanar” los “mandamientos de la dictadura de
género”, van en contra del signo de los tiempos.
Del espíritu del 8 de
marzo, que hizo que miles de mujeres en todo el país salieran a la calle
para reivindicar una igualdad real, pero también de la extendida
indignación que provocó la sentencia de La Manada y que ha llevado al
Gobierno a promover una reforma del Código Penal que impida que
violaciones múltiples como la de aquel portal puedan ser consideradas
simplemente como un abuso sexual.
En contra también
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en noviembre pasado
estableció que la agravante de género -esa que aborrece el juez
prevaricador Serrano, condenado por modificar el régimen de visitas de
un menor para que pudiera acudir a una procesión de Semana Santa- debe
aplicarse en todos los casos en los que se actúe contra una mujer por el
hecho de serlo, aunque no exista entre el autor del delito y la víctima
ningún tipo de relación.
Si algo es Vox, es un salto
al pasado. Al de 1975. A la España sin autonomías, sin inmigrantes, sin
derechos para los homosexuales, sin aborto y sin tribunales europeos de
derechos humanos a los que tener que plegarse acatando sus
resoluciones.
Pero los viajes al pasado no son recomendables casi nunca,
como recordaba hace unos días en Twitter el exdiputado Joan Coscubiela.
“Lo de menospreciar la democracia, por muchos déficits que tenga,
comparándola con la dictadura, se cura viajando en el tiempo y viviendo
una semana bajo el franquismo. Es un viaje que no os recomiendo ni para
salir de la ignorancia”, escribió.
(*) Periodista
