Euskadi ha vivido muy bien estos últimos años. No es una queja, es una constatación. Ha sabido aprovechar los diputados del PNV en el Congreso de los Diputados
para exprimir al máximo la necesidad que tenía el Partido Popular de su
insuficiente mayoría parlamentaria. El alma pragmática del PNV ha
ganado todas las batallas frente a aquella mirada más idílica pero
también más ambiciosa del independentismo catalán.
No nos engañemos: el
punto de partida de un movimiento y otro era diferente. El
independentismo vasco jugaba con dos vectores, si se quiere,
complementarios. Cerrar la etapa de ETA sin posible vuelta atrás y reforzar su privilegiada posición económica frente al resto de las autonomías españolas. Hay que decir que en las dos cosas el resultado ha sido muy positivo.
En cambio, el independentismo catalán en el mismo
período tenía dos objetivos: un pacto fiscal con España y un referéndum
de independencia acordado. En los dos ha fracasado, si bien la consulta
la hizo, como es sabido, unilateralmente y también la proclamación de
independencia en el Parlament. Sin embargo, Euskadi y Catalunya
comparten, más allá de los éxitos de unos y los fracasos de otros, una
cosa: el nulo reconocimiento a sus identidades nacionales y su derecho a la autodeterminación. La pregunta es ¿se puede renunciar a ello?
La celebración este domingo de una cadena humana de
202 kilómetros que ha unido San Sebastián, Bilbao y Vitoria por el
derecho a decidir, y en la que han participado unas 100.000
personas, recuerda mucho la Via Catalana hacia la independencia que, en
2013, unió los 400 kilómetros de norte a sur del país y en la que
participaron más de 1,6 millones de personas. La plataforma Gure Esku
Dago (El futuro está en nuestras manos) es el equivalente a la Assemblea
Nacional de Catalunya (ANC).
En un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez acaba
de tomar posesión y todos sus esfuerzos están destinados a enquistar el
problema de Catalunya con su oposición rotunda al referéndum, el
movimiento vasco es esperanzador. Porque a los pocos días de que ganara
la moción de censura y superado el empacho emocional de aquellos que
creían que el cambio podía ser real, empieza a verse que muy pocas cosas
van a modificarse más allá de la estética y de algunas concesiones para
ir tirando.
Y, mientras escribo, oigo de fondo al ministro Borrell asegurando
que en Catalunya se está al borde de un enfrentamiento civil. El
bombero pirómano ha hablado. ¿Era necesario apoyar a un gobierno con un
ministro así?
Ciudadanos, la lucecita que se apaga
Albert Rivera está de mal humor y se le nota. Su
agenda se ha vaciado, sus entrevistas se han reducido y ha empezado a
notar que muchos de los poderosos del mundo financiero y de los medios
que le reían las gracias ahora tienen cosas más importantes que hacer.
Lo está también, y por partida doble, Inés Arrimadas.
Los enfados del jefe siempre quien primero los nota es su segundo, y en
Catalunya el partido de la crispación ha perdido un aliado y medio. El PSC no quiere en esta nueva etapa un ruido excesivo y el PP tiene cosas más importantes que hacer si no quiere desaparecer. Curiosamente, los populares tienen ahora una oportunidad que no tenían cuando gobernaban, porque lo suyo es hacer oposición.
El establishment respira más tranquilo una vez el bipartidismo da señales de que puede remontar su delicada situación de estos años y los partidos independentistas
se debaten entre el acomodo indisimulado a la nueva situación española o
seguir el camino trazado por el president Puigdemont. Las dos cosas
juntas no pueden ser. Sobre todo, porque en Madrid la comedia se hace
mucho mejor y son mejores profesionales.
Las encuestas, en breve, van a empezar a ofrecer señales de recuperación del
PSOE. Y, seguramente, la histórica resistencia electoral del PP al
desplome también haga de dique de contención de Ciudadanos, que debería
empezar a devolver votos a sus titulares iniciales. Hará falta unos
meses para comprobar si todo ello es así. Mientras, el gobierno
español va a intentar vivir un tiempo más de haber derribado a Mariano
Rajoy.
También ha puesto en marcha la segunda parte de la operación diálogo,
con la misma fuerza y capacidad comunicativa que en su día la
exvicepresidenta Sáenz de Santamaría. Veremos si con un resultado
diferente. Porque los motivos para la esperanza son pocos, si dejamos de
lado el ruido ensordecedor de todos aquellos que tanto lo desean que ya
están lanzando las campanas al vuelo.
Este fin de semana, una persona, exvotante del PSC, que en los
últimos tiempos solo hacía que resaltar las virtudes de Rivera y
Arrimadas frente a lo que, según él, era la incompetencia de PP y PSOE,
veía en Sánchez el nuevo desatascador de la política española. Solo le
faltaba gritar como un poseso contra Rivera como en su día hizo Iceta
contra Rajoy. Estaba igual de feliz que cuando ganó Zapatero en 2004 (y
se cansó a los dos años) y llegó Rajoy en 2011 (y se sulfuró antes de un
año). Bendita ingenuidad.
La España que no quiere ni hablar con Catalunya
Ha bastado tan solo que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez
dijera tras la primera reunión del Consejo de Ministros que se
levantaba el control de las finanzas de la Generalitat para que una ola
de indignación procedente de las Españas se hiciera presente.
Poco importante era que el anuncio fuera una obviedad, ya que desde el
pasado sábado en que tomó posesión el Govern, el Ejecutivo catalán, el
artículo 155 ya no está vigente.
Se trataba, por parte del españolismo y
de sus conductos mediáticos, de hacer evidente una falsedad disfrazada
de verdad: que Sánchez empezaba a pagar el peaje de su investidura a los
partidos independentistas. Y, también, de demostrar que el armazón
estructural de la vida española no va a aceptar ningún tipo de
negociación con el independentismo catalán. Y, para ello, lo mejor es
ponerse manos a la obra cuanto antes.
El gobierno de la ceja 2.0 en los asuntos sociales, de la UE en
asuntos económicos, andaluz en asuntos de financiación autonómica, de
Ana Rosa y Telecinco en materia cultural, y de la derecha en asuntos
policiales, tiene en Josep Borrell su referente en política catalana. Muy clarita fue en su exposición la ministra portavoz María Isabel Celaá,
titular de Educación, que consideró a Borrell "un faro para el gobierno
en los asuntos relacionados con Catalunya".
Cierto que hay dos tipos
de faros, los que funcionan y unos pocos que no, como el de Barcelona,
reconvertido en la Torre del Reloj en 1911. Quizás, Borrell es de los
segundos, porque si no es así mal puede casar como guía de la política
gubernamental alguien a quien el president Carles Puigdemont ha considerado, literalmente, un ultra.
Que Madrid quiera marcar terreno se antoja normal pero cualquiera de
los otros miembros del Consejo de Ministros puede llegar a valer,
empezando por Meritxell Batet. Pero parece evidente que
la Moncloa le tiene verdadero pánico a que el gobierno sea acusado de
venderse al independentismo, cosa que es sabido que nunca hará y por lo
que será igualmente señalado. Las navajas de PP y Ciudadanos ya están
más que afiladas para la ocasión.
A todo esto, Quim Torra y Pedro Sánchez ya han hablado y han quedado
que hablarán. Diálogo vuelve a ser la palabra de moda y que todo el
mundo repite. Y, en el fondo, no deja de ser España una rareza cuando
algo tan elemental como hablar puede incluso ocupar un titular.
¡Qué pasará si un día incluso se negocia!
Sin su consentimiento, no
El Nacional ha decidido no publicar ninguno de los
vídeos que han aparecido o puedan aparecer próximamente de los
consellers o líderes independentistas catalanes que han sido
encarcelados y que son, a nuestro juicio, presos políticos, en las
cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco.
Y creemos que esta decisión editorial es suficientemente importante
como para exponerla y justificarla en público, a la vista del revuelo
que se ha originado con las imágenes difundidas ya en dos medios de
comunicación tan diferentes como el diario Ara y La
Sexta. Nuestros lectores no han podido ver este las imágenes de
las que todo el mundo habla y TV3 ha divulgado en la gran mayoría de sus
programas de noticias y de debate, incluidos todos sus informativos.
Una previa: no pretendemos convertirnos en jueces de lo que está bien
o está mal tras una jornada en que ha habido pronunciamientos
radicalmente diferentes de profesionales muy respetables. Pero no
seríamos nosotros mismos si no defendiéramos lo que hacemos, ya que solo
somos un canal de comunicación entre la información y nuestros
lectores.
El punto nuclear de discusión radica en la condición que cada uno
quiera otorgar a los nueve políticos que se encuentran repartidos en
tres cárceles de las inmediaciones de Madrid. Para nosotros, y así lo
hemos dicho desde el principio, son presos políticos. Están privados de
libertad injustamente por una acción política y la situación de prisión
provisional en la que se encuentran es tan injusta como inhumana. En
estas condiciones, el supuesto interés informativo de las grabaciones
no debe primar sobre el respeto a la intimidad y su violación.
Solo el
consentimiento explícito de los tres consellers presos o de sus
familiares más cercanos justificaría su publicación. Consentimiento, no
conocimiento, que aunque suenan igual, son términos muy diferentes. Si
hacemos caso a lo que ha declarado explícitamente el abogado Jaume Alonso-Cuevillas al abandonar este jueves Estremera, y cito textualmente, Junqueras, Romeva y Forn expresaron "su indignación por la publicación en absoluto consentida ni por ellos ni por sus familias".
Esta posición, de ser cierta, y no hemos de dudar de ello, debería
zanjar cualquier debate. Al menos, este es nuestro caso. Y debería
serlo para todos aquellos que los consideramos presos políticos. Porque,
de no hacerlo así, más allá de los problemas legales de la grabación,
que deberá dirimir por un lado la justicia y, por otro, Instituciones
Penitenciarias, y que merece un severo castigo, se entra en un debate
pantanoso sobre si los afectados quedan más o menos bien, si las
imágenes son humillantes o no para ellos, y cómo se vive en la prisión.
Nos hemos pasado la línea roja que diferencia derechos exclusivos de los
presos políticos para entrar en un tema interpretativo, discrecional y
valorativo. Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Rull, Forcadell, Bassa,
Sánchez y Cuixart no tendrían que haber pasado ni una noche en la
prisión por los hechos de los que se les acusa, ¡y los dos últimos ya
llevan 274 días!
Pensamos que hemos tomado la mejor decisión, pero eso lo tienen que
valorar nuestros lectores a los que creemos que debíamos, porque así
muchos nos lo han hecho saber, una explicación.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
