martes, 8 de mayo de 2018

Las playas de la Región ganan una bandera azul, ninguna en el Mar Menor

MURCIA.- Treinta y un banderas azules ondearán este verano en la Región, cinco más que el año pasado, según el informe anual por comunidades autónomas de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) publicado hoy.

Del total de 696 banderas azules concedidas en España, la Región lucirá este verano un total de 25 banderas en playas (1 más que el año anterior) -ninguna en el Mar Menor perdidas el año pasado- y 6 en puertos deportivos (4 más que el año anterior).

Entre las incorporaciones se encuentran una nueva bandera azul para la playa de La Casica Verde (Águilas) y 4 más para los puertos deportivos Real Club de Regatas de Cartagena, el club de Regatas de Mazarrón, el Puerto deportivo de Mazarrón y Marina Salinas de San Pedro del Pinatar.

La consejera de Turismo, Miriam Guardiola, explicó que "aunque el Mar Menor sigue su proceso de recuperación y sus aguas están mejor que el año pasado por estas fechas, los ayuntamientos de la zona no han solicitado este año las banderas azules para sus playas y han optado por otros distintivos como las 'Q' de calidad, que contemplan la calidad de los servicios con los que cuentan los turistas".

Águilas, con 11 banderas azules, pasa a ser el municipio con más distinciones, 9 para playas (Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde) y 2 para puertos deportivos (el Club Náutico de Águilas y el Puerto Deportivo Juan Montiel).

Mazarrón contará con 8 playas distinguidas (Rihuete, El Puerto, Bahía, Nares, Grande-Castellar, Alamillo, El Mojón y Percheles) y dos puertos que se incorporan a este sistema de calidad, el Club de Regatas de Mazarrón y el Puerto deportivo de Mazarrón.

Cartagena mantiene sus 5 playas (Cala Cortina, Isla Plana, Levante en Cabo de Palos, San Ginés y Playa del Cuartel) y suma el Real Club de Regatas de Cartagena. San Pedro del Pinatar se posiciona con 2 banderas, una para la playa de El Mojón y otra para el puerto Marina Salinas, que también estrena bandera.

Le sigue Lorca, que mantiene la bandera azul para la cala de Calnegre, y San Javier, que mantiene la suya para la playa de La Ensenada del Esparto.

También repiten las iniciativas 'Camina 10.000 pasos La Manga' y el 'Sendero Azul de Iglesia a Iglesia' en Cartagena, como senderos azules, y, como centros azules, el Centro Las Salinas en San Pedro del Pinatar y el Centro de Interpretación del Mar en Águilas.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Ramón Sánchez, señaló este martes durante la presentación de los datos sobre las banderas azules en España, que la entidad colabora con el Gobierno de la Región de Murcia para devolver las enseñas al Mar Menor.

«Estamos trabajando juntos -aseguró-. ¿Podrán recuperar las banderas? Las aguas están menos turbias, ha disminuido el nivel de clorofila, han disminuido los vertidos, etc. Todavía no podemos cantar victoria, pero esperamos que este mes de agosto sea mejor que agosto del año pasado», concluyó.

Se incrementa y perpetúa la cesión de servicios sanitarios públicos a la UCAM a un coste muy inferior al real

MURCIA.- Un total de dieciséis organizaciones de estudiantes, ciudadanas y partidos políticos denuncian la continua cesión de recursos públicos por el Gobierno de la Región a la UCAM en perjuicio de la Universidad pública de Murcia y denuncian ciertas anomalías en el proceso de verificación de títulos universitarios en Ciencias de la Salud de la universidad privada.

En noviembre del pasado año el Servicio Murciano de Salud y la UCAM firmaron un nuevo  convenio por el que se cede a la universidad privada la utilización del Hospital Virgen de la Arrixaca para las prácticas de sus alumnos de enfermería durante los próximos cuatro años, consolidándose la cesión de recursos públicos a intereses privados, recuerdan en un comunicado.

Es un ejemplo más del apoyo decidido del Gobierno de la Región a los intereses de la universidad privada. Estando próxima la definición del Mapa Docente de la Región por el que se distribuyen los recursos públicos entre la Universidad de Murcia y la UCAM, dieciséis organizaciones firman un posicionamiento mostrando su profundo rechazo a ese convenio y denunciando la creciente cesión de los servicios sanitarios públicos para las prácticas de los Grados de Ciencias de la Salud.

En el posicionamiento que se hace público se demanda (punto 4.) que sea investigado el proceso de verificación de los títulos universitarios de enfermería y medicina de la UCAM. Se denuncia que el número de estudiantes de enfermería fue muy superior al aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) (punto 6.) y exige que la Consejería de Salud publique el número de egresados, nota de admisión y dónde o cuando realiza su formación práctica el alumnado de la UCAM, en un compromiso con la transparencia que garantice la óptima formación de los estudiantes de las universidades públicas que han mostrado su excelencia en procesos selectivos, estos sí, transparentes.

Se denuncia la ridícula contraprestación económica que el Gobierno regional recibe de la UCAM por el uso de los hospitales y centros sanitarios públicos, muy por debajo de su coste real. El convenio firmado establece el pago de aproximadamente 400 euros por curso y por alumno de enfermería cuando éstos pagan por la matrícula 6.600 euros.

Las organizaciones firmantes demandan al gobierno de la Región un período transitorio que lleve a que la UCAM dimensione su oferta de plazas a los recursos docentes privados disponibles y que cese la cesión de los servicios públicos en perjuicio de los alumnos de la Universidad pública de Murcia.

Firman el posicionamiento como miembros de la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria, en Defensa de lo Público y la Equidad Social:

Organizaciones de estudiantes:
 Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.
 Delegación de Estudiantes de Enfermería.
 Delegación de Estudiantes de Medicina.
 Asociación de Intercambio de Estudiantes de Medicina.

Asociaciones ciudadanas y científicas:
 Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Región de Murcia.
 Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
 Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.
 Plataforma Salvemos El Rosell.
 Asociación Murciana de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
 Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.
 Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria
NoGracias

Partidos Políticos:
 Podemos Región de Murcia.
 Izquierda Unida Región de Murcia.
 PSOE Región de Murcia.
Cartagena Sí Se Puede

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.

¿Qué hacer con la cultura? / Ángel Montiel *


El Gobierno regional del PP no sabe qué hacer con la cultura. No digo solo el Gobierno de López Miras, el actual, sino también los anteriores. Llevan veintitrés años sin saber dónde colocar un departamento que el Estado cedió a la Comunidad, más tempranamente que ningún otro, con todas las competencias. Y en el que se han sucedido, en la etapa popular, todas las incompetencias.

No les encaja la Cultura, no saben qué hacer con esa pieza. No es un consuelo que el conjunto de la oposición esté tan perplejo como el propio Gobierno y que no haya voces desde la instancia política que promuevan ideas acerca de cómo actuar en ese campo o que ni siquiera se planteen la Cultura como una prioridad. Ese será el problema de mañana, si es que hay un mañana en que otro partido, o una coalición de partidos, sustituya al PP en el poder.

De momento, gobierna el PP. Y con él hemos visto que la Cultura es una consejería móvil que va de acá para allá, como si se tratara de una ficha que nadie sabe cómo colocar en la ruleta, si en las casillas rojas, en las negras o en las pares, en las impares, en el cero o en todas a la vez o en ninguna.

Unas veces va unida a Educación, y se nos convence: «La Cultura es la consecuencia de la Educación». Perfecto. Pero inmediatamente después la colocan junto a Turismo, y dicen muy razonablemente: «El Turismo de calidad es esencialmente cultural». Vale. Después, la colocan en Presidencia, con una directora general especial adjunta al propio presidente de la Comunidad para tratar de evidenciar que la Cultura es uno de los objetivos primordiales del jefe del Gobierno; el ingenio dura lo que dura la incompetencia de esa directora general y del propio presidente, de modo que regresa a Educación. Todos encantados: Educación y Cultura son dos caras de una misma moneda. Pero al poco nos vuelven a contar que el lugar natural de Cultura es junto a Turismo.

Y ya, cuando nos habíamos acomodado a ese esquema, llega López Miras y le añade Medio Ambiente, tal vez porque los productos culturales, más que otros, están obligados a ser respetuosos con la conciencia ecológica del personal. Cualquier explicación es buena si no fuera porque, antes de la última, nos habían tratado de convencer de todas las otras combinaciones posibles.

Estoy por asegurar que en estos últimos veintitrés años, la Administración autonómica se ha gastado más dinero en rótulos de fachada, indicativos de despacho y renovación de papel timbrado con las actualizaciones de la denominación del departamnento de Cultura que en las precisas inversiones que el departamento exige para el cumplimiento de sus objetivos. Está claro que exagero, pero si solicitáramos un extracto de las facturas que reflejan los cambios de placas, papel de cartas, sobres, tarjetas de visita y modificaciones informáticas podríamos llevarnos las manos a la cabeza.

No se trata solo del juego de birlibirloque a que nos convoca cada renovación de Gobierno, en la que la incógnita principal es dónde esconderán los departamentos de Cultura y Medio Ambiente, que bailan más que Travolta en sus buenos tiempos, sino también de la concepción que sobre la política a desarrollar emiten los múltiples y sucesivos consejeros. Veamos los dos últimos, miembros del equipo del presidente López Miras.

Cuando éste tomó posesión de su cargo destinó esa cartera a Javier Celdrán, y éste, antes que nada consejero de Turismo, dictó un mensaje claro: la cultura es una industria y como tal ha de ser potenciada. Habrá a quienes esta idea les parezca mal, pero es una idea. Adelante con ella.

 Sin embargo, al año justo del mandato de Celdrán, el mismo presidente decide que será Mirian Guardiola quien se encargue del departamento, y ésta declara, el pasado domingo en una entrevista a este periódico: «Apostamos por el fomento de la cultura, no por su rentabilidad». ¿En qué quedamos? ¿La cultura es una industria que debe ser potenciada como tal o es un bien general que ha de ser financiado por la Administración sin atender a un retorno económico?

Dos ideas radicalmente distintas, dos concepciones irreconciliables. Y en Gobiernos del mismo partido, dirigidos por el mismo presidente, y en el que el consejero anterior a Guardiola mantiene plaza con otras competencias y la misma filosofía sobre sus competencias actuales: «El Medio Ambiente es empresarialmente rentable». ¿Cuántas sensibilidades desparejadas hay en ese Gobierno? ¿O es que están de acuerdo en todo, pero no saben qué hacer con la maldita Cultura? ¿Será que no tienen idea sobre nada y cada día se inventan una teoría para justificar la última ocurrencia?


(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/05/08/cultura/920229.html

Conspiraciones de silencio, la patria y el espejo delator / Pedro Costa Morata *

La imagen de Murcia se degrada cada día cuando nos miramos en el espejo. Al modo del retrato de Dorian Gray, que refleja el estado de nuestra alma, el envilecimiento de nuestra región, al que contribuimos todos en una u otra medida, se nos muestra nítido, aunque aberrante, y reproduce las miserias que acumulamos como cuerpo social en avanzado estado de corrupción. 

Digo que este proceso degradante nos afecta a todos, aunque a unos más que a otros, y a algunos, muchísimo más. Un criterio, entre otros, de distinción es el silencio culpable, que palpamos al encontrarnos con la trampa y el pillaje, ese que se practica entre cómplices declarados o tácitos, el convenido por conspiración ilegitima: el silencio inconfesable, en fin, que tiñe además de cobardía nuestra imagen tétrica. 

Cuando yo acusaba al fiscal de Lorca de no perseguir la corrupción urbanística y se defendía diciendo que nadie le había planteado denuncia alguna ni su jefe le había ordenado nada al respecto, yo no podía justificarlo, y estaba seguro de que él tenía suficiente autonomía para actuar (amén de informaciones más que inquietantes, de conocimiento general). 

Y por eso consideré que ese silencio no servía al interés general y le protesté, recibiendo a cambio una querella airada y necia. 

Cuando constatamos el flujo inmenso de denuncias hacia las consejerías autonómicas (sobre todo la de Agricultura) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por el desmadre imperante en la cuenca, y la inutilidad radical del 90% de ellas, sobre las que se abate el silencio de las Administraciones, hay que señalar a esos dos organismos públicos como conscientes de conspiración. 

Quiero insistir en que el panorama agrario murciano contiene numerosos crímenes contra el país, también conocido como la patria, y por eso traigo a colación a los defensores, de oficio, de la patria común y frágil, y concreto en la Guardia Civil, con su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). 

No hace falta recordar a estos servidores públicos, si atendemos a los desórdenes a la vista referentes al robo del agua pública, los pozos piratas, los regadíos ilegales o la contaminación de tierras y aguas públicas, que su papel no está resultando como se esperaría, ni brilla en exceso en una tierra donde los delincuentes prosperan en la algazara que les permiten sus redes de influencia y complicidad; que la patria es una cosa muy seria, pero ni es una bandera ni es un escudo, meros símbolos, sino la tierra y el agua, las nubes y el viento? 

Y nadie debe sentirse satisfecho cuando se asiste a auténticas estrategias de destrucción o humillación sobre elementos naturales como los citados, y otros más, constituyentes de verdadera patria. 

Cuando se creó el Seprona en 1988, dentro de la Guardia Civil, para velar por la integridad de aguas, suelos y atmósfera (sagrada trilogía que es privilegiada integradora de patria), los ecologistas y la mayor parte de la opinión pública nos regocijamos y relanzamos nuestras esperanzas porque el Estado, protector y responsable, había dado un paso de gigante en sus obligaciones para con la naturaleza y el medio ambiente. Excesivas ilusiones, ya que esta situación no ha dejado de empeorar: el enemigo es demasiado poderoso y, además, tampoco va a ser vencido por las malas. 

Sin embargo, ha quedado a salvo el comportamiento de ese servicio y esos agentes, en los que hay que constatar comportamientos leales y, en ocasiones, incluso heroicos: ha quedado claro que, en efecto, ecologistas y agentes del Seprona, tantas veces coaligados de hecho, forman parte de un selecto y esforzado grupo de patriotas. 

Por eso es inaceptable que, en una región deshecha y pirateada, concretamente en el complejo tierra-agua, el trabajo del Seprona resulte de tan escasos resultados. Y como se conoce el esfuerzo de los agentes y su entusiasmo, así como su decepción y desánimo visto lo poco que influye su esfuerzo en el estado de nuestra naturaleza y nuestros recursos esenciales, habrá que mirar a sus mandos, jefes y responsables, que bajo ningún concepto deben conformarse a esta situación, por más que puedan apelar a un cumplimiento de obligaciones, a la cadena de mando o incluso a la indiferencia judicial. 

Cuando el fiscal Valerio explicaba en su (magnífica a la vez que arriesgada) imputación de los responsables de las cacicadas en el Noroeste, ya subrayaba la labor, con numerosas denuncias bien fundadas, de los miembros de la Guardería Fluvial y la Guardia Civil, y explicaba el itinerario de esas denuncias cuando llegaban, por ejemplo, a la CHS: eran cuidadosamente guardadas en un cajón o archivadas, con la intención de que ni siquiera caducaran. 

Digo yo que, ante la reiterada inutilidad de los esfuerzos de sus agentes, los jefes de la Guardia Civil debieran protestar enérgicamente a su mandos, y éstos a su director general y su ministro para que, enterado éste, pueda quejarse a la CHS y su ministro/ministra correspondiente, así como al Gobierno murciano; y que el presidente de Gobierno se entere del menosprecio a que se ven sometidos los agentes del Seprona en su trabajo, lo que supone un exacto, y nada remoto, reflejo de la opresión a que el poder agrario somete a la tierra murciana. 

Esto es lo que creo que debieran hacer los mandos de la Guardia Civil en Murcia, a cuenta de la frustración del Seprona, que no debieran soportar. Y por supuesto que no deberán recibir en sus despachos a quienes ya han sido imputados por la Justicia, que tantas veces suelen pavonearse de su influencia y amistad con mandos y dirigentes, es decir, de su impunidad. 

Nada bueno puede esperarse de esas visitas y de esos visitantes, así que lo que estos tengan que decir que se lo cuenten a la jueza del caso cuando los convoque, pero no a los que tienen como obligación vigilarlos y denunciarlos. 

Ante el espejo, las arrugas de la sociedad murciana siguen profundizándose, hasta asustarnos: algunas son diabólicas y anuncio de amenaza y perdición.



(*) Activista e ingeniero jubilado


Exigir justicia o mantenerse cómplices ante el sometimiento / José López Martínez *

Hoy, a escasos días de celebrarse la concentración organizada por la sociedad civil para reclamar la restauración de Santa María la Mayor, creo que es el momento menos malo, propicio no lo será nunca al entender de algunos, para manifestar públicamente lo que anida en mi corazón de católico, de procesionista, que no cofrade, y de cartagenero, en relación a asuntos que competen a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a nuestra tradición y a nuestras Cofradías de Semana Santa.

Conocido es por recurrente, puesto que desde hace setecientos años sucede, que desde que el excomulgado Obispo Magaz y su también excomulgado acólito Sancho IV trasladaran de manera ilegal la silla del Obispo de Cartagena hacia la ciudad de murcia, basándose en una falsa bula papal y a las supuestas incursiones berberiscas, no han o hemos dejado de denunciar, por la parte que nos toca, este traslado y lo que el mismo supuso para el crecimiento de una ciudad y el abandono de otra por parte de la autoridades eclesiásticas, dando como resultado cosas tan dispares como la creación de su Universidad al amparo de la Iglesia. 

Si todo hubiera seguido su curso legal, ésta se hubiera creado en Cartagena; la construcción de una concatedral al tiempo que se abandonaba la primigenia; la construcción de iglesias parroquiales por todo su término municipal, frente a la concentración de todas las parroquias de Cartagena en una sola, la de Santa María de Gracia, con el fin de evitarse el obispo tener que mantener más parroquias en nuestra ciudad al tiempo que recaudaba el diezmo de cuantas cofradías de artesanos, pescadores o mineros entregaban para el mantenimiento de la Iglesia. Y así, hasta el paroxismo huertano o hasta nuestros días, que es lo mismo.

Quiero centrarme en uno de los cabildos cofrades a los que pude asistir con carácter previo a la pasada Semana Santa. Como es preceptivo, comenzamos elevando una oración al Altísimo, con ánimo y fin de poner a todos los hermanos cofrades en comunión, para que desde esa unión y el cariño que los "hermanos" deben profesarse, la citada reunión y los días posteriores en donde todos tenemos que aportar el máximo en nuestros respectivos puestos para mayor lucimiento de nuestras cofradías, pero sobre todo, para mayor Gloria y Honra de Nuestro Señor Jesucristo, trascurran de la mejor de las maneras.

Y hasta aquí todo bien, pero como quiera Dios escribir derecho con renglones torcidos, allí que nuestro querido capellán cita unas palabras del infalible Santo Padre, en las que, de manera taxativa, nos indica que la Iglesia es tradición. Me mordí la lengua por obligación, porque aunque era el sitio, no era el momento de emprender esta cuita. Podía traer a estas líneas temas tan mundanos como el olvido sistemático por parte de la autoridades eclesiásticas del mantenimiento de nuestras parroquias, cuyos párrocos hace tiempo que se echaron a la calle para recaudar más diezmos de los feligreses y evitar que diezme el caudal de 'La Carthaginensis', que así es como se llamaba a nuestro Obispado desde su creación.

De tal modo que vemos cómo unos piden para tener una espadaña con la que poder llamar a misa o a arrebato, otros para quitar goteras, para asear fachadas o para ser totalmente reconstruidas como el caso del epicentro de la Semana Santa de Cartagena 'Santa María de Gracia', o para reconstruir instalaciones anexas a la Basílica de La Caridad.

Pero voy a aparcarlos de momento para responder a un órdago a La Mayor, que es lo que han venido haciendo cuantos príncipes de la Iglesia hemos tenido como pastores en nuestro desdichada Diócesis, salvo honrosa excepción, pues es a Santa María de España, también conocida como Santa María 'La Mayor' a la que se empeñan en envidar los sucesivos obispos, no encontrando apenas una respuesta certera de quienes por sus cargos deberían haber revertido esta situación hace siglos.

Éstos no son otros que los principales dirigentes de nuestras cofradías de pasión y gloria, es decir, sus Hermanos Mayores o mejor, mis Hermanos Mayores, pues así se llaman y como tales se les respeta, contra lo cual solo se puede esperar que mis hermanos mayores me respeten a mí, nos respeten a todos sus hermanos menores y se comporten como verdaderos valedores de sus indefensos hermanos por un lado y, por otro, como adalides para que las instituciones que gobiernan no se separen, o lo hagan lo menos posible, del mensaje de Cristo. 

Véase, que no digo aquí del mensaje de la Iglesia, pues sabido es que la Iglesia Católica está formada por hombres y como tales imperfectos, pecadores y a veces partidarios.

Y es aquí cuando enlazo uno de los muchos discursos del Papa Francisco donde, al igual que otros Santos Padres, aseveran "ex cátedra" (sin lugar al error) que la Iglesia es tradición, y lo que aconsejaba a los miembros del Instituto Pontificio Juan Pablo II para que fueran buenos pastores y buenos teólogos en 2016: "No olvidemos que también los buenos teólogos como los buenos pastores tienen olor de pueblo, de camino y con su reflexión derraman aceite y vino en las heridas de los hombres". 

Porque "Teología y Pastoral van juntas", como es "impensable una pastoral de la Iglesia que no haga tesoro de la Revelación y la Tradición".

Pues claro que es tradición. Faltaría más. De no serlo deberíamos sustituir las vidrieras por pantallas de vídeo, las procesiones por seriales de los que se pueden ver cuando y donde se quiera desde nuestro dispositivo móvil y no daré más ideas no sea el demonio.

Si la tradición ha servido para que todo este tinglado socioeconómico funcione como para cotizar en bolsa y los pequeños inversores llamados feligreses y cofrades lo hemos dado por bueno, es justo pedir que cuide esa tradición a quien es su máximo exponente en nuestra diócesis de Cartagena, su Obispo.

Y como la tradición feligrés se cruza públicamente con la cofrade durante días de cuaresma y de procesiones, justo es también pedir a los máximos responsables de ésta que medien, que tercien o llegado el caso que molesten al estamento clerical para exigirle, sí, exigir a nuestro Obispo, que ya está bien de mendigar cuando somos nosotros los que aportamos el diezmo, que inicie de inmediato la restauración total y su apertura al culto de la Catedral del primer obispado de España, el que cedió su primacía a Toledo para que de la conjunción de Iglesia y Corona naciera lo que hoy conocemos como España.

Y hacerlo bajo advertencia de desobediencia hacia su figura si no lo hace, aderezando este aviso con la retirada de cualquier invitación a acudir a la sede de la Diócesis para presidir ningún acto religioso, además de trasladar con sonoro estrambote la enquistada cuita al Santo Padre, a ese Papa Francisco que tan poco amigo es de los príncipes aunque éstos sean príncipes de la Iglesia y que tantas veces cita a la tradición como hilo conductor de la revelación en el tiempo del mensaje de Cristo.

Lo que aquí pido a mis Hermanos Mayores ya sucedió en el año 1773, cuando los ilustrados cofrades del momento no consintieron que un obispo exógeno quisiera poner coto a las cofradías y a su labor, criterio y autonomía, dando como resultado la negativa a sacar ese año los desfiles procesionales a la calle, algo que de motu proprio o con el impulso de superiores instancias, hizo al obispo morderse la lengua en las posteriores ocasiones.

Hoy, por desgracia, y con el debido respeto y consideración que tengo hacia nuestros Hermanos Mayores, estamos huérfanos de los cuidos que Cartagena y su tradición católica se merecen. Yo, desde aquí, les digo que la razón de su cargo no es solo el sacar desfiles a la calle, eso lo hacen otras muchas instituciones durante todo el año. Están para hacer pública profesión de fe y del mensaje de Cristo, algo que parecen olvidar tras la cortina del sometimiento a quien mantiene esta injusticia y, por tanto, son corresponsables de lo que sus hermanos menores sufren, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa.



(*) Secretario general de MC y ex alcalde de Cartagena

Liderazgo e incertidumbre / Ramón Cotarelo *

De "final de infarto" califica elnacional.cat la investidura pendiente en Catalunya. Pues sí, así es. Al galope, raspando los tiempos, tensando la cuerda, actualizando el vivere pericolosamente al estilo de D'Annunzio. Una vorágine que tiene a todos tratando de saber en dónde están.

Los de El País, fieles a su principio no de informar sino de prever, anuncian que ERC ha roto la baraja, rechaza un Puigdemont II y pide asilo autonomista. Eso quisieran ellos. Además, de ser tal cosa cierta, no estaría el gobierno en zafarrancho repentino de combate, reunido hoy o mañana para, una vez oído el obediente Consejo de Estado, impugnar ante el no menos obediente Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de la Presidencia. Una norma arteramente aprobada hace un par de fechas con la firma de la rezongona ERC, por cierto. 
 
Añadan ustedes a esto la advertencia de la CUP de "pasar a la oposición" si no hay desobediencia y gobierno republicano. En realidad es renovación de advertencia pues ya se hizo con motivo de la investidura de Turull, aplazada a segunda vuelta por la abstención de los cupaires. Pero, de momento, ha avalado la reforma de la Ley de la Presidencia, como ERC, como JxC. Es decir, todos. Como siempre. El zafarrancho está en el campo del 155, en donde nadie sabe ya qué hacer.

El independentismo no es una balsa de aceite, desde luego. Sería absurdo en una situación en que unos están en la cárcel, otros procesados, otros sancionados, otros andan por el extranjero en una nueva forma de diáspora del exilio. Pero debe recordarse que tampoco se agota en los mencionados y sus fuerzas políticas sino que se apoya y se extiende en un amplio movimiento social con organizaciones poderosas de muy variada índole, como ANC, Ómnium, AMI, CDRs, colectivos profesionales, con una red de medios digitales y un uso intenso de las redes sociales, todo ello con una enorme capacidad de movilización. 
 
Es una revolución de nuevo tipo. El Estado o, al menos el juez Llarena, no quiere admitir que el referéndum del 1-O se financió con aportaciones privadas. En resumen, una realidad articulada, muy compleja, cuya unidad de acción se ha residenciado en Berlín, reconociendo la legitimidad de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Así han venido dadas las cosas.

Y ahora nos encontramos en el límite del tiempo, cuando este se encoge y depende de una decisión: nueva propuesta de Puigdemont o propuesta de un candidato "limpio". Lo primero son elecciones; lo segundo, un gobierno "efectivo". Es el momento en el que quien ha sostenido estos meses la bandera de la legitimidad, por todos reconocida, y sabe que le corresponde la última decisión, también por todos aceptada, ha de tomarla. Lo hace solo, bajo su responsabilidad. Es el precio que se paga por el liderazgo, sobre todo, el legítimo. 

Las dos opciones, por lo demás, se parecen mucho. El inconveniente invocado para las elecciones es la incertidumbre. Pero ese inconveniente no queda invalidado con la fórmula de gobierno autonómico y la CUP en la oposición. Más bien lo que promete es aplazar algunos meses la convocatoria de esas elecciones y la misma incertidumbre. 

Dado el grado de notoriedad internacional que el conflicto España-Catalunya ha despertado, unas elecciones con toda la atención mediática europea en Catalunya serían decisivas para respaldar la petición de negociaciones políticas entre el Estado y la Generalitat. Si se ganan, claro. Y ahí es donde entra la función del liderazgo en la sociedad contemporánea y aparece la incertidumbre. 
 
Esta no se da en un primer momento con un gobierno autonómico pero porque habrá abandonado la vía republicana, equivocación que llevaría a juntar hipotéticamente a ERC con PSC y los Comuns pero que no se dará porque no es viable numéricamente. Por eso mismo habrá de convocar elecciones quizá ya por entonces sin contar con el efecto de la atención mediática internacional que tendrían de hacerse ahora. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La impune retirada de lazos amarillos / José Antich *

Unos autodenominados GDR (Grups de Defensa i Resistència) han convocado en las últimas horas diferentes concentraciones, muchas de ellas nocturnas, con el objetivo de retirar lazos amarillos en varias zonas de Barcelona y también en otras poblaciones en una serie de actos que han explicado los organizadores como de "limpieza" de las respectivas ciudades. 

Hasta la fecha, no se han producido incidentes remarcables y tan solo algunos momentos de tensión, lo cual no resta importancia a una acción que busca directamente la confrontación con los que legítimamente llevan un lazo amarillo o lo cuelgan en el espacio público. Se ha publicado incluso en un diario de Madrid que se iban a desplazar partidarios de esta acción desde la capital y desde Valencia.

El lazo amarillo se ha convertido en un símbolo contra la represión policial del independentismo y de denuncia permanente de que hay nueve presos políticos en las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. También de que hay en Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza miembros del Govern destituido o dirigentes políticos en un exilio forzado. El lazo amarillo es símbolo de libertad, no ofende a nadie y más de dos millones de catalanes se identifican con él. 

Es por tanto tan respetable la acción de los que lo llevan como un símbolo identificativo como la de aquellos que no lo llevan. Defendemos desde aquí que se pueda colgar en el espacio público de ciudades y pueblos de Catalunya y denunciamos a los que quieren reprimir mediante la coacción su presencia.

La libertad de expresión consiste en última instancia en que unos y otros se manifiesten con sus propias ideas y defendiendo sus propios símbolos. Pero no es el caso que nos ocupa. Lo sería, por ejemplo, si los que están en contra del lazo amarillo decidieran colgar uno de otro color. Lo que está sucediendo es que se están retirando los símbolos de una de las partes de la sociedad, cosa que se realiza con una cierta impunidad, cosa que, por otro lado, empieza a ser habitual en la Catalunya del 155. 

La mejor respuesta, sin embargo, solo es una: volverse a concentrar y reponerlos tantas veces como haga falta. Con la seguridad de que la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es una causa lo suficientemente fuerte y compartida para no desanimarse frente a los que quieren hacer a partir del silencio, la represión y el autoritarismo una nueva Catalunya.

Aquella que explica sin sonrojarse que el 155 ha sido un retorno a la normalización de Catalunya en vez de un secuestro de la autonomía catalana y una regresión sin parangón de los valores democráticos de una sociedad occidental. Por eso la justicia española está seriamente cuestionada en diferentes países europeos. Y por eso España es hoy mirada con lupa entre sus socios europeos y por la opinión pública internacional.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


El re­levo en la Comunidad de Madrid con Rajoy de di­rector de or­questa do­mina buena parte de las por­tadas y grandes ti­tu­lares este mar­tes, en es­pera de una en­cuesta del CIS re­trasada que puede dar la pun­tilla al PP. Otras por­tadas y ti­tu­lares se de­cantan por el no re­levo to­davía en Cataluña, con re­celos por todas partes (Puigdemont-Junqueras, JxCat-ERc, (ANC-Òmnium…), aparte del nuevo asalto en ciernes a la in­ves­ti­dura y que el Gobierno se apresta a cor­to­cir­cuitar con otro re­curso al TC. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: la pugna ac­cio­na­rial fa­mi­liar en El Corte Inglés; la in­yec­ción de moral a Barcelona con la lle­gada de Facebook para es­ta­blecer un centro contra las 'fake news' y con la re­cu­pe­ra­ción del li­de­rato como sede de con­gre­sos; el fin del plazo hoy de la opa de ACS y Atlantia a Abertis; el Plan de Transformación de la planta de Nissan en Ávila para com­po­nen­tes, con in­ver­sión de 90 mi­llo­nes, 50 de ellos de la Junta de Castilla y León... 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL. Trump pro­mete anun­ciar a las ocho de la tarde de hoy (hora pe­nin­su­lar) si rompe o no el pacto an­ti­nu­clear con Irán, sin hacer mucho caso a las pe­ti­ciones de pru­dencia del mi­nistro bri­tá­nico de Exteriores, Boris Johnson, que aduló en Fox News al in­qui­lino de la Casa Blanca al decir que es­tará jus­ti­fi­cado que le den el Premio Nobel de la Paz, aunque ya hay quienes se pre­guntan que si se de­nun­cian los acuerdos con Teherán, qué in­cen­tivo va a tener Corea del Norte para firmar nada y hasta dónde lle­garía el precio del pe­tró­leo...

El mismo Trump se ha re­go­deado en un tuit de ma­dru­gada al con­si­derar 'asombroso' el caso de la di­mi­sión me­teó­rica del fiscal ge­neral de Nueva York Eric Schneiderman tras ser acu­sado por cuatro mu­jeres de acoso y vio­len­cia, según un ar­tículo en The New Yorker. • The Wall Street Journal avanza que el gi­gante del cable Comcast se pre­para para una opa hostil sobre los ac­tivos de en­tre­te­ni­miento de 21st Century Fox, que ya es­taban apa­la­brados con Walt Disney Co. por 52.400 mi­llones de dó­la­res. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Cinco Días: El Corte Inglés re­trasa una emi­sión de 1.200 mi­llones por el con­flicto in­terno. Otro ti­tu­lar: La crisis del peso en­fría la sa­lida a Bolsa de Telefónica Argentina. Otro ti­tu­lar: Cataluña re­cauda 130 veces más que Madrid por im­puestos pro­pios. Otro ti­tu­lar: Merlin lle­vará más tec­no­ló­gicas a la Torre Agbar tras Facebook. Otro ti­tu­lar: REE contra la pro­puesta de la CNMC de li­mitar su ren­ta­bi­lidad (Carmen Monforte). Otro ti­tu­lar: Lo no­ta­rios re­cu­rren que se exija decir el ti­tular real de la em­presa. 

El Economista: Galán ven­derá parte del ne­gocio bri­tá­nico por 2.000 mi­llo­nes: Iberdrola quiere salir de las plantas de ge­ne­ra­ción de gas de Scottish Power (R. Esteller y A. Muñoz). Otro ti­tu­lar: El pre­si­dente de El Corte Inglés ne­ce­sita 40 mi­llones para el fisco: Gimeno debe pagar por el 2,8% que he­redó de su tío Isidoro Álvarez (J. Romera). Otro ti­tu­lar: Bankia entra en el al­quiler de au­to­mó­vi­les. Estrella Digital: Los pisos tu­rís­ticos ile­gales arruinan el puente de los ho­teles en Madrid, que no al­canzan las pre­vi­siones de ocu­pa­ción (Andrés de la Balsa). 

Expansión: Telefónica dis­para un 70% las ventas de su plan Fusión: la oferta de fi­jo-­móvil del grupo aporta el 38% de sus in­gresos en España (Ignacio del Castillo). Otro ti­tu­lar: Deutsche Bank España: bonus de 8 mi­llones par sus di­rec­tivos 'top' (R. Lander). Otro ti­tu­lar: La banca da un ul­ti­mátum de dos meses a Duro Felguera. Otro ti­tu­lar: Oleada de sa­lidas a Bolsa en el in­mo­bi­liario (Rocío Ruiz). Otro ti­tu­lar: Los abo­gados pro­ponen un 'data room' se­creto para ac­ceder a toda la do­cu­men­ta­ción del 'caso Popular' (Nicolás M. Sarriés). 

La Vanguardia: El sector tu­rís­tico insta a pasar de Gaudí al 5G: co­mer­ciantes y hos­te­leros apuestan por una bús­queda más in­tensa del vi­si­tante de ca­lidad para su­perar el bache ac­tual (David Guerrero). Otro ti­tu­lar: Se en­cona el en­fren­ta­miento entre sin­di­catos y la Coordinadora Estatal por la de­fensa las pen­siones (Pilar Blázquez). Otro ti­tu­lar: Tráfico de riñones ves­tido de so­li­da­ri­dad: la ONT frena en Europa un plan de EE.UU. de do­na­ciones pa­gadas (Ana MacPherson). ABC: Los es­ti­ba­dores ame­nazan con nuevas huel­gas. Otro ti­tu­lar: El sector del taxi se di­vide ante la ley que lo pro­tege de Uber y Cabify. 

Capital Madrid: Kutxabank marca dis­tan­cias en el pe­lotón de bancos pe­queños por be­ne­ficio y mo­ro­si­dad, mien­tras Ibercaja se anota el menor re­sul­tado, Unicaja la mayor ratio de mora y Abanca aún sin pu­blicar sus tri­mes­trales en plena tor­menta sobre su ma­triz Banesco (José Luis Marco). Otro ti­tu­lar: Las so­cimi ba­rren a las pro­mo­toras en Bolsa con Colonial a la ca­beza: las tres ma­yores so­cimi suman ga­nan­cias de doble dí­gito en lo que va de 2018 (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: Monitor del Seguro: Cerco a los nu­me­rosos de­frau­da­do­res; en 2017, la in­dus­tria de­tectó 165.959 in­tentos de es­tafa (Gema Velasco). 

El Confidencial: Acerinox se en­frenta a la ira de China en Europa como reac­ción al blo­queo de Trump: a corto plazo se be­ne­ficia de los aran­celes (J.C.P.). Otro ti­tu­lar: Globalia ne­gocia con Barceló la fu­sión de su grupo tu­rís­tico para crear el líder de viajes (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Trinitario Casanova irrumpe en la Operación Chamartín para que­darse los suelos de BBVA (Ruth Ugalde). Otro ti­tu­lar: El re­punte del precio del pe­tróleo (76 dó­la­res) ame­naza el cuadro macro del Gobierno (Carlos Sánchez). 

Vozpopuli: Una firma 'offshore' de Panamá acerca la impu­tación de Gallardón en Lezo: la Comunidad de Madrid ad­quirió Inassa a la firma pa­na­meña Aguas de América, que se creó ex­pre­sa­mente para la ope­ra­ción y se di­solvió tras ce­rrar el trato, en el que la Fiscalía ha de­tec­tado el 'desvío de fon­dos' (Tono Calleja). Otro ti­tu­lar: El Consejo de El Corte Inglés pre­siona a Gimeno para de­batir su cese en mayo (Rubén Arranz y Jorge Zuloaga). La Información.com: El Catastro 'tirará' de Idealista y Fotocasa para afinar el valor real de los in­mue­bles (Bruno Pérez). 

El Español: El Canal gastó 1,4 mi­llones en re­formar un chalé que usaban cargos del PP para asuntos per­so­nales (Daniel Montero). Otro ti­tu­lar: Ataque re­lám­pago de Nadal contra Iberdrola: la ley para im­pedir el cierre de cen­trales ya está en el Congreso (Ainhoa Murga). El Independiente: El ‘cerebro eco­nó­mico’ del Banco de España se suma a los can­di­datos para re­levar a Linde: Hernández de Cos entra en las qui­nielas para tomar las riendas del su­per­vi­sor, junto a Sánchez-Yebra, Delgado y Férnández de Mesa (Ana Antón ). 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2636 

lunes, 7 de mayo de 2018

La alcaldesa de Águilas arremete contra el funcionario denunciante, se ampara en el fiscal y amenaza a la prensa


ÁGUILAS.- La alcaldesa socialista de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha arremetido hoy contra el funcionario que la ha denunciado en altas instancias del Estado y ante la Justicia, se ha amparado (para justificarse) en una resolución del fiscal (que no juez) y amenazado a la prensa si sigue informando de sus actuaciones en el concurso-oposición que ganó su marido para una plaza en propiedad de funcionario municipal sin revelar, eso sí, que el fiscal López Bernal indica al denunciante en su contestación que si lo considera acuda a la vía judicial, al margen de su consideración técnica sobre la citada denuncia.

En relación a la información aparecida en nuestra web ayer domingo sobre la denuncia interpuesta contra la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, por el exfuncionario municipal Silvestre Martínez Morote, vinculada a una supuesta simulación de legalidad en un proceso selectivo de concurso-oposición, el Ayuntamiento de Águilas ha querido hoy poner de manifiesto en un comunicado "que la citada denuncia, interpuesta ante la Fiscalía por Silvestre Martínez Morote, fue archivada el pasado 27 de marzo al no encontrar ésta indicios de ilegalidad en el proceso".
Así, el fiscal encargado de este caso (casualmente Manuel López Bernal) entiende que no existen indicios de delito ni en la redacción de las bases del concurso-oposición ni en el desarrollo del mismo y que, por tanto, la impugnación realizada por parte del exfuncionario Silvestre Martínez Morote carece de cualquier efecto legal y se decreta su archivo "al entender que los hechos denunciados no serían constitutivos de infracción penal".
La primera edil aguileña ha lamentado unos hechos que han llevado a poner en tela de juicio no sólo su honorabilidad sino también la de la institución que representa y la de los funcionarios encargados de la redacción de la bases de la oposición; algo que- en opinión de la alcaldesa- "viene motivado por la negativa del Ayuntamiento a prorrogar la vida laboral del funcionario Silvestre Martínez Morote una vez superada en dos años la edad de jubilación del mismo".
En cuanto al concurso oposición, Moreno ha manifestado que el proceso se ha realizado con total "legalidad y transparencia y, además, no ha sido un caso excepcional".
La edil ha explicado, además, que su cónyuge lleva trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2000 como agente de Desarrollo Local y desde el 2004 ocupando la plaza de técnico medio de Gestión Económico-Financiera y Desarrollo Urbanístico, creada bajo un Gobierno del PP presidido por Juan Ramírez Soto, y que forma parte del grupo de 23 interinos que durante esta legislatura consolidarán su empleo a través de un procedimiento similar al que se ha llevado a cabo con la plaza de técnico medio de Gestión Económico-Financiera y Desarrollo Urbanístico. La actual alcaldesa entró a formar parte de la Corporación Municipal por primera vez en el año 2007 como concejal de la oposición.
Asimismo, la alcaldesa de la localidad ha anunciado que los servicios jurídicos se encuentran actualmente estudiando las medidas legales que interpondrá contra el exfuncionario municipal Silvestre Martínez Morote así como "a cualquiera que difunda unos hechos falsos, tal y como ha dejado clara la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia", por considerarlos un atentado al honor y a la imagen de la alcaldesa y su familia.

El Juzgado de lo Contencioso de Cartagena no admite el recurso sobre la revision de la prorroga de contrato del agua

CARTAGENA.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha notificado hoy al Ayuntamiento de Cartagena un auto por el que inadmite el recurso de la concejala de la Corporación, Pilar Marcos, contra la denegación presunta, por silencio administrativo, de su solicitud de revisar de oficio la prórroga del contrato del agua, acordada en noviembre de 2003, y que según la concejala adolecía de vicios de nulidad radical.

Entre los razonamientos jurídicos el auto argumenta que “la condición de concejal no otorga a la actora legitimación para Ia revisión de oficio de un Acuerdo del Pleno de 12 de noviembre de 2003 en materia contractual, que es firme desde hace ya largo tiempo (casi quince años).”
Igualmente recuerda lo establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el sentido de que “no cabe entender legitimado a aquél peticionario que interesa una revisión de oficio de un acto administrativo firme basado en un mero interés de la legalidad, necesitando una relación determinada con la cuestión”.
Para ello según el auto, la concejal debería haber votado en contra del acuerdo; pero en 2003, no pertenecía a la Corporación Municipal.
Igualmente se destaca que la concejal “carece de interés legítimo, personal e individual respecto al acuerdo de revisión de oficio más allá de su interés en Ia legalidad ordinaria o en un interés politico cuya defensa, democrática y legitima, debe ser encauzada por otras vías ante los órganos en los que la misma ejerce su ordinaria representación política”.
Finalmente, el auto también rechaza la legitimación de la concejal Pilar Marcos como vecina del municipio de Cartagena, puesto que “no existe acción pública en materia de contratación” y tampoco están en “tela de juicio sus concretos derechos e intereses propios”.

Podemos califica de “doloroso” que cuatro de cada diez niños y niñas en la Región sean pobres

CARTAGENA.- María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos, ha expresado hoy su indignación ante los datos presentados por UNICEF en la Asamblea, cifras “incontestables, que salen de organismos oficiales y que dejan a la Región de Murcia con las vergüenzas al aire. Son fruto de 20 años de políticas sociales del PP que lo único que han hecho es cronificar la pobreza”.

García Navarro ha explicado que tras los datos de pobreza aportados por UNICEF hay 120.000 niños y niñas “que viven hacinados, que pasan frío en invierno y calor en verano, que no pueden participar en actividades extra escolares o que tienen problemas a la hora de vestirse o llevar una dieta variada”.
Por eso, ha dicho la diputada de Podemos, “está claro que algo se está haciendo mal. Es un multifallo del sistema. No hay suficientes becas, no hay suficientes recursos a las familias que peor lo están pasando y las políticas sociales no están bien enfocadas. La pobreza tiene rostro infantil en nuestra Comunidad, y las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento no han tenido prácticamente ningún efecto”.
Ejemplo de ello, ha señalado, es la “altísima” tasa de abandono escolar que hay en la Región de Murcia, un 26,4%, muy por encima de la media española (19%), y que supera en más de 15 puntos la media europea. 
“No entendemos cómo es posible que el gobierno no se ponga a trabajar seriamente en abordar un problema de base” ha dicho María Ángeles García Navarro, “puesto que esos niños y niñas que abandonan de forma temprana los estudios, reproducen durante su vida las condiciones de pobreza en las que viene. Por tanto, nos encontramos una Región con un alto número de personas que se encuentran en situación de exclusión”.
Por último García Navarro ha subrayado que ninguna de las medidas que se han puesto en marcha ha demostrado ser “eficaz para reducir la tasa de pobreza infantil. Es más, la pobreza infantil no hace más que crecer, y tampoco se ha reducido con las políticas de empleo, que según el PP son la mejor política para luchar contra la pobreza infantil”.

Andrés Pedreño: "Un gobierno sin credibilidad ante los vecinos con la llegada del AVE en superficie se vuelve indecente cuando inculple las leyes"

MURCIA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha manifestado hoy que la llegada del AVE a Murcia "se está convirtiendo en el ejemplo perfecto de la gestión del PP la cual se define por la mentiras, las corruptelas y la ineficacia. La gestión del PP siempre acaba en los tribunales, es casi una ley física".

Tras conocerse hoy que la Fiscalía de Murcia ha abierto diligencias para investigar las obras de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, al admitir la denuncia que presentó la Plataforma Pro-Soterramiento y la cual considera que los trabajos actuales se están ejecutando de forma ilegal; el diputado de Podemos, Andrés Pedreño, ha calificado de "indecente" la gestión del PP regional para la "acelerada llegada del AVE que se está haciendo por encima de los intereses de la ciudadanía y del bien común".
Esto refleja para Pedreño, que "al PP no le importa mentir en las instituciones y saltarse la declaración de impacto ambiental para intentar arañar unos pocos votos".
El diputado regional de Podemos ha recordado que "en Podemos no nos oponemos a la llegada del AVE, sino que exigimos que llegue soterrado, que es lo que están demandado los vecinos y vecinas de la ciudad de Murcia, ya más de 30 años y por lo que llevan más de 200 días manifestándose". 
Así ha subrayado, que "un gobierno que desoye a la ciudadanía, es porque sólo escucha a unos pocos, por lo tanto no es el gobierno de la mayoría, sino un súbdito".
Pedreño ha manifestado que los vecinos de los barrios del sur de Murcia lo único que reclaman es sensatez, sentido común y la aplicación de la normativa europea, que respalda que el soterramiento es la única opción aceptable.

El Ayuntamiento de Cartagena apoya a los vecinos del Mar Menor en las movilizaciones para su regeneracion

CARTAGENA.- Los vecinos del Mar Menor han anunciado movilizaciones para exigir que se tomen medidas urgentes para salvar el Mar Menor y desde el Ayuntamiento de Cartagena se apoyan estas movilizaciones, al tiempo que se ha solicitado la creación de un Plan Especial del Mar Menor. La primera manifestación se llevará a cabo en Murcia el jueves de la semana que viene (17 de mayo), a la que le seguirán otras.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Leandro Sánchez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez han comparecido este lunes, 7 de mayo, en rueda de prensa, para anunciar estas movilizaciones ante lo que ellos consideran, "un incumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno regional y por el nacional".
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Catejón, ha comparecido, junto a los representantes vecinales, para exigir un Plan Especial del Mar Menor, que requiere la implicación del Gobierno Central. 
“En el Mar Menor existe una gran catástrofe medioambiental como fue la del Prestige y el terremoto de Lorca”, que tuvieron un presupuesto asignado, desde el Gobierno central, para hacerles frente. “¿Acaso esta situación es menos grave como para que el Gobierno de España no haga una actuación extraordinaria y excepcional?”, se preguntaba Castejón.
Para llevar a cabo el Plan Especial del Mar Menor, Castejón ha explicado que ha impulsado que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados presente esa enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, para que se incluya una partida para ese fin. Castejón también ha comunicado que mantiene contactos con los parlamentarios europeos a los que informa periódicamente de la situación del Mar Menor.
La regidora ha explicado que calificar de “desastre medioambiental”, lo que ocurre al Mar Menor, no es para alarmar y perjudicar la actividad económica de la zona. “Queremos que la gente venga a visitar las maravillas del Mar Menor, un entorno donde viven y desarrollan su actividad económica miles de vecinos a lo largo de todo el año”, aclaraba la primera edil.
Castejón ha aclarado que estas demandas del consistorio no son nuevas y en la Comisión Especial del Mar Menor, celebrada en la Asamblea Regional el 16 de abril, se ofreció para unir fuerzas con el resto de administraciones y trabajar conjuntamente en salvar el Mar Menor, “planificar todos juntos y con las máximas garantías, tanto técnicas como científicas, las actuaciones encaminadas a la regeneración de nuestro Mar Menor”.
En cuanto a la campaña estival, la alcaldesa ha comunicado que ningún representante del gobierno regional se ha puesto en comunicación con el consistorio cartagenero para explicar qué medidas se van a tomar o interesarse sobre qué actuaciones tienen previstas realizar desde el Ayuntamiento.
Para los representantes vecinales las voces de alarma tampoco son nuevas, llevan más de 30 años denunciando esta situación en la laguna salada, sobre todo el la zona sur del Mar Menor (Punta Brava, Carmolí, Los Urrutias, y Estrella del Mar).
Los vecinos se sienten engañados y ya no confían en las palabras y promesas del gobierno regional, “estamos hartos de promesas y mentiras” se quejaba el presidente de la FAVCAC, Leandro Sánchez, “la gravedad del Mar Menor se merece que se digan las cosas como son”, y “que esta voz de alarma no es para perjudicar al Mar Menor, puesto que lo único que perjudica al Mar Menor es no tomar medidas necesarias para su regeneración”. 
Por este motivo, los colectivos vecinales creen que ha llegado el momento de movilizarse de nuevo.
Las principales demandas son que antes de verano el Gobierno regional tome las medidas oportunas para retirar los lodos, fangos y secos de la fachada marítima del Mar Menor sur, también la finalización del paseo marítimo de Los Urrutias, así como la unión de ese paseo con el de Estrella de Mar.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez, ha explicado que en su reunión con el consejero ya le informaron de que, al no darles soluciones, no les dejaba otra vía que salir a la calle. 
La primera será en Murcia, el 17 de mayo a las 11:00 horas, saliendo de la sede de Demarcación de Costas hasta el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia y del Consejo de Gobierno. 
La siguiente concentración está prevista para el 24 de mayo en Cartagena, en la Asamblea Regional. 
Las reivindicaciones seguirán los días 21 de julio y 18 de agosto, en Punta Brava, Los Urrutias y Carmolí.

La Región ganó 469 autónomos en abril y se acerca a la cota de los 100.000


MURCIA.- La Región de Murcia ganó en el mes de abril 469 nuevos afiliados medios a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, y pasó por tanto de los 98.306 cotizantes de este colectivo a los actuales 98.775. Así, la creación de puestos de trabajo del cuarto mes del año, que arrojó un incremento total de 8.340 nuevos afiliados en todos los regímenes de la Seguridad Social, también se ha reflejado en una subida específica de la cifra de trabajadores por cuenta propia.

En términos relativos, la subida de autónomos del pasado mes se sitúa en el 0,48 por ciento con respecto a marzo, un dato que va en consonancia con el incremento registrado en el conjunto del país, que fue del 0,51 por ciento. Por lo que respecta al escenario de los últimos doce meses, la Región acumula 1.076 autónomos más que tras abril de 2017, lo que se ha traducido en una subida de afiliados desde entonces del 1,10 por ciento. En ese mismo periodo, el incremento de autónomos en España ha sido algo menor, concretamente del 1,02 por ciento.
La cifra de autónomos experimenta un crecimiento progresivo en la Región de Murcia que se refleja en las comparativas con años recientes. Así, a la conclusión de abril de 2015, y ya dentro de la etapa de recuperación económica y de empleo, los registros eran de 94.948 afiliados autónomos. Tras abril de 2016 eran 96.286, mientras que a la conclusión de abril de 2017 la cifra quedó en 97.699.
El director general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Alejandro Zamora, subrayó que "estos datos son muy positivos y vienen a confirmarnos que el autoempleo es una opción cada vez más atractiva en la Región de Murcia. Hay que tener en cuenta, además, que a medio plazo los autónomos son piezas fundamentales para la creación de más puestos de trabajo a su cargo".
La Estrategia por el Empleo de Calidad, hoja de ruta del Gobierno regional en este ámbito, marca como objetivo superar la cifra de los 100.000 autónomos en 2020, si bien la progresión de los datos hace factible adelantar el cumplimiento de esa meta. Esta cota no se supera desde enero de 2009, cuando se contabilizaban 100.224. En marzo de 2008 se alcanzó la cifra máxima de trabajadores autónomos, con 105.629.
Alejandro Zamora señaló que "continuaremos activando medidas encaminadas a fomentar la iniciativa empresarial y el trabajo autónomo, a través del apoyo a los proyectos empresariales, del asesoramiento y la formación, de las ayudas específicas, y también fomentando la cultura emprendedora entre las personas desempleadas".

Facilidades para emprender
La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través del SEF, ha reactivado recientemente dos líneas para facilitar el establecimiento como autónomos de personas desempleadas. 
Una de ellas son las ayudas de entre 3.000 y 9.900 euros a aquellas personas sin empleo que se den de alta como autónomos y justifiquen haber realizado inversiones en inmovilizado material necesarias para el desarrollo de la actividad, por importe no inferior 2.500 euros.
Además, también se encuentra en vigor la Cuota Cero para que ni jóvenes inscritos en Garantía Juvenil ni parados de larga duración tengan que pagar tarifa de autónomos en su primer año de actividad. Igualmente, estas personas reciben una ayuda para el inicio de la actividad que oscila entre 2.000 y 3.500 euros. 
Concretamente, para los hombres es de 2.000 euros; si el beneficiario es mujer, la ayuda es de 2.500 euros; y si presenta discapacidad o está en riesgo de exclusión social, asciende a 3.500 euros.

Podemos lamenta que la chapuza de PP y PSOE en la ley de las ITV alimente una burbuja regional que crece ante el vacío regulador

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha explicado que el Partido Popular "ha creado el caos. No sabemos a qué se han dedicado los servicios jurídicos de la Consejería durante la negociación del proyecto de ley. Los de la Asamblea han hablado ahora muy claro. Esto es una chapuza que no hay por dónde cogerla. La fórmula de autorización restringida es un imposible. Las antiguas concesionarias continúan realizando un servicio en el vacío jurídico y ocupan unas instalaciones que son propiedad pública". 

Asimismo, Podemos denuncia que las restricciones a la hora de otorgar autorizaciones no pueden sustentarse en los criterios en los que las fundamenta la ley pactada entre PP y PSOE.
Sobre el Partido Socialista, el diputado de Podemos ha dicho que "ha entregado al PP un régimen regulatorio que no implica salvaguarda alguna de los derechos de los trabajadores existentes en las antiguas concesionarias. Los acuerdos con los sindicatos son meramente declaraciones de intenciones".
De hecho, ha expresado Andrés Pedreño, lo único que han conseguido es "el caos a costa de satisfacer a algunos de sus alcaldes que querían implantar estaciones de ITV en sus municipios". 
Pedreño ha dejado claro que "la salvaguarda" de la ITV de Alcantarilla, que seguirá siendo pública, "ya era una de las líneas rojas durante las negociaciones entre Podemos, PSOE y Ciudadanos".
El parlamentario regional ha recordado que desde Podemos "ya se advirtió que solamente el modelo de empresa pública o explotación directa de la CARM garantiza los derechos de los trabajadores. Una vez extinguidas las concesiones, se cae en un vacío regulatorio que no puede otorgar derechos por obra y gracia de informes de dudosa legalidad hechos por la propia Consejería".
En este sentido, ha incidido Andrés Pedreño, nos preguntamos "a qué se han dedicado los servicios jurídicos de la Consejería durante la negociación. Los de la Asamblea han hablado ahora muy claro. Esto es una chapuza que no hay por dónde cogerla".
Pedreño ha subrayado que el modelo propuesto por Podemos era la explotación pública de las ITV que además de suponer una garantía para trabajadores y seguridad vial permitían la racionalización de la ordenación de las estaciones y mayores ingresos para las arcas públicas. Ahora estamos en una situación de libre mercado que veremos a ver si no termina provocando una burbuja de ITV".

C's arremete contra el PP por descartar el servicio de Cercanías tras la última avería entre Murcia y Cartagena


CARTAGENA.- La avería que se ha producido hoy en un tren entre Murcia y Cartagena y que dejado tirados a decenas de pasajeros ha llevado a Ciudadanos a arremeter de nuevo contra el Gobierno del PP por descartar el servicio de Cercanías entre las dos principales ciudades de la Comunidad. El portavoz local de la formación naranja, Manuel Padín, ha recordado que "la Asamblea Regional pidió en mayo de 2017 al Ministerio de Fomento por unanimidad y a propuesta de Ciudadanos, la implantación de la línea de Cercanías Murcia-Cartagena a la mayor brevedad posible y que no estuviera supeditada a la llegada del AVE a la Región".

A pesar de la demanda, en su última visita a Cartagena, el ministro de Fomento descartó la implantación en Cartagena de un servicio de Cercanías con más conexiones ferroviarias con Murcia a un precio más barato, afirmando, tal y como recogió la prensa, que "en España no está previsto habilitar nuevos núcleos de cercanías en este momento".
Con motivo de las desesperanzadoras declaraciones del ministro de Fomento, que contravienen el deseo de la Asamblea Regional, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso pidió explicaciones al Gobierno de España sobre esta situación y sigue esperando respuesta. En cualquier caso, Ciudadanos ha informado que seguirá exigiendo a través de nuevas propuesta que el Gobierno amplíe y reestructure los horarios de este servicio para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios.
"El maltrato en materia de infraestructuras que el Gobierno del PP infringe a la Región en general y a Cartagena en particular, es indignante y obvio", ha señalado Manuel Padín, que ha recordado que la Comunidad es una de las comunidades menos beneficiadas por la inversión en infraestructuras según un estudio que revela que el gasto destinado a los proyectos de transporte estuvo estancado entre 2010 y 2014 en la comunidad, donde se aumentó sólo un 0,03% por trabajador ocupado frente al incremento del 0,51% en el Arco Mediterráneo". 
"De poco sirve tener un Gobierno regional del mismo color político, si se muestran poco reivindicativos", considera Padín.

Situación actual
Entre las ciudades de Murcia y Cartagena existe un servicio regional de ferrocarril con una duración del trayecto que ronda los 50 minutos. Se presta un servicio de cinco trenes regionales diarios en el trayecto Murcia-Cartagena, más un regional exprés, y de 4 trenes en el trayecto inverso, más otro regional exprés (en cualquier caso, este último servicio no supone apenas una mejora en la duración del viaje aunque encarece el billete un 12%).
El resto de trenes son Altaria, media distancia y Talgo, con un precio muy superior. La Universidad Politécnica de Cartagena viene reivindicando desde hace años el aumento de la frecuencia de trenes a un precio más barato. 
Según el portavoz naranja, "a juicio de la UPCT y de Ciudadanos, estas medidas son necesarias para atender el tránsito diario de alumnos, profesores y personal (no hay que olvidar, además, el tránsito inverso, de Cartagena, Torre Pacheco y Balsicas a Murcia y sus universidades): a modo de ejemplo, el primer regional exprés sale de Cartagena a las 08:50, llegando a Murcia a las 09:34".

C's lamenta que López Miras culpe “a la amenaza” de grupos sociales y políticos para justificar la situación del Mar Menor

CARTAGENA.- Ciudadanos ha lamentado las declaraciones del presidente López Miras, quien manifestó que la recuperación del Mar Menor estaba siendo lenta porque “por desgracia” debían de seguir una serie de normativas medioambientales ante la amenaza de algunos grupos sociales o políticos de llevarles ante la Fiscalía.

Luis Fernández, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su sorpresa por estas declaraciones porque “si el Gobierno del Partido Popular se hubiera preocupado de cumplir y hacer cumplir toda la normativa medioambiental que se ha realizado para la protección del espacio natural del Mar Menor, y no se hubiera hecho dejación de funciones, quizá no nos encontraríamos en la situación actual”.
El diputado de la formación naranja ha criticado que López Miras vea como un inconveniente el respeto a las leyes medio ambientales “que el Partido Popular siempre ha pasado por alto. Si el presidente quiere buscar responsables, lo que tiene que hacer es poner el foco en los políticos que han gobernado durante los últimos años y preguntarles porque han mostrado tanta desidia y dejadez con la situación del Mar Menor”.

C's denuncia que la ley de las ITV de PP y PSOE vulnera la Constitución Española, la legislación estatal y el Derecho de la Unión Europea

CARTAGENA.- Ciudadanos ha calificado como “demoledor” el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional sobre la proposición de ley del nuevo modelo de ITV presentada por el PP y el PSOE. El informe advierte que la ley presentada por estos dos grupos políticos vulnera la Constitución Española, la legislación estatal y el Derecho de la Unión Europea; no acompaña de la documentación que permite valorar su oportunidad y contenido, es decir que es poco transparente; y tiene una mala técnica legislativa.

Miguel López-Morell ha señalado que “una vez más se demuestra que para los partidos de la vieja política el fin justifica los medios y para ello no les importa vulnerar las leyes que sean menester. Bajo esta premisa pretenden hacernos retroceder 20 años en el tiempo, mediante una proposición de ley que, a tenor del informe que han presentado los letrados de la Cámara, es una chapuza insuperable”.
El diputado de Ciudadanos ha incidido en que el informe de los servicios jurídicos  refleja que la ley de PP y PSOE vulnera los artículos 25 y 149.1.7 de la Constitución, así como la  Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en lo relativo a la adjudicación directa de las Estaciones de ITV; y todo ello vulnerando varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
Además, López-Morell ha destacado que según el informe de los letrados de la Asamblea Regional, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en la autorización de las actividades de ITV se debe respetar la libertad de establecimiento, según el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
En este sentido, el informe de los letrados de la Cámara señala que imponer la viabilidad económica de la estación de ITV como requisito para autorizarla, supone limitar injustificadamente este derecho de establecimiento recogido en el Tratado de Funcionamiento. A este respecto, los servicios jurídicos de la Cámara han reflejado que el “incumplimiento del Derecho Europeo puede dar lugar a una exigencia de responsabilidad al Estado Español, sin perjuicio de que posteriormente repercuta las sanciones a las Comunidades Autónomas”.
Otra cuestión que ha subrayado el diputado de Ciudadanos es que el informe de los servicios jurídicos alude a la poca transparencia de esta Proposición de Ley porque no viene acompañada de la documentación que permita valorar su oportunidad y contenido. “Esto es más grave, si cabe, cuando luego comprobamos que determinadas previsiones legales restrictivas de derechos no están justificadas”, ha señalado López-Morell.
“Por si todo esto fuera poco, el informe también ha subrayado que existe una mala técnica legislativa en diversos apartados de la Proposición de Ley”, ha señalado López-Morell, quien ha resaltado “que nos podían haber ahorrado este ridículo porque no puede entenderse una propuesta que va contra la ley y contra los intereses de los murcianos, presenta un peor marco legislativo y además puede generar una gran inseguridad jurídica”.
“En reiteradas ocasiones nos han pedido que nos sumemos a esta ley, y nuestra respuesta siempre ha sido negativa porque desde Ciudadanos apostamos por la liberalización del sector, así que desde el principio nos hemos desmarcado de este modelo mixto, que tal y como demuestra el informe de los servicios jurídicos es un auténtico despropósito”, ha finalizado el diputado de la formación naranja.
La Mesa de la Asamblea Regional obvió el informe de los servicios jurídicos y admitió a trámite la Proposición de Ley presentada por PP y PSOE, gracias al voto a favor de los representantes de estas dos formaciones políticas.

La Guardia Civil amplía investigaciones por el fraude gigantesco del jamón

MADRID.- La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Economía Digital.

La operación Opson contra el fraude alimentario, que coordina la Interpol principalmente en países europeos, bate récords en España por la compleja investigación del fraude en el jamón ibérico. Por primera vez, las inspecciones de Seprona han durado más de seis meses cuando habitualmente las investigaciones concluyen en un solo mes.
La operación Opson contra el fraude alimentario y la baja calidad de productos alimenticios, comenzó en 2011 después de que la Interpol y el gobierno de Italia decidieran poner en marcha operaciones contra el fraude alimentario con motivo de las fiestas de Navidad.
Hasta ahora, la Interpol y las policías locales han ejecutado siete operaciones en plena temporada de Navidad. Y por primera vez las investigaciones se han extendido durante más de seis meses, según han explicado a este medio fuentes cercanas a la investigación.

De cerdos robados a cerdos falsificados

La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota cuando, en realidad, podría tratarse de cerdos que fueron criados a base de pienso.
La investigación inicial comenzó con los jamones de Comapa, líder en la distribución de jamones en España, en los supermercados Carrefour, pero las inspecciones se han extendidohan alcanzado a otros distribuidores y superficies. Los agentes de la Guardia Civil siguen recabando pruebas, aunque la mayoría de países en los que la Interpol trabajan en esta investigación ya han finalizado las pesquisas.
Las primeras operaciones Opson en España, realizadas en 2011 y 2012, detectaron fraude en productos cárnicos, pescados y mariscos. En 2013, la policía se centró en un fraude de robo de cerdos en Cáceres que eran vendidos como jamones de una calidad superior. En 2014, las investigaciones se dirigieron al fraude del café. En 2015 en aceites y en 2016 en diferentes productos de consumo para Navidades.
Las estafas, por lo general, ejecutadas por pequeños comerciantes, consistían en colocar productos importados que no cumplían con las normas de etiquetado en España, pero la red detectada a finales del año pasado parece tratarse de un esquema más complejo y extendido en varias provincias españolas. En él han quedado salpicadas empresas líderes del sector de la distribución.

Multas de hasta 600.000 euros

Carrefour, que ha vendido jamones de bellota a “precios imposibles”, según los ganaderos y productores, ha sido una de las empresas investigadas. Los jamones “Ibéricos de antaño” fueron objeto de varias inspecciones. Algunas piezas eran vendidas sin los precintos que exige la ley para verificar la procedencia y alimentación de cada ejemplar.
Comapa, el principal distribuidor de ibéricos en España, justificó en “pérdidas involuntarias” el hecho de que algunos jamones no contasen con los precintos exigidos por la ley de calidad del ibérico. También es una de las distribuidoras investigadas pero no la única.
Las operaciones de fraude alimentario de la Guardia Civil suelen concluir con multas de entre 5.000 y 600.000 euros y decenas de detenciones cada año. La Guardia Civil había estimado que la operación finalizaría en enero. Cinco meses después, aún no tiene fecha prevista para cerrar el caso.