Primero fue rebelión; luego, sedición;
ahora, malversación. En un par de semanas, una multa de tráfico. Es poco
el lío organizado en el exterior y completan con uno interior tan
típico que dan ganas de reír.
El
juez Llarena es hombre de recursos. La parte sorprendentemente
declarada secreta de la instrucción versaba sobre dineros. Cosa
imprescindible cuando se quiere acusar a alguien de malversación.
Hay que aportar las cuentas, cifrar los caudales malversados, aunque
sean unas perrillas.
El juez sabe de buena y secreta tinta que los
indepes se gastaron dineros públicos en organizar el referéndum. La base
documental es un informe de la Guardia Civil detallando los gastos por
partidas al céntimo (en total 1.947.697,84 euros, ni uno más ni uno
menos), aunque ninguna es fehaciente ni está comprobada y son meras
estimaciones y suposiciones.
Aun
así, el informe de la Benemérita resulta bastante prudencial. En uno
anterior comunicaba todos los datos pertinentes de un acto de violencia
en un pueblo inexistente, Sant Esteve de les Roures.
La aparición de
este nuevo topónimo ha sacado lo mejor de las redes y, a estas alturas,
el pueblo tiene todos los servicios, vecinos ilustres, un claustro
románico y hasta un ayuntamiento, con cuya cuenta en tuiter se ha relacionado la propia Guardia Civil. Figura literaria conocida: la del autor que dialoga con sus personajes.
Así
que las cifras secretas de Llarena son las de la malversación en Sant
Esteve de les Roures. Suficientes, según parece, para que el juez se
cargue de razón. Sorprendido de que el ministro de Hacienda afirme que
la Generalitat no pagó un solo euro para el referéndum le pide pruebas
documentales de sus palabras. El informe de la Guardia Civil de Sant
Esteve de les Roures contra los expedientes de control del gasto de
Hacienda. Algo insólito.
Otro
contencioso con ribetes de ridículo. El juez pone en cuestión la
eficacia del Ministerio de Hacienda en su labor y eso si no le da por
sospechar que no se trata de ineficacia bienintencionada sino de
colaboración con el independentismo. El ministro ya queda como
incompetente o como cómplice.
Y, mientras ambos personajes, juez y
ministro, dirimen sus diferencias, merece la pena recordar que la
petición de extradición se basa en tres presuntos delitos de los que dos
no califican y el tercero, la malversación, no se puede probar, ni
siquiera indiciariamente.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
