martes, 13 de febrero de 2018

'Huermur' exige agilidad real en la restauración de la torre islámica de Zarandona


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) exige al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma, agilidad real en la restauración de la histórica torre de vigilancia de época medieval islámica llamada Torre del Moro o Torre del Batán, ubicada en plena Huerta de Murcia, en la pedanía de Zarandona.

Esta fortificación, cuya fecha podría situarse en torno a los siglos XII o XIII, en la efervescencia de la explotación islámica de la Huerta de Murcia, ostenta la consideración de monumento histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y presenta unas dimensiones considerables, con 12 metros de lado y unos 144 metros cuadrados de superficie construida en tapial de argamasa de cal. Se atribuye esta edificación a una torre de raal o real; es decir, una fortificación que buscaba el prestigio de los propietarios de las tierras a las que dominaba.
Miembros de Huermur se personaron hace unos días en el lugar para observar el avance de los trabajos, y pudieron comprobar in situ cómo mientras se trabaja en la torre islámica, el Molino del Batán, ubicado a escasos metros y dentro de la delimitación del monumento BIC, continua degradándose sin que ninguna administración haga nada para evitarlo. 
Todo ello a pesar de las denuncias presentadas por Huermur por el mal estado de conservación del molino, y donde ya se comunicaba la necesidad urgente de arbitrar las medidas necesarias para su efectiva conservación.
De esta forma, desde Huermur solicitan a las dos administraciones implicadas que lleven a cabo una actuación global sobre todo el conjunto patrimonial, que incluya la torre medieval, el Molino del Batán, el tramo de la acequia del Azarbe Mayor del Norte y el entorno de protección del BIC. Siendo especialmente urgente el establecimiento de un plan de restauración integral del molino dados los continuos robos y expolios que está sufriendo este monumento hidráulico y su situación actual.
Algo que no está contemplado en las actuaciones que se están ejecutando, y que evitaría que se degrade aún más este molino protegido, impidiendo así que Murcia y su huerta pierdan otra parte más de su historia ligada a este importante molino hidráulico.
Por último desde la asociación conservacionista, instan al Ayuntamiento de Murcia a que aumente la seguridad de estas construcciones y se refuerce la vigilancia policial en la zona, ya que el entorno del monumento se ha convertido en una auténtica escombrera y basurero, encentrándose además plagado de pintadas y grafitis que degradan y deterioran el bien.
Finalmente, Huermur espera que se llegue a una restauración y recuperación patrimonial y paisajística completa de estos elementos históricos de la Huerta y su entorno de protección, haciéndolos comprensibles e interpretables en el paisaje huertano, evitando la proliferación de construcciones y edificaciones que atenten contra estos bienes protegidos, y que no se acabe únicamente ajardinando la zona y convirtiendo este conjunto en algo totalmente descontextualizado, ya que dejar una torre islámica y un molino centenario dentro de un parterre de jardín sería un nuevo despropósito con un patrimonio de todos los murcianos.

Manuel Padín: "Se nos ha ido de las manos el Pleno, y la alcaldesa de Cartagena debe reconducir la situación"

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena ha pedido hoy la constitución inmediata de la Mesa para la Modificación del Reglamento del Pleno y está barajando la posibilidad de pedir el apoyo de todos los grupos para que se divida el desarrollo del Pleno ordinario en dos sesiones de mañana, una de control y fiscalización con la dación de cuentas de la Comisión de Hacienda, y el turno de ruegos y preguntas, y otra con todas las declaraciones institucionales y mociones que presenten los grupos municipales.

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, "se nos ha ido de las manos el Pleno, y la alcaldesa tiene que reconducir la situación; con estas sesiones maratonianas, no estamos promoviendo la asistencia al Pleno de los ciudadanos de Cartagena y estamos obstaculizando de manera grave el trabajo de los periodistas que se las ven y se las desean para poder incluir en la edición del día siguiente lo que ocurre en la sesión plenaria a partir de las 20:00 horas".
Además, para Manuel Padín, "no parece razonable que se debatan más de 100 propuestas, no hay Ayuntamiento que pueda ejecutar y responder a todas esas iniciativas; o entendemos que una cosa son las diversas comisiones de investigación y mesas de trabajo y otra muy distinta el Pleno, o vamos a tener el honor de participar en el Pleno más ineficaz e improductivo de España junto con en el de Cádiz".
El portavoz de C's asegura que el Reglamento Orgánico del Pleno (ROM) que manejamos no está adaptado a la pluralidad política que existe hoy, "es un ROM pensado para mayorías absolutas y los rodillos que no establece ningún límite para presentar propuestas, y por eso se hace necesario modernizarlo y llevarlo al siglo XXI".
"Si queremos abrir este espacio de democracia y participación a los vecinos, tenemos que encontrar fórmulas que faciliten su seguimiento", ha asegurado Manuel Padín, que considera que al margen de que su Grupo acabe presentando esta propuesta de modificación "la alcaldesa de Cartagena debería velar por el normal funcionamiento del Pleno, y dejar las advertencias y los consejos para empezar a aplicar el reglamento y de esta manera acabar con los mítines políticos interminables que algunos concejales declaman cuando se desentienden del objeto que se está debatiendo, tan sólo para disponer al día siguiente de un vídeo que compartir en sus redes sociales".
Manuel Padín considera que "Castejón también haría bien en sacar su carácter y acabar de una vez con las innumerables interrupciones, el incumplimiento del tiempo límite en las intervenciones, salidas de tono, y ataques personales que tienen lugar en el Salón de Plenos; en Ciudadanos estamos seguros de que si se aplica con contundencia el reglamento, no harían falta dos sesiones plenarias". 
El portavoz naranja asegura que no está dispuestos a seguir soportando "el bochornoso espectáculo que se ofreció ayer, aquí se viene a trabajar por Cartagena y no a una sesión terapéutica para desahogar las frustraciones y los complejos".
Manuel Padín ha explicado que dividir los plenos en sesiones de dos días no es algo extraño, "nuestros compañeros de Ciudadanos en Málaga ya solicitaron esta modificación del procedimiento; se trata de optimizar y racionalizar los horarios, facilitar el seguimiento de los plenos para los ciudadanos y el trabajo de los medios de comunicación".

Meca da 15 días de plazo para justificar la subvención de 418.000 euros otorgados al proyecto privado 'Mercado del Sol' en Lorca


LORCA.- El concejal de C's en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, ha presentado un escrito al alcalde reiterando nuevamente “nuestro interés en conocer detalladamente la justificación de la subvención que este Ayuntamiento otorgó a la Unión de Comerciantes de Lorca” el 18 de septiembre de 2015 con destino  al proyecto del denominado Mercado del Sol o San Clemente, procedente del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad de del Comercio, para “dotar de mobiliario y equipamiento comercial necesario al denominado Mercado de San Clemente”.

Esta subvención  debía estar justificada a  los tres meses como máximo de haber finalizado la actividad objeto del convenio.
En anteriores escritos “hemos solicitado el desglose y documentación suficiente y fehaciente de la justificación del uso de esa subvención, facturas, documentos de pago, etc. como marca la Ley”.
Ese dinero, como afirma Meca, “salió de la caja del Ayuntamiento” a la Unión de Comerciantes como subvención de un proyecto privado y “debe estar justificado” como dictan las cláusulas del contrato suscrito:

“5- Justificación
A los tres meses como máximo de haber finalizado la actividad objeto del presente convenio, la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca deberá justificar la realización de las mismas, con arreglo a su presupuesto, debiendo aportar ante la intervención municipal los siguientes documentos:
-       Una relación clasificada  de los gastos e inversiones de la actividad, con identificador del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
-       Originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en su caso, la documentación acreditativa del pago, cuya cuantía total deberá corresponder con el presupuesto de las actividades para las que se otorga la subvención.
-       Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de importe y procedencia.
Todo lo expuesto  está recogido en el Real Decreto 887/2006  de 321  de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Transcurrido el plazo establecido improrrogable de 15 días y de no haberse presentado la justificación de la subvención concedida, llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley general de Subvenciones.

9- REINTEGRO, RESPONSABILIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes casos:
-       Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
-       Incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención recibida”.

El PSOE insiste en que el soterramiento de 4,3 km del AVE es irrenunciable para no hipotecar el desarrollo futuro de Lorca


LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha exigido al alcalde Gil Jódar que no se someta a los intereses de Adif y del Gobierno de España, y no renuncie al soterramiento del AVE los 4,3 kilómetros necesarios para no hipotecar el desarrollo futuro de Lorca.

Mateos ha pedido que se convoque de inmediato la mesa de soterramiento del AVE en Lorca, donde ya está representado el tejido social y empresarial implicado, para abordar la situación del soterramiento en Lorca y "sumar esfuerzos" para frenar las intenciones de Adif y del Partido Popular de integrar el ferrocarril únicamente 1,7 kilómetros, en lugar de los 4,3 km necesarios para no estrangular el crecimiento de la ciudad.
El portavoz socialista advierte que si Gil Jódar acaba sometiéndose a los planes de Adif y del Gobierno de España será un "error histórico" para Lorca que "acabaremos pagando todos los lorquinos". Mateos asegura que el PSOE, en consonancia con el tejido social y empresarial de Lorca, se mantiene "firme" en la postura de no renunciar al soterramiento 4,3 kilómetros.
En este sentido, y a la espera del estudio formativo, Mateos asegura que llegarán a las instancias que sean necesarias para que el AVE pase por Lorca soterrado los 4,3 km necesarios. 
Asegura que plantearán alegaciones cuando se confirmen, a través de ese estudio, los planes de soterrar únicamente 1,7 km y que el PP local ya ha ido "anunciando" con la modificación del tramo I de la Ronda "que afectará al soterramiento".
Romera insiste en que la decisión del PP de sustituir el paso elevado previsto de la Ronda Central sobre las vías del tren por un paso inferior que discurrirá a cinco metros de profundidad "obstaculiza" que el soterramiento de las vías se inicie en el Barrio de Apolonia como el PSOE, y los agentes económicos y sociales de Lorca desean.
De esta manera, aceptando los planes de Adif, el paso del AVE constituirá una barrera que va a "hipotecar para siempre el futuro urbanístico y económico del Barrio de San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles y Apolonia, aislándolos del resto de la ciudad".
Romera insiste en que Lorca necesita que el soterramiento sea integral en los 4,3 kilómetros de vías que hay entre el Barrio Apolonia y la conexión con la autovía de Águilas (RM-11), que es el área que el vigente Plan General de Ordenación Urbana planifica como futuras zonas urbanizables y de expansión de la ciudad.
Desde el PSOE piden a Gil Jódar que recapacite y piensen en el futuro de Lorca antes de aceptar la imposición de Adif. De lo contrario, advierte que Gil Jódar será recordado como el Alcalde que hipotecó el crecimiento urbanístico, económico y social de Lorca para siempre.

La cobertura 4G llega al 96,9% de la Región de Murcia

MURCIA.- En la Región de Murcia, la cobertura para Adsl+2 está por debajo de la media nacional, que es 90,1%. Para 4G, la cobertura media es del 96,9%, dos puntos por encima de la media, que es del 94,4%, según el informe 'Cobertura de banda ancha en España a mediados de 2016', publicado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, del Ministerio de Energía.

La media nacional para internet de banda ancha es del 90%, mientras que en Murcia queda de media en el 83%.
Sin embargo, la móvil 3G está casi diez puntos por debajo en Murcia.
El 'blanco' abunda un poco más en el mapa del formato que ha evolucionado el 3,5G de los móviles, el 4G, el que ya tienen casi todos los usuarios: se propaga por Castilla y León, en especial por Salamanca, Zamora, Soria y Burgos; también por Teruel, Guadalajara y Cuenca. En Murcia la cobertura es casi total, por encima de la media con un 96,9%.

El PP mantendrá públicas las autopistas de peaje a rescatar de su actual concesión próxima al vencimiento

MADRID.- El PP ha expresado este martes en el Congreso su apoyo a no prorrogar en un principio las concesiones de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021 y a mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas cuya gestión empezará a asumir el Estado.

Así figura en la enmienda presentada por los 'populares' a la proposición no de ley de Unidos Podemos que se debate este martes en el Pleno de la Cámara Baja, y con la que el grupo parlamentario reclama recuperar la gestión pública de estas infraestructuras.
En ella, los 'populares' expresan su conformidad, tal y como propone Unidos Podemos, a "mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas", y piden adoptar "medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso pueden producir sobre los ciudadanos".
Asimismo, en el texto de su propuesta piden garantizar la "disponibilidad" de estas infraestructuras "para quienes deseen utilizarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro".
En todo caso, excluyen de su enmienda la exigencia al Gobierno de renunciar "de forma explícita a volver a privatizarlas" y a dar "marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos", que sí recoge en su iniciativa Unidos Podemos.
Por otro lado, el PP apoya no ampliar los períodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del período concesional en los últimos años, aunque tampoco reclaman, como aboga Unidos Podemos, que se haga "de forma directa por el sector público".
En la rueda de prensa celebrada al finalizar la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha abogado por que estas infraestructuras "amortizadas por el pago del peaje reviertan al Estado" y sea el Gobierno el que "decida cómo va a implementar una nueva fórmula para su mantenimiento".
Todo ello después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mostrara su disposición a llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición ante el fin de varias de las concesiones de autopistas. Respecto a las que serán rescatadas, De la Serna ya avanzó que prevé licitar de nuevo, aunque con diferentes condiciones, las nueve autopistas en quiebra.
En la relación de autopistas el PP no incluye, como recoge la propuesta de Unidos Podemos, el tramo de la AP-6 entre Villalba y Adanero, precisamente la vía en la que una nevada acabó provocando que cientos de vehículos quedaran atrapados durante la noche del Día de Reyes.
En todo caso, sí que incluyen la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, la AP-7 entre Valencia y Alicante, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-7 entre Montmeló y La Jonquera, la AP-7 entre Barcelona y Tarragona, la AP-7 entre Montmeló y El Papiol, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en el Congreso de los Diputados mantener dentro del sector público las nueve autopistas de peaje quebradas, entre ellas la de Cartagena-Vera, según el diputado por Murcia Teodoro García. La propuesta del PP trata de garantizar la disponibilidad de estas autopistas para quienes deseen utilizarlas, evitando que situaciones similares pueden llegar a producirse en el futuro.
Se trata de las autopistas de peaje Cartagena-Vera, junto a las R2 Madrid-Guadalajara, R3 Madrid-Arganda, y R4 Madrid-Navlacarnero; también el Eje del Aeropuerto de Barajas; las autopistas Madrid-Toledo y Ocaña-La Roda y la circunvalación de Alicante.

Totana pide más plazo para pagar su deuda, de seis veces su presupuesto

MURCIA.- El alcalde de Totana, Andrés García (PSRM), solicitó este martes que se amplíe el plazo que el Ayuntamiento tiene para hacer frente al pago de su deuda, que actualmente asciende a unos 120 millones de euros, unas seis veces por encima del presupuesto municipal.

El alcalde transmitió esa petición al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, con quien se ha reunido en el Palacio de San Esteban de Murcia, donde han debatido sobre la difícil situación económica que atraviesa el municipio.
Según ha explicado, aunque en esta legislatura se ha rebajado la deuda municipal, esta se sitúa actualmente en torno a los 120 millones de euros, una cifra "impagable" teniendo en cuenta que el presupuesto anual del Ayuntamiento es de unos 20 millones de euros.
Además, a esos 120 millones se suman otros 60 millones de euros previstos para el pago de "contingencias", explicó, que se derivan de diversos procesos judiciales abiertos, como la reclamación de 10 millones de euros de la anterior empresa adjudicataria del servicio de agua, que fue remunicipalizado, o las derivadas de los convenios urbanísticos.
García recordó que la situación ha mejorado, puesto que se ha hecho frente a todos los impagos que tenía el Ayuntamiento, que se ha acogido a todas las medidas ofrecidas por el Ministerio de Hacienda.
Gracias a ellas, se han refinanciado todos los préstamos rebajando los intereses en torno al 1%, aumentando el periodo de carencia a unos 20 años, y el Consistorio se ha puesto al día con las entidades bancarias y con el pago a proveedores.
Sin embargo, García consideró que se necesitará un plazo mayor, de entre 35 y 40 años para hacer frente a los pagos, porque de lo contrario, cuando pase el actual periodo de carencia, volverá a haber dificultades en el ayuntamiento, dijo.
Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno central ponga en marcha nuevas medidas para regular esta situación, que afecta en torno a otro medio millar de municipios de toda España, haciendo alguna normativa que permita aumentar los periodos de pago de la deuda.
Otro de los temas principales que ha abordado con el presidente es del de la puesta en valor del yacimiento argárico de La Bastida, uno de los más importantes de esa época prehistórica, que actualmente solo está excavado en un 15% de su superficie.
García propuso que la comunidad autónoma y mecenas privados colaboren en la musealización de ese yacimiento y señaló que uno de los proyectos municipales es instalar el museo del yacimiento en una casa catalogada ubicada junto al Ayuntamiento, la denominada casa del General Aznar.
La idea, dijo, es poner en marcha una fundación participada por el Ayuntamiento, la comunidad autónoma y posibles inversores privados, para restaurarla y convertirla en museo en el que alojar todas las piezas recuperadas del yacimiento.

Diego Conesa lamenta la «carencia» de transparencia en la gestión de la recuperación del Mar Menor


CARTAGENA.- El secretario general del PSRM Diego Conesa, aseguró este martes ante cargos del partido en los municipios ribereños del Mar Menor que la "mejor campaña de visualizar un futuro mejor" para la laguna debe hacerla el Gobierno regional explicando cómo va a actuar en la zona.

En un comunicado, Conesa lamentó la "carencia" de información y transparencia sobre la gestión de la recuperación de la laguna, y añadió que la "mejor campaña" que podría recibir este espacio es saber "qué se va a hacer, cómo se va a hacer y si se está contando realmente con el aval de la comunidad científica".
"Esa es la mejor campaña de visualizar un futuro mejor para el Mar Menor que debería hacer el Gobierno regional, y que es de lo que estamos careciendo ahora mismo", añadió.
El líder socialista preguntó en qué y cómo se va a gastar la partida de 40 millones de fondos europeos destinados al Mar Menor, así como si la "hoja de ruta" de esta inversión está "avalada" por la comunidad científica.
"Si supiéramos cómo se va a actuar y con la garantía de la comunidad científica, seguro que todos los vecinos del Mar Menor estarían más tranquilos, sabiendo que es una cuestión que no se va a solucionar en un día ni en dos", remarcó Conesa.
Finalmente, el secretario general del PSRM advirtió de que la "joya regional y nacional" está en "estado crítico", lo que está generando un "desastre económico en todo el litoral" y, especialmente, en municipios como Los Alcázares, que "dependen exclusivamente del comercio, la hostelería y el turismo".

'El Pozo' se explica tarde, mal y con desprecio a la inteligencia colectiva

ALHAMA DE MURCIA.- 'El Pozo' se explica tarde, mal y con desprecio a la inteligencia colectiva al dar hoy otra nueva versión sobre sobre su filosofía de actuación empresarial hasta la fecha, al verificar la escasa credibilidad de sus primeras justificaciones públicas y su corto recorrido ante unas imágenes que no dejan lugar a muchas dudas a tenor de los argumentos esgrimidos desde hace tiempo al respecto por organizaciones animalistas cercanas, a las que ahora se pretende hacer cómplices de su verdad comercial ante la reacción extrema de un sector de la Distribución agroalimentaria europea, que puede terminar arrastrando al resto a tenor de lo visto hoy en Alemania y ayer en Bélgica.

Ahora ElPozo Alimentación, dice en una nota de prensa "querer compartir las medidas que en los últimos meses en materia de bienestar animal se han tomado", según esta empresa:
-Revisión de los criterios y aumento en la rigurosidad en el proceso de sacrificio sanitario.
-Implantación de una nueva certificación específica de bienestar animal.
-Incremento de la plantilla veterinaria y frecuencia de los controles a las granjas proveedoras.
Estas medidas, según El Pozo, llevan implementándose en la compañía de manera gradual desde el pasado mes de octubre y han pretendido ser una garantía adicional al estricto cumplimiento de los estándares de calidad en materia de sanidad, seguridad alimentaria y bienestar animal. 
En paralelo, se abrió un expediente de investigación a la granja proveedora cuyas imágenes aparecen en un vídeo difundido en televisión, tras el cual se inició un proceso de desvinculación que ya es efectivo", traspasándole así su responsabilidad a la granja Hermanos Carrasco, también de Alhama de Murcia.

Desde ElPozo Alimentación quieren insistir en que "los veterinarios oficiales de la Administración que realizan su labor en cada industria cárnica garantizan de manera absoluta la seguridad alimentaria".
Desde la certeza de que una compañía líder como la suya no puede permitirse que exista el menor recelo sobre la excelencia de sus procesos, dicen estar "estudiando medidas adicionales en materia de bienestar animal, que complementen a las que ya se estaban implementando".
Para ello,  dicen, "están trabajando mano a mano con los diferentes auditores de sus clientes" y plantean "ampliar dicha colaboración a otros actores, grupos animalistas entre ellos, en próximas fechas", sin determinar exactamente cuando.

Precisamente la presidenta del Partido Animalista, Silvia Barquero, recordaba el día después de la emisión de 'Salvados' que las imágenes emitidas no eran un caso aislado. En su blog de Público, Barquero también se indignaba al ver cómo los dirigentes políticos se alineaban en favor de la industria porcina en lugar de trabajar para mejorar las condiciones de los animales.
El programa de LaSexta mostró unas imágenes grabadas de noche en las que se veían animales enfermos y con malformaciones en las instalaciones de la granja Hermanos Carrasco, de Alhama de Murcia, proveedora de Cefusa, filial de El Pozo.
El vídeo, emitido en el programa Salvados, mostraba cerdos desnutridos, enfermos o muertos en los mismos corrales que los vivos.
En un primer comunicado publicado poco después de su emisión, ElPozo aseguró que estas imágenes correspondían a "un área de recuperación sanitaria" donde se vigilaba a los cerdos para "controlar su evolución", y en caso de no mejorar "llevar a cabo su sacrificio sanitario". 
Además, la empresa de Alhama de Murcia insistió en que animales en ese estado "jamás entrarían en la cadena de producción" debido a los controles existentes.
Sin embargo, esa versión fue desmontada por Alfonso Senovilla, el veterinario que fue entrevistado por Jordi Évole en Salvados, al asegurar que “el objetivo de tener a esos animales en ese estado es única y exclusivamente sacar un rendimiento económico por la carne procedente de ellos”.
El refuerzo de controles no supone el reconocimiento de haber incumplido en el pasado los estándares de calidad mínimos aunque la nueva respuesta de El Pozo llega nueve días después de que las imágenes empezaran a circular, y solo 24 horas de que dos grandes cadenas de supermercados belgas, Colruyt y Delhaize, anunciaran la retirada de sus productos de las estanterías y la suspensión de la compra de sus artículos hasta cerciorarse de que las condiciones de las granjas con las que trabajan son adecuadas.
Y que la cadena alemana Rewe las siguiese hoy y otra germana más, Edeka, haya pedido explicaciones antes de tomar una decisión drástica al respecto.
Cefusa -filial ganadera del Grupo Fuertes- se dedica a la cría y engorde de cerdo, blanco e ibérico, y vacuno, es la principal suministradora de ganado de ElPozo y dispone de instalaciones ganaderas y fábricas de piensos en varios municipios del sureste español.



(En la imagen superior, José Fuertes, responsable de 'Cefusa' y suministro porcino de El Pozo)


Más información en el siguiente enlace:


http://www.murciaconfidencial.com/2018/02/blog-post_762.html 

El PP aragonés asegura que el trasvase del Ebro «es un tema ya finiquitado»

ZARAGOZA.- El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, aseveró este martes que "el trasvase es un tema ya finiquitado" y emplazó al PSOE a consensuar "un gran pacto por el agua" para el conjunto de España.

"No al trasvase del Ebro, sobran las palabras", subrayó Beamonte, observando que "ni hay manos, ni tiempo, ni dinero" para llevar a cabo esta actuación.
Momentos antes de reunirse con su Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte apostó por consensuar un documento de política hidráulica entre todas las comunidades gobernadas por el PP para ofrecer al PSOE que se incorpore a un gran pacto, negociándolo, y ha considerado que "si es por consenso, podrá salir adelante" y en caso contrario "difícilmente" se podrá conseguir.
Los populares aragoneses seguirán defendiendo lo que creen "justo y procedente", indicó Beamonte, haciendo hincapié en que "no vamos a renunciar a que se ejecuten todas las obras del Pacto del Agua" ni "al presente y el futuro que el agua depara al conjunto de la Comunidad".
El documento de política hidráulica que prepara el PP "no es trasvasista", sino que "analiza la realidad del agua", que es "un elemento vertebrador para todos los territorios" y que "sirve para combatir la despoblación", puntualizando que "cada uno tiene que aprovechar sus recursos, fortalezas y singularidades", dijo.
El líder del PP Aragón ha recalcado que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "dijo que se haría por consenso".

El Gobierno autónomo defiende que la infrafinanciación de la Región «se tiene que compensar»

MURCIA.- El Gobierno regional reconoce que una parte de la deuda y del déficit de la Comunidad Autónoma "a lo mejor no se puede mutualizar" pero cree que la parte que obedece a los 200 euros que la Comunidad recibe de menos por cada habitante y año debido al modelo de financiación autonómica "se tiene que compensar".

"Y es por lo que vamos a seguir trabajando", señaló Arroyo, quien indicó que "nosotros nos conformamos con que se nos reconozca que una parte del déficit y la deuda que arrastra la Región de Murcia se debe a la infrafinanciación".
Arroyo contestó de esta forma en una rueda de prensa al ser preguntada por las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien garantizó este lunes a los barones territoriales del Partido Popular que no habrá quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación.
Arroyo recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió este lunes a la reunión con Montoro en la que se analizaron temas "trascendentales" para la Región de Murcia, entre ellos el de la financiación autonómica o el agua. 
En materia de financiación autonómica, reconoció que el ministro pudo exponer los avances que se están realizando para llegar a ese acuerdo necesario con el PSOE para poder aprobar un nuevo modelo.
Para la Región, Arroyo indicó que esta reforma del sistema de financiación autonómica "es urgente", como siempre ha mantenido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya que Murcia es la Comunidad uniprovincial "más castigada desde 2009 por el sistema de financiación autonómica y la segunda comunidad más castigada".
Arroyo reconoce que se tendrán que analizar las circunstancias de cada comunidad, pero destacó que uno de los datos que se puso sobre la mesa este lunes en la reunión con Montoro es que "el déficit de la Comunidad de Murcia se puede demostrar objetivamente que se debe sólo a un motivo, y es que nosotros recibimos cada año por habitante 200 euros menos que la media nacional".
Todo ello "para hacer frente a los mismos servicios públicos: a la Educación, a la Sanidad y a la política social", según Arroyo, quien indicó que las comunidades mejor financiadas reciben un 50% más de fondos para prestar esos mismos servicios.
En este sentido, el Gobierno murciano defiende "que se condone y que se mutualice esa deuda de cara al pasado para poder reconocer que hay un problema de infrafinanciación y que nosotros tenemos que seguir prestando los mismos servicios, porque nuestros ciudadanos merecen el mismo trato que el resto de españoles".
"A la hora de afrontar el futuro nunca vamos a ser un Gobierno que pida quitar", según Arroyo. Al contrario, señaló que el Ejecutivo murciano pide "poner más recursos a disposición de las comunidades autónomas y que esa distribución se produzca de manera más justa".
"Y nosotros proponemos llegar a un acuerdo con el PSOE, no como pasó en 2009", cuando salió adelante "una financiación autonómica sin el respaldo del otro partido mayoritario", según Arroyo.
"Eso es lo que defendió ayer López Miras y lo que va a seguir reivindicando ante Montoro, ante el presidente del Gobierno de España y ante cualquier otro presidente autonómico, porque es lo justo para esta Región y porque se demuestra que hemos hecho un gran esfuerzo por reducir el déficit 345 millones de euros en los últimos tres años", tal y como aseveró la portavoz.
A su juicio, "ya solo nos queda reconocer la financiación que necesitamos para que cada ciudadano reciba ese servicio público al que tiene derecho".

El Ayuntamiento de Cartagena convoca 15 plazas de Policía Local


CARTAGENA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado las bases específicas para la selección de 15 plazas de agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena mediante oposición libre. La presentación de las instancias se podrá llevar a cabo 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según consta en el documento de las bases publicado en el BORM, los requisitos para poder hacer las pruebas de acceso son tener nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no exceder la máxima de jubilación, tener una talla mínima de 1,70 metros para hombres y 1,65 para mujeres y estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional o 2º Grado equivalente.
Asimismo, los aspirantes deberán estar en posesión de los permisos de conducir "A" o "A2" y "B", no podrán estar inhabilitados para ejercer la función pública y no podrán padecer impedimentos médicos que imposibiliten el ejercicio de sus funciones. Además, deberán carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
El proceso de selección se llevará a cabo mediante oposición libre y constará de tres fases: oposición, reconocimiento médico y curso selectivo. Las bases han fijado que la primera fase consistirá en 4 ejercicios; las pruebas de actitud física, la prueba de aptitud psicotécnica, el ejercicio escrito y el ejercicio oral. Posteriormente se convocará el certificado médico, que tiene carácter eliminatorio, y finalmente, el curso selectivo.
El Tribunal calificador de las pruebas estará formado por el presidente, un funcionario de carrera del Grupo A; los vocales, el Jefe de la Policía Local de Cartagena y dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cartagena, uno de ellos perteneciente a la Clase Policía Local; y el vocal secretario, el Director de la Oficina del Gobierno Municipal o un Técnico de Administración General designado por el Gobierno Municipal.

Arrancan los trabajos para recuperar los fondos marinos en Los Alcázares, Los Urrutias, Los Nietos y Villananitos

MURCIA.- La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente informó este lunes en el Comité de participación social del Mar Menor de los próximos trabajos que se realizarán para la recuperación de fondos marinos en las zonas de Los Alcázares, Los Urrutias, Los Nietos y Villananitos y que arrancarán en los próximos días, según informaron fuentes regionales.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con la supervisión de distintos grupos de investigación integrados en el Comité de asesoramiento científico del Mar Menor, es recuperar estas zonas y eliminar los sedimentos y fangos que quedaron depositados con motivo de las lluvias torrenciales de diciembre de 2016 y enero de 2017.
Así, el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha considerado "importante" estas actuaciones de recuperación de fondos marinos "en zonas en las que hemos comprobado que se depositaron gran cantidad de sedimentos". Para realizar estas actuaciones, "hay un importante trabajo previo de comprobación para poder ejecutarlos con las mayores garantías".
De este modo, ha asegurado, "estos trabajos serán muy meticulosos y con un amplio beneficio ecológico para el ecosistema, tal y como se pudo demostrar en la Albufera de Valencia".
En concreto, se ha diseñado un modo de ensayo que permitirá definir la técnica a emplear utilizando tecnología finlandesa ya empleada con éxito en la Albufera de Valencia, y maquinaria anfibia. Para ello, explican desde el Gobierno regional, se utilizará un sistema de succión que discriminará el material a retirar y permitirá extraer sólo lo que perjudica la recuperación del fondo marino.
En el diseño de este ensayo, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) ha realizado batimetrías con drones submarinos en estas zonas, así como la caracterización e identificación de los sedimentos del fondo marino e incidencia sobre el fartet y otras especies, realizados por investigadores de la Universidad de Murcia.
Además, se ha realizado un manual de procedimiento para realizar los trabajos, que incluye que los sedimentos se almacenarán en un geotubo especial de polímero y su posterior depósito en un vertedero autorizado.
"En definitiva, se han adoptado todas las precauciones necesarias para poder hacer estos ensayos de recuperación de fondos marinos sin que se produzca afección a la biodiversidad del Mar Menor, contando para ello con grupos de investigación integrados en el Comité de asesoramiento científico del Mar Menor", ha puntualizado Celdrán.
El objetivo en Los Alcázares es la recuperación de fondos marinos con la retirada de sedimentos entre el Club Náutico y el espigón más al norte; en Los Urrutias se realizará entre el Club Náutico y Punta Brava; en Los Nietos se realizarán ensayos en la zona del puerto; y en Villaenanitos se pretende el tratamiento de lodos mediante la aportación de arena. Estas actuaciones cuentan con la autorización de la Demarcación de Costas del Estado.

El PSRM pide a la Comunidad Autónoma que "elabore y presente la Ley Integral del Mar Menor"

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho estar "satisfecho" con la decisión que se ha adoptado este martes en la Comisión Especial sobre el Mar Menor porque ha logrado, como propuso el PSRM, "que sea el Gobierno regional el que elabore y presente en el plazo más breve posible la Ley Integral para la gobernanza y la protección del Mar Menor".

El diputado regional Antonio Guillamón ha explicado que la Comisión se ha comprometido a redactar una serie de directrices y orientaciones para trasladarlas al Gobierno regional y que le sirvan de ayuda para la redacción de la norma, según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.
Guillamón ha lamentado que el Grupo Parlamentario Popular "siga empecinado en poner palos en las ruedas" a la redacción de esta ley y siga focalizando en el sector agrícola el problema de la contaminación de la laguna.
"El PP ha propuesto que vengan más comparecientes a la Comisión, todos ellos vinculados al sector agrícola. No nos oponemos a que haya más comparecencias, pero esta ley tiene que ser integral y abarcar a todos los sectores que han influido o que tengan algo que aportar para poner solución", ha señalado.
Guillamón ha mostrado su esperanza de que la ley sea pronto una realidad y "que de una vez el PP cumpla con su responsabilidad como Gobierno y la traiga pronto a la Asamblea Regional".

Cachá visita a Luisa Cabello, de 103 años, la maestra más longeva afiliada al sindicato ANPE


MURCIA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, visitó hoy en su domicilio a la maestra más longeva afiliada al Sindicato independiente (ANPE), que tiene 103 años, Luisa Cabello, y que desarrolló durante casi 50 años su labor profesional.

Luisa Cabello fue homenajeada recientemente por el sindicato de profesores ANPE durante la Gala del Docente, pero debido a su avanzada edad no pudo asistir. 
Martínez-Cachá la visitó como "reconocimiento a toda una vida dedicada a la docencia con entrega y pasión".
Luisa Cabello Aparicio nació en 1914 en Novelda, Alicante, comenzó a dar clase en 1936 en Lorca, y en 1948 continuó su carrera en Albudeite, en el colegio ´Nuestra Señora de los Remedios´, donde llegó a ser la directora del centro y desarrolló su labor profesional hasta 1980, año en que se jubiló.

El especulador Trinitario Casanova, a un paso del banquillo

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha concluido la fase de investigación de un supuesto fraude de 9.947.163,76 euros a la Hacienda Pública en la liquidación del IVA y del Impuesto de Sociedades entre los años 2004 y 2006 del Grupo Inversor Hispania (GIH), que presidía entonces Trinitario Casanova, y la firma Baltirén S.L.

El auto, que declara terminada la instrucción, ordena la continuación de la fase preparatoria, previa a la eventual apertura del juicio oral, contra 18 personas por presuntos delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad. Según la resolución, todos ellos habrían actuado bien como autores directos, bien como cómplices o cooperadores necesarios.
Igualmente, el magistrado titular ordena la continuación del procedimiento penal contra 18 empresas como posibles responsables civiles subsidiarias.
La causa es el resultado de la acumulación de dos denuncias. La primera se centra en el Grupo Invensor Hispania, siendo el administrador el investigado Trinitario Casanova.
Según la resolución que cierra la investigación, éste se habría concertado con otras personas y sociedades para defraudar a la Hacienda Pública por dos vías: simular trabajos en terrenos de su propiedad y falsas intermediaciones en la venta de fincas.
A través de terceros se emitieron facturas con cargo al grupo, con todos los requisitos formales -explica el auto- para generar gastos empresariales y reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades, a la vez que aparentaban conceptos de IVA soportado para deducirse en períodos siguientes o minorar las cuotas a ingresar.
La resolución cifra en un total de 9.012.782 euros la cantidad que se habría podido defraudar.
Y la segunda investigación, que inicialmente correspondió a un juzgado de Madrid y posteriormente fue acumulada a esta causa, hace referencia a Baltirén S.L. y, según la resolución, el fraude podría alcanzar los 934.381,49 euros.
El magistrado titular, sobresee la causa respecto a una de las inicialmente investigadas y declara prescrita la responsabilidad penal respecto a otros dos.
Un último investigado, falleció durante la instrucción de la causa.
Con esta resolución se da traslado de las diligencias a las acusaciones para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Montoro garantiza la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil en tres años

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha garantizado en los micrófonos de 'La Linterna', en la Cadena COPE, que en los próximos tres años se llevará a cabo la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas, y que ya se empezará a notar en la nómimca en este 2018. 

Así se ha pronunciado cuestionado por a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el responsable de Hacienda ha apuntado que no se avanza en la negociación por las dos condiciones que ha puesto Ciudadanos -la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos de seguridad autonómicos y la renuncia a su puesto de la senadora Pilar Barreiro, investigada en el Supremo-, y que de no salir adelante, "el Gobierno actualizará elementos fundamentales de los Presupuestos por Real Decreto Ley".
Entre esos elementos fundamentales, Montoro sitúa esa demanda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para ello, el responsable de Hacienda ha explicado que desde su ministerio se está negociando con los sindicatos públicos como Comisiones Obreras o UGT y desde el Ministerio del Interior se están hablando con los sindicatos policiales. 
Cuando se alcance un acuerdo, según Montoro, será cuando la negociación se traslade a las formaciones políticas.

El Ayuntamiento de Palma antepone el conocimiento del catalán a los requisitos sociales en sus contratos


PALMA.- El Ayuntamiento de Palma exige el uso del catalán en todos los contratos municipales a pesar de que se muestra laxo con otros aspectos relacionados con cuestiones de carácter social o medioambiental, adelanta hoy la edición balear de El Mundo

Menos incumplir la normativa que exige el uso del catalán a todas las empresas contratadas por el Consistorio en sus relaciones con la administración y con el público en general, la coalición de gobierno -socialistas, nacionalistas y Podemos-, que controla desde mediados de 2015 la capital balear, está dispuesta a pasar la mano con todo. Incluso vulnerando las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en la misma normativa, y aprobadas hace un año por ese mismo gobierno municipal, al frente del cual está el alcalde nacionalista Antoni Noguera (en la imagen).
Se trata de una instrucción para la contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística, que además del catalán exigía a las contratas municipales otras cuestiones. Entre ellas, garantizar criterios de accesibilidad universal; de igualdad de derechos laborales; de favorecimiento de la contratación de personas con discapacidad; de igualdad entre mujeres y hombres; de ausencia de lenguaje sexista o de ayuda a la contratación de personas con dificultad de acceso al mercado laboral. Pero, en la práctica, mientras en todos los contratos se exige el cumplimiento de las cláusulas lingüísticas, en un 40% de los mismos no se exigen las medioambientales ni las sociales. En este caso, el denominado Pacto de Progreso de Cort opta por eliminarlas.
La cláusula en favor del catalán exige entre otras cuestiones a los licitadores que el uso de esta lengua sea referente obligado a la hora de entregar toda la documentación técnica de un concurso al Consistorio; que las empresas subcontratadas la utilicen en los rótulos de las plazas, publicaciones, avisos y otras comunicaciones al igual que en la megafonía, etiquetaje o embalaje.
Pero además, el equipo de gobierno pone como condición que la empresa contratada tenga personal de atención al público con un conocimiento suficiente para llevar a cabo en lengua catalana las tareas de atención, información y comunicación. Sólo si el Consistorio lo considera oportuno aplicando las previsiones del reglamento municipal de normalización lingüística, se deberá añadir el castellano u otras lenguas.
La preeminencia exclusiva del uso del catalán a la hora de contratar con el Consistorio fue denunciada ayer en rueda de prensa por la portavoz y concejal del PP de Palma, Marga Durán. La edil consideró que no tiene sentido que las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento, «además de presentar toda la documentación en catalán, tengan que realizar las comunicaciones internas, la rotulación o el servicio de megafonía en catalán» porque «entendemos que en nada contribuye a mejorar el servicio».

Horas críticas de Margarita Robles al frente del grupo socialista en el Congreso

MADRID.- El martes pasado, en la vuelta al trabajo de sus señorías, un joven y desconocido diputado del PSC, Marc Lamuà, fue ovacionado por la bancada socialista como pocas veces en la presente legislatura.  Y algo alivió la sensación depresiva que vive una buena parte de la misma a juicio de www.esdiario.com.

"El CIS no ha sido para nosotros malo, pero tampoco bueno", confiesa a ESdiario un veterano diputado del PSOE para resumir el estado de ánimo de los parlamentarios de Pedro Sánchez. Buena parte de ellos tiene su mirada fijada en su portavoz, Margarita Robles. "No ha cuajado", reconoce este diputado andaluz, que sentencia mordaz: "Aquí no tenemos ni voz ni rostro".
Otro diputado del PSOE recordaba este miércoles la "anomalía histórica" que vive el grupo parlamentario socialista. Algo que no se veía en el Congreso desde hace décadas: el secretario general no es diputado y por tanto no tiene asiento en la Cámara. Es por eso que muchos en la bancada socialista reprochen a Margarita Robles no estar a la altura de las circunstancias que exigen que se convierta en la voz alternativa de Sánchez en el hemiciclo.
Un sector de los diputados la acusan de "ir por libre". Un ejemplo. La semana pasada, durante la reunión de grupo parlamentario que presidio Sánchez, varios diputados le reprocharon que votara a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, ocurrido en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Bien es cierto que esta era una demanda histórica del PSOE canario pero Ferraz la considera ahora "inoportuna y extemporánea".
Tampoco ha gustado la contundencia con la que Robles rechazó la candidatura al BCE del ministro Luis de Guindos. "Un absoluto desprecio a las mujeres", denunció en los pasillos. Pero en los corrillos posteriores al pleno, algunos veteranos diputados ligados a la vieja guardia recordaban que los dos grandes partidos siempre han ido de la mano cuando han habido promociones internacionales de este tipo.
Ese mismo sector se declara "perplejo" ante la estrategia de oposición diseñada en común por Robles y la vicesecretaria general, Adriana Lastra. Nadie entiende la elección de los temas de las preguntas a Rajoy, el momento más mediático. El famoso minuto de telediario.
"Miércoles tras miércoles pasamos desapercibidos", se lamenta a este diario otro diputado. Los diputados reprochan que Robles haya "abdicado" de enarbolar los casos de corrupción del PP contra Rajoy, dejando todo ese campo a Podemos. Y tanto en la sesión de control como en la comisión que investiga el caso Bárcenas, en la que el PSOE está manteniendo un perfil bajo. 
Robles, cuya designación como portavoz ya fue objeto de una intensa discusión en el grupo parlamentario -ni siquiera se ha afiliado al partido-, no ha conseguido rodearse de un equipo fiable y con capacidad y proyección mediática. Y los socialistas se han visto arrollados tanto por la habilidad de Podemos para la comunicación en los medios y en las redes sociales, como por la espectacular irrupción de Ciudadanos y Albert Rivera tras la victoria en Cataluña el 21-D.
Pero tampoco en el sector más próximo a Sánchez y más a la izquierda del PSOE se está satisfecho con el trabajo de Robles. Estos diputados critican la falta de sinergia con Podemos. Y ponen como ejemplo el fracaso absoluto de uno de los acuerdos estrella que Sánchez e Iglesias alcanzaron antes del verano pasado: la mesa de coordinación que Robles e Irene Montero iban a presidir para pactar conjuntamente las grandes iniciativas de la oposición.
Lejos de mantener una comunicación fluida con el partido morado, Robles ha visto cómo Podemos le robaba en el registro de la Cámara algunas iniciativas estrella anunciadas por Sánchez como el impuesto a los bancos -rebautizada por Iglesias como "recargo de solidaridad a las entidades de crédito"-, la llamada ley de emergencia habitacional de familias vulnerables o la ley sobre la revalorización de la pensiones.
Mientras Sánchez se encuentra inmerso en su gira por las "asambleas abiertas" con la militancia, este martes anunció un nuevo paquete de iniciativas parlamentarias que resucite la presencia del PSOE en el Congreso y el Senado. Y muchos dudan que Robles sea capaz de "ponerles voz". Más cuando el Parlamento va entrar en semanas en una larga precampaña electoral.

El Supremo establece en un 45% el mínimo de discapacidad para la jubilación anticipada

MADRID.-El Tribunal Supremo ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45% en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente, debido a que se les podrá aplicar el decreto que así lo fija.

La sentencia que señala esta doctrina, que ha sido divulgada por la Asociación El Defensor del Paciente y por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), afecta a todos aquellos ciudadanos incluidos en el decreto 1851/ 2009, relativo a, entre otros colectivos, las víctimas de la talidomida.
El citado decreto afecta a las personas que padezcan una discapacidad en relación con las siguientes enfermedades: "Discapacidad intelectual (antes retraso mental), parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, Fibrosis Quística, Enfermedad de Wilson, Trastornos del espectro autista,  anomalías congénitas secundarias a Talidomida, secuelas de polio o síndrome postpolio".
En síntesis, nuestro Tribunal Supremo (TS) se hace eco de aquellas situaciones en las que se encuentran muchos trabajadores a quienes, padeciendo alguna de estas enfermedades y un grado de discapacidad superior o igual al 45% a la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, no les había sido concedida ésta porque no acreditaban haber trabajado 15 años desde que padecen la discapacidad.

El Gobierno ultima un tijeretazo en nóminas con las nuevas oposiciones

MADRID.- La administración pública en España puede reducir de un día para otro una carga importante en las nóminas de sus funcionarios.

Si las oposiciones masivas, convocadas por toda la administración pública este año, son ganadas de forma mayoritaria por jóvenes sin experiencia laboral, el Gobierno recortará de cuajo una buena parte de los trienios y sexenios que paga a los actuales interinos por antigüedad.  Se trataría del mayor recorte laboral encubierto en España, y sería legal y avalado por Europa.
Los interinos que llevan hasta 20 años trabajando para la administración pública están convencidos de que las condiciones de las nuevas oposiciones han sido diseñadas para barrerlos, según economiadigital.es.
En las próximas oposiciones, los trabajadores interinos que no logren una nota mínima de corte no pasarán a la siguiente fase, donde su experiencia será ponderada para darles mayores posibilidades de ser contratados.
“Estamos convencidos de que hay esa intencionalidad”, explica Fernando Pellicer, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, el mayoritario en el sector de la educación. “Se ha diseñado el proceso en contra de los intereses de la mayoría de interinos, que son más caros porque tienen más antigüedad”, añade Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas.
De los nueve profesores que trabajan en el centro de educación para adultos de San Sebastián de La Gomera, en Canarias, siete podrían quedarse sin trabajo en junio. Todos son funcionarios interinos, es decir, cubren temporalmente una plaza que será asignada de forma definitiva mediante concurso de oposición.
El centro, de buenas a primeras, podría perder a sus siete profesores experimentados para quedarse prácticamente con docentes jóvenes y sin experiencia, mucho más baratos que la actual plantilla
“Tenemos que prepararnos para las oposiciones que son básicamente una prueba de memoria. Tenemos trabajo y otras obligaciones, lo que nos hace estar en desventaja con jóvenes sin trabajo que tienen todo el día para memorizar y tener el conocimiento más fresco”, explica Susana Guía, una de las siete profesoras del centro educativo que se medirán en junio en la mayor convocatoria de oposiciones realizada por el Gobierno de Canarias.
 "Se trata de un examen netamente memorístico que nos perjudicará si entran muchos aspirantes que no están en los listados de interinos", añade David Hernández, otro profesor interino de 42 años. 
La mayor parte de los centros educativos en España se enfrentan a la misma situación. Este año está prevista la presentación de exámenes de oposiciones masivas para cubrir las plazas que han estado vacantes durante años y que nunca han salido a concurso. Y los profesores interinos, que rondan entre el 25% y el 30% del total, llaman a la protesta contra el actual sistema de selección.
“En cualquier empresa privada, si quieres optar a un puesto, la primera pregunta que te hacen es qué experiencia tienes en cargos similares. En este caso, las oposiciones masivas servirán para premiar a quienes salgan bien en unas pruebas memorísticas. Y no necesariamente serán los que están mejor preparados”, explica Fernando Pellicer, del sindicato de maestros.
Los funcionarios interinos están en pie de guerra en toda España. La semana pasada fueron convocados paros en Andalucía y en Asturias de un centenar de interinos que han llevado el proceso a los tribunales.
Mientras tanto, los despachos de abogados intentan generar una ola de demandas contra la administración para que se le reconozca la condición de indefinidos a los funcionarios interinos que llevan más de tres años en su mismo cargo. Ya hay sentencias favorables pero los interinos siguen sin tener claro si, en el caso de perder sus oposiciones, podrán seguir trabajando para la administración.

'Luz y taquígrafos' sobre los abusos en los contratos bancarios o eléctricos

MADRID.-El pleno del Congreso va a empezar a debatir este martes un pacto estatal de contratación en el consumo —impulsado en noviembre por la asociación de usuarios Adicae y traducida ahora por el PSOE en una Proposición de Ley— que quiere solucionar, precisamente, que usted tenga que cruzar los dedos y abandonarse a la suerte a la hora de hipotecarse, suscribir un seguro, abonarse a una eléctrica o aceptar la oferta de una compañía telefónica, según recuerda 20 Minutos
"Transparencia no solo dar más información", ha explicado este lunes Manuel Pardos, presidente de Adicae. "Una ley de transparencia en los contratos permitiría al usuario defenderse de la publicidad e información engañosa que ahora ofrecen, por ejemplo, a quien acepta una hipoteca fijo-variable, que pagarán más los primeros cinco años al aplicarse ahora un tipo fijo... y seguirán pagando más cuando los tipos suban y se convierta en variable".
Tampoco volvería el Supremo a considerar que un cliente "atento y perspicaz" debería haber buscado en Internet el significado de contratar una hipoteca referenciada al índice IRPH —como dijo el alto tribunal en una reciente sentencia que supuso un mazazo para un millón de afectados— porque con esta ley, según propone Adicae, se articularían mecanismos para que el ciudadano supiese las consecuencias de lo que ha contratado.
Y es que el concepto manejado va más allá de la transparencia. Se denomina "transparencia material" y trata de asegurar que el usuario no solo recibe la información, sino que la comprende. "Con una ley así, no volveríamos a ver problemas judiciales masivos como ha sucedido con las cláusulas suelo o las preferentes", dice Pardos, que lamenta que la banca "no quiere oir hablar de transparencia, solo de información, información e información".
"La mera transparencia no debe servir para validar los abusos", apunta el registrador de la propiedad Carlos Ballugera. "Por mucho que un contrato hipotecario diga en una cláusula que los intereses de demora por impago se elevan al 40%, esa supuesta transparencia no debe obviar el carácter abusivo de esta cláusula".
Por supuesto, al consumidor siempre le queda la Justicia. Así lo han hecho los afectados por las cláusulas suelo, preferentes, IPRH o multidivisa. Pero no deja de ser un engorro judicial y un esfuerzo de tiempo que no todos los consumidores pueden hacer. "El juzgado no puede ser el único medio para declarar la nulidad de una cláusula ilegal", dice Pardos. De ahí que la ley que propone Adicae y que el PSOE lleva mañana al Congreso tenga un carácter preventivo para evitar los abusos antes de que se cometan y salir así de la antigua doctrina del 'vicio de consentimiento'.
El objetivo final, según Adicae, es hacer de España un país modélico en la transparencia de los contratos que firmamos a diario con los bancos, las eléctricas, las operadoras telefónicas o cualquier tipo de empresa de consumo. De este modo, dicen, se protegería al ciudadano, mejoraría la confianza en las empresas y se daría un impulso a la economía española.
"Es necesario conseguir que la doctrina del Supremo sobre transparencia en la contratación se haga norma y principio general de derecho", asegura por su parte Patricia Suárez, presidenta de Asufin, otra asociación de usuarios de servicios financieros, que da la "bienvenida" a esta propuesta y "apoyo abierto".

Cuatro ejemplos prácticos de lo que cambiaría la nueva Ley

  • Mejoraría la capacidad de negociación de pymes y ciudadanos. Adicae considera que extender el control de transparencia a la contratación de los profesionales y autónomos permitiría mejorar una capacidad de negociación con su banco o con su eléctrica que ahora, dicen, es nula. "El dominio de las grandes compañías hace que los contratos no se negocien, sino que funcionen por adhesión",dice la asociación. "Hay pequeños empresarios que lo han perdido todo por haber vinculado su vivienda, ajena a su actividad profesional, en contratos con empresas de consumo".
  • Se anularían los efectos de una cláusula declarada nula. Se aplicaría la directiva europea que dice que "si una cláusula de contrato es declarada nula, todos los efectos que haya generado esa cláusula deben anularse". Así se evitarían sentencias como la dictada por el Supremo en 2013 que omitía la retroactividad de la devolución de las cláusulas suelo antes de ese año, una decisión que acabó corrigiendo la Justicia Europea.
  • Notarios, registradores y comisiones actuarían de cortafuegos. La nueva Ley de Transparencia Contractual potenciaría el papel de notarios y registradores en la autorización y calificación jurídica de los contratos. Es decir, que exista un tutela preventiva. "En Reino Unido, por ejemplo, obligan a que la Administración o alguna asociación de consumidores asesore al ciudadano que contrata una hipoteca inversa", dicen en Adicae. "Hay propuestas muy buenas sobre el papel, pero difíciles de poner en práctica", dicen en cambio desde Asufin sobre esta cuestión.
  • Comisiones de control. Adicae pone de ejemplo a Francia y Bélgica, que poseen una Comisión de Cláusulas Abusivas donde participan empresas y usuarios para analizar las operaciones más comunes en sectores "clave" para la economía como la banca, la energía, la comunicación o el transporte.

Iberdrola, Sabadell y fondos se alían para construir 1.500 viviendas, también en Murcia

MADRID.- Iberdrola Inmobiliaria ha puesto a la venta suelo de su propiedad por valor de unos 130 millones de euros, según explican fuentes del mercado. Su destino sería la construcción de unas 1.500 viviendas repartidas por el país. Esta operación, una de las mayores o quizá la mayor que ha realizado hasta ahora la filial de la eléctrica, se encuentra en la fase final de adjudicación, aunque no está cerrada. Oaktree y Goldman Sachs son las dos firmas finalistas, según aseguran las mismas fuentes del mercado, según publica hoy Cinco Días.

La idea es la construcción de 1.500 viviendas en toda España, correspondientes a los suelos que ha puesto en venta Iberdrola. Aunque estas edificaciones se realizarán por fases y en función de una posible demanda por zonas geográfica.
Iberdrola Inmobiliaria es una empresa que ofrece una amplia cartera de productos, que abarcan desde la primera vivienda al residencial turístico, oficinas, naves industriales y centros comerciales. Actualmente, la compañía tiene una cartera de patrimonio en explotación superior a los 200.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.
En la operación también participa Banco Sabadell, aunque su entrada no se producirá hasta la segunda parte. Es decir, hasta que la venta de estos terrenos se haya cerrado.
Sería entonces cuando la filial de Sabadell, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, crearía junto al comprador una nueva sociedad en la que el banco tendría una participación minoritaria, mientras que la firma adjudicataria del suelo de Iberdrola se haría con la parte mayoría. Fuentes de Iberdrola aseguran que no hay ninguna operación de venta de suelo en estos momentos. Fuentes de Sabadell, por su parte, tampoco confirman este proyecto.
Pese a ello, sería Solvia la que se encargaría de la gestión de estos terrenos en los que se crearán esas 1.500 viviendas.
Esta sería también la primera gran operación con suelo externo que gestionará la filial inmobiliaria de Sabadell.
Banco Sabadell constituyó recientemente una nueva línea de negocio, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, cuyos objetivos son optimizar el servicio promotor, desarrollar una nueva línea de negocio que generará fuentes “sostenibles de ingresos”, y abrir y diversificar la actual base de clientes de promotores inmobiliarios del banco, según explicó la propia entidad en la presentación de resultados del grupo el pasado 2 de febrero.
Ahora el banco que preside Josep Oliu ha comenzado a llegar a acuerdos con compañías para explotar más esta nueva línea de negocio aprovechando el actual tirón del sector inmobiliario. 
Esta filial cuenta con 1.252 millones de euros en activos gestionados con un valor neto de 683 millones de euros. Oliu aseguró en la presentación de resultados que gracias a esta inmobiliaria, “la contribución de suelo en la composición de activos adjudicados ha descendido del 41% al 34%.
Esta no es la primera vez que Iberdrola cuenta con los servicios de Solvia para comercializar proyectos inmobiliarios. Las relaciones entre ambos provienen de otras operaciones en las que han colaborado conjuntamente.
Pero el papel de Iberdrola en este proyecto no se limita a la venta de los terrenos. La idea es, una vez que se cierre la enajenación del suelo, que Iberdrola también participe en las promociones que vayan construyendo.
Para ello, en cada promoción se creará una pequeña sociedad en la que participarán el adjudicatario de los terrenos (Oaktree o Goldman Sachs, en función del que gane la subasta), Solvia Desarrollos Inmobiliarios e Iberdrola Inmobiliaria (estas dos sociedades con una participación minoritaria).
La división inmobiliaria del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán quiere aprovechar la fuerte apuesta de los fondos de inversión y otros inversores por el sector inmobiliario en España. 
Iberdrola Inmobiliaria se creo en 1991 como fusión de varios negocios inmobiliarios de la eléctrica, y ya desde el inicio de su constitución comenzó a desarrollar vivienda nueva. Pero a partir de 2009, la división residencial entró en pérdidas, como prácticamente todo el sector vinculado al ladrillo. 
Durante varios años, de hecho, las grúas desaparecieron del paisaje español ante el parón en las ventas de casas y el deterioro del valor de los suelos.
Sabadell redujo sus activos problemáticos el pasado año en 3.443 millones de euros, de los que 1.802 millones son dudosos y 1.642 millones de adjudicados, incluyendo Solvia Desarrollos Inmobiliarios
El fondo norteamericano Oaktree, por su parte, creo hace tres años su propia plataforma de gestión en España, Sabal Financial. Era la primera filial de este tipo que creaba en Europa, al margen de Londres.
Las cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar y Haya Real Estate han lanzado una campaña en toda España con una selección de más de 3.900 inmuebles con descuentos de hasta el 40%. La oferta comercial, denominada En Rebajas, ReCasas, mantendrá los descuentos en los precios hasta el próximo 30 de abril y dispone de más de 2.800 inmuebles que pueden adquirirse por menos de 80.000 euros.
Los inmuebles incluidos en la oferta están distribuidos en todo el territorio nacional y principalmente están ubicados en grandes capitales, ciudades dormitorio y pequeñas poblaciones.
Por tipología, se oferta tanto viviendas, garajes y trasteros como locales comerciales, oficinas y naves industriales, de obra nueva y segunda mano.
La mayor parte de la campaña comercial se centra en la Comunidad Valenciana, con más de 1.600 inmuebles con descuento; Andalucía, con más de 900, y Murcia, con 706. Tras ellas se encuentran las comunidades de Cataluña, con más de 340 inmuebles, y Castilla y León, con 170.

Pedro Sánchez da un paso atrás en su promesa de hacer primarias abiertas en el PSOE para los candidatos de 2019

MADRID.- La dirección del PSOE da marcha atrás y no hará obligatorias las primarias abiertas para elegir a los candidatos a gobiernos regionales. Tampoco lo serán para las Alcaldías de municipios de más de 50.000 habitantes. Y todo pese a que las resoluciones del Congreso Federal de junio de 2017 y el programa con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias a la Secretaría General prometían, precisamente, primarias abiertas para elegir a los cabezas de lista al Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos, las Alcaldías y la eurocámara, según revela 20 minutos.

En concreto, en las resoluciones del Congreso Federal puede leerse: "Los candidatos y candidatas a la Presidencia de los Gobiernos de España y Autonómicos, así como a las Alcaldías y la cabeza de lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante Primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes (estos previa  inscripción), buscando la paridad en los cabezas de lista". Esa misma frase figuraba en el documento programático de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
El reglamento que regirá la vida interna del PSOE a partir de ahora se aprobará definitivamente en el Comité Federal de este sábado, tras una última ronda de contactos que está manteniendo el secretario de Organización, José Luis Ábalos, con sus homólogos regionales. Pero el borrador del texto, sobre el que se esperan cambios mínimos, arroja una conclusión clara: las primarias abiertas solo serán obligatorias para elegir al candidato a la Moncloa, y únicamente cuando no haya ya en España un presidente socialista.
Así, si el PSOE no gobierna, se celebrarán primarias abiertas a simpatizantes, y para ser candidato en la competición interna será necesario recabar previamente el aval del 1% de la militancia –hasta ahora, esa cifra era del 5%–. Si hay un socialista al frente del Gobierno de España, solo tendrá que pasar por primarias abiertas en caso de que así lo solicite más del 50% del Comité Federal o del 30% de la militancia.
En el caso de los candidatos a gobiernos regionales, cuando haya socialista al frente únicamente tendrá que someterse a primarias si lo pide el 50% del Comité regional o el 40% de la militancia de su comunidad. En caso de que no haya un presidente socialista, se celebrarán primarias abiertas a petición de la Ejecutiva autonómica o por decisión de la Ejecutiva federal. En caso de desacuerdo, prevalece el criterio de la dirección de Pedro Sánchez.
Para las Alcaldías, se contemplan las primarias en las localidades de más de 50.000 militantes. Para elegir a un candidato que no sea alcalde en la actualidad, las primarias serán entre los militantes y se incluirá a los simpatizantes si lo pide la Ejecutiva autonómica o lo decide Ferraz, cuyo criterio prima también en este caso. Si ya hay un alcalde socialista, para obligarle a pasar por primarias tendrá que apoyar esa opción el 50% de la militancia.
Finalmente, no habrá primarias para elegir al cabeza de lista al Parlamento Europeo. En cuanto a los tiempos, Ferraz tiene previsto aprobar un calendario específico para cada territorio, en función de lo que estos consideren que se adecúa más a sus intereses electorales. 
"Haremos un calendario particular para cada territorio, de acuerdo con ellos, para aceptar particularidades", dijo Ábalos este lunes. El número tres del partido señaló que algunos candidatos se podrían elegir antes de este verano, y otros, después.

El zasca de la PAH a Albert Rivera por su desafortunado tuit contra los desahuciados

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto en su sitio a Albert Rivera, que este sábado se descolgó con unas declaraciones que provocaron hilaridad en las redes, según Público.

El líder de Ciudadanos escribió en Twitter: "Hay que proteger a las familias que pagan sus impuestos y cumplen la ley, frente a los Okupas y las mafias que rompen la convivencia y les arrebatan impunemente sus pisos. Ya basta, las administraciones tienen que defender a sus vecinos".
Acto seguido, la PAH le aplicó un correctivo y, de paso, le dio una lección: "567.261 desahucios desde 2008, 1,5% de vivienda pública, 3,44 millones viviendas vacías, 62.295 millones de euros a la banca a cambio de nada y el PP bloqueando leyes de @LA_PAH en la @ComunidadMadrid gracias a @CiudadanosCs".
O sea, que nadie ocupa por placer.
Según El Salto, el tuit enlazaba a un vídeo que "luego fue borrado", donde se explicaba que se trataba de “proteger a los españoles” a través de una campaña para “preservar la convivencia” con medidas contra la “okupación ilegal”.
Poco después, añade la publicación, "el texto cambió el españoles por el término más neutro vecinos".

La ministra Báñez frena la avalancha de demandas de jubilaciones anticipadas por riesgo


MADRID.-La Seguridad Social ha frenado en seco la oleada de solicitudes de trabajadores que pedían la jubilación anticipada, a partir de los 60 años, por considerar que desempeñan trabajos de especial peligrosidad y dureza, con riesgo para la salud. También, ante el paulatino endurecimiento del acceso a la pensión y la prolongación de la vida laboral, según revela Expansión

La Seguridad Social ha emitido una circular en la que introduce un nuevo requerimiento para aceptar las solicitudes de los trabajadores: que sea una petición común de las organizaciones empresariales y sindicales del sector; de la empresa y de los trabajadores.
A partir de esa medida, la Seguridad Social no ha recibido ninguna petición nueva, según ha informado al Senado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
El Gobierno responde así al senador Óscar Guardingo Martínez, de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que le pide que agilice las demandas de los trabajadores con estas condiciones para cobrar la pensión antes de llegar a la edad legal de jubilación.
Desde 2011, la Seguridad Social no ha aprobado ninguna solicitud de retirada anticipada del mercado de trabajo, con reducción de la edad, para que puedan jubilarse anticipadamente los solicitantes por las siguientes circunstancias: "Especial penosidad del puesto de trabajo, riesgo de accidentes o la proporción de morbilidad en las personas". 
Es decir, que enferman en un mismo empleo y en un mismo local de trabajo en un periodo determinado.
En estos momentos, la Seguridad Social tramita 27 expedientes que, en conjunto, reúnen a "miles y miles de trabajadores y, en algunos casos, a decenas de miles de trabajadores", según Burgos. El expediente más avanzado es el de los 70.000 policías locales en toda España, sobre el que Hacienda está valorando un eventual incremento del gasto.
Guardingo pide al Gobierno que "haga una excepción" de jubilación anticipada con coeficiente reductor de la edad a las personas que estén en estas condiciones. Es decir que, en lugar de esperar a la edad legal de jubilación o incluso a la edad legal de jubilación anticipada, puedan hacerlo antes con toda la pensión.
La razón es que la Seguridad Social daría por cotizado el tiempo en el que se ha reducido la edad para poder acceder a la pensión. Por ejemplo, podría jubilarse a los 63 años una persona que hoy tendría que hacerlo a los 65 años y seis meses, si así lo establece el coeficiente reductor de la edad.
No obstante, por desempeñar una profesión de riesgo, con descuentos y sin descuentos en la pensión, hoy en día se pueden jubilar anticipadamente, los mineros, la policía vasca -la Ertzaintza-; los bomberos de las administraciones públicas, algunos artistas y los toreros, rejoneadores, novilleros, banderilleros y picadores.
Por otras razones, que no son trabajos de riesgo, se jubilan a los 60 años y con toda la pensión, todos los funcionarios de la antigua mutualidad de funcionarios.
El Gobierno esgrime varias razones para explicar por qué no salen los expedientes que se están tramitando y por qué ha tenido que frenar las solicitudes. La primera es una tramitación farragosa del expediente que tiene varios pasos.
Por ejemplo, verificar la información, con la consiguiente subsanación de errores, porque en ocasiones un mismo sindicato ha proporcionado datos diferentes. En su caso, contrastar los datos con las empresas. Máxime, cuando se trata de un sector con presencia en toda España.
Además, tienen que hacer sus respectivos informes seis departamentos distintos del Gobierno, entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, en su caso, Hacienda tiene que valorar su coste para el erario público.
Burgos admite también la dificultad política de una decisión que la sociedad puede ver como el privilegio de un grupo por permitirle retirarse con toda la pensión sin haber cotizado lo mismo que los demás: "No es voluntad del Gobierno dilatar [los expedientes], pero sí lo es cumplir con todos los requerimientos porque conocemos la sensibilidad que esto despierta, no ya en los sectores afectados, sino en el conjunto de la población".
"En este sentido -continua el secretario de Estado-, si hay excepciones al incremento de la edad de jubilación, la sociedad quiere que estén suficientemente justificadas y acreditadas".
Por el contrario, Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, opina que el Gobierno no ha aplicado correctamente la normativa que regula estos casos. "[En la Seguridad Social] abrieron expediente a cualquiera que hiciese la solicitud y ahora tienen un atasco".
Bravo añade que el Gobierno debería dar los siguientes pasos ante las solicitudes: verificar la información, aplicar la prevención de riesgos laborales y, en tercer lugar, siempre comprobar si es posible que los trabajadores hagan otra actividad que no sea la que les causa problemas. Bravo opina además que es necesario exigir un esfuerzo adicional de cotización a los beneficiarios para que, si se hace bien, no suponga mayor coste a la Seguridad Social, "que tenga un efecto neutro".
Por ejemplo, está previsto que los policías municipales tenga un incremento adicional del 10,6% en la cotización, hasta el 38,9% de aportación.