MADRID.- "¿Falta alguna infraestructura en el ámbito del Plan de cuenca? ¿Faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía? ¿Se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?". Se lo pregunta el diario progresista Público.
Estas son, según un documento de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente al que ha tenido acceso Público, "las cuestiones más importantes que se plantean" en el Pacto Nacional del Agua que el Gobierno central quiere
tener cerrado antes del próximo verano, y cuya negociación política va a
coincidir con eventuales factores de tensión: unos de carácter
territorial, como el conflicto catalán y el debate sobre el futuro del
sistema autonómico tras la aprobación del 155, y otro hidrológico, con
una sequía que, además de causar una situación crítica en arco
mediterráneo, ha llevado a aplicar restricciones en el Duero y el Ebro,
las cuencas más caudalosa del país, y a hacer que capitales de la mitad
norte como Teruel cierren sus fuentes.
El documento, que sirve de base para un
vertiginoso proceso de participación pública de un mes en el que las
confederaciones hidrográficas, a las que el Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado cerrar las consultas en octubre,
se reúnen, sin contacto ni envío de documentación previos, con agentes
del ciclo del agua como regantes, industriales, empresas
hidroeléctricas, administraciones y organizaciones ecologistas para
sondear sus posturas, revela cómo el Gobierno pretende dejar en un
segundo plano los efectos del cambio climático para poner el acento, de
nuevo, en las obras públicas y los trasvases.
El primer objetivo
En este sentido, señala que "la ejecución de
nuevas infraestructuras, la interconexiones dentro de la misma cuenca y
el aporte de recursos de otras cuencas puede ser una necesidad si se
quieren mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de
algunos territorios".
Propone hacerlo dentro de "una gestión integrada de todos los recursos hídricos, que posibilite un uso sostenible del agua",
aunque dejando en un segundo plano medidas como la reutilización de
caudales, la desalación y "la optimización y la modernización de los
regadíos", que consumen más del 85% del agua del país, y relegando el
cambio climático a la categoría de "variable" a tener en cuenta, ya que
"podría hacer más vulnerables algunos sistemas".
La "atención de los déficit hídricos",
que plantea solucionar "con una visión amplia, a escala nacional, donde
se llegue a un entendimiento común", abre el listado de cuatro grandes
bloques de ese Pacto Nacional del Agua.
Trasvases e impuestos al agua
Le siguen, como objetivos ambientales y junto con la implementación de los planes de sequía y de riesgos de inundación, el impulso al "saneamiento y depuración en todos los ámbitos competenciales" y la conservación de los humedales;
especialmente del Delta del Ebro, Doñana y el Mar Menor, tal y como
exige la UE, que tramita un expediente sancionador por su deterioro.
Y, por último, la propuesta incluye una
serie de modificaciones en cuestiones de gobernanza entre las que
prioriza la puesta en marcha de "nuevas medidas de tributación ambiental que permitan una mayor recuperación de los costes asociados a los servicios del agua".
El Gobierno desliza en el documento que
espera tener cerrado el catálogo de trasvases e impuestos, para el que
el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina comenzó a sondear a las
comunidades autónomas en julio, "el próximo verano", tras iniciar "a
principios de 2018 las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, a la vez que se sigue trabajando a nivel técnico".
La política hidráulica de hace un siglo
Esos contactos para el Pacto Nacional del Agua, al que ya han mostrado su oposición 36 organizaciones ambientalistas,
irían en paralelo a la tramitación de los nuevos planes hidrológicos.
Los primeros documentos de cada cuenca saldrán a información pública a
principios de año, mientras que la revisión del nacional (PHN) quedó activada en enero,
con el decreto que, al aprobar los de demarcación, ya advertía de "la
existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos
que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito
territorial del propio plan; y que por consiguiente deben ser elevadas
para una futura revisión del Plan Hidrológico Nacional".
"Abren la puerta a la interconexión de cuencas y a los mercados de derechos de agua,
vamos encaminados a la mercantilización del agua, a que las comunidades
y los usuarios puedan vender parte de sus concesiones a los de otras
cuencas", señala Laura Sánchez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua,
una de las entidades que ha participado en las reuniones previas.
"Están justificando que hay un proceso de
participación sobre algo que no sabemos lo que es y sobre los que no
tenemos unos indicadores de gestión mínimos para estudiar y debatir.
Solo hay cuatro puntos genéricos", anota Javier Celma, de Ecodes
(Fundación Ecología y Desarrollo), que echa en falta la escasa atención a
factores como el cambio climático en los planteamientos del Gobierno.
"Hablar de trasvases en estos momentos sin
más ni más parece una locura", anota Celma, "porque es necesario cambiar
la gobernanza del agua. No tiene sentido mantener la misma política
hidráulica que hace cien años y como si no hubiera pasado nada". "Lo que
estamos haciendo ahora no se va a sostener en treinta años", añade.
Bruselas, Tarragona y Toledo
Los planes trasvasistas de Rajoy y de
García Tejerina, sin embargo, encuentran obstáculos prácticos de varios
tipos, entre los que destacan tres de tipo institucional.
Por una parte, el rechazo de la UE a las grandes transferencias de agua entre demarcaciones hidrográficas y al quebrantamiento del principio de unidad de cuenca.
Y, por otra, la tirantez con dos
comunidades autónomas cuyo apoyo resultaría clave para este tipo de
proyectos como son Catalunya, en cuya zona sur la oposición a las
captaciones del Ebro roza la unanimidad, y Castilla-La Mancha, que ve
cómo el Tajo está quedando esquilmado por las transferencias al Segura.
Sin agua por ceder en las grandes cuencas
Por otro lado, los datos de la propia
Administración ponen en tela de juicio la viabilidad de los objetivos
políticos del Gobierno, ya que el mismo decreto de aprobación de los
planes de cuenca recoge como el Ebro, la cuenca que en el último siglo
ha sido señalada como principal donante en todos los proyectos
trasvasistas (soporta ocho que suman 250 millones de metros cúbicos
al año), no tiene agua suficiente para cubrir las demandas de su
territorio: "Una vez realizados los ajustes con el modelo de simulación
general, los recursos totales asignados para regadío y ganadería se
cifran en 7.681 hectómetros cúbicos al año, con un déficit de 875",
señala.
Eso, a expensas de que puedan cumplirse las
previsiones científicas que apuntan a una merma de los recursos de
hasta el 20% como consecuencia del cambio climático.
Paralelamente, la aplicación de la
Directiva Marco del Agua comunitaria, que prima la resolución de los
déficit hídricos con medidas de ahorro y reutilización de caudales, ha
reducido de manera considerable la magnitud de lo que hasta finales del
siglo pasado se consideraban carencias estructurales.
Margen de ahorro
En este sentido, el plan hidrológico de la
cuenca mediterránea andaluza contempla actuaciones para reducir el
déficit de 300 a apenas 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras el del
Guadalquivir prevé medidas para disminuir el suyo en más de 260 (de 560
a menos de 450 con un aumento de la demanda de 140) y el de las cuencas internas catalanas, que siguen registrando un desajuste de 104, recoge ahorros por 98 en una década.
Eso, a pesar de que las plantas de desalación del litoral,
previstas para cubrir el consumo urbano, apenas producen cada año 130
de los 400 hectómetros para los que, teóricamente, tienen capacidad.
Mientras tanto, los planes del Segura y el
Júcar cifran la necesidad de transferencias hacia esos territorios,
respectivamente y a falta de las medidas de ahorro, en 400 y 265
millones de metros cúbicos anuales. Greenpeace sostiene en un informe que el déficit de la demarcación murciana no existe en realidad,
ya que esta dispone de “entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos
renovables más al año de los que la Administración reconoce”.
