Los tres detenidos se encuentran en la Comandancia de Murcia, donde los agentes les han tomado declaración hoy para incorporar su testimonio a las diligencias que pondrán a disposición del juzgado instructor antes del domingo, mañana a última hora o incluso el sábado.
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mula se instruyen varias querellas por estafa inmobiliaria e incumplimiento de contrato presentadas por distintos inversores españoles y extranjeros, que entregaron cantidades a cuenta, y posteriormente pagos periódicos, por la compra de viviendas que después no han podido recuperar.
Antonio Martínez se encontraba en libertad provisional tras haber satisfecho una fianza, recurrida, de 30 millones de euros exigida como medida cautelar ante los procedimientos judiciales presentados.
Entre esos clientes se encuentran, precisamente, varios miembros de la Policía Nacional, cuerpo de seguridad que no ha intervenido en este caso en favor de la Benemérita pero que creen saber que detrás de Antonio Martínez puede estar José Manuel Mosquera Castelo, de 36 años, en la prisión de Sangonera desde el 21 de diciembre de 2009, a donde fue enviado por orden de la jueza de instrucción nº 2 de Mula, acusado de presunta estafa, junto a su supuesto colaborador José María Alarcón Cabo.
Un tercero, Enrique Martín Sanz, también imputado en relación con unos avales presuntamente falsos, al igual que los dos anteriores, se encuentra en libertad bajo fianza.
Trampolín Hills se creó en enero de 2005 con un capital social de 3.000 euros, y emprendió a partir de entonces una campaña publicitaria que logró la captación de clientes.
La Fiscalía Anticorrupción intenta aclarar desde hace meses dónde han ido a parar los casi 60 millones de euros entregados a cuenta a los promotores por más de 1.500 familias de varios países de la Unión Europea. En las parcelas sólo hay tierra, oficinas abandonadas, pisos piloto desvalijados y ni un sólo euro en la caja o cuentas corrientes de 'Trampolín Hills'.
Por otra parte, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Murcia anuló el pasado marzo el acuerdo de la corporación municipal de Campos del Río en el que se recalificaban los terrenos de la urbanización.
El Ayuntamiento de Campos del Río, gobernado por el socialista y ex comisionista de esta promotora, Miguel Navarro, consintió y alentó en su día la compra de multitud de viviendas de Trampolín Hills, que proyectaba una teórica urbanización de más de 2.800 viviendas y un campo de golf en este municipio de la Vega Media.
Según la investigación, entre 2006 y el verano de 2007 vendieron el 90% de las casas sin haber obtenido la licencia correspondiente y sin que el Ayuntamiento aprobase el plan urbanístico.
Según la vigente ley española, la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta tienen que ser ingresadas en una cuenta única sólo destinada a gastos directos de la promoción (estudios, material, obras…). Y además, esas cantidades tienen que estar avaladas por una entidad financiera autorizada por el Banco de España o por la Dirección General de Seguros. En este caso no se ha cumplido ninguna de ambas exigencias legales.
Los afectados por esta promotora mantienen una web en Internet http://www.afectadostrampolin.com por la que se puede seguir la evolución de los procedimientos incoados a instancia de parte al conocerse la circunstancia de que la esposa de un polémico magistrado de la Audiencia Provincial también ha estado empleada en las oficinas de esta empresa pese al historial conocido del hoy detenido.