Ballesta reconoce en la Asamblea que Corvera está muy en el aire por las exigencias de la UE

CARTAGENA.- El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, informó hoy al pleno de la Asamblea Regional que todavía no tiene en su poder la autorización de la Unión Europea al aval que permita conseguir, mediante un préstamo, el 75% de la financiación necesaria para hacer realidad el proyecto del aeródromo de Corvera y sin el cual no sería posible en absoluto.


La incertidumbre respecto al visto bueno de la Unión Europea, que podría vetar ese aval al considerarlo una ayuda contraria a la competencia, es la que impidió que Ballesta pudiera dar fechas de finalización y puesta en marcha del aeropuerto, dado que ésta depende de la "actualización del plan económico y financiero que debe presentar la sociedad concesionaria para abordar una prórroga de los plazos de obra", una vez se consiga el préstamo.

En el turno de intervenciones el poco elocuente diputado del PP, Martín Quiñonero, achacó a "la actual situación de crisis, las dificultades para encontrar financiación".

La diputada del PSOE, Teresa Rosique, denunció que "algo que el contrato con la concesionaria establecía que debía salirnos gratis puede acabar costándonos 200 millones de euros" en vista de que "a día de hoy no hay financiación para el 75% del proyecto".

Rosique lamentó que "lo que era un proyecto estrella ahora se esté convirtiendo en una chapuza y un monumento a la incapacidad del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel".

Por eso se preguntó "qué pasará con el proyecto de Corvera si la Unión Europea considera que ese aval no procede".

Y José Antonio Pujante, de IU, consideró que el aeropuerto puede convertirse "en un elemento más del Titanic de proyectos inviables y megalómanos de Ramón Luis Valcárcel, que incluye la AP-7, la iniciativa de la Paramount y la Fórmula 1" y que puede arruinar a la Administración regional, "que no tiene ningún reparo en avalar un proyecto privado con 200 millones de euros".

Los dos grupos de la sociedad civil regional -uno de vecinos de Cartagena y otro de contribuyentes murcianos- que habían activado la alerta para que Bruselas intervenga en el último minuto, han conducido la viabilidad del proyecto a un callejón sin salida al tener que pronunciarse en España preceptivamente el Tribunal de Cuentas donde, según diversas fuentes, oficiosamente se considera ilegal conceder el aval público que pretende Valcárcel y que, efectivamente, deja a Corvera más en el aire que nunca al perder todo interés la concesionaria.