En concreto los policías han ido directamente a la 4ª planta, a la dirección general de Urbanismo y Vivienda (en la imagen), en busca de determinados documentos relacionados con esta presunta trama de corrupción en la que, al parecer y según 'La Verdad', se pudiera encontrar implicado otro notario cuya identidad todavía se desconoce. Ese fedatario público estaría siendo ya sometido a una muy discreta vigilancia aunque se espera en las próximas horas una declaración voluntaria ante la Policía para reconocer su concurso profesional en los hechos y que determine el juez.
Jorge Sotelino es el autor de todos los grandes proyectos urbanísticos arquitectónicos de Águilas durante los últimos años, coincidiendo con los gobiernos municipales del PP, desde el hotel 'Don Miguel' hasta 'La Zerrichera', pasando por los minicines de El Hornillo y no oculta en público que se encuentra enamorado de la política urbanística de este municipio.
Para nadie es un secreto en Águilas que se trata del arquitecto de cabecera del notario ahora detenido en su calidad de promotor inmobiliario puntero en esta localidad del litoral murciano. Y el predilecto del alcalde, Juan Ramírez Soto, hasta extremos insospechados, que ahora irán saliendo, se supone, conforme avance la instrucción judicial.
Los agentes de la Policía Nacional se personaron en esta consejería pero estuvieron primero en la de Agricultura y Agua, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas en Lorca.
Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Úbeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.
Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Águilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.
Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).
Según publica hoy 'La Verdad', "por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario, en los últimos años, según ha confesado ante el juez, ha tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.
Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.
Por el hilo se llega al ovillo
Un amigo de cuidado