La Policía registra la Consejería de Obras Públicas y Agricultura en relación con las detenciones en Lorca y Águilas

MURCIA.- Cinco agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEF se han personado esta mañana en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en Murcia, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 en busca de documentos relacionados con los detenidos ayer en Águilas y Lorca, más una tercera persona, el arquitecto Jorge Sotelino Vico, según ha informado hace unos minutos el circuíto regional de la Cadena SER.

En concreto los policías han ido directamente a la 4ª planta, a la dirección general de Urbanismo y Vivienda (en la imagen), en busca de determinados documentos relacionados con esta presunta trama de corrupción en la que, al parecer y según 'La Verdad', se pudiera encontrar implicado otro notario cuya identidad todavía se desconoce. Ese fedatario público estaría siendo ya sometido a una muy discreta vigilancia aunque se espera en las próximas horas una declaración voluntaria ante la Policía para reconocer su concurso profesional en los hechos y que determine el juez.

Jorge Sotelino es el autor de todos los grandes proyectos urbanísticos arquitectónicos de Águilas durante los últimos años, coincidiendo con los gobiernos municipales del PP, desde el hotel 'Don Miguel' hasta 'La Zerrichera', pasando por los minicines de El Hornillo y no oculta en público que se encuentra enamorado de la política urbanística de este municipio.

Para nadie es un secreto en Águilas que se trata del arquitecto de cabecera del notario ahora detenido en su calidad de promotor inmobiliario puntero en esta localidad del litoral murciano. Y el predilecto del alcalde, Juan Ramírez Soto, hasta extremos insospechados, que ahora irán saliendo, se supone, conforme avance la instrucción judicial.

Los agentes de la Policía Nacional se personaron en esta consejería pero estuvieron primero en la de Agricultura y Agua, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas en Lorca.

Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Úbeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.

Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Águilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.

Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).

Según publica hoy 'La Verdad', "por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario, en los últimos años, según ha confesado ante el juez, ha tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...

Pero las explicaciones de Marqués, que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio inmobiliario.

Fruto de las investigaciones realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.

Los informes policiales, ya en poder del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y Medio Ambiente.

En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.

Como premio a esos favores, a ese presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.

Es fundamentalmente por tal razón, por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares, como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al caso.

Los arrestos causaron ayer una gran conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Inmaculada García Fernández.

Por lo que se refiere a José Cáceres Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular (secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.

El notario lorquino comenzó a ser investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la operación de compraventa.

Tras detener al notario y a su apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y, una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la que se llevaron abundante documentación.

Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.

Por el hilo se llega al ovillo

El pasado 7 de marzo, el ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, Francisco Marqués, quien fue consejero de Sanidad, más tarde de Industria y Medio Ambiente y delegado del Gobierno en Murcia durante un breve periodo de tiempo, fue conducido a presencia del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar. El ex consejero y actual director general de Hefame llevaba casi tres días detenido, como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

En su declaración, que La Verdad publicó en exclusiva, Marqués ofreció una extensa explicación sobre la adquisición de uno de sus múltiples pisos, éste en Águilas, así como del ventajoso precio al que lo compró. Esto dijo:

«Que la vivienda de Águilas se la compró al notario de Lorca Sebastián Jiménez Peral (en realidad, Sebastián Fernández Rabal), en el año 2004. Que la mercantil Hacienda del Hornillo S.L. cree que es de su propiedad. Que José Cáceres (también detenido ayer) es el apoderado y sólo ha coincidido con él en dos o tres ocasiones».

«Que no sabe el motivo por el que se demoró la firma de la escritura; que se trataba de una vivienda en construcción y que además tuvo algunos problemas de tipo administrativo. Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

«Que reconoce que el precio fue muy bueno, gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

«Que en ese momento pensaba que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al adquirir la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. Que sólo pagó mil euros en la firma del contrato privado y ya después en la firma de la escritura. Que los 10.280 euros que aparecen en la escritura no recuerda su origen. Que el hecho de que en la escritura aparezca una fecha de entrega de los mil euros del contrato privado puede deberse a un error. Que a pesar de lo que ponga en el contrato privado no pagó nada durante la obra. Que preguntó en una ocasión al señor Cáceres y éste le dijo que no se preocupara, que ya pagaría cuando se hiciera la escritura».

«Que desde su punto de vista la compra fue estupenda. Ni tiene explicación ni se la ha buscado a que el precio fuera tan ventajoso: 104.000 euros».

«Exhibido el documento de comunicación de Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 27-7-2004, con destinatario Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de su consejería, en fechas en que ya era consejero, y que obraba junto al contrato privado de compraventa, según aparece en el registro, contesta que ese documento se lo entregó el señor Cáceres, y lo guardó junto al contrato, aunque no puede dar una explicación en este momento. Que cree que era un acceso de escalera a la playa, que supone que habría algún problema y supone que el señor Cáceres le entregaría el documento para que supiera de la existencia de ese problema y de las gestiones sobre este particular con la señora Baraza, directora general de Costas, que era pariente suya. Que no hizo absolutamente ninguna gestión sobre ese particular (...) Que ignora si se contestó o no, ni las gestiones que se hicieran, pero el declarante no tiene absolutamente nada que ver. Que el acceso a la playa está todavía cerrado, por lo que es probable que todavía exista el problema».

Un amigo de cuidado

Nadie, ni el juez Antonio Alcázar; ni el fiscal superior, Manuel López Bernal; ni siquiera su abogado defensor, Jaime Peris, preguntó al imputado Francisco Marqués por la consejera Inmaculada García. Fue el ex consejero, motu proprio, quien al ser interrogado por las razones por las que compró tan barato, tan inexplicablemente barato, un apartamento en la Hacienda del Hornillo de Águilas, sacó a colación a su ex compañera en el Consejo de Gobierno. «Reconozco que el precio fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (el notario de Lorca detenido ayer)», dijo. Y añadió, también sin que nadie se lo solicitase, que ella misma «adquirió dos apartamentos encima del suyo».

La amistad de Francisco Marqués e Inmaculada García es un hecho conocido en ámbitos políticos desde el año 2003, en que ésta pasó a formar parte del Gobierno autónomo. Fue el entonces consejero de Sanidad quien hizo de valedor de su amiga y vecina ante el presidente Ramón Luis Valcárcel. En una cena, celebrada en el domicilio de Marqués, fue donde se la presentó al jefe del Ejecutivo murciano, quien la fichó como consejera de Hacienda.