El Tribunal de Cuentas investiga al gobierno murciano tras una denuncia de Diego de Ramón

MURCIA.- La Consejería de Educación se enfrenta a una investigación del Tribunal de Cuentas por las supuestas irregularidades cometidas en la ocupación de seis centros sin la perceptiva acta de recepción de las obras y la aprobación de varias ampliaciones de proyectos de construcción de centros de enseñanza, a pesar de los informes negativos de la Intervención General y el Consejo Jurídico de la Comunidad.

La intervención del órgano fiscalizador se ha producido a raíz de una denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón Hernández, basándose en las informaciones publicadas en el diario La Verdad.

El letrado recibió a comienzos de este mes una notificación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en la que se le comunicaba la apertura de diligencias preliminares por los hechos denunciados, y se concedía un plazo de cinco días para que se pronunciaran sobre ellos al Ministerio Fiscal, al abogado que ha ejercido la acción pública y a la Comunidad Autónoma.

La denuncia expone las posibles responsabilidades contables cometidas por la Consejería de Educación al incumplir supuestamente varios preceptos legales en la contratación y ocupación de varios centros educativos, según publica hoy La Verdad.

Es el caso de las modificaciones realizadas en los proyectos de construcción del nuevo instituto de Pozo Estrecho (Cartagena) y la ampliación del colegio público Sagrado Corazón, de Lorca. Ambos modificados encarecieron las obras en 687.553,41 euros (algo más de 300.000 euros cada proyecto) y tanto el interventor de la Comunidad Autónoma como el Consejo Jurídico concluyeron que vulneraban la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El consejero de Educación, por entonces Juan Ramón Medina Precioso, aprobó los modificados el 22 febrero de 2008 y el 1 agosto siguiente recibieron a su vez el visto bueno del Consejo de Gobierno, a pesar de la existencia de los informes que indicaban que ambos proyectos eran ilegales.

De igual forma, el interventor y el Consejo Jurídico reprobaron en varios informes que la Consejería de Educación permitiera en septiembre de 2008 la ocupación por los alumnos y el personal docente de seis centros educativos sin haber suscrito antes las actas de recepción de las obras, sin la preceptiva fiscalización previa del acto y sin la comprobación de las obras, «con el consiguiente riesgo», apunta el Consejo Jurídico.

Tras el análisis de los hechos expuestos en la denuncia, el Tribunal de Cuentas podría decidir la apertura de juicio contable o bien el archivo de la causa.

Gracias, don Juan Antonio / Francisco Rubio Miralles *

Hoy no puedo pasar por alto el verdadero vendaval que está azotando nuestra Diócesis de Cartagena y a gran parte de la sociedad de Murcia. Me refiero, como es evidente, al traslado de nuestro obispo. Y, más en concreto, a las circunstancias y modo en que tiene lugar este cambio de Diócesis de don Juan Antonio.

Vaya por delante mi indiscutible aceptación de la decisión del Papa y mi aprecio y respeto a la Diócesis de Alcalá de Henares, que será la parcela que, en breve, se beneficiará del celo pastoral de quien, hasta ahora, ha sido nuestro obispo.

Mi preocupación tiene otro contenido. Muchos nos preguntamos, ¿qué problemas tenía don Juan Antonio con la Diócesis de Cartagena?

El testimonio de casi todos es unánime: es un obispo fiel al sucesor de Pedro y a su magisterio, cariñoso con todos, cercano a los sacerdotes, enamorado de nuestra tierra y sus tradiciones, impulsor incansable de iniciativas, sobre todo, en lo que se refiere a las vocaciones sacerdotales y, en general, a la formación de los seglares, incansable defensor de temas tan cruciales como la familia y la defensa de la vida. La lista podría ser interminable.

Por eso muchos nos preguntamos ¿qué problemas tenía con la Diócesis el que hasta ahora ha sido nuestro obispo? ¿Se considera suficientes tres años y medio para justificar su cambio?

Estas preguntas, u otras parecidas, se las hace gran parte de la sociedad murciana. Y la respuesta, desgraciadamente, se orienta por otros caminos que no satisfacen ni tranquilizan a nadie. Porque, con la marcha de don Juan Antonio, ¿se han despejado todos los interrogantes? Mucho me temo que no; más bien surgen más preguntas todavía, que no tienen precisamente como componente el bien de las almas.

Este modo de proceder no es lo que se merece ni nuestro obispo ni nuestra Diócesis. A pesar de ello, alcanzo a sacar una conclusión positiva: la actitud edificante de don Juan Antonio. Por eso, muy sinceramente, quiero darle las gracias.

En estos momentos dolorosos, humanamente hablando, para él, nos ha dado un ejemplo nítido de ser un «hombre de Iglesia»: ha sabido dejar a un lado sus legítimos intereses personales y los ha sacrificado en bien de lo que creía los derechos de su Diócesis; ha buscado la verdad sin ponerle precio; ha sufrido, durante meses, en silencio y soledad; ha obedecido, con delicadeza y prontitud.

Fruto de su actitud, verdaderamente evangélica, ha sido contar, como hace mucho no se conocía en nuestra Diócesis, con la unidad y el apoyo de sus sacerdotes y de la gran mayoría de los fieles que, con verdadero sentido de Iglesia, le han acompañado con su oración y cariño y sufren desconcertados, pero fieles a la comunión eclesial, el dolor de su obispo.

Por todo ello me atrevo a recordar las palabras de San pablo: «Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien». Por eso me veo en la obligación de hacer patente a don Juan Antonio mi gratitud y la satisfacción de haber trabajado a su lado.

Señor obispo, al dejar, por obediencia, nuestra Diócesis, nos está usted predicando su mejor homilía. ¡Que Dios se lo pague! Y ¡felicidades a la diócesis hermana de Alcalá!

(*) Delegado Episcopal de Enseñanza

El sastre de Camps destroza la imagen política del 'molt honorable' y lo deja sin salida en el PP

MADRID.- El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.

Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a El País. Éste es su relato de los hechos.

La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.

"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".

Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".

El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140.

"Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".

Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas.

"Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".

Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps.

Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".

Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.

Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".

Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".

El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.

En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.

La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.

Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias".

Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.

Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.

"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".

Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.

El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".

Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".

Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin

- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.

- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.

- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.

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Se disipan los recelos a las fusiones interregionales de cajas / Santiago Carbó

Es claramente perceptible estos días en los medios de comunicación y en los corrillos bancarios que los posibles procesos de integración entre entidades financieras se están planteando cada vez con más intensidad en España. La experiencia histórica ha mostrado que tras las crisis financieras se ha producido una tendencia generalizada hacia la consolidación bancaria. Sin embargo, el vínculo entre crisis y fusiones no es tan simple.

Las crisis a menudo conllevan cambios regulatorios y nuevos retos competitivos y estas transformaciones a los que en muchos casos responden los proyectos de fusión. También es cierto que la inestabilidad financiera puede poner en dificultades a algunas entidades bancarias y que las fusiones pueden ser una solución, en determinados casos, para solventar problemas de capitalización o, en general, de viabilidad financiera.

Hasta qué punto son o no convenientes las fusiones y en qué medida pueden paliar los efectos de las crisis es una cuestión compleja de responder. Tal vez la respuesta más simple, a la vez que menos concluyente, es que depende de cada caso. Esto no implica que no puedan extraerse conclusiones generales sobre la conveniencia o no de las fusiones y adquisiciones bancarias. La teoría económica sugiere que en las fusiones se confrontan dos tendencias que determinan su impacto en el bienestar social.

Por un lado, las entidades que proponen las fusiones suelen argumentar que se producirán importantes ganancias de eficiencia y que la mayor dimensión de la entidad resultante favorecerá su capacidad de reacción frente a entornos adversos. Por otro lado, sin embargo, las autoridades de la competencia y el supervisor tratarán de analizar hasta qué punto estas fusiones pueden reducir la competencia en el sector.

En tiempos de crisis, sin embargo, los argumentos relacionados con aumentos o disminuciones de la competencia pierden fuerza, y la preocupación se centra en la estabilidad financiera.

La experiencia histórica de las tres últimas décadas en España resulta, a este respecto, tranquilizadora, en la medida en que la mayor parte de los procesos de reestructuración se han realizado de forma ordenada y el sector bancario español ha logrado, con el tiempo, situarse como uno de los más sólidos del mundo.

A día de hoy parece que, de nuevo, en España se afronta una reordenación del mapa bancario y aunque son muchos los rumores, es imposible saber con certeza cuál será el alance final de estas transformaciones. Algunas cuestiones básicas pueden resultar de interés para trazar la hoja de ruta de cualquier proceso de integración en tiempos tan convulsos como los actuales.

En cuanto a la dimensión, hay quien pudiera pensar que el pescado pequeño es el más fácil de pescar pero tanto la experiencia histórica como la realidad actual del sector bancario sugieren que en los procesos de integración, las entidades llamadas "objetivo" pueden ser de cualquier tamaño y que muchas veces la fusión es sólo una opción.

Las entidades con elevados niveles de solvencia (aunque no sean excesivamente grandes) y con una base de clientes sólida pueden plantearse otros escenarios estratégicos para adaptarse a nuevas y más duras realidades competitivas, entre otros el de seguir caminando solas.

No obstante, si la opción de las fusiones es las que en los próximos meses adoptan muchas entidades estas serán, desde su propia iniciativa estratégica las que deban trazar las hojas de ruta para la integración, sin precipitaciones, tal y como se está haciendo afortunadamente hasta la fecha. Lo importante es que el proceso de reestructuración, siempre que las circunstancias lo permitan, se lleve por cauces de tranquilidad. No siempre es posible esa tranquilidad pero es aconsejable buscarla.

En determinados escenarios el consejo es, "sin prisa pero sin pausa". En el escenario alternativo, un número determinado de instituciones pueden optar por seguir su propio camino individualmente o por alianzas estratégicas que les permitan sumar capacidades sin perder su identidad corporativa y/o su marca.

En algunos casos se propone cooperar, con diferentes niveles de integración y fórmulas jurídicas, para afrontar aumentos de recursos propios -más necesarios hoy en día que nunca- haciendo frente común, ya que es más fácil (y menos costoso) generar recursos extraordinarios de capital con una dimensión más elevada.

Estas diferentes posibilidades de integración bancaria se dejan notar con intensidad en el sector de cajas de ahorros, donde los recelos respecto a la posibilidad de fusiones interregionales parecen disiparse progresivamente y se están poniendo todas las opciones sobre la mesa, sin dramatismos ni precipitaciones.

En cualquier caso, lo que es totalmente necesario ser dinámicos y reflexionar, interpretando las diferentes alternativas tanto en un escenario de corto plazo -en clave de crisis- como en una perspectiva más amplia, la del entorno competitivo pos-crisis.

En todas estas alternativas, debe medirse la capacidad de las entidades bancarias españolas para afrontar las llamadas "situaciones de estrés" de un entorno más adverso de lo esperado, como ha sugerido el propio gobernador del Banco de España. Las claves son, por lo tanto, profesionalidad y previsión. Con todo ello, puede que podamos evitar traumas y salir, una vez más, fortalecidos como uno de los más sectores bancarios más reputados del mundo.

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La UDEF puede dar el verano / Apunte de Argárico

La UDEF, la unidad policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, le puede dar el verano a más de un murciano, alicantino, castellonense y valenciano de cierto perfil.

Una supuesta trama única de corrupción, extendida por la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, viene siendo sistemáticamente investigada desde hace meses por varios niveles del Estado y todas las pistas conducen, en primera instancia, a Panamá y a algún que otro paraíso fiscal más discreto.

Quien menos se lo espere, ya está retratado y convenientemente grabado.

'Buscas un chorizo y te topas, sin esperarlo, con una ristra", comenta jocosamente uno de los jóvenes mandos policiales al frente de una de estas investigaciones. Otros desvelan que se están encontrando a mucha gente, públicamente relevante, "de uno y otro sitio, de todas las ideologías, y dedicaciones aparentes", y eso dificulta un tanto políticamente la resolución. Pero ahora los tiempos son otros y las exigencias también.

Por eso precisamente todo dato sospechoso se cruza y así se va completando un puzzle que, previsiblemente antes de concluir este año, acabará de cuajo con impresentables carreras polítícas y sorprendentes enriquecimientos rápidos pero con trampa. La maquina, pues, está en marcha "y se llegará a puerto" por muchas zancadillas y mecanismos con resorte, escondidos para evitarlo.

El juez Garzón parece que algo sabe de ésto y, quizás, por eso se le ataca muy fuerte desde aquí. Hay quien ya ve por los suelos el resultado de tanto esfuerzo para corromperse. Y apela a lo que sea para que la Justicia, se llame Garzón o Grande-Marlaska, no cumpla a tiempo con su deber, en toda su extensión y profundidad.

Parece que el ex ministro de Justicia y diputado por Murcia, el fiscal Fernández Bermejo, también ha dejado bastante allanado el camino para lo que tenga que venir, y llegar para unos cuantos figurones sin valores morales aunque con magníficas dotes de interpretación. Su paso en campaña electoral por esta orilla mediterránea le ha hecho comprobar personalmente al de Gredos hasta qué punto esta maldición lo corcome todo. Estamos, a Dios gracias, perdón, ante un gran cazador.

Los jueces tienen ahora ante sí un gran reto: o sucumbir a sus propios temores u oir a una, hoy muy lacerada por la crisis económica, sociedad democrática con sensación de haber sido estafada por los políticos y sus amigos beneficiados y/o corruptores. Ahí están muchas de las claves de la historia de España que ahora se está escribiendo y donde no se deberían mezclar, finalmente, caballeros con bribones; esos patriotas de pega, que se han llevado fuera el botín, a buen recaudo creen, que han reunido y arramblado a costa de su país.

La Policía está convencida de que muchas de las plusvalías de la especulación urbanística intensa de los últimos años en la costa y áreas metropolitanas "no están invertidas en España ni han liquidado impuestos" y tampoco "muchos de los productos líquidos provenientes de delitos de cohecho", y como tal, opacos al fisco español y comunitario.

Bruselas es la primera no dispuesta a perdonar su parte del IVA en este gran tongo de la política y la empresa españolas en el Mediterráneo. "Ni aún teniendo escondido su botín en las islas Cocos se van a escapar", sentencia uno de los sabuesos más perspicaces, constantes y metódicos, entregado de lleno a desmantelar la trama.

Pero también los beneficios del tráfico de influencias y las utilidades de los sobornos han sufrido un proceso de blanqueo y transformación del capital mediante procedimientos detectados por los investigadores. Parece ya reunidas pruebas suficientes como para poder llevar ante un juez a ilustres ciudadanos de ambas regiones mediterráneas.

"Conforme avance el malestar social, antes tendrán que rodar cabezas", sostiene un conocido abogado murciano, especialista en la lucha contra la corrupción, que se cartea con el mismísimo Sarkozy y también con altos funcionarios de la Unión Europea. Sabe bien, pero guarda el secreto, dónde tiene escondido todo lo robado su principal bestia negra política.

El futuro inmediato de los paraísos fiscales no es muy alagüeño. Los países del G-8 y del G-20 desean ya su desmantelamiento urgente y hasta Suiza no ha podido evitar sucumbir a tal clamor de los países económicamente más poderosos. Tener escondido el dinero en ellos ya no es nada seguro para el presunto delincuente de guante blanco. Y mucho menos en los europeos, comenzando por Andorra y la muy recalcitrante Gibraltar. Ya no hay garantías para ningún secreto bancario.

Pero enseguida vendrán los otros, los del Caribe o Mónaco (si el Príncipe muriese sin sucesor, Francia se anexionaría ese pequeño territorio) más reacios a cerrar sus respectivas cuevas de ladrones. Hasta los paraísos fiscales británicos en las islas del Canal se apresuran a colaborar sin más dilación con la Justicia. Irán cayendo todos, uno a uno, y poco a poco. La Tierra es ahora mucho más pequeña para los delincuentes aunque algunos crean poder comprarlo todo con dinero.

Miembros de la UDEF, que exigen el anonimato, reconocen sin embargo que, "desde hace meses, hay colaboración real entre los funcionarios de la mayoría de esos países pirata y las policías de Europa y Estados Unidos a través de Europol y el FBI". No pueden asegurar, pero no lo decartan, el concurso de servicios de inteligencia "porque, en el fondo, anida un problema de seguridad nacional en cada caso".

Lo que sí se está tolerando, porque ayuda a la inaplazable limpieza, son los ajustes de cuentas entre los implicados. Entre ellos hay políticos, empresarios y financieros que todos conocemos o nos tropezamos por la calle. No son tan invulnerables como ellos se creen.

Aparte de lo anterior, el intercambio de informacion ya se ha hecho costumbre. Y eso facilita bastante la instrucción judicial y la estrategia, en el caso español, de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que si parece algo más cierto es que Garzón y su unidad de policía judicial estarían hace meses sobre algunas pistas sólidas que conducen a Valencia, Alicante, Castellón y Murcia.

También la Agencia Tributaria tendría en Barcelona un grupo de funcionarios dedicados casi en exclusiva a esta cuestión esencial.

(Lo del sastre de un político no pasa de ser una anécdota para ponerlo nervioso y provocar que la ansiedad le lleve a cometer errores de niño. He creído percibir que le faltan buenos asesores a esta falla de provincias).

El Estado, pues, trabaja en silencio pero avanza. Los defraudadores y sus propiedades no van a quedar en la impunidad en plena crisis de recaudación fiscal. Y si de la investigación tributaria internacional se derivan otros presuntos delitos de corruptores y corrompidos, la Justicia no debería mirar para otro lado en tiempos de sufrimiento para tantos valencianos, alicantinos, castellonenses, ilicitanos, murcianos y cartageneros. Es la democracia lo que está en juego.

Y esa democracia no puede estar controlada y en manos de mafiosos de baja estofa surgidos del ladrillo y de la mediocridad profesional o funcionarial. Profesores de las universidades de Valencia y Murcia, que trabajan en coordinación para y con 'Transparencia Internacional', se muestran seguros de que el resultado que se espera de las investigaciones en marcha "acabará con los actuales regímenes político-económicos de Murcia y Valencia" por mor del nuevo contexto socieconómico mundial y de la Unión Europea.

La hidra se enfrenta inexorablemente a su descabezamiento. Lo exige Bruselas y lo quiere Madrid aunque estén involucrados conocidos hombres públicos (muy periféricos vistos desde los despachos de La Moncloa y el edificio Berlaymont y, por tanto, mucho más vulnerables).

Esos hombres públicos, no todos, han venido utilizando en Levante profusamente sus plataformas de poder para seguir alimentando esa hidra, con independencia de siglas o marcas comerciales porque lo que ha primado son los intereses particulares de la trama muy por encima de los generales de la ciudadanía. Ante eso, ahora, sólo cabe hacer justicia y rápido.

Trabajadores de 'Hefame' se quieren personar en el sumario de La Zerrichera

MURCIA.- De la mano del letrado Diego de Ramón, trabajadores de 'Hefame' han solicitado esta semana al juez instructor su personación en el sumario de La Zerrichera, donde se encuentra imputado el actual director general de la empresa, ex consejero regional y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués.

La Asociación de Trabajadores del Grupo Hefame (ATRAHE) y el Sindicato de Trabajadores del Grupo Hefame (STGH), solicitaron, a su vez, la dimisión del presidente de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Antonio Abril, del director de Recursos Humanos, Enrique Gallego, y del director general, Francisco Marqués, por la detención de éste último, ya que «se convierten en cómplices de mantener su puesto a un procesado por la Justicia».

Estas dos organizaciones del Grupo Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) consideran que la detención de Marqués en relación al 'caso Zerrichera', abierto por supuesta corrupción urbanística en la recalificación de una finca agrícola para construir un resort en Águilas, supone una «grave mancha para la imagen pública de Hefame».

Británicos de 'Camposol' exigirán al alcalde con una manifestación que concluya la urbanización

MAZARRÓN.- Más de mil británicos se manifestarán el próximo martes 17 de marzo frente al edificio del ayuntamiento de Mazarrón para exigir responsabilidades al alcalde sobre la urbanización Camposol y protestar sobre el hecho de que la promotora Masa ha abandonado la urbanización, dejándola sin terminar, adelanta hoy 'La Opinión'.

Camposol se encuentra sin recepcionar por el Ayuntamiento, no tiene luz en las calles (muchas de ellas tienen importantes desperfectos) y se están registrando muchos robos, según fuentes vecinales.

La Asociación de Residentes de Camposol (CRA) ha acordado realizar la manifestación después de que los letrados de Garrigues Abogados y Asesores emitieran un informe sobre la situación de la urbanización.

Las rebajas llegan a las expropiaciones para construir el aeródromo de Corvera

MURCIA.- Afectados por la expropiación de los terrenos para la construcción del aeropuerto de Corvera piden a la Administración regional "un precio justo" por sus terrenos tras reunirse con representantes de la empresa Sacyr-Vallehermoso, concesionaria de la infraestructura junto con los de la consejería de Obras Públicas, con el objetivo de fijar el justiprecio tras el rechazo a la oferta planteada.

Esa oferta, rechazada, es de 1'80 euros por metro cuadrado mientras los afectados aspiran a doce euros, para poder adquirir terrenos en otro sitio y seguir con su actividad económica de toda la vida. Se cogen a las cifra de 30 millones de euros prometida por el consejero Ballesta, del que ahora exigen su dimisión porque no llegan a 6 lo ofrecido por las más de 300 hectáreas con el argumento de que 'Sacyr' no tiene más dinero que ése destinado a la expropiación.

El Gobierno regional ha desvelado hoy que la sociedad concesionaria del aeropuerto, 'Aeromur', entregó en su día un deposito y ocupó los terrenos, tras lo que ha presentado una oferta de expropiación, para que los afectados la valoren en un plazo de 20 días y presentar luego una contraoferta.

Si finalmente las partes no se ponen de acuerdo, San Esteban enviará el expediente al Jurado Provincial de Expropiación para que determine la cantidad que se debe abonar por los terrenos expropiados, en total 306 hectáreas antaño plantadas de limoneros o algarrobos. Eso demoraría 'sine die' el cobro de las indemnizaciones si "Sacyr" recurre la decisión del tribunal.

Los economistas esperan que se multipliquen por cuatro los cierres de empresas

MURCIA.- El concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- se ha convertido en una especie de certificado de defunción para las empresas, según se desprende de los datos facilitados por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia a 'La Verdad'.

El 95% de las 77 empresas murcianas que recurrieron a este procedimiento en 2007 acabaron desapareciendo, declaró el decano de los economistas, Ramón Madrid, quien solicitó un cambio legislativo para que el concurso de acreedores deje de ser la sepultura para las empresas con problemas.

El informe presentado ayer por el Colegio de Economistas sobre la evolución de los concursos de acreedores ofrece unas perspectivas preocupantes para la economía regional.

El pasado año fueron 237 las empresas murcianas que suspendieron pagos, con un aumento del 207%, y el arranque de este año ha sido incluso peor. Sólo entre enero y febrero de 2009 otras 67 sociedades se acogieron a la ley concursal, lo que lleva a prever al Colegio de Economistas una subida del 400% para todo el año.

Ramón Madrid apuntó que los meses de abril y mayo «van a ser crudos» en este aspecto.

A finales de marzo es cuando finaliza el plazo para que las sociedades presenten sus cuentas, y, a partir de entonces, lo administradores de las empresas tienen dos meses para adoptar las medidas que consideren oportunas, una de las cuales es el concurso de acreedores, en caso de que atraviesen problemas financieros.

Si no lo hacen, podrían incurrir en responsabilidad penal y verse obligados a responder con su patrimonio personal.

Por este motivo, el decano considera que las suspensiones de pagos seguirán creciendo en los dos próximos trimestres.

Ramón Madrid lamentó que la actual legislación concursal, que se elaboró en periodo de bonanza, «no está funcionando como debería ni cumpliendo el objetivo para el que se creó, que es dar viabilidad a las empresas».

Para analizar los procedimientos concursales, el Colegio de Economistas y el Registro de Economistas Forenses han organizado para los días 24 y 25 de marzo unas jornadas profesionales, en las que intervendrán magistrados, catedráticos y economistas expertos en la materia.

En el caso de las personas, a las que la ley les permite también presentar concurso de acreedores, Ramón Madrid indicó que «nos les beneficia en nada, ya que les genera gastos extraordinarios y sólo consiguen paralizar la ejecución de la deuda lo que dura el proceso».

De la Vega: "Sea cual sea el resultado a ningún ciudadano le va a faltar el agua"

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que "sea cual sea el resultado" de las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, a ningún ciudadano "le va a faltar el agua".

"Quiero trasmitir el mensaje claro de que sea cual sea el resultado final, ni los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni los de Valencia, ni los de Murcia, ni a ningún ciudadano de este país le va a faltar el agua, como así ha sido en los cinco años que llevamos gobernando", recalcó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Acerca de la situación de este Estatuto en el Congreso, se limitó a recordar que las partes ya han iniciado las negociaciones y han quedado en "volverse a reunir". Eso sí, subrayó que la posición del PSOE es "claramente de diálogo".

De la Vega agregó que el Gobierno confía siempre en que en el trámite parlamentario se "busquen acuerdos, se renuncie a las posiciones de máximos y se busque el acuerdo que represente el interés general en el marco de la Constitución". "Hay que esperar y darse todavía un tiempo para ver si el acuerdo se produce", concluyó.

El periodista murciano Emilio Oliva, recibe del Rey la Encomienda del Mérito Civil

MADRID.- El Rey ha condecorado al periodista murciano Emilio Oliva Ordóñez, de 60 años, con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, instituida por Alfonso XIII para reconocer los servicios extraordinarios en favor de la nación y, en este caso, además, por su trayectoria profesional .

En un acto privado celebrado en el Palacio de la Zarzuela, Don Juan Carlos, acompañado de Doña Sofía, ha hecho entrega de la condecoración a Oliva, con quien los Reyes han conversado a continuación en el Salón de Audiencias.

Según el Real Decreto que regula la Orden del Mérito Civil desde 1998, la Encomienda concedida premia a aquellas personas 'que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes'.

Es la primera vez que la Casa del Rey condecora a un periodista que ha dedicado muchos años de su vida a cubrir la información diaria de la Corona. Emilio Oliva lo ha hecho para la Agencia EFE durante ocho.

En ese tiempo, siguió a la Familia Real en sus múltiples actividades, tanto en España como en el extranjero, lo que le permitió dar a conocer a los españoles la importancia de la labor desempeñada por la Corona.

El murciano Emilio Oliva Ordóñez ha desarrollado desde 1976 la mayor parte de su carrera profesional en la Agencia EFE, en la que ha estado al frente de las oficinas de México, Perú, Sudáfrica, Puerto Rico, Canarias y Murcia. Además, fue director del departamento de Nacional en la sede central de la Agencia, en Madrid.

Oliva es, además, coautor del libro 'Doña Sofía. La Reina habla de su vida', junto con la periodista almeriense Carmen Enríquez, en el que se relata la biografía de la esposa del Rey, así como las conversaciones con ella con motivo de su 70 cumpleaños.Esta biografía, que ya va por la cuarta edición, se situó, en sólo dos semanas, en el número uno de la lista de libros de no ficción que elaboró la consultora Nielsen.

La obra, que salió a la venta el 15 de octubre del año pasado y de la que se han impreso hasta ahora 65.000 ejemplares, hace un recorrido por la vida de Doña Sofía guiado por ella misma y por los que mejor la conocen y trabajan a su lado, con información inédita hasta ese momento.

Sepúlveda dice que cambió el Jaguar a Correa por un BMW

MADRID.- El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda califica de "incierto y falso" que Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción que afecta a cargos del PP, le regalase un coche Jaguar. Según explica, él vendió su BMW a través de una sociedad de Correa y pagó "la diferencia" entre el valor del BMW que vendió y el Jaguar que compró.

En un comunicado, Sepúlveda --que estuvo casado con la diputada y actual responsable de Organización del PP, Ana Mato-- responde así a la información que ayer publicó el diario 'El Mundo' acerca de que Correa pagó 8,6 millones de pesetas en diciembre de 1999 por un vehículo que Jesús Sepúlveda matriculó unos días después con su nombre.

El ex regidor y ex secretario de Acción Electoral del PP recalca que la afirmación de que Correa le regaló un Jaguar "es absolutamente incierta y falsa", así como "los hechos recogidos en el auto por el que se le ha llamado a declarar como imputado".

"Nadie me ha regalado ningún coche. En diciembre de 1999, el Sr. Correa se mostró interesado en el vehículo de mi propiedad, un BMW modelo 523 i, que yo pretendía entregar como parte del precio del coche referido en su publicación, proponiéndome llevar a cabo aquella adquisición a través de una sociedad suya, por interés suyo, abonando yo la diferencia entre el valor de ambos vehículos, lo que puntualmente hice", precisa.

Dicho esto, expresa su "voluntad e interés" de aclarar todos esos extremos "previo conocimiento de los hechos objeto de aquellas acusaciones que resultan absolutamente falsas e inciertas, una vez se determine qué órgano judicial es el competente y se garantice el ejercicio del derecho de defensa".

En este sentido, y "ante la gravedad de las falsas imputaciones" de las a su juicio ha sido objeto, dice que serán "puntualmente esclarecidas, en el procedimiento", "ante el órgano judicial competente para su conocimiento" y "en el modo que resulte legalmente procedente, sin perjuicio de las acciones que correspondan como consecuencia de todo ello".

Por su parte, la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, aseguró que no le consta "nada" del coche de lujo que el presunto cabecilla de la trama del 'caso Gürtel' habría regalado en 1999 a su entonces marido y recientemente dimitido alcalde de Pozuelo, si bien recalcó que debía ser él quien se explique.

Según publicó el diario 'El Mundo', cuando el principal implicado en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda y éste era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del PP, estaba casado con Ana Mato, que ya entonces formaba parte de la cúpula dirigente del partido.

En los pasillos del Congreso fue preguntada por estas informaciones. "No me consta nada - contestó-. No tengo nada más que añadir".

El BEI otorga un préstamo de 500 millones para el AVE Madrid-Levante

BARCELONA.- El presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Philippe Maystadt, y el presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González Marín, firmaron hoy un préstamo por importe de 500 millones de euros para financiar la conexión de la alta velocidad Madrid-Levante.

El acto tuvo lugar en el marco del Foro BEI 2009, que se celebra hoy y mañana en Barcelona bajo el lema 'Conectar Europa: Financiar la movilidad y unas ciudades sostenibles'. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que estuvo presente en la firma, agradeció públicamente el apoyo del BEI en la alta velocidad.

Los 500 millones forman parte de un préstamo aprobado por importe de 1.300 millones para la financiación del AVE entre Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

Durante su discurso, Álvarez destacó que la aprobación de proyectos por parte del BEI suponen el visto bueno previo desde el punto de vista financiero, técnico y medioambiental, por lo que supone un "espaldarazo" y un "aval", así como "un estímulo para seguir adelante", precisamente en momentos de crisis.

El préstamo contempla la posibilidad de que Adif opte por diferentes alternativas de tipo de interés: un tipo fijo para todo el periodo de duración del préstamo, uno fijo revisable en determinadas fechas o un variable con un diferencial fijo definido respecto al Euribor.

La ministra reflexionó sobre los desafíos estratégicos en materia de infraestructuras en Europa y España. Destacó la necesidad de tener una red de ciudades europeas potente y coordinada, para fortalecer las relaciones culturales y reforzar la cohesión territorial, sin olvidar la eficiencia del sistema de transporte y el compromiso con el medio ambiente.

Álvarez defendió el "giro" en las infraestructuras de España con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) aprobado en 2004, siendo el ferrocarril el centro de la estrategia, así como la descentralización del sistema ferroviario. En el periodo 2004-2008, se realizaron inversiones en infraestructuras por importe de 67.000 millones de euros, el doble que en el quinquenio anterior.

Como ejemplos prácticos, la titular de Fomento subrayó la puesta en servicio de 2.200 kilómetros de autovías y autopistas desde 2009, además de los 1.600 kilómetros en obras que actualmente están en marcha en estas vías de alta capacidad. Reiteró el compromiso del Gobierno por crear una red mallada de autopistas y autovías en España.

Del AVE, destacó que hay 1.700 kilómetros operativos y otros 2.000 kilómetros en obras, con 19 ciudades conectadas. Para 2010, dijo, será "el primer país del mundo en líneas de alta velocidad en longitud y estará en 12 nuevas ciudades".

El PSRM dice que Marqués obvió un informe en contra de 'Novo Carthago'

CARTAGENA.- El PSOE ha denunciado que Francisco Marqués aprobó cuando era consejero de Medio Ambiente a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto urbanístico Novo Carthago, en Cartagena, pese a que había informes técnicos que desaconsejaban la recalificación del suelo, según recoge hoy 'La Opinión'.

El informe fue realizado en el año 2004 por el arquitecto Carlos Iracheta, que entonces trabajaba en los servicios técnicos de la consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, quien se oponía a la modificación del Plan General de Cartagena para convertir en urbanizables los terrenos, que tenían la calificación de No Urbanizables de Protección Especial, una parte de ellos, y No Urbanizables de Regadío del Trasvase.

El técnico proponía denegar la recalificación del suelo y advertía de que la implantación de 10.000 nuevas viviendas en la zona sería negativa. No obstante, un jefe de servicio de Obras Públicas desautorizó al arquitecto y consideró que su informe contenía una "interpretación sesgada de la ley".

Un año después, el 22 de enero de 2005, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicaba la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto urbanístico, otorgada por la consejería dirigida por Marqués.

El ex consejero, quien está imputado por cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, adquirió dos pisos en Valencia a la empresa que promueve Novo Carthago en los años 2003 y 2004, aunque declaró en sede judicial que no sabía que la compañía fuera la responsable del proyecto urbanístico.

Marqués no fue consejero de Medio Ambiente hasta el año 2004, cuando fue cesado como delegado del Gobierno tras ganar el PSOE las elecciones generales.

La diputada socialista Teresa Rosique exigió que la comisión de investigación que su grupo ha solicitado en la Asamblea sobre el caso de La Zerrichera se amplíe al expediente urbanístico de Novo Carthago, así como otros proyectos que tramitó Marqués.

Rajoy denuncia ´una causa general´ de algunos jueces contra el PP de Murcia

MADRID.- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró en el Congreso de los Diputados que su partido "va a defenderse" e incluso ofrecer "batalla" por el trato, a su juicio diferenciado, que han sufrido miembros de esta formación política en la Región de Murcia y otras comunidades como Baleares, Canarias y Madrid, en investigaciones judiciales, a los que se refirió como ejemplos de lo que definió como "una causa general" contra el partido.

"Nos vamos a defender jurídica y políticamente y ya veremos en qué queda", advirtió Rajoy, quien repasó algunos capítulos del caso Gürtel que instruye Garzón, cuya cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y la coincidencia con el comisario jefe de la Policía Judicial volvió a recordar porque es un tema que "este partido no va a olvidar de ninguna de las maneras".

Por ello, anunció futuras iniciativas en la Cámara Baja como respuesta a lo ocurrido con miembros del PP en Murcia y otras regiones. "Insisto, de este asunto hablaremos en el Congreso en los próximos tiempos", vaticinó.

En este sentido, Rajoy aludió a casos ocurridos en Canarias, Murcia y en Baleares. El líder popular destacó que se está "dando un trato a unos y a otros", con cargos de la formación que han sido "detenidos y esposados con cámaras de televisión a las ocho de la mañana y en presencia de su familia. Esto no tiene nombre", expuso Rajoy.

Sin embargo, esta misma mañana la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive la querella por prevaricación que el PP interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por no inhibirse en el caso Gürtel, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido.

La Fiscalía considera que la actuación del magistrado no constituye un delito de prevaricación.

El rápido y fácil patrimonio inmobiliario acumulado por el ex delegado del Gobierno

MURCIA.- O tuvo mucha suerte a la hora de enterarse de chollos inmobiliarios, o pagó por sus viviendas -en dinero negro-más de lo que admite haber pagado, o alguien pagó la diferencia por él, o bien tuvo que compensar con pagos en especie lo que no abonó en dinero de curso legal.

Tales son las cuatro hipótesis que se manejan judicial y policialmente en la investigación del caso Zerrichera para explicar el incremento patrimonial del ex consejero de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués, quien aparece imputado en estas diligencias por los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

El propio Marqués, en sus declaraciones del pasado sábado ante el magistrado, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, tuvo que admitir en alguna ocasión que lo suyo no era normal. Es decir, que el precio al que había conseguido adquirir alguna vivienda casi no se lo creía ni él mismo.

Uno de esos supuestos chollos lo halló en la Dehesa de Campoamor. Juan Gracia, propietario de Peinsa, impulsor del plan parcial Sanina Golf en La Unión y beneficiario de un más que ventajoso convenio con el Ayuntamiento que habría supuesto -según la Fiscalía de Murcia, que pasó el asunto al Tribunal de Cuentas- un perjuicio para las arcas municipales de 8,4 millones de euros, fue quien le informó de que había un dúplex junto al mar del que los propietarios tenían que deshacerse como fuera.

«Lo compré a un precio bastante inferior al de mercado -sostuvo Marqués ante el juez-, por la situación en la que se encontraban los dueños: un matrimonio en crisis. Me gustó mucho la vivienda».

Fuentes próximas al caso indican que Marqués asegura haber pagado unos 240.000 euros por esa casa, aunque otras fuentes -vecinos de esa misma urbanización- sostienen que los dueños pedían unos 420.000 euros (setenta millones de pesetas). El pago lo hizo, eso sí, íntegramente en dinero negro.

Otro apartamento que sumó a su patrimonio a un precio más que razonable es el que adquirió en Valencia en el año 2004. Lo compró a Hansa Urbana, sociedad que promueve el resort Novo Carthago junto al Mar Menor y sobre el cual el propio Marqués hubo de adoptar importantes decisiones, entre 2004 y 2006, como consejero de Medio Ambiente.

Cuando el juez le preguntó cómo explicaba que el piso fuera tasado a efectos inmobiliarios en el doble de lo que él dice haber pagado, el ex alto cargo se encogió de hombros. «No lo sé. Es posible que en esos dos años -entre que lo apalabró, en el 2004, y lo escrituró, en el 2006- se produjera un aumento de valor».

El tercero, y más evidente, de los chollos con los que se fue topando el ex consejero del Gobierno de Valcárcel lo halló en Águilas. Fue un apartamento en El Hornillo y lo consiguió al precio de 104.000 euros.

«La compra fue estupenda, y ni tiene explicación ni se la he buscado, a que el precio fuera tan ventajoso», llegó a admitir Marqués ante el instructor, y así consta en las diligencias judiciales en las que declaró acompañado de su abogado, Jaime Peris.

El propio Marqués no tuvo problema en señalar que esta propiedad la obtuvo «gracias a la amistad que tiene con Inmaculada García, consejera de Economía y Hacienda, y prima del vendedor y propietario de la promotora Hacienda del Hornillo S.L., Sebastián Jiménez Peral».

Y como corroboración a lo anterior, también facilitó un dato que objetivamente nada explicaba sobre su conducta económica, pero que volvía a incidir sobre la propia consejera: «(Ella) adquirió dos pisos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

En el 2004, cuando se produjo la adquisición, Marqués pensaba «que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al comprar la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. (...) Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

Si sobre el precio «tan ventajoso» de esa vivienda no supo qué explicación ofrecer, otro tanto le ocurrió al ex consejero cuando el juez le exhibió un documento de la Demarcación de Costas, dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, en la época en que Marqués ya era consejero, y que los policías judiciales encontraron junto a la escritura del apartamento.

El imputado indicó que el citado documento -en el que Costas informaba de la existencia de un problema con la escalera del residencial que bajaba hasta la playa- se lo había dado el apoderado de Hacienda del Hornillo, José Cáceres, «aunque -declaró- no puedo dar una explicación.

Supongo que habría un problema y que el señor Cáceres me entregó el documento para que supiera de la existencia del problema y de las gestiones sobre ese particular con la señora Baraza (jefa de la Demarcación de Costas), que es pariente suya. Yo no hice absolutamente ninguna gestión sobre ese particular».

Cada palabra de Marqués en esa amplia declaración -duró más de cinco horas- está siendo comprobada por los investigadores.

Correa regaló al senador del PP por Murcia, Jesús Sepúlveda, un 'Jaguar' valorado en 52.190 euros en 1999

MADRID.- Francisco Correa, principal implicado en el 'caso Gürtel', regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia, se encontraba casado con la diputada y miembro de la Ejecutiva Nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, hasta el punto de que era secretario nacional del Área Electoral.

'El Mundo" tiene los documentos que acreditan que Correa pagó, el 17 de diciembre de 1999, la cantidad de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario de la prestigiosa marca británica de coches de lujo y cómo cinco días más tarde ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio.

Jesús Sepúlveda fue alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en representación del PP hasta el pasado viernes, fecha en la que presentó su dimisión tras haber sido imputado por el juez Baltasar Garzón en el 'caso Gürtel' junto con otros seis destacados miembros del PP de la Comunidad de Madrid.

El magistrado mantiene en su auto que Jesús Sepúlveda recibió, entre enero de 2002 y mayo de 2008, un total de 442.992 euros de la trama de Francisco Correa. Francisco Correa Sánchez (F.C.S.) y su empresa Travel Group pagaron el 17 de diciembre de 1999 a la sociedad madrileña Auto Capital la cantidad de 8.663.700 pesetas por un vehículo de la marca Jaguar, modelo S.Type 4.0 V8 con el número de chasis 46575.

Ese mismo vehículo, con idéntico número de chasis, fue matriculado cinco días después, el 22 de diciembre de 1999, en la Jefatura de Tráfico de Madrid por un ciudadano que tenía por número de DNI el mismo que tiene el ex alcalde de Pozuelo y ex senador del PP, Jesús Sepúlveda Recio.

Los 8.666.700 pesetas (52.190 euros) fueron desembolsados a Auto Capital, concesionarios de la marca Jaguar en Madrid, mediante un talón al portador del Banco Santander -sucursal de la calle de Velázquez, 89- contra una cuenta corriente cuyos últimos tres números son 215.

Ana Mato no sabe, no contesta

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, aseguró que no le consta "nada" del coche de lujo que el presunto cabecilla de la trama del 'caso Gürtel' habría regalado en 1999 a su entonces marido y recientemente dimitido alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, si bien recalcó que será él quien se explique.

Ana Mato reaccionó de esta forma a la noticia que desvela hoy 'El Mundo' sobre que el principal implicado en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del PP y estaba casado con Ana Mato, que ya entonces formaba parte de la cúpula dirigente del partido.

En los pasillos del Congreso, Ana Mato fue preguntada hoy por estas informaciones. "No me consta nada, pero en todo caso Jesús Sepúlveda dará las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión. No tengo nada más que añadir", se limitó a contestar.

También se ha pronunciado sobre este asunto, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien dijo que Ana Mato debe "aclarar algunas cosas" y pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, que explique si "va a respaldar" a su vicesecretaria de Organización y a "encubrirla como a Camps" o va a pedirle "responsabilidades".

En rueda de prensa en la sede socialista en Ferraz, la número tres de los socialistas subrayó que Ana Mato debe aclarar también "si usó" el Jaguar que presuntamente le regaló Correa y "si lo declaró como diputada del Congreso".

"Un regalo así no pasa desapercibido en una casa", afirmó.

Además, Pajín exigió a la vicesecretaria 'popular' que aclare también "si sabía cuáles eran las actividades y cómo funcionaba el área electoral que dirigía su marido" cuando supuestamente recibió el regalo.

"A estas alturas lo que todo el mundo sabe es que en el PP hay unos imputados por robar, otros acusados o denunciados por espiar y algunos acusados por robar y por espiar y todos tienen al final el mismo jefe, Mariano Rajoy", afirmó Pajín.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, afirmó en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido que en su etapa como alcalde de Parla nunca recibió regalos como un Jaguar y que ese tipo de prebendas sólo es algo exclusivo de los regidores populares en Madrid, porque en esta formación, dijo, "anida la corrupción masiva".

¿Investiga la Policía a Miguel Navarro, ex alcalde socialista de Lorca y ex presidente de la Asamblea Regional?

LORCA.- ¿Investiga la Policía al ex alcalde socialista de Lorca y ex presidente de la Asamblea Regional, Miguel Navarro? Los rumores se han desatado en Lorca hasta el extremo de recoger un muy reciente supuesto registro del domicilio familiar en el centro de la ciudad, muy cerca de la propia Comisaría. Lo que si se sabe cierto es que Navarro anda muy preocupado estos días a raíz de la detención y prisión provisional del ex director de la empresa municipal de limpieza "Limusa", considerado testaferro de varios lorquinos mucho más importantes.

Miguel Navarro, un discreto maestro de escuela, al igual que su esposa, hasta su irrupción en la política local y regional a través del PSRM-PSOE, parece haber acumulado un nada desdeñable patrimonio personal, pese a su origen humilde, tras varios mandatos como alcalde de Lorca y presidente de la Asamblea Regional, hasta provocar el rechazo de su partido con la renovación relativa que encarna Pedro Saura.

Según sus críticos internos, la Policía, de investigar, lo estaría investigando por supuestas fuertes inversiones en el extranjero (sólo o en comandita), a saber: una finca en Sudáfrica y la más importante curtimbre de Egipto, donde estaría involucrado otro destacado cargo público socialista al que se relaciona muy directamente con el ministro Moratinos.

Pero, además, Navarro, al parecer, posee un chalé en las afueras de Lorca, un piso de lujo en el centro de la ciudad y otro chalé en primera línea de la playa aguileña de Calabardina. Su última adquisición parece haber sido una finca en Córdoba.

¿Investiga la Policía, qué investiga, por orden de quién, desde cuando, a raíz de qué? Todas estas incógnitas pueden quedar despejadas muy pronto, así como la confirmación, o no, de los fuertes rumores sobre todas esas supuestas propiedades que, de ser ciertas, tendría que justificar suficientemente con que medios las adquirió y durante cuanto tiempo.

Lorca lleva ya muchos días siendo un hervidero de rumores, que afecta a muchos de sus más ilustres ciudadanos, algunos de los cuales esperan, inquietos, el registro policial de sus residencias y/o lugares de trabajo. Sin embargo, es posible que hasta después de Semana Santa no se concrete nada nuevo, que pueda originar más detenciones y puestas a disposición judicial.

Por otra parte, los socialistas lorquinos han relevado al concejal, ex alcalde y ex secretario local del PSRM, Leoncio Collado, del cargo de portavoz del grupo municipal, función asumida ahora por el nuevo secretario general, Diego Ferra. En su día, Collado sustituyó a Navarro en la alcaldía.

Fallece finalmente la médico residente tiroteada anoche por un taxista jubilado en el Centro de Salud de Moratalla

MURCIA.- La médico residente que la pasada madrugada fue tiroteada por un taxista jubilado de Barcelona en el Centro de Salud de Moratalla falleció a primera hora de esta tarde, en el hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, según informaron poco después fuentes de la Consejería de Sanidad.

Fuentes sanitarias confirmaron que sobre las 15.30 horas se certificó la muerte de la mujer, de 35 años y natural de Cehegín, quien ingresó en estado muy grave la pasada madrugada en este centro hospitalario tras recibir cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.25 horas, en el Centro de Salud del municipio, cuando el presunto autor, P.N.M., un taxista jubilado de Barcelona y de 74 años, se personó en el ambulatorio para que le pusieran oxígeno.

Una vez dentro de la consulta, sacó un revólver --marca Astra del calibre 32-- y disparó a bocajarro contra la médico residente de cuarto año, que atendía la guardia de Urgencias en dicho centro, así como al conductor de una ambulancia, de 40 años y vecino de Moratalla, quien se acercó al oír los disparos y que permanece estable en el hospital comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.

El autor de los disparos dijo a los agentes de la Benemérita que el arma la encontró hace unos 15 ó 20 años en el taxi, cuando ejercía su profesión en Barcelona.

La consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios, aseguró hoy, en rueda de prensa, que este suceso "se aleja de cualquier lógica", y que está siendo minuciosamente investigado. Esas investigaciones corren a cargo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Caravaca de la Cruz, en funciones de guardia.

A tenor de estos hechos, los sindicatos Cemsatse, CCOO y UGT han convocado para mañana, a las 12.00 horas, una concentración a las puertas de la Consejería de Sanidad y Consumo, en Murcia, al objeto de expresar su "absoluta repulsa".

Poco después, la jueza de Caravaca de la Cruz, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional para el taxista. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia informó de que la jueza dictó este auto de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas. El detenido pasó a su disposición esta misma tarde tras ser trasladado desde el cuartel de la Guardia Civil.

El agresor, natural de Moratalla, vivía en una casa antigua que había rehabilitado tras regresar hace diez años de Barcelona. Declaró ante la Guardia Civil estar muy arrepentido. No se descarta que tenga algo perturbadas sus facultades mentales tras vivir sólo durante tantos años.

Los expropiados para el aeródromo de Corvera siguen sin cobrar

MURCIA.- La Asociación de Afectados por la Expropiación de los Terrenos para la Construcción del Aeropuerto se reúnen el próximo jueves, día 12, con miembros de la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia, encabezada por la empresa Sacyr-Vallehermoso, y de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, «con objeto de fijar un justiprecio para los terrenos expropiados «hace ahora casi un año», explicó María José Rabal, portavoz de este colectivo.

Y es que la reunión celebrada recientemente por la comisión directiva de la Asociación con el secretario de la Consejería, José María Bernabé, y, sobre todo, «la presión mediática puesta en marcha por la misma, han activado unas conversaciones que los afectados venían reclamando desde hace casi un año, sin éxito».

Aunque, según aseguró su portavoz, María José Rabal, «la reunión no quiere decir que se resuelva el contencioso», ya que «no pararemos hasta obtener un precio justo por unos terrenos de los que fuimos desalojados hace casi un año, y que en muchos casos, eran una fuente de ingresos fundamental como explotación, de muchas de las más de cien familias afectadas».

Marqués adquirió dos pisos en Valencia de la compañía que promueve el resort 'Novo Carthago'

MURCIA.- Ya no se trata sólo de saber cómo pagó Francisco Marqués sus numerosas propiedades inmobiliarias, sino también a qué sociedades fueron adquiridas. Cualquier dato, piensan los investigadores, puede ser relevante para conocer si el amplio patrimonio del ex consejero del Gobierno de Valcárcel tiene un origen legal, como él mantiene, aunque también haya admitido que una parte significativa la abonó con dinero negro, o si en algún caso puede corresponderse con pagos o recompensas de empresarios que tenían proyectos pendientes de tramitación en la Consejería de Medio Ambiente, según publica hoy 'La Verdad'.

En este sentido, uno de los datos que han llamado la atención de los investigadores es que las dos viviendas que Marqués posee en la localidad de Valencia, y que el pasado jueves fueron registradas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía, le fueron vendidas por la promotora Hansa Urbana.

Esta sociedad impulsa uno de los mayores resort de la Región y del sur de Europa: Novo Carthago, un proyecto urbanístico consistente en levantar junto a la laguna del Mar Menor, en unos terrenos que ocupan 580 hectáreas, entre 2.000 y 3.000 viviendas, 1.500 plazas hoteleras (tendrá dos hoteles de cinco estrellas) y un centro de congresos. Una inversión que en el año 2003, cuando el proyecto fue presentado, se estimaba en casi 1.000 millones de euros (unos 160.000 millones de pesetas).

Dos pisos en dos años

Según las declaraciones realizadas por el ex alto cargo de la Comunidad Autónoma el pasado sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, la primera de esas viviendas en Valencia la habría adquirido en el año 2003.

Esa adquisición -cuya venta Marqués atribuyó en un principio a Realia, aunque luego señaló que había sido a Hansa Urbana- no ofrecería motivos para ser investigada, a priori, por cuanto en ese año 2003 el imputado era todavía consejero de Sanidad -un departamento sin competencias sobre la tramitación de Novo Carthago-, o bien ya había sido nombrado delegado del Gobierno en Murcia.

Es, sin embargo, en la segunda adquisición en la que los investigadores se están centrando ahora.

Según ha admitido el ex alto cargo, esta segunda compra a Hansa Urbana la hizo en el año 2004 y la vivienda no fue escriturada hasta el año 2006. Fue en ese periodo cuando el departamento presidido por Marqués -nombrado consejero de Medio Ambiente en julio del 2004 y hasta abril del 2006- tuvo que tomar algunas importantes decisiones sobre ese complejo urbanístico. La principal de ellas, tramitar la declaración de impacto ambiental de la urbanización. Ese informe favorable fue emitido en noviembre del 2005.

Todas estas fechas no pasaron desapercibidas para el juez Alcázar ni para el fiscal superior, Manuel López Bernal, que instaron a Marqués a dar explicaciones sobre ese aspecto. «Es cierto -admitió el imputado en delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales- que la promotora de Novo Carthago es Hansa Urbana, a la que el declarante compró las dos viviendas de Valencia. Que las adquirió antes de conocer la existencia de Novo Carthago».

Marqués también fue interrogado acerca del precio que pagó por este inmueble, y se le preguntó en concreto cómo explicaba que el apartamento hubiera sido tasado, a efectos inmobiliarios, en el doble de lo que él asegura haber pagado. «No lo sé -dijo-; es posible que en esos dos años (desde el 2004 en que lo apalabró, hasta el 2006 en que lo escrituró) se produjera un aumento de valor». Y añadió que el piso adquirido en el 2003 «costó prácticamente lo mismo y es más grande».

La Policía Judicial trata ahora de confirmar si las explicaciones se corresponden fielmente con la realidad.

Contradicción

La segunda de las viviendas que Marqués adquirió a Hansa Urbana, promotora de Novo Carthago, la apalabró en el año 2004 y la escrituró en el 2006. El mismo periodo, mes arriba, mes abajo, en que asumió la cartera regional de Medio Ambiente.

En ese mismo periodo, además, su consejería tuvo que adoptar importantes decisiones para que Novo Carthago siguiera adelante (como así ocurrió, al contrario de lo que pasó con el plan urbanístico que se proyectaba en unos terrenos colindantes, en Lo Poyo, que quedó paralizado).

En su declaración, Marqués aseguró que cuando compró las dos viviendas de Hansa Urbana en Valencia, en los años 2003 y 2004, «no conocía la existencia de Novo Carthago».

Este periódico ha comprobado, sin embargo, que ese gran proyecto urbanístico fue presentado, a bombo y platillo, el 12 de junio del 2003, con la asistencia del propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y de varios de sus consejeros, y tuvo una gran repercusión por los medios regionales.

Documento fortuíto

En previsión «de que pudiera ocurrir una desgracia», Francisco Marqués dejó una carta manuscrita dirigida a una de sus hijas. En este documento le daba algunas indicaciones sobre cómo actuar si algo malo le ocurría y, al parecer, le informaba de las propiedades y posesiones que había ido acumulando. Este documento fue hallado por los policías judiciales que registraron su domicilio de Murcia, el miércoles pasado.

Estaba dentro de un libro y ha permitido a los investigadores conocer algunos datos de interés. Uno de ellos, por ejemplo, que el ex alto cargo del Gobierno popular había constituido una sociedad, denominada Arroba House S.L., junto a un amigo, Antonio G.Z.. El objetivo era dedicarla «a la intermediación en la compraventa inmobiliaria».

Marqués reconoce su amistad con ese promotor y dice que, como no tenía en ese momento los 50.000 euros que tenía que depositar para formar parte de la sociedad, fue su amigo quien le hizo ese ingreso. Sin embargo, admite que no firmó documento alguno. «Fue como un adelanto», justificó ante el juez.

Respecto de esa sociedad, el ex alto cargo indica que forman parte de la misma otras personas, entre ellas un notario. «Que cree que hay una escritura -añade-, aunque el declarante no ha firmado nada y no ha entregado ningún poder a nadie».

Otra de las sociedades por las que el magistrado lo interrogó es Watercrest Investment INC, con sede en Panamá, de la que Marqués señaló que se constituyó hace un año y medio «con la finalidad de poder realizar operaciones de importación y exportación de productos de perfumería».

A la espera de Trinitario Casanova

El empresario Trinitario Casanova, responsable de la promotora que pretendía urbanizar en La Zerrichera, podría ser uno de los próximos en tener que comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, responsable de la investigación. En concreto, los investigadores están tratando de concretar la relación que pudo existir entre Casanova y Francisco Marqués -que ocupó el cargo de consejero de Medio Ambiente hasta 2006- durante la tramitación del expediente de reclasificación de la finca de La Zerrichera, según 'La Opinión'.

Una de las pistas, de momento, ha llevado a los investigadores hasta Suiza. La Policía Nacional trata ahora de comprobar si ambos hicieron juntos un viaje al país helvético. El nombre de Casanova, además, aparece en una de las conversaciones intervenidas por la Policía Nacional. En ella -mantenida entre el ex director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el ex director general de Carreteras, Fernando Mateo-, el primero insinuaba que Casanova había presionado a algún político. "Te lo digo yo -subrayó Alvarado-. Seguramente tiene a algún político cogido por los huevos y esperaba más de él. Es la única explicación que tengo".

Estas explicaciones, finalmente, las tendrá que dar Trinitario Casanova ante el juez. No obstante, no hay todavía una fecha para su comparecencia.El objetivo es determinar si Marqués pudo haber influido -a cambio de una comisión- para que la finca, protegida por la Unión Europea, se convirtiese en urbanizable. El Grupo Hispania, que compró los terrenos por cerca de 30 millones de euros y después los vendió a la Kutxa por 105 millones de euros, tenía previsto levantar una urbanización de 4.000 viviendas, campo de golf y un hotel de lujo.

Para tratar de averiguar si Marqués pudo haber recibido dinero por esta operación -el ex consejero está imputado por cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales-, los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV) realizaron una exhaustiva investigación sobre sus cuentas que reveló un importante incremento patrimonial en los últimos años.

El pasado sábado, ante el juez, el ex consejero atribuyó este incremento a una serie de herencias y donaciones familiares y a la venta de varias fincas e inmuebles. Precisamente, el juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha abierto una invstigación sobre la filtración de la declaración de Francisco Marqués ante el instructor del caso La Zerrichera hecha el pasado sábado, según informó anoche el TSJ.

Silencio del PP

Cuando el juez Alcázar le preguntó a Marqués el pasado sábado «en qué podría tenerle presionado el señor Casanova», el ex consejero contestó lo siguiente, de forma literal: «Que en nada. Que en esa conversación el declarante (Marqués) interpretó que (Alvarado) se estaba refiriendo al declarante y al presidente; y que la expresión «gran mullidor» creía que se refería al Presidente».

Ruiz Vivo aseguró que su partido «no hará ninguna declaración sobre lo que se ha publicado porque son filtraciones que pueden o no ser ciertas. No tenemos ninguna constancia oficial de que eso sea así».

¿Quién es el 'gran muñidor'?

El presidente regional insiste en que el asunto está en manos de la Justicia, que ha decretado el secreto de sumario. «Hay que preguntar al juez. ¿Qué quiere que yo le diga? Si se supone que estamos en sumario secreto, qué quiere que yo le cuente. No sabemos cómo están las cosas», respondió a Valcárcel en Yecla sobre las investigaciones judiciales que se están acometiendo.

Por otro lado, no dudó al reconocer que el ex consejero Francisco Marqués fue de su entera confianza. «En mi gobierno todas las personas son de mi confianza. Si cualquier presidente tuviera personas en las que no confía, ese presidente sería un perfecto imbécil». Valcárcel aseguró que está dispuesto a contestar a todas las preguntas que se le quieran realizar sobre este tema.

Tras la información publicada ayer por 'La Verdad', la atención mediática se centró por entero sobre el presidente de la Comunidad Autónoma. Y ello porque Francisco Marqués, en su declaración ante el juez, dejó una frase que no ha caído muy bien en el seno del Gobierno regional ni en su presidente.

Lo hizo el ex alto cargo cuando el magistrado instructor del 'caso Zerrichera' le preguntó sobre una conversación entre el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el secretario general de la Consejería de Política Social, Fernando Mateo. Ambos, en esa charla, que estaba siendo interceptada por la Policía, aseguraban que el dueño de La Zerrichera, Trinitario Casanova, «seguramente tiene a algún político cogido por los huevos y esperaba más de él».

Más adelante, Alvarado insistía en que en todo ese caso había alguien a quien se refería como «el gran mullidor (muñidor)». Añadía que había una persona «que debería estar y no está, porque está ganando mucho dinero todos los meses» y se quejaba de que «nos está arrastrando a muchos, unos por arriba y otros por abajo».

Cuando el juez Alcázar le preguntó a Marqués el sábado «en qué podría tenerle presionado el señor Casanova», el ex consejero contestó lo siguiente, de forma literal: «En nada. Que en esa conversación el declarante (Marqués) interpretó que (Alvarado) se estaba refiriendo al declarante y al presidente; y que la expresión gran mullidor creía que se refería al Presidente».

El Gobierno destina más de 77 millones para apoyar al sector del Mueble

MADRID.- El próximo Consejo de Ministros acordará un plan de apoyo al sector del Mueble que incluye medidas sociolaborales destinadas a la modernización y mejora de la competitividad del sector y que contará con un presupuesto de 77,183 millones de euros.

Dicho plan está destinado al sector del mueble y de las empresas auxiliares y afecta potencialmente a 83.000 trabajadores en todo el país, si bien la Comunidad Valenciana agrupa el 20% del total de empresas, seguida de Andalucía con un 16% y Cataluña, con el 11%.

Las medidas son similares a las aprobadas para los sectores textil y de la confección y del calzado, curtidos y marroquinería y para el juguete, sectores industriales tradicionales constituidos en su mayoría por empresas pequeñas y medianas que, como consecuencia de los importantes cambios estructurales en el comercio mundial, han visto descender el número de sus empresas y trabajadores y sus cifras de exportación.

El plan persigue aumentar la capacitación profesional y mejorar la empleabilidad de los trabajadores del sector, apoyar la reinserción laboral de los trabajadores que resulten excedentes e impulsar políticas activas de empleo dirigidas a los trabajadores de más edad para propiciar su mantenimiento en el mercado de trabajo.

De esta forma, el Gobierno apuesta por las políticas activas de empleo como las relativas al proceso de búsqueda de empleo y las de impulso a la movilidad geográfica y a la compensación de diferencias salariales para impulsar la aceptación de empleos con salarios inferiores, frente a otras adoptadas en procesos de reestructuración anteriores, donde se incidía más en políticas de protección pasivas.

Sólo en último extremo se consideran ayudas especiales para los trabajadores de 55 o más años que, pese a todas las políticas activas de empleo, no hayan conseguido recolocarse, pero siempre con la obligación de mantenerse dispuesto a integrarse en el mercado de trabajo.

El plan incluye medidas especiales de formación, a través de planes de reciclaje, bonificación de cuotas por mantenimiento del empleo mediante contratos indefinidos de los trabajadores de 55 o más años, bonificación de cuotas por la contratación de trabajadores excedentes del sector y subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo.

La CAM firma un convenio con la UCAM

MURCIA.- Caja Mediterráneo (CAM) y la Universidad Católica San Antonio (UCAM) suscribieron hoy un convenio para llevar a cabo diversos actividades de índole cultural y social, así como impulsar proyectos de investigación durante este año. Como novedad, el acuerdo de este año contempla por primera vez la creación y concesión de becas, así como la realización de actuaciones de carácter solidario.

El acuerdo, suscrito por el presidente territorial de Caja Mediterráneo, Ángel Martínez; el director territorial de la Caja, Ildefonso Riquelme; y el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, supone una continuidad a la colaboración que desde hace años mantienen ambas instituciones.

Al respecto, el presidente territorial de CAM aseguró que con este presupuesto Caja Mediterráneo "reafirma su apoyo al mundo universitario" con los objetivos "del fomento de la formación e investigación científica, así como el desarrollo social".

En este sentido, Martínez afirmó que "la ampliación del acuerdo para llevar a cabo acciones solidarias responde al compromiso de Caja Mediterráneo de impulsar y favorecer proyectos encaminados a atender a aquellas personas que están en condiciones más desfavorables, ya que nuestra Caja ha decidido este año volcarse en la financiación de actividades solidarias".

En base al acuerdo suscrito, Caja Mediterráneo pone a disposición de la Universidad Católica su red de Aulas de Cultura, ubicadas en el territorio de la Región de Murcia para la realización de actividades de culturales y sociales.

Además, se compromete a desarrollar productos y servicios financieros dirigidos al alumnado, profesorado y personal de investigación, administración y servicios de la UCAM en condiciones preferentes, según informó la Caja en un comunicado.