El rápido y fácil patrimonio inmobiliario acumulado por el ex delegado del Gobierno

MURCIA.- O tuvo mucha suerte a la hora de enterarse de chollos inmobiliarios, o pagó por sus viviendas -en dinero negro-más de lo que admite haber pagado, o alguien pagó la diferencia por él, o bien tuvo que compensar con pagos en especie lo que no abonó en dinero de curso legal.

Tales son las cuatro hipótesis que se manejan judicial y policialmente en la investigación del caso Zerrichera para explicar el incremento patrimonial del ex consejero de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués, quien aparece imputado en estas diligencias por los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

El propio Marqués, en sus declaraciones del pasado sábado ante el magistrado, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, tuvo que admitir en alguna ocasión que lo suyo no era normal. Es decir, que el precio al que había conseguido adquirir alguna vivienda casi no se lo creía ni él mismo.

Uno de esos supuestos chollos lo halló en la Dehesa de Campoamor. Juan Gracia, propietario de Peinsa, impulsor del plan parcial Sanina Golf en La Unión y beneficiario de un más que ventajoso convenio con el Ayuntamiento que habría supuesto -según la Fiscalía de Murcia, que pasó el asunto al Tribunal de Cuentas- un perjuicio para las arcas municipales de 8,4 millones de euros, fue quien le informó de que había un dúplex junto al mar del que los propietarios tenían que deshacerse como fuera.

«Lo compré a un precio bastante inferior al de mercado -sostuvo Marqués ante el juez-, por la situación en la que se encontraban los dueños: un matrimonio en crisis. Me gustó mucho la vivienda».

Fuentes próximas al caso indican que Marqués asegura haber pagado unos 240.000 euros por esa casa, aunque otras fuentes -vecinos de esa misma urbanización- sostienen que los dueños pedían unos 420.000 euros (setenta millones de pesetas). El pago lo hizo, eso sí, íntegramente en dinero negro.

Otro apartamento que sumó a su patrimonio a un precio más que razonable es el que adquirió en Valencia en el año 2004. Lo compró a Hansa Urbana, sociedad que promueve el resort Novo Carthago junto al Mar Menor y sobre el cual el propio Marqués hubo de adoptar importantes decisiones, entre 2004 y 2006, como consejero de Medio Ambiente.

Cuando el juez le preguntó cómo explicaba que el piso fuera tasado a efectos inmobiliarios en el doble de lo que él dice haber pagado, el ex alto cargo se encogió de hombros. «No lo sé. Es posible que en esos dos años -entre que lo apalabró, en el 2004, y lo escrituró, en el 2006- se produjera un aumento de valor».

El tercero, y más evidente, de los chollos con los que se fue topando el ex consejero del Gobierno de Valcárcel lo halló en Águilas. Fue un apartamento en El Hornillo y lo consiguió al precio de 104.000 euros.

«La compra fue estupenda, y ni tiene explicación ni se la he buscado, a que el precio fuera tan ventajoso», llegó a admitir Marqués ante el instructor, y así consta en las diligencias judiciales en las que declaró acompañado de su abogado, Jaime Peris.

El propio Marqués no tuvo problema en señalar que esta propiedad la obtuvo «gracias a la amistad que tiene con Inmaculada García, consejera de Economía y Hacienda, y prima del vendedor y propietario de la promotora Hacienda del Hornillo S.L., Sebastián Jiménez Peral».

Y como corroboración a lo anterior, también facilitó un dato que objetivamente nada explicaba sobre su conducta económica, pero que volvía a incidir sobre la propia consejera: «(Ella) adquirió dos pisos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

En el 2004, cuando se produjo la adquisición, Marqués pensaba «que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al comprar la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. (...) Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

Si sobre el precio «tan ventajoso» de esa vivienda no supo qué explicación ofrecer, otro tanto le ocurrió al ex consejero cuando el juez le exhibió un documento de la Demarcación de Costas, dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, en la época en que Marqués ya era consejero, y que los policías judiciales encontraron junto a la escritura del apartamento.

El imputado indicó que el citado documento -en el que Costas informaba de la existencia de un problema con la escalera del residencial que bajaba hasta la playa- se lo había dado el apoderado de Hacienda del Hornillo, José Cáceres, «aunque -declaró- no puedo dar una explicación.

Supongo que habría un problema y que el señor Cáceres me entregó el documento para que supiera de la existencia del problema y de las gestiones sobre ese particular con la señora Baraza (jefa de la Demarcación de Costas), que es pariente suya. Yo no hice absolutamente ninguna gestión sobre ese particular».

Cada palabra de Marqués en esa amplia declaración -duró más de cinco horas- está siendo comprobada por los investigadores.