martes, 11 de noviembre de 2008

El PSOE cuenta con que Valencia y Murcia recurran al Constitucional la reforma del estatuto manchego

TOLEDO.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, señaló hoy que si las Cortes Generales aprueban la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha tal y como se aprobó en el Parlamento regional, "por unanimidad e incluyendo la fecha de caducidad del trasvase", y valencianos y murcianos consideran que es inconstitucional "solo tienen que hacer ejercicio de su derecho, que es recurrir al Constitucional y casi que contamos ya con eso".

Así lo confirmó a preguntas de los medios, el portavoz de los parlamentarios socialistas, quien aseguró que "nuestra misión será que lo que salga aprobado finalmente de las Cortes regionales no pueda ser tachado de inconstitucional, y que todo se mantenga en los términos de lo que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron".

De otro lado, el también diputado ciudadrealeño dijo que "es curioso que haya declaraciones de valencianos y murcianos que afirmen entender nuestras razones, mientras aquí algunos están defendiendo otras cosas", en referencia a la defensa que hizo el 'popular' Luis de Grandes de ese "pretendido" trasvase del Tajo Medio para llevar agua a Murcia, "del que todo el mundo habla y nadie ha visto, pero negando agua para las Tablas de Daimiel. Eso si que es triste", agregó.

Preguntado sobre la posibilidad de que exista ya un pacto a nivel nacional entre el PP y el PSOE sobre el trasvase, el portavoz de los parlamentarios socialistas dijo no tener conocimiento de él, "y si alguien lo afirma debe demostrar que existe".

Moreno recordó que continúa abierto el plazo de enmiendas, que cada grupo está hablando con los suyos a nivel nacional, y que fuera de eso no ha habido otro contacto. "Lo que nos compete es defender el texto, algo que estamos haciendo en los contactos que mantenemos con el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y en ningún caso nos han trasladado que tenga un acuerdo cerrado con el PP", insistió.

Preguntado sobre si el Gobierno regional y el PSOE aceptaría que se aumentase la reserva estratégica de los pantanos de cabecera a cambio de renunciar a la caducidad de la tubería, Moreno defendió que lo esencial del Estatuto no es sólo una fecha, "y reducirlo a eso sería una necedad, porque es mucho más que una fecha, e implica la reestructuración, mejora y ampliación de competencias".

Así, apuntó que en materia de agua lo que importa es conseguir que "los castellano-manchegos tengamos derecho a disponer del agua suficiente en calidad y cantidad para que el presente y el futuro no se vea hipotecado, y para conseguir eso hay muchos medios, y estamos dispuestos a garantizar cualquiera que nos permita alcanzar ese objetivo", dijo.

Dicho esto, continuó apuntando que el trasvase está sujeto a una normativa europea como es la Directiva Marco del Agua, incorporada en la legislación estatal, que marca unas fechas para conseguir determinados objetivos en los cauces de los ríos. "Por tanto no nos inventamos nosotros el 2015, está en la normativa marco".

Por último, incidió en el hecho de que el Estatuto no solo recoge la fecha de caducidad de la tubería al Levante, "recoge el derecho a participar en la planificación de los recursos, en la asignación de recursos, y en los órganos que deciden sobre el uso de esos recursos".

"No vamos a renunciar a que el agua que necesitan los castellano-manchegos esté garantizada. Y si eso no está, el presidente regional, José María Barreda ya dijo que se retirará", concluyó.

Los impactos ambientales de un macropuerto en El Gorguel / José Antonio García Chartón*

Una de las labores más importantes de la ecología y otras ciencias del medio ambiente consiste, acudiendo a una analogía médica, en determinar el estado de salud del ecosistema, a través del examen de un conjunto de síntomas y su comparación con los niveles de referencia correspondientes a un ecosistema sano.

Una extensión de dicha tarea radica en establecer, en la medida de lo posible, cuáles serán las consecuencias de determinado proyecto u obra sobre el medio ambiente, mediante el procedimiento denominado Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

La EIA es un trabajo técnico complejo y multidisciplinar, que ha de ser realizado por profesionales cualificados, y que cuenta con una metodología contrastable y en constante avance, en la que se consultan las investigaciones más recientes, se utilizan indicadores, se aplican modelos de predicción, y finalmente se establece un dictamen sobre cuáles son los impactos esperables sobre el medio ambiente del proyecto objeto de examen, comparado con otras alternativas técnicamente viables.

Su resultado no es admitir o impedir la realización de un determinado proyecto, sino informar a los poderes públicos de las consecuencias que dicho proyecto tendrán para el medio ambiente, de modo que les permita adoptar medidas fundamentadas y responsables.

Del mismo modo, el médico no prohíbe ingerir comida-basura a un paciente aquejado de hipertensión y colesterol, más bien le aconseja que no lo haga, dándole la información suficiente para que tome sus propias decisiones.

Claro que la analogía médica tiene aquí sus limitaciones, ya que los indicadores de salud ambiental tienen ya rango de ley en muchos casos, y afortunadamente ya no está permitido destruir según qué especies o hábitats. Los efectos de acometer determinado proyecto pueden ser tanto beneficiosos como dañinos, pero ambos grupos no pueden sumarse o anularse entre sí, y mucho menos metiendo cuestiones ambientales y económicas en un mismo saco.

Un ejemplo de todo esto lo encontramos en la propuesta de macropuerto en El Gorguel, convertido en objetivo irrenunciable del ejecutivo regional.

Recordemos que se trata de construir una dársena cerrada por un dique de abrigo de casi 4 kilómetros de longitud, que encerraría 336 hectáreas de superficie marina, incluyendo una explanada de 190 hectáreas ganadas al mar, junto con una zona de actividades logísticas en tierra de 2 millones de metros cuadrados, la habilitación de accesos terrestres por carretera y ferrocarril y un túnel de algo menos de 1 kilómetro que atravesaría la sierra de la Fausilla.

El puerto podría albergar buques de hasta 400 metros de eslora y 17 metros de calado, capaces de transportar 10.000 contenedores de una vez. El objeto de esta nueva infraestructura portuaria es el trasiego de millones de contenedores, pretendiéndose hacer de Cartagena la puerta de Europa para todo tipo de mercancías.

Sus promotores (Autoridad Portuaria de Cartagena y Gobierno regional) afirman que este proyecto permitirá la creación de varios miles de empleos (con la coletilla «en momentos de crisis económica»), y además no tendrá apenas impactos ambientales.

De la primera afirmación no tengo por qué dudar, a pesar de no haberse hecho público informe alguno que la precise, acaso algunas declaraciones en prensa de sus defensores. En cambio, un informe técnico reciente, auspiciado por la Fundación Sierra Minera, sí pone en duda la veracidad de la pretensión de inocuidad ambiental del macropuerto.

En efecto, a priori el impacto ambiental de la construcción de la terminal de contenedores dista de ser nulo, pues supondría una afección muy significativa a la sierra de la Fausilla, que es un área de alto valor ecológico reconocida internacionalmente por ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El medio marino vería desaparecer algunos hábitats importantes, y el litoral se vería afectado por sepultarse bahías y por la modificación de las corrientes marinas. La pesca artesanal de la zona vería reducidos sus caladeros, las instalaciones acuícolas actuales desaparecerían, y el incremento del tráfico marítimo supondría probablemente un aumento de la contaminación costera y afección a las poblaciones de cetáceos, tortugas y aves marinas.

El nuevo puerto tendría también un elevado impacto sobre el patrimonio geológico de la zona, afectando a Lugares de Importancia Geológica (LIGs) del litoral cartagenero, y sobre el valioso patrimonio arqueológico y minero del entorno del valle de El Gorguel. Uno de los impactos más evidentes sería su desmesurado impacto visual y paisajístico.

Todo ello, desde luego, comprometería gravemente la viabilidad económica y ambiental de la proyectada regeneración de la cercana bahía de Portman. Estarían por verse las derivaciones económicas y para el empleo de todos estos efectos, y sus consecuencias para la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Una EIA técnicamente irreprochable y políticamente independiente del proyectado macropuerto resulta, más que nunca, necesaria. Si, una vez establecidos los impactos, la autoridad competente persiste en su intención de construir la obra, nada se podría objetar en caso de consecuencias perniciosas ya previstas del proyecto, sabiéndose que está asumiendo su responsabilidad ante la ciudadanía informada.

Si el futuro de Cartagena y La Unión pasa por las grandes infraestructuras en detrimento de otros usos, dígase claramente, y explíquense las consecuencias de tal decisión para la calidad de vida de la ciudadanía, en un ejercicio de definición colectiva de nuestro modelo de desarrollo. En cambio, partir de informaciones erróneas, falsas o sesgadas sobre los impactos ambientales y económicos de un proyecto para favorecer su acometimiento constituiría una inaceptable elusión de responsabilidades.

Problema distinto es el modo en que tales responsabilidades ambientales son ejercidas y exigidas, siendo éste probablemente el talón de Aquiles de nuestro sistema de EIA.

*Profesor titular de Ecología de la Universidad de Murcia

Hasta el momento, no existe un plan de ayuda para las pymes españolas

MADRID.- El presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, aseguró hoy que, hasta el momento, no se ha puesto en marcha un plan de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, y descartó que la cumbre que se celebrará el próximo día 15 en noviembre en Washington vaya a aportar algún tipo de solución en esta línea.

En declaraciones a la Cadena Ser, Bárcenas destacó que, por ejemplo, el asunto de la financiación diaria de las pymes "quedará un poco al margen" de las iniciativas que se tomen en el encuentro.

"Yo estoy satisfecho porque España haya conseguido estar en la cumbre, por la importancia que tiene y porque se va a hacer un planteamiento global, pero tendrá que pasar un tiempo hasta que se tomen soluciones concretas", indicó.

Respecto al comportamiento de bancos y cajas tras la aplicación de las medidas del Ejecutivo para inyectar liquidez en el sistema financiero, el presidente de Cepyme aseguró que siguen siendo "muy restrictivos" y que las garantías que los empresarios tienen que aportar para obtener financiación "son mucho más fuertes que hace un año".

Además, Bárcenas aseguró que las administraciones públicas llevan un ritmo de demora en los pagos "grandísimo", algo que, unido al resto de problemas financieros de las empresas, está "estrangulando la economía real".

Preguntado por la situación en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas en este momento, el presidente de Cepyme señaló que se está registrando una morosidad "impresionante", especialmente entre los propios negocios, lo que está provocando que unos "estén arrastrando a los otros".

"No es cuestión de alarmar, pero sí de analizar la realidad, y los empresarios de las pymes lo están pasando bastante mal, probablemente igual que los de las grandes", indicó.

Piden a Bruselas que permita a Navantia-Ferrol construir buques civiles

BRUSELAS.- El eurodiputado del PP Daniel Varela pidió hoy a la Comisión Europea mediante una interpelación parlamentaria que renegocie el acuerdo firmado con el Gobierno español en 2005 sobre Navantia, que limita la construcción naval en los astilleros gallegos hasta 2015.

La propuesta del parlamentario gallego plantea la revisión de este acuerdo dentro del marco del plan que va a lanzar Bruselas para reactivar la "economía real" y proteger el empleo de las consecuencias de la crisis financiera de los últimos meses y del que se van a beneficiar distintos sectores industriales, como el del automóvil, según informó el PP en un comunicado.

"Ante estas circunstancias excepcionales de crisis, la Comisión ha anunciado que el criterio que aplicará será el de la flexibilidad en la aplicación de las normas", argumenta Daniel Varela.

"Interesa saber si esta situación de crisis y la flexibilidad anunciada podrá ser trasladada al sector naval y, en particular, al acuerdo firmado con España sobre la construcción civil en los astilleros de Navantia en Ferrol", señala la interpelación.

El acuerdo cerrado con el Gobierno español en 2005 para permitir la supervivencia de las actividades militares del antiguo astillero de Izar limita la construcción naval en los astilleros gallegos hasta 2015, incluido el traspaso de terrenos o instalaciones públicas para llevar a cabo actividades de construcción naval civil.

Además, prevé la obligación de que los astilleros de Navantia limitaran su construcción naval civil a un máximo del 20 % de las ventas totales y que sus actividades civiles no pueden beneficiarse de ninguna ayuda estatal hasta el 1 de enero de 2015.

Daniel Varela plantea al Ejecutivo comunitario si sería posible "en el nuevo contexto de crisis" una renegociación de dicho acuerdo "si España presentase un plan adecuado y negociado" con las autoridades comunitarias y si la flexibilidad "anunciada por la Comisión Europea para otros sectores industriales" podría permitir la revisión de ese tope del 20 por ciento de ventas civiles u otras condiciones "que permitiesen relanzar la economía de la zona e impulsar el empleo".

La iniciativa del eurodiputado del PP busca conocer si la Comisión Europea ante la grave situación económica "está dispuesta, al menos, a suavizar las cláusulas del acuerdo que pactó con el Gobierno socialista y que es la verdadera razón de que no se haya podido relanzar la actividad de los astilleros gallegos", explicó Daniel Varela.

Hasta ahora, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha avisado de que si el astillero Navantia Fene-Ferrol no se concentra exclusivamente en la producción militar y pasa a construir también buques civiles antes del año 2015 tendrá que devolver las subvenciones ilegales concedidas por el Estado, ya que se incumplirían los términos del acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración de Izar.

El precio de la vivienda cayó un 8,9% en la costa mediterránea

MADRID.- El precio medio de la vivienda libre, tanto nueva como usada, cayó un 7,3% en lo que va de año, esto es, entre diciembre de 2007 y octubre de 2008, según el índice de mercados inmobiliarios españoles (Imie) que realiza de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), difundido hoy.

En los últimos doce meses, entre octubre de 2008 y el mismo mes de 2007, el precio de los pisos arroja una caída menor, del 6,5%. Ello responde al hecho de que el precio de los pisos aún subió en los últimos meses del pasado año.

No obstante, este descenso interanual es el mayor que se registra en lo que va de 2008 y el mayor desde que la firma puso en marcha en índice.

Además, tras esta caída, el valor de las viviendas se sitúa en un ratio similar al de septiembre-octubre de 2006, según Tinsa.

Por zonas territoriales, el mayor descenso del precio de la vivienda en los últimos doce meses (octubre 2008-octubre 2007) según el índice de Tinsa, se registró en la costa mediterránea, con una caída del 8,9% en relación al mismo mes de 2007, la mayor interanual en lo que va de año.

Después se situaron las áreas metropolitanas, con un descenso del valor de las viviendas del 7,6% en el último año; y las capitales y las grandes ciudades, donde el precio de los pisos se redujo un 6,7%.

En cuanto al resto de municipios, el índice de Tinsa arroja un descenso del precio de las viviendas libres, tanto nuevas como usadas, del 5,3% en relación a octubre de 2007, mientras que en el caso de los archipiélagos (Baleares y Canarias) la caída fue del 5,4%.

Vocento, editora de "La Verdad", ganó 73,73 millones de euros hasta septiembre

MADRID.- Vocento, empresa editora de "La Verdad", registró un beneficio neto de 73,73 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior, informó hoy el grupo de medios de comunicación.

La compañía explicó que el aumento del beneficio estuvo impulsado por las plusvalías procedentes de la venta de parte de los terrenos de ABC (30 millones de euros), por la colocación de un 1,9% de acciones de Telecinco (47,53 millones) y el dividendo de la cadena de televisión (95,7 millones). Además, el grupo destacó el aumento de la difusión de ABC, que creció un 11,4% hasta septiembre, de Internet y el repunte del 31,5% de los ingresos del área de Contenidos.

La facturación del grupo cayó un 3,8%, hasta 637,05 millones de euros, lastrada por la contracción del 13,4% en los ingresos publicitarios, lo que llevó a Vocento a ejercer "un estricto control de costes en todas las áreas de negocio y especialmente en materias primas, promociones, gastos comerciales y de administración".

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 7,43 millones de euros, un 88,7% menos. El beneficio neto de explotación (Ebit), por su parte, totalizó 401.000 euros, lo que supone un descenso del 98,5%.

(José Mª Esteban, director de "La Verdad")

Los afectados de "Riviera Coast Invest" mantienen su denuncia contra Caja Murcia, según "El País"

ALICANTE.- Los afectados por la quiebra de la inmobiliaria Riviera Coast Invest, SL, han logrado un acuerdo con Caja Murcia mediante el cual la entidad no ejecutará (ni cobrará, ni iniciará el proceso judicial para subastar las viviendas) por el momento las hipotecas mientras se resuelva el concurso de acreedores en el que está inmersa la firma, según "El País".

Caja Murcia es una de las cuatro entidades con las que trabajaba Riviera, aunque ha sido la única que ha mostrado su pretensión de ejecutar las hipotecas. Los afectados compraron apartamentos que previamente había hipotecado Riviera con el compromiso de que las cancelaría. Compromiso que se incumplió.

El acuerdo con Caja Murcia afecta a entre 180 y 200 viviendas y a una cantidad que supera los dos millones de euros, según explicó el abogado de los afectados, José Luis Escobar.

La deuda máxima de cada comprador no supera los 40.000 euros. Los afectados desconvocaron las protestas previstas, aunque no retiraron la denuncia presentada ante la Guardia Civil contra Caja Murcia.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Los ecologistas murcianos dicen que el Gobierno Zapatero 'coquetea' con los acueductos

MADRID.- También reclaman coherencia los ecologistas respecto al virtual trasvase desde Extremadura a Murcia, pero por distintas razones. Lo curioso, y quizá incoherente, es que las primeras objeciones a esta futura transferencia de agua, provengan precisamente de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, según "Abc".

Recuerdan al Gobierno de Zapatero que «subió al poder, entre otras cosas, por la oposición al Plan Hidrológico Nacional del PP, y fruto de esa presión tuvo que derogar el trasvase del Ebro».

Una apreciación un tanto pretenciosa que no impide a los ecologistas en acción murcianos criticar que en esta legislatura, la, política «desarrollista e insostenible del Gobierno central empieza a coquetear de nuevo con los trasvases entre cuencas».

Según los datos que maneja esta organización ecologista el proyecto «parece consistir» en derivar desde el embalse del Tajo de Valdecañas, en Cáceres, entre 500 y 600 hectómetros cúbicos anuales de agua hasta La Roda, en Albacete, donde se conectaría al acueducto Tajo-Segura, que abastece a Murcia, Alicante y Almería.

Advierten de los bajos nivele de agua que actualmente presenta este embalse y de los daños ecológicos y sociales que ocasionaría en la zona y a su paso por distintos parajes naturales que atravesaría en su recorrido.

Pero, sobre todo avisan del «riesgo» que correrían las poblaciones abastecidas por el Tajo-Segura, ya que el Agua de Valdecañas es de poca calidad debido a que recoge aguas residuales de Madrid.

Al margen de las consabidas consideraciones sobre el desarrollo sostenible, los ecologistas murcianos afirman que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino «muestra su hipocresía al oponerse de forma electoralista a un trasvase, el del Ebro, y apoyar otros».

Las objeciones de los ecologistas murcianos a los trasvases no cuadran, sin embargo, demasiado con las que el pasado año advertía el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la «frenética» construcción de plantas desalinizadoras en nuestro país y que identificaba su causa con la derogación en 2004 del trasvase del Ebro.

El informe de WWF alertaba que la desalación estaba llevando «a un desarrollo urbano y turístico insostenible» que además lleva a un mayor consumo de agua, con la incongruencia -dice el informe- de que mientras en otras naciones desarrolladas rechazan la desalación por su alto coste para usos urbanos, «España está dedicando una asombrosa proporción de ese agua a la agricultura, exactamente un 22 por ciento, el nivel más alto del mundo».

Uno de los viejos argumentos contra el trasvase del Ebro, que argumentó entonces el recién estrenado Gobierno de Zapatero para su derogación era el impacto ecológico de un canal de unos 450 kilómetros desde Tortosa, en Tarragona, hasta Ojós, en Murcia.

Un argumento que también sería aplicable al futuro trasvase desde Valdecañas, en Cáceres, hasta la Roda, en Albacete, que se aproximaría a los 400 kilómetros. Cuestión de voluntad, porque el debate trasvases-desaladoras va a estar siempre sobre el tapete, gobierne quien gobierne, si no se aborda de una vez por todas y sin egoísmos partidistas ni regionales un gran pacto nacional del agua que apueste por ambas opciones, porque, a decir de los expertos sin intereses políticos, ambas son complementarias.

Pero el ciclo se repite. A comienzos de 1993, en pleno debate sobre el Plan Hidrológico Nacional que preparaba José Borrell, en el Gobierno de Felipe González, la entonces diputada popular Loyola de Palacio pedía al Ejecutivo «más imaginación» y apuntaba como alternativa seria a los trasvases, aunque complementaria, la posibilidad de desalar y potabilizar agua del mar como una solución «posiblemente menos costosa y menos traumática que construir grandes trasvases desde el norte hasta el sur».

La respuesta, entonces, del ministerio que dirigía el socialista Borrell fue contundente: «En el Ebro hay 5.000 hectómetros cúbicos de agua anuales para trasvasar». Quince años después, distintos actores, distintas cincunstancias, distintos intereses y el mismo problema: el mareo de la perdiz.

El grupo Fuertes empuja el turismo en la Costa Blanca

ALICANTE.- El Grupo Fuertes, propietario de la compañía agroalimentaria murciana El Pozo, refuerza su apuesta por el sector turístico de la Costa Blanca. Su primer inversión se produjo en Terra Mítica, proyecto del que formó parte desde su creación y en el que se mantiene como pequeño accionista a pesar de los avatares y los momentos difíciles vividos, publica "Las Provincias".

Sin embargo, su gran desafío es Terra Natura, el parque de la naturaleza puesto en marcha posteriormente, en el que se implicó para su nacimiento y en el que no ha dejado de invertir hasta ahora. De hecho, se ha convertido ya en el principal propietario, con el 57,25% del capital, y en el mayor aval para su futuro.

La implicación de El Pozo en Terra Natura, en Benidorm -que integra también Aqua Natura-, ha supuesto que la empresa, cuyo origen está en el sector cárnico, se haya convertido en poco más de un año en el propietario de referencia. En concreto, tras varias operaciones de ampliación de capital ha pasado a controlar el 57,25%, cuando su toma de participación inicial era del 26%.

De esta forma, la mercantil de Alhama de Murcia ha desbancado como socio referente a la reconocida firma textil Colortex, quien desde la Comunidad Valenciana abanderó la iniciativa en sus inicios -hasta tener el 61%- pero que después ha ido reduciendo progresivamente su presencia en la sociedad hasta el actual 27,93% como consecuencia de sus problemas de liquidez.

El pasado verano se produjeron dos ampliaciones de capital en la sociedad del parque, una por 4,5 millones de euros (junio) y otra por 5,3 millones (agosto), según adelantó Expansión el pasado lunes, en las que El Pozo tuvo que asume el protagonismo ante la retirada realizada por la familia Taverner, propietaria de Colortex. Mientras que el tercer accionista de referencia en el proyecto, Sedesa, ha pasado del 8 al 11,96%. El 2,86% restante está en manos de pequeños inversores.

Hay que advertir que la enseña murciana también participa en el complejo que Terra Natura tiene en la ciudad de Murcia, junto a otros socios locales, aunque en este caso con sólo el 37% de la sociedad.

Pero el parque de la naturaleza de Benidorm no es la única inversión en el segmento del ocio turístico en la Costa Blanca por parte de El Pozo. Terra Mítica también forma parte dentro de su diversificación de negocio.

En concreto, en el parque temático mantiene una participación testimonial del 1,81%, pero que pese a ser pequeña tiene un importante simbolismo si se tiene en cuenta todo lo que ha pasado, incluido un concurso de acreedores y sucesivas ampliaciones de capital. Su entrada inicial en el proyecto, en el año 2001, le llevó a asumir hasta un 5% de las acciones.

De hecho, son pocas las empresas privadas que se han quedado dentro de la sociedad una vez que CAM, Bancaja y la Generalitat se han visto a liderar la participación y convertirse en los grandes patrones. Incluso, la mayoría se han visto casi forzadas a seguir por las circunstancias.

La firma murciana tampoco ve estratégico ampliar estos negocios y los considera pequeñas líneas de diversificación sin más pretensiones.

Por otro lado, la familia Fuertes, a través de su marca Vishoteles también se dedica a la gestión de actividades hoteleras y servicios de hostelería, siendo propietaria de dos complejos ubicados en la Costa Blanca. El primero se trata del complejo Pueblo Acantilado, ubicado en el municipio de El Campello, que representa un típico pueblo mediterráneo.

La instalación de cuatro estrellas, dispone de 120 habitaciones y suites, dos restaurantes, un bar-cafetería, un pub irlandés, 2 piscinas, gimnasio, sauna y jacuzzi, teatro al aire libre, varios salones de reuniones, un salón de convenciones con capacidad para 400 personas, un auditorio, parque infantil, parking privado e iglesia.

El segundo es el Hotel Albahía, situado en la playa de la Albufereta, que dispone de 93 habitaciones, con un ambiente funcional y acogedor. Sus instalaciones se completan con cafetería, restaurante, salones y zona deportiva con pista de tenis y piscina.

Desde la compañía descartan que de momento haya nuevas estrategias para crecer en este terreno turístico. Al respecto, consideran que la apuesta inmediata está en reforzar el negocio de alimentación con nuevos proyectos.

(Tomás Fuertes, presidente del Grupo)

En Murcia no se cree que Cartagena pueda albergar los Juegos del Mediterráneo 2017

CARTAGENA.- Antonio Peñalver dijo que «será muy difícil» que Cartagena pueda aspirar a organizar los Juegos del Mediterráneo del año 2017, algo que sí hizo Almería en 2005, no fue un brindis al sol. Tampoco fue una ocurrencia del ex medallista olímpico, ahora metido a político. Detrás de sus palabras -que han supuesto un duro varapalo para la Concejalía de Deportes de Cartagena- está el respaldo de la Comunidad Autónoma, para cuyos rectores es «casi imposible» que el proyecto sea viable, según aseguraron fuentes de la Consejería de Cultura y Deportes a "La Verdad".

Para Peñalver, «es evidente que con dinero público no se puede acometer un evento de este calibre. Tiene que haber una implicación muy grande del empresariado siempre que el dinero tuviera retorno. Lo fácil sería decir que vamos a hacerlo, pero eso no sería serio. Si se hace, si se propone, si se intenta, que sea serio y con garantías», comentó un Peñalver muy pesimista con el futuro de la aventura de Cartagena 2017.

Interrogado sobre el exitoso precedente de Almería 2005 (Almería tiene 190.000 habitantes y Cartagena, 215.000), Peñalver contestó que «no podemos olvidar que en Almería hubo una representación empresarial brutal. El proyecto estaba ligado al desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero lamentablemente, por la crisis, este no es un buen momento para que las empresas inviertan», dijo.

Y a las dudas de la Comunidad Autónoma, se une la postura de Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, quien ha alentado varias veces a Tarragona a aspirar a los Juegos del Mediterráneo y aún no conoce el presunto interés de Cartagena en acoger esta cita en el año 2017. Es más, Lissavetzky dijo hace unos meses en Cataluña que defenderá la candidatura de Tarragona ante el Comité Olímpico Español.

Por todo esto, el PSOE de Cartagena lamentó en un comunicado que la Comunidad Autónoma no crea en las opciones de conseguir que los Juegos del Mediterráneo tengan lugar dentro de nueve años en Cartagena.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Caridad Rives, considera «irresponsables» las declaraciones de Peñalver, que «son un jarro de agua fría para los ciudadanos y deportistas, que veían en los Juegos del Mediterráneo una estupenda posibilidad de progreso, tanto deportivo como económico para Cartagena» destacó Rives.

Además, el PSOE califica de «poco serios» los argumentos esgrimidos por Peñalver, que «poco menos culpa de ello principalmente al sector empresarial. ¿Cuándo los empresarios de Cartagena se han opuesto a apoyar un evento de este calibre?, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el gobierno del PP para encontrar apoyos en el sector empresarial?», pregunta Rives a Peñalver.

Se argumenta -continúa la nota del PSOE- que no es un buen momento ahora para realizar las inversiones debido a la crisis económica, pero, «¿es que en Almería no hay crisis económica? De hecho, la realización de estas inversiones supondría una forma de estimular la economía de la zona, y en estas circunstancias es cuando las administraciones públicas deben impulsar estos proyectos planteando obra pública. Haber hecho los deberes y estar en condiciones ahora de poder optar a los Juegos del Mediterráneo supondría un estímulo para nuestra economía que ayudaría a paliar los efectos de la crisis» señaló Rives.

En definitiva, «llevamos doce años de gestión deportiva con Alonso Gómez López [concejal de Deportes] a la cabeza, y han sido incapaces de generar en la ciudad un modelo deportivo de calidad que nos permitiera optar con mayor fuerza a los Juegos del Mediterráneo de 2017. Y frente a este nuevo varapalo, el concejal de Deportes, Gómez López, sigue callado. Esto no es más que la historia de una muerte anunciada», acabó señalando Caridad Rives.

El Gobierno valenciano anuncia que rechazará el ERE de ONO

VALENCIA.- Trabajadores de la empresa de telecomunicaciones ONO se concentraron hoy frente a la dirección general de Trabajo de la Generalitat para pedir el apoyo a los 1.300 trabajadores amenazados de despido por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que la Generalitat rechazará, según confirmó hoy a los responsables sindicales el director general de Trabajo, Román Ceballos, puesto que este proceso prevé recortar 300 empleos en la Comunidad Valenciana.

La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV consideró, en un comunicado, "positivo el compromiso adquirido por la autoridad laboral de la Comunidad Valenciana", ya que, explicó, es el tercer ERE que ONO presenta en los últimos seis años, pese a que en el anterior expediente, la empresa manifestó que no habría nuevas regulaciones de empleo hasta, al menos, finales de 2009.

Desde el sindicato, se mostraron "conscientes" de que, a pesar del informe contrario al expediente al que se ha comprometido la dirección general de Trabajo, el expediente tendrá que resolverse en el Ministerio, por lo que mantendrán las movilizaciones hasta lograr detener un "expediente que no está motivado por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas y de producción, que son las únicas que pueden llevar a la aprobación de un ERE".

Según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado, el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, Román Ceballos, aseguró tras la reunión que "la Generalitat velará por la defensa y la garantía de los derechos de los trabajadores" y se comprometió a "realizar cuantas acciones sean necesarias para reducir al mínimo el impacto social".

No obstante, señaló que la competencia de la resolución del ERE corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración, puesto que afecta a varias comunidades autónomas. Por ello, la Generalitat "debe únicamente realizar un informe no vinculante ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio, que es a quien le corresponde adoptar la decisión definitiva".

Según indicó, el informe explicativo que debe adjuntar la Comunidad Valenciana se realizará una vez concluidas las reuniones entre la empresa y los trabajadores.

Igualmente, Ceballos puso a disposición de los trabajadores afectados "las distintas líneas de ayudas existentes, tanto desde el punto de vista de formación, recolocación, así como posibles bonificaciones a otras empresas, para la contratación de los trabajadores que al final puedan resultar afectados por este expediente".

En el primer ERE, ONO despidió a 450 trabajadores, mientras que el segundo, que se produjo en 2006, supuso el despido de 785 trabajadores y trabajadoras.

Además de estos despedidos mediante el procedimiento del expediente, la empresa también ha despedido desde el mes de agosto, según la federación sindical, a más de 300 personas de manera individual, con lo que, "en apenas tres años, la plantilla de la empresa ha pasado de ser de más 5.500 trabajadores a poco más de 4.000".

Navantia dice que los piquetes mantienen el bloqueo al trabajo en Ferrol los sábados

FERROL.- La empresa Navantia, a través de un comunicado, denunció que, a pesar de la reapertura de negociaciones con los sindicatos, continúa el "boicot" a la producción en los astilleros de la ría de Ferrol, ya que un piquete impidió el sábado el acceso de trabajadores a sus puestos de empleo en el buque "Juan Carlos I", que se construye en las instalaciones ferrolanas.

Navantia anuncia que abrirá un nuevo expediente para aclarar las circunstancias y tomar las medidas laborales que sean oportunas. La empresa naval pública española denuncia "la falta de compromiso del Comité Intercentros y su negativa a poner fin a estas acciones" que sostiene que "están perjudicando el normal desarrollo de los programas navales".

Ante esta situación, Navantia hace un "llamamiento a la racionalidad para acabar con estas actuaciones ilegítimas que perjudican notablemente el proceso de producción", y apela "al compromiso" y a las "negociaciones en marcha".

Navantia y los sindicatos integrados en el Comité retomaron las negociaciones el pasado 31 de octubre, en un encuentro en el que se fijaron las fechas para reuniones para abordar el Plan Industrial (12 de noviembre) y la Industria Auxiliar (19 noviembre), dos de los compromisos, que junto con el convenio colectivo único, reclaman los sindicatos desde el inicio de sus movilizaciones el pasado mes de septiembre.

La empresa señala que estas reuniones son las "únicas vías para llegar a acuerdos consensuados" y subraya que "el desarrollo de los programas navales en las mejores condiciones es la máxima garantía de futuro para la empresa".

No obstante, los sindicatos mantienen la solicitud de huelga indefinida para el mes de noviembre, como cobertura legal para posibles movilizaciones de protesta, en caso de que las negociaciones no fructifiquen.

Con las protestas, los sindicatos reclaman a la dirección de la compañía la negociación de los tres compromisos adquiridos en 2004, cuando se deshizo Izar en un proceso que culminó en la creación de la actual Navantia, pero también exigen cambios en la actual gestión para evitar las pérdidas económicas que aseguran que se registrarán a partir de este 2008.

El Partido Cantonal refuerza la petición de una segunda provincia en su 30º aniversario

CARTAGENA.- El Partido Cantonal de Cartagena mantiene la esperanza puesta en la próxima reforma estatutaria como oportunidad para lograr la tantas veces demandada segunda provincia. Con la mirada puesta en este horizonte celebraron la entrega de Medallas Laureadas, que en esta edición premiaron a diversas personalidades del mundo empresarial y cultural por su trabajo y esfuerzo en pro de Cartagena, según recoge hoy "El Faro".

El primer premiado fue José Antonio Luque, fundador de Cartagena Futuro y presidente de la Plataforma por la Biprovincialidad, quien en un emotivo discurso destacó que “la vida tiene más sentido cuando los afanes legítimos de cada uno se comparten con los de los demás”, haciendo referencia a las cien personas que congregó esta causa.

El galardonado no olvidó hacer un repaso por los últimos años del Partido Cantonal, confirmando que “con muy pocos medios se han conseguido muchos logros que serán juzgados por las generaciones venideras”, y reivindicó una vez más un proyecto, el de la segunda provincia, que “tiene viabilidad jurídica, política, constitucional, social y económica”.

Asimismo, indicó que la creación de la nueva demarcación sería “la reparación de una injusticia histórica desde que se llevaron el Obispado a Murcia”.

En el ámbito empresarial los defensores de la descentralización premiaron a Mariano Rosique, presidente de la Cámara de Comercio, quien, haciendo referencia a la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, confirmó que “la ciudad está mejor preparada que en 1992” y que “contamos con la confianza para mirar al futuro siempre con ilusión y esperanza”, para lo que apoyará cualquier iniciativa política, sea del signo que sea, que trabaje por el progreso y el impulso de la ciudad.

El mundo de la cultura estuvo representado por Ángel Márquez, fundador de la editorial Áglaya, que en un tono crítico resaltó que “tenemos problemas con la difusión de lo nuestro”, y animó a “salir fuera y dejar de mirarnos tanto el ombligo”, porque “no podemos permitir que el Teatro Romano tenga menos repercusión en el extranjero que los hallazgos de Atapuerca”.

La entrega de premios contó con la presencia de numerosas personalidades de todos los ámbitos de la sociedad, entre las que destacó la asistencia de Luis Carlos García Conesa, portavoz de MC; Luis Ruipérez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena; Antonio Cárceles, decano del Colegio de Procuradores; y Juan Ramón Medina Precioso, ex consejero de Educación y Universidades de la Región.

A lo largo de la noche, se entregó una Medalla Extraordinaria el ex secretario del partido, Salvador Martínez, quien recordó a aquellas mujeres que “supieron soportar los momentos difíciles junto a sus maridos”. Asimismo, se reafirmó en su lucha “por defender lo nuestro” y confirmó seguir “unido a vosotros con un sentimiento cantonal que muchos consideran una causa perdida”.

Dos cartageneros residentes en Francia, Jean Marie Nuñez y Tomás Meseguer, también tuvieron su momento al recibir una mención especial, al igual que el doctor Celestino García Alfaro, que fue uno de los primeros firmantes del acta fundacional del partido.

Un homenaje póstumo recibió la que fuera secretaria del partido, Encarnación Vázquez Bernal, y recibió el galardón un emocionado esposo.

Convertir a Cartagena en provincia debe ser una demanda social, a juicio de Pilar Barreiro

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha recibido hoy a un grupo de miembros de la Plataforma por la biprovincialidad, encabezados por José Antonio Luque, que le han transmitido el balance de la campaña que se ha llevado a cabo en los dos últimos años por toda la región para la defensa de dos provincias en nuestra Comunidad Autónoma, así como la necesidad de que ahora sean los grupos políticos los que defiendan esta iniciativa de carácter social en la Asamblea Regional, aprovechando el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía que se va a llevar a cabo.

El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Segado, también presente en este encuentro, ha señalado que Pilar Barreiro le ha transmitido a la Plataforma que va por el camino correcto ya que ha conseguido ir mas allá del debate meramente local para convertirlo en una cuestión regional, además de seguir una línea apolítica convirtiendo el tema de la biprovincialidad en una iniciativa social, procedente de la ciudadanía.

En este sentido, la Plataforma ha entregado a la alcaldesa un dosier con todas las cuestiones que avalan la defensa de convertir a Cartagena en provincia, documento que la primera autoridad municipal se ha comprometido a estudiar a pesar de que esta cuestión no es competencia del Ayuntamiento, sino que son los grupos políticos en la Asamblea los que tienen que aprobar la iniciativa mediante la reforma del estatuto.

La Plataforma por la Biprovincialidad está integrada por representantes de todos los agentes económicos y sociales de la ciudad, como son Cámara de Comercio, COEC, sindicatos, Federación de Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Jóvenes, etc.

El 10% de la agricultura ecológica española está en el Campo de Cartagena

CARTAGENA.- En el Campo de Cartagena, las hectáreas cultivadas y los agricultores que se dedican a la agricultura ecológica se han multiplicado por tres en los últimos diez años. Los que se embarcan en esta difícil tarea dicen que en poco tiempo en su mesa se recuperan los sabores y olores tradicionales del tomate o del melón. Además de aumentar la calidad gastronómica, está práctica puede convertirse también en un negocio muy rentable, según recoge "La Verdad".

Actualmente, según los datos aportados por el director Técnico Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, (órgano que controla la calidad de los productos), Pedro José Pérez Saura, en el Campo de Cartagena hay ahora mismo en plena producción cerca de dos mil hectáreas (sólo el 6% del total de la Región de Murcia) que son trabajadas por 150 agricultores. Estas cifras suponen un leve aumento con respecto al año pasado.

Los artículos que se producen y se comercializan son principalmente el bróculi, lechuga, pimiento, calabacín, melón, sandía y hasta frutos secos. A ellos hay que sumarles otros como los que se cultivan en la zona del Mar Menor como el almendro y los cereales. El cítrico es característico del municipio de Cartagena.

Lo curioso de estos productos es que el 90% de la producción se vende fuera de España, sobre todo, a países de la Unión Europea como Reino Unido, Alemania o Francia y a otros como Suiza o Estados Unidos. Según apuntó Pedro José Pérez, una pequeña cantidad se comercializa en el mercado nacional o regional, pero muy insignificante.

En la mayoría de los casos, los agricultores producen para otras empresas, y éstas a su vez los venden a las compañías europeas que los distribuyen en los distintos mercados.

La causa de que no se comercialicen en la Región es el escaso tirón que tiene entre los consumidores murcianos. Según Diego Conesa, agricultor ecológico desde hace más de diez años, «en la Región de Murcia y en España en general no se compran estos productos porque la salud no es uno de los valores que se tengan en cuenta a la hora de consumirlos. Prima más el ahorro que se puede conseguir con los no ecológicos. Aquí solo los utilizan los llamados alternativos».

Su producción es siempre muy reducida porque se ven obligados a pasar estrictos controles de calidad. Se pueden reconocer porque llevan indicado en su etiqueta Agricultura Ecológica (en castellano o en cualquiera de la Unión Europea) y un logotipo que indica la autoridad o el organismo de control que certifica que eso es así. En el Campo de Cartagena el que regula el sector es Consejo de Agricultura Ecológica de la Región, órgano adscrito a la Consejería de Agricultura y Agua.

Datos

Agricultores en el Campo de Cartagena: 150

Agricultores en la Región de Murcia: 1.285

Industrias en el Campo de Cartagena: 22

Industrias en la Región de Murcia: 154

Hectáreas cultivas en el Campo de Cartagena: 1.933

Hectáreas cultivas en la Región de Murcia: 34.124

Cultivos

Frutos Secos: 749 hectáreas.

Olivar: 28 hectáreas.

Hortalizas aire libre: 674 hectáreas.

Hortalizas invernadero: 82 hectáreas.

Cereales: 216 hectáreas.

Cítricos: 161 hectáreas.

Otros Cultivos: 23 hectáreas.

Dónde se vende: En Reino Unido, Alemania y Francia) y paises como Suiza y estados Unidos.

El alcalde de Archena da alguna clave política

ARCHENA.- El alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez, dijo hoy que las tres personas que el pasado miércoles le golpearon y atracaron en su casa sabían quién era él, y que por eso eligieron su casa pensando que tenía dinero.

El alcalde cree que la casa ha estado vigilada anteriormente, y que "la decisión de esa casa y no de otra" fue motivada por el hecho de que pensaban que tenía dinero.

Y cree que es porque "desde hace bastante tiempo se está utilizando por parte de Izquierda Unida de Archena una táctica política concreta de querer difundir que yo me estoy haciendo millonario con la política".

Adicae asegura que 25 entidades financieras españolas estarían "al borde de la quiebra"

MADRID.- El presidente de la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae), Manuel Pardos, aseguró hoy que hay entidades financieras españolas con problemas y subrayó que "10 ó 15 cajas de ahorro y 8 ó 10 bancos estarían al borde de la quiebra".

Pardos indicó, en declaraciones a 'Telemadrid', que en el caso de las cajas de ahorros "no hay que alarmarse porque dependen de las comunidades autónomas y del Banco de España".

"Hoy mismo podemos enterarnos de que se fusionan tal o cual caja", señaló.

Por otro lado, Pardos subrayó que "los bancos embargarán 120.000 viviendas a finales de año", y recordó que ya hay 60.000 familias en proceso de embargo de su vivienda".

Respecto a las ayudas anunciadas por el Gobierno para los parados, Pardos indicó que "estas ayudas sólo van a moderar algo la situación de estas familias y algunas personas podrán salvarse del embargo".

A su juicio, la prolongación de la hipoteca, que fue una de las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo "es un fracaso" y sólo la han utilizado 8.000 personas.

Pardos indicó que Adicae propone que se sustituya el Euríbor por otro índice más estable, ya que "se ha convertido en maldito porque se ha divorciado de los tipos del Banco Central Europeo, cuando antes siempre iban parejos".

"El Banco de España, que es el que marca los índices objetivos, debería decir que, excepcionalmente, por dos años, se suspenda esa regencia y se pongan los tipos del Banco Central Europeo, que están más dirigidos a una política social y económica que a los intereses de los bancos", sentenció.

Caja Murcia disminuye su saldo crediticio para ¿poder pagar sus vencimientos de deuda?

MADRID.- Misión imposible. Eso es lo que creen muchos particulares y empresas españolas cuando se acercan a pedir un préstamo a su banco o caja de siempre. A la misma entidad que en los últimos años le concedió todo lo que pedía y que le daba los créditos casi regalados y a veces se los ofreció sin que se los hubiera pedido.

Ahora, con la crisis financiera internacional y la económica nacional, las entidades han cerrado el grifo casi por completo. Entre mayo y agosto, el crecimiento total del crédito ha sido de sólo un 1,81%, y hay datos para pensar que el cerrojazo de la financiación se ha acentuado en los dos últimos meses, según el diario "Público".

Con las cifras disponibles, son muy pocas las entidades que mantienen un ritmo aceptable de concesión de financiación. Entre las mayores (con un saldo crediticio superior a 10.000 millones de euros), destacan los crecimientos de Santander y La Caixa. Estas dos entidades sostienen el crecimiento del conjunto del mercado. Sin sus aumentos de en torno al 4% entre mayo y agosto, el negocio prácticamente se habría paralizado en España.

Otras entidades como Caja Madrid, Caja Navarra o Barclays también destacaron entre las más activas en el trimestre. Este periodo es clave para conseguir financiación de forma inminente, ya que lo tendrá en cuenta el Gobierno en sus subastas de liquidez, aunque es posible que el reparto se actualice con los datos de septiembre, aún no disponibles.

Por contra, hay otras entidades que han disminuido su saldo crediticio. En este colectivo se encuadran grupos tan importantes como Caja Murcia, Caixa Catalunya, Cajasol o Caja Granada.

Las razones para este parón son que hay menos demanda de crédito para la compra de vivienda y que las entidades no disponen de liquidez para conceder créditos. Tienen que destinar prácticamente todos sus activos a pagar sus vencimientos de deuda, que ascienden a 170.000 millones hasta final de 2009. Pero nunca lo reconocerán en público, ni de forma individual.

Tampoco quieren decir en voz alta, pero sí lo hacen en privado, que los planes del Gobierno para inyectar liquidez no van a ayudar a que el crédito crezca mucho más.

Los 50.000 millones que, como máximo, van a recibir por la venta de activos no suponen ni una tercera parte de los vencimientos, con lo que la mayor parte de lo que se reciba se dedicará a pagar sus propias obligaciones. Y aunque tuvieran liquidez, tampoco darían muchos créditos porque la crisis hace inviables muchos proyectos empresariales.

Las entidades no sólo no conceden nueva financiación. Además, han cortado las líneas de crédito también el papel de descuento, con el que la banca adelanta a sus clientes los pagos que recibirán 30, 60 ó 90 días después. Las empresas avisan que si no reciben esos adelantos tendrán que cerrar.

Y las cosas no van a ir a mejor, a juzgar por las encuestan que han realizado recientemente el BCE y el Banco de España entre las entidades. En general, aseguran que van a endurecer las condiciones de financiación a las empresas por las malas perspectivas económicas que existen.

Según un cuadro anexo inserto en "Público", Caja Murcia será, junto a las anteriores entidades citadas, penalizada en la subasta del Banco de España por contribuir menos al crecimiento del crédito en nuestro país, cuya media estuvo en el 1,81% de mayo a agosto.

Y es que Caja Murcia tenía en mayo 15.861 millones de euros de saldo vivo frente a los 15.711 del mes de agosto, por lo que experimenta una caída del 0,94% y eso se traduce en que ha pasado de tener el 0,90% de cuota al 0,88% del total del crédito en España, y una diferencia negativa del 0,02%.

Frente a ello, la CAM ha experimentado un crecimiento de su saldo vivo del 0,30% al pasar de 57.730 millones en mayo a 57.903 en agosto, aunque la diferencia de cuota haya sido negativa en un 0,05% al pasar del 3,28% de mayo al 3,23% de agosto.

domingo, 9 de noviembre de 2008

Su crisis y la nuestra / Carlos Taibo*

1. La afirmación, muy extendida, que subraya que la crisis de estas horas recuerda poderosamente a la de 1929 se topa con un problema severo: la crisis contemporánea tiene un carácter múltiple que no exhibía la de ochenta años atrás.

Y es que hoy se dan cita, en una combinación explosiva, la crisis del capitalismo global —y de su dimensión especulativo-financiera y desreguladora—, la derivada del cambio climático —un proceso de consecuencias inequívocamente negativas—, la surgida del encarecimiento inevitable de las principales materias primas energéticas que empleamos y, en fin, y si así se quiere, la nacida de un crecimiento demográfico de efectos muy delicados.

En semejante escenario, si la crisis de 1929 sirvió de asiento a la consolidación de los fascismos en la Europa del decenio siguiente, con las consecuencias conocidas, la de hoy anuncia procesos tanto o más inquietantes.

2. La principal respuesta que, ante la crisis, han abrazado los principales centros de poder, en Estados Unidos como en la Unión Europea, es tan insuficiente como inmoral. Su propósito principal no es otro que sanear un puñado de instituciones financieras desde hace tiempo entregadas a prácticas lamentables.

El objetivo, visible, es que cuanto antes puedan volver a las andadas. Al respecto se antoja muy llamativo, por cierto, que apenas se hayan abierto causas legales contra los directivos de esas instituciones.

Tan llamativo como que los gobiernos, convidados de piedra mientras las empresas acumulaban, tiempo atrás, formidables beneficios, acudan ahora presurosos, con el dinero de todos, a su rescate en etapa de vacas flacas.

Bien es verdad que en el terreno formal se postula —véanse, si no, las reiteradas declaraciones del presidente francés Sarkozy— un capitalismo más regulado. Entiéndase bien lo que esto, en los hechos, significa: cuando se sugiere que hay que cancelar los abusos que han acompañado al despliegue del proyecto neoliberal se olvida que este último es, en sí mismo, un abuso.

La parafernalia retórica empleada pretende hacernos olvidar que en realidad no hay ningún designio de abandonar ese proyecto, como lo demuestra, sin ir más lejos, el hecho de que nadie en los estamentos directores de la Unión Europea haya apuntado la conveniencia de prescindir, sin trampas, de un tratado, el de Lisboa, de clara vocación desreguladora.

3. Pero es urgente subrayar que, de nuevo a diferencia de lo que ocurrió con posterioridad a 1929, hoy las respuestas keynesianas se topan con problemas insorteables. El principal de ellos es, sin duda, el que nace de los límites medioambientales y de recursos que acosan al planeta.

Quienes estiman, por ejemplo, que la obra pública en infraestructuras de transporte es una respuesta airosa frente a la crisis deberán explicarnos quién va a utilizar las maravillosas autovías que se aprestan a construir cuando el litro de gasolina, dentro de unos años, cueste seis, ocho o diez euros.

¿Qué es, por cierto, lo que tendrá a bien explicar el presidente Rodríguez Zapatero en una macrocumbre mundial: la racionalidad sin límites de una burbuja inmobiliaria que nada hizo por contrarrestar? ¿Su apoyo de siempre a la miseria que emana del Fondo Monetario, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio?

Si el keynesianismo fue una respuesta funcional para la operación de rescate del capitalismo en el decenio de 1930, hoy, con toda evidencia, ya no lo es. No deja de ser significativa, por lo demás, la ausencia de respuestas que remitan a algo que huela, y permítasenos el oxímoron, a un keynesianismo verde de franca vocación redistribuidora.

4. La condición material de las respuestas neoliberal y keynesiana obliga a poner el dedo en una llaga sangrante: hoy por hoy, e infelizmente, la distinción entre lo público y lo privado tiene un alcance limitado. Si la naturaleza de los intereses privados y de sus juegos macabros salta a la vista, conviene prestar atención a la interesada ambigüedad que impregna la conducta de tantos poderes públicos claramente volcados al servicio de esos intereses.

No se olvide al respecto, y en singular, que la actitud del presidente norteamericano Bush ha sido y es plenamente consecuente: si en el pasado defendió con obscenidad los intereses de las transnacionales estadounidenses, hoy lo sigue haciendo con el concurso de la maquinaria y los recursos del Estado.

Así las cosas, la simple reivindicación de lo público no basta. A la vieja demanda de socialización de la propiedad se suma ahora la necesidad inexorable de evaluar la idoneidad, o la falta de ésta, de la acción de los gobiernos en un escenario en el que, con la anuencia de éstos, son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan la mayoría de las reglas del juego.

El esquema correspondiente se ajusta puntillosamente a la bien conocida máxima que invita a privatizar los beneficios al tiempo que las pérdidas, en cambio, se socializan.

5. Es significativo que en estos días a gobernantes y medios de comunicación sólo les preocupe la primera, y la menos importante por ser la más fácilmente solventable, de las cuatro crisis que identificamos. Semejante conducta sólo puede explicarse en virtud, de nuevo, del propósito de salvar la cara al proyecto neoliberal y eludir, con ello, cualquier consideración seria de lo que se nos viene encima.

Al respecto, y dicho sea de paso, la crisis se ha convertido en una formidable cortina de humo que permite mover pieza en terrenos delicados. En las últimas semanas se ha recurrido con frecuencia, en particular, a la aseveración de que la crisis financiera ha dado al traste con los Objetivos del Milenio o con la lucha contra el cambio climático, como si uno y otro proceso no estuviesen muertos antes de la propia crisis.

En la misma línea, sobran las razones para concluir que son muchos los empresarios decididos a aprovechar la tesitura para, con gran contento, prescindir de muchos de sus trabajadores.

Nunca se subrayará lo suficiente, entre tanto, que los 700.000 dólares invertidos en el plan de rescate estadounidense permitirían resolver de una tajada los principales problemas planetarios en materia de sanidad, educación, alimentación y agua. Este dato, por sí solo, se convierte en un fiel retrato de las muchas miserias que tenemos entre manos.

6. Hay que dudar del buen sentido de una percepción que, desde mucho tiempo atrás, marca poderosamente nuestras reflexiones: la que sugiere que, en un imperturbable esquema cíclico, a una etapa de recesión seguirá, por necesidad, otra de bonanza, y a ésta una nueva de recesión… hasta el final de los tiempos.

Si el problema de fondo al que nos enfrentamos en estas horas es la desaparición de la mayoría de los mecanismos de freno que históricamente el capitalismo ha sido capaz de desplegar, su manifestación más clara hoy es la más que razonable duda —fácilmente perceptible en el comportamiento de muchos agentes económicos— de que a la recesión de estas horas le vaya a seguir una etapa de bonanza.

La futilidad de las respuestas neoliberal y keynesiana aconseja concluir que, aun cuando en el corto plazo el capitalismo global pueda abandonar la senda de la recesión, no estará haciendo otra cosa que aplazar unos años su agonía.

7. En la magra discusión mediática que ha cobrado cuerpo sobre la crisis faltan, visiblemente, dos elementos: una consideración crítica de la ratificada condición de permanente injusticia y desigualdad que caracteriza al capitalismo, por un lado, y una conciencia clara, por el otro, de los límites medioambientales y de recursos del planeta.

Al respecto de esta última hay que colocar en lugar central el concepto de huella ecológica, con el recordatorio paralelo de que hemos dejado muy atrás las posibilidades materiales que la Tierra nos ofrece, de tal suerte que en los hechos estamos consumiendo recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras.

Hasta el momento presente —y seamos generosos en el argumento— hemos reducido un poco la velocidad del barco en el que nos movemos camino de un acantilado, pero en modo alguno hemos modificado el rumbo.

8. Sorprende sobremanera que en la discusión mencionada no haya espacio alguno, en los países ricos, para tomar en serio la imperiosa necesidad de acometer un proyecto claro de decrecimiento en la producción y en el consumo.

Y, sin embargo, bien sabemos que el crecimiento económico, idolatrado, no propicia una mayor cohesión social, genera agresiones medioambientales a menudo irreversibles, se traduce en el agotamiento de recursos con los que no van a poder contar nuestros hijos y nietos, y, por si poco fuere, facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que, al calor de la publicidad, del crédito y de la caducidad, nos invita a concluir que seremos más felices cuantos más bienes acertemos a consumir.

Frente a toda esa sinrazón hay que defender la solidaridad y el altruismo, el reparto del trabajo, el ocio creativo, la reducción en el tamaño de un sinfín de infraestructuras, la primacía de lo local y, en suma, la sobriedad y la simplicidad voluntarias.

Si el decrecimiento y la redistribución de los recursos ganan terreno se podrían reflotar sectores económicos que guardan relación con la satisfacción de las necesidades, y no con el sobreconsumo y el despilfarro, con la preservación del medio ambiente, con los derechos de las generaciones venideras, con la salud de los consumidores y con la mejora de las condiciones de trabajo.

Nada de esto forma parte, sin embargo, del horizonte mental que manejan nuestros gobernantes, en el mejor de los casos interesados por lo que pueda ocurrir, en un par de años, al calor de las próximas elecciones. Sorprende que estas gentes se presenten a los ojos de muchos de sus conciudadanos como personas sensatas y diligentes que tienen solución para todos nuestros problemas.

9. La crisis en curso, que tantos habíamos previsto, anuncia una edad de oro para los movimientos de contestación, que pronto podrán observar cómo, pese al miedo y la sumisión que las autoridades desean crear, muchas gentes están dispuestas a escuchar y asumir mensajes radicales que hace bien poco quedaban rápidamente en el olvido.

Para salir airosos en este nuevo escenario, esos movimientos tienen que combinar la contestación activa del trabajo asalariado y de la mercancía —del capitalismo, para entendernos— con una consideración cabal de las exigencias que se derivan de los límites medioambientales y de recursos del planeta.

Un viejo lema, ’socialismo o barbarie’, se halla hoy de mayor actualidad que en cualquier otro momento de la historia. En su trastienda resuenan las palabras de Walter Benjamin: "La revolución no es un tren que se escapa. Es tirar del freno de emergencia".

10. La consolidación de esos movimientos de contestación/emancipación es tanto más urgente cuanto que por momentos se adivina un renacimiento de muchas de las políticas que abrazaron, ocho decenios atrás, los nazis alemanes, defendidas ahora, no por ultramarginales grupos neonazis, sino por algunos de los principales centros de poder político y económico.

Estos últimos, claramente conscientes de la escasez que se avecina, parecen decididos a aplicar radicales formas de darwinismo social militarizado encaminadas a preservar para una escueta minoría los recursos que todavía se hallan a nuestra disposición.

Muchas de las políticas que abrazan los gobernantes norteamericanos del momento, y muchas de las que se adivinan en una Unión Europea cada vez más firmemente decidida a deshacerse de los inmigrantes que no interesan, se mueven por esa peligrosa avenida.

* Catedrático de Ciencia Política

Renfe compra locomotoras para el AVE a Murcia, capaces de circular a 350 km/h

MURCIA.- La llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia aún está lejos pero para cuando llegue ese escenario Renfe ya ha contratado los trenes para que entren en servicio.

Según explica el secretario de Infraestructuras de la Ejecutiva del PSRM, Cecilio Hernández, a "El Faro", el operador ferroviario ya ha comprado varios modelos de las locomotoras Talgo-Bombardier 102/112, que pueden alcanzar 330 km por hora y están capacitados para ajustarse de manera automática al año de vía, y los trenes Siemens 103 que pueden llegar a los 350 km por hora y ya circulan en la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid.

La adquisición de estas máquinas, señala Hernández, servirá para desterrar las mentiras que sobre la modernización del ferrocarril se han vertido desde el Partido Popular ya que en el horizonte 2011-2012 “los murcianos podrán viajar en tren a Madrid en sólo dos horas”.

El responsable de Infraestructuras del PSRM subraya la importancia de contar con trenes de primer nivel que “serán capaces de circular a 350 km/horas en algunos tramos entre Albacete y Cuenca”.

Respecto a los plazos, Cecilio Hernández indica que el Ministerio de Fomento trabaja con un tiempo máximo de primavera del año 2012 para que sea una realidad en el trazado por Elche y no cree que los problemas detectados en La Encina (Alicante) puedan retrasar las obras. Posteriormente se acometerá una segunda línea a través de Cieza, prevista en el plan de infraestructuras y que debe estar terminada antes de 2020.

Respecto a la línea de ferrocarril convencional, Hernández recuerda que cuando concluyan las obras de la Variante de Camarillas el viaje a Madrid se podrá hacer en Talgo en tres horas.

“Los cercanías también se beneficiarán”

El responsable de Infraestructuras de la Ejecutiva Regional del PSOE mantiene que “Murcia podrá presumir de dos líneas de alta velocidad con los trenes más modernos tras los años de retraso histórico”. Hernández también incide en que las nuevas plataformas también conllevarán ventajas para los usuarios de los trenes regionales y de cercanías, ya que circularán por una línea de mayor calidad.

Paralelamente, Renfe también ha iniciado la sustitución de los viejos automotores de la línea de Alicante por trenes tipo S-598 que serán diesel hasta que en 2011-2012 entre en servicio la línea de alta velocidad electrificada, y entonces serán sustituidos por los trenes CIVIA para cercanías, y los trenes AVANT (Alta Velocidad Regional) para servicios regionales.

La línea Lorca-Murcia-Alicante de alta velocidad será una de las más beneficiadas.

Comarth suministrará cientos de coches eléctricos a Correos

MURCIA.- Correos negocia la compra de cientos de coches eléctricos a la empresa murciana Comarth. Las motos que usan los carteros y buena parte de los vehículos de reparto que circulan por las ciudades de toda España serán sustituidos por los modelos que fabrica la empresa de Beniaján, que acaba de conseguir la homologación europea y se dispone a ampliar su producción para vender a todos los países de la UE, revela hoy "La Opinión".

Su creador, José Antonio Martínez Marín, empieza a ver el fruto de los años de esfuerzo y de investigación que la firma ha tenido que realizar en solitario, a pesar del reconocimiento público que ha conseguido desde que inició su aventura en 1999.

El equipo de investigadores de Comarth ha trabajado durante los últimos años para desarrollar nuevos modelos de un vehículo eléctrico de bajo consumo que empezó a producirse como un todoterreno y que ahora aspira a sustituir a buena parte de los coches que circulan por las ciudades. Los nuevos modelos urbanos y de trabajo saldrán al mercado con dos, tres y cuatro plazas y podrán conducirse sin carnet.

Su precio ronda los 8.500 euros y, según Martínez Marín, "nunca llegaría a superar los 10.000 euros". Pueden cargarse en un enchufe de 220 voltios durante la noche y tienen autonomía para recorrer entre 70 y 100 kilómetros, dependiendo de que se utilicen para trayectos urbanos o para viajes en carretera. Su velocidad alcanza los 45 kilómetros por hora. Pesan 350 kilogramos, a los que hay que sumar los 200 de la batería.

Correos, que está preparando un plan de renovación de su parque móvil, negocia la compra de varios cientos de estos coches para reemplazar a las motos de los carteros, con el fin de facilitar los desplazamientos de su personal fuera de las zonas urbanas, dado que ofrecen más comodidades y mayor protección frente a las inclemencias del tiempo.

De momento, este organismo está utilizando ya los coches eléctricos de Comarth en ciudades como Madrid. También en Murcia hay varios circulando en la capital.

Son utilizados igualmente por la Universidad de Murcia e incluso hay ya coches eléctricos fabricados por la empresa murciana en el museo del Louvre.

Los componentes del vehículo se producen en China, aunque el ensamblaje final se realiza en Beniaján. Un equipo de ingenieros procedentes de varios países europeos se encarga de los diseños y realiza las maquetas que se envían a aquel país. "Nos lo curramos todo, plano a plano", explicó.

La planta cuenta con una plantilla de doce personas que, según Martínez Marín, tiene capacidad para producir hasta un millar de vehículos al mes. La homologación europea ha abierto la puerta a los mercados internacionales, aunque considera que Francia es el país que ofrece más posibilidades para el coche eléctrico.

Los delfines sacan los dientes

Las elecciones municipales de 2011 traerán un nuevo presidente a la Región de Murcia, siempre y cuando Ramón Luis Valcárcel mantenga su promesa de no presentarse a un quinto mandato.

En el PP ya ha comenzado, lo quieran o no, el debate por la sucesión, con Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, y Pedro Antonio Sánchez, regidor de Puerto Lumbreras, como hombres fuertes y, a priori, principales favoritos para asumir en el futuro el liderazgo del partido.

En el PSOE el debate sobre el futuro candidato a la Presidencia de la Comunidad no se ha abordado de manera tan clara como en el PP, principalmente porque su último cabeza de cartel, Pedro Saura, sigue como líder del partido y no ha anunciado que se vaya a retirar de la batalla por San Esteban, pese al batacazo de 2007.

Pero en los corrillos políticos se empieza a comentar que la lucha por el poder en la calle Princesa -sede regional del PSRM-PSOE- se plantea al menos tan interesante como la que se librará en González Aladid, cuartel general de los populares. Y todos señalan al mismo hombre, el actual delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, como posible alternativa a Pedro Saura.

Y es que aunque hasta ahora ha sido considerado uno de los hombres de Saura en el partido y desde los sectores próximos al secretario general se le sigue definiendo como leal, hay sectores en el PSOE que vaticinan que Tovar, tarde o temprano, tratará de hacerse con el control del partido.

"A Saura le pasará con el delegado lo mismo que a Julio Cesar con Bruto", comentaba después del último congreso regional un dirigente socialista alineado con el sector crítico de Javier Mármol.

Lo cierto es que desde que tomó posesión como delegado del Gobierno, el pasado 19 de mayo, González Tovar ha llevado a cabo una trepidante actividad. Dijo en su momento que su objetivo era conseguir que la sociedad murciana fuera consciente de que hay dos Ejecutivos, el central y el regional, y que los dos trabajan para mejorar los servicios a los ciudadanos.

En los meses que lleva en el cargo, nadie puede negar el trabajo del representante de Zapatero en la Región para 'vender' la acción del Gobierno socialista y su agenda diaria así lo demuestra. Le ha dado al cargo una dimensión distinta a la de su antecesor Ángel González, en cuyo mandato el verdadero brazo ejecutor de ZP en la Región era Pedro Saura.

Pero además, sea o no su intención, Tovar está consiguiendo una importante promoción política personal. Sale casi todos los días en los medios de comunicación y el grado de conocimiento que la sociedad murciana tiene de él se ha multiplicado desde que era concejal de la oposición en el ayuntamiento de Murcia.

Curiosamente, en los últimos meses se ha podido observar cómo ya ha tenido sus rifirrafes con los dos supuestos delfines del PP. Con Miguel Ángel Cámara, un viejo rival, se ha cruzado declaraciones a propósito de la seguridad ciudadana en la capital.

Esta semana, al ver que Pedro Antonio Sánchez expresaba su preocupación por el futuro del Parador de Puerto Lumbreras, el delegado hacía llegar a los medios, en el mismo día, una nota de prensa contestando al alcalde y anunciando las buenas intenciones del Gobierno socialista para con la infraestructura turística del municipio.

"Será que en las próximas elecciones quiere competir con Pedro Antonio por ser... alcalde de Puerto Lumbreras", ironizaban fuentes próximas a Sánchez cuando vieron la celeridad que se dio Tovar en contestarle por el asunto del Parador de Turismo.

El caso es que, aunque los primeros espadas siguen en el ruedo -y hay gente en el PP que todavía defiende que el sucesor de Valcárcel no será otro que Valcárcel-, los subalternos ya empiezan a controlar sus movimientos. Por si acaso en el futuro...

www.laopiniondemurcia.es

El pago aplazado de las hipotecas beneficiará a 20.000 parados murcianos

MURCIA.- Más de 20.000 desempleados murcianos, que tienen que hacer frente a una hipoteca cuando los ingresos en sus nóminas son escasos o inexistentes, podrán beneficiarse de la nueva medida aprobada ayer por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por "La Opinión".

De esta forma, los parados que residen en la Región y tienen que afrontar un préstamo por la compra de una vivienda, dispondrán de una moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales.

La iniciativa, en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, implica el aplazamiento del 50% de la carga mensual hipotecaria durante 24 mensualidades. Respecto a lo anterior, el diputado regional del PSOE, Mariano García, explicó que "esta ayuda va dirigida a los más desfavorecidos, porque lo importante en tiempos de crisis es proteger a los ciudadanos y a las empresas".

"Es el momento del discurso y de las responsabilidades. El Gobierno central ha movido ficha y ahora falta que su homólogo, el de la Comunidad Autónoma, haga lo mismo", subrayó.

Las personas que deseen acceder a esta medida, tendrán que ser titulares de una hipoteca concertada antes del 1 de septiembre de 2008, que no supere los 170.000 euros. Por su parte, los trabajadores autónomos deberán justificar que tienen cargas familiares y que su negocio ha cerrado o da pérdidas que provocan que se reduzcan sus ingresos a tres veces el IPREM, que se encuentra en la actualidad en 516,9 euros.

Entre los aspectos negativos de esta medida, las personas desempleadas que han sido consultadas por este diario, manifestaron que "a los dos años los intereses orginados por las cantidades aplazadas serán elevados".

A partir del 1 de enero de 2011, se empezarán a pagar la cantidades aplazadas y se procederá al prorrateo de las mensualidades que resten para cubrir el total de la hipoteca, con un límite de hasta diez años.

No obstante, los murcianos encuestados ven con 'buenos ojos' este paso adelante de la Administración porque, entre otras cosas, alivia la carga económica que tienen en la Comunidad muchas familias en donde uno o los dos miembros de las mismas se hallan en situación de desempleo.

Finalmente, si se da el caso de que los beneficiarios no pueden hacerse cargo del resto de la cuota aplazada, el Estado avalará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial. La meta es hacer más llevadera una crisis donde, como afirmó el pasado mes de octubre el consejero de Empleo, Constantino Sotoca, "lo peor está por llegar".

Vecinos de La Azohía piden más protección legal contra las nuevas urbanizaciones

CARTAGENA.- El litoral está plagado de monumentos que se ven amenazados por el avance de las urbanizaciones, según denunció la Asociación para la Defensa del Entorno de la Azohía, ADELA, que celebró en la localidad costera una jornada para reivindicar la Declaración de Fachada Marítima en este pueblo de pescadores y la elaboración de un plan de protección, y explicó luego el presidente del colectivo, Josué Pérez, a "La Verdad".

La figura de la Fachada Marítima está incluida en la Ley del Suelo regional y lleva consigo la elaboración de un plan de protección y la conservación del paisaje y el patrimonio ecológico y cultural de la zona declarada con el objetivo conservar su aspecto.

«Esto permitiría conservar un pueblo como es La Azohía, todavía recuperable, que conserva su tradición y su patrimonio mediterráneo», añadió el presidente de ADELA.

Decenas de personas, entre arqueólogos, arquitectos, paisajistas y vecinos participaron durante todo el día en el local social del pueblo de La Azohía en una jornada que incluyó exposiciones de fotografía, pintura y visionado de imágenes y propuestas con el objetivo de reclamar la declaración para este pueblo de pescadores.

Pérez indicó que los vecinos de La Azohía pretenden también con esta actividad «llamar la atención de las administraciones sobre la necesidad de frenar la urbanización en esta zona de costa y evitar errores como los cometidos en La Manga o Cabo de Palos», donde las centenares de viviendas han dañado la belleza natural.

Isla Plana y La Azohía ocupan la mayoría del suelo del litoral para el que el Ayuntamiento ha propuesto nuevos desarrollos urbanísticos en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena , que se está actualmente en fase de exposición pública. Es un desarrollo al que, según la asociación, se oponen tajantemente los vecinos.

Mar de fondo en la patronal de la distribución farmacéutica, a la que pertenece "Hefame"

MADRID.- El futuro de la patronal de la distribución española, Fedifar, está pendiente de un hilo. Concretamente de las reuniones que están teniendo los presidentes de Cofares, Carlos González Bosch, y de Asecofarma, Lluís Barenys, que este lunes tiene su segundo episodio, tras el encuentro mantenido por ambos hace dos semanas, según publica hoy www.elglobal.net

La 'hoja de ruta' que puso Cofares encima de la mesa para cimentar sobre ella el futuro de Fedifar fue respondida por Asecofarma con una propuesta que, según fuentes de Cofares, "es inaceptable para nosotros y pone en riesgo a la patronal".

Un riesgo del que, según señalan estas mismas fuentes, "en Asecofarma ya se han dado cuenta de que es real y por eso son necesarios estos encuentros para llegar a una solución".

En Cofares la solución está clara: que en temas en los que tres socios lo soliciten, las votaciones en la Junta Directiva se realicen teniendo en cuenta la cuota de mercado de los socios.

"Sólo pedimos que en temas que estén afectados por el tamaño de los mayoristas, por ejemplo la trazabilidad, se tenga en cuenta la cuota de mercado de los asociados", dicen.

Esta propuesta realizada por Cofares contó con el rechazo frontal de los pequeños y medianos distribuidores asociados a Fedifar, Según ellos, encabezados por Asecofarma, la cuota de mercado es tenida en cuenta a la hora de asignar delegados pero también se debe ponderar la representación para considerar a las asociaciones pequeñas.

En este sentido, estiman que si se realizasen las votaciones sopesando la cuota de mercado de los socios de Fedifar, los pequeños y medianos mayoristas perderían todo el peso y la capacidad de aportar cosas a la patronal de la distribución.

Las dos posturas radicalmente opuestas en este punto, el fundamental para conseguir evitar la ruptura dentro de Fedifar, hacen difícil llegar a un acuerdo. Pese a ello, desde Cofares se indicó que están dispuestos a seguir dialogando para evitar la ruptura definitiva en el seno de la patronal de la distribución, aunque eso sí, "siempre teniendo en cuenta unos mínimos".

Y esos mínimos pasan, según ellos, por aceptar que en determinados casos las votaciones se hagan por cuota de mercado.

Romper la baraja

La aproximación de posturas entre González Bosch y Barenys para intentar redactar un texto alternativo a los presentados por Cofares y Asecofarma es el último intento para evitar que surjan dos patronales distintas. "Creemos que Asecofarma no tiene ganas de romper la baraja y a nosotros no nos gustaría hacerlo, pero...", precisan fuentes de Cofares.

La 'hoja de ruta' propuesta por Cofares dejaría a Asecofarma (Novafar, Edifa y Cecofar) con 11 delegados en la Junta Directiva, a Cofares con cuatro, a Safa y Hefame con tres y a Distrifarma y el Consorcio con dos.

"Mientras nosotros necesitamos una cuota del 4,2 por ciento para tener un delegado, para el resto es del 2,7", se quejan desde Cofares, motivo por el que argumentan la necesidad de llevar adelante su propuesta de votación.

(Carlos González Bosch, presidente de "Cofares")

COAG constata en nuestra región el trasvase de mano de obra de la Construcción a la Agricultura

MURCIA.- El presidente de COAG Murcia, Pedro Lencina, aseguró hoy a los medios de comunicación, momentos antes de la clausura del IV Congreso de COAG-IR de Murcia, que los agricultores están soportando la crisis y que ahora "estamos absorbiendo mano de obra procedente del sector de la construcción, inmigrante o no".

"Se nota que muchos albañiles que se han quedado en paro, piden trabajo en el sector agrario, pero desgraciadamente quieren trabajar y a la vez cobrar el paro, pero eso no puede ser", matizó.

En este sentido, mantuvo que se han encontrado con problemas en estas últimas campañas "porque no es que faltara físicamente mano de obra, sino que era difícil encontrarla con todos los papeles en regla".

Asimismo, Lencina indicó que en esta crisis le gustaría que tuvieran en cuenta al sector agroalimentario porque está sufriendo presiones "ya que se van introduciendo productos de otras partes del mundo, que también distribuyen su producción en Europa, por lo que nos están quitando los clientes".

Al respectó manifestó que "si no sabemos reaccionar, lo que puede pasar es que se deslocalice la producción de algunos productos agrícolas a otras partes del mundo".

Por otra parte, a Ejecutiva que sale del IV Congreso regional de COAG -IR en Murcia incorpora siete caras nuevas, entre ellas la de una mujer, aunque seguirá liderada por su actual presidente, Pedro Lencina.

Los nuevos miembros de la dirección son Salvador Abellán, de Lorca; Dolores Díaz, de Bullas; Juan Peñalver, de Fuente Alamo; José Antonio Marín, de Cieza; Bartolomé Martínez, de Totana; José Manuel Ruiz, de Alhama, y José López, de Yecla.

El resto de vocalías siguen ocupadas por Vicente Carrión, de Cartagena; Fulgencio Conesa, de Torre Pacheco; José Ramón Sánchez, de Murcia, y Joaquín Roldán, de Aguilas.

El vicepresidente sigue siendo Francisco Ruiz; el secretario de Ganadería, Miguel Padilla; de Agricultura, Pedro García; de Organización, Francisco Gil, y el tesorero, Emilio Martínez.