Comparto con mi amigo Jerónimo Tristante que «estamos comandados por
gente que adolece de graves carencias formativas» que, en mi opinión, no
logran soslayar pese a los muchos asesores técnicos de que se rodean
porque incluso para ser asesorado y saber escuchar es necesario tener
formación; quizá por eso la política ha dejado de anticiparse a los
problemas de la gente y ya no se percibe como un instrumento útil al
servicio de los ciudadanos sino como una pesada y costosa carga.
En
una región como Murcia donde el sol está llamado a ser el nuevo
petróleo (de eso se les llena la boca a nuestros dirigentes políticos)
resulta inconcebible que aún no exista ninguna planificación sobre
corredores energéticos que den salida a la electricidad generada por la
plantas de energía fotovoltaica existentes y proyectadas.
Ese aspecto
solo es hoy un apunte en el plan energético de la región de Murcia
2016-2020 que reconoce como debilidad «el desigual desarrollo de las
redes para evacuación o suministro de energía en el territorio» cuya
solución, dice el documento, deberá diseñar la UPCT en colaboración con
las compañías distribuidoras mediante la elaboración de un plan del que
no se tienen noticias
Sin ese plan de evacuación eléctrica, la región de
Murcia corre el riesgo de convertirse en una gran telaraña de cables
porque soterrar kilómetros de líneas eléctricas resulta muy caro y las
empresas, que se deben a sus accionistas, optan por transportar la
energía a cielo abierto.
Es el caso de la planta solar proyectada en
la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos por la empresa X Elio de
capital norteamericano con una capacidad de 333MW sobre una superficie
aproximada de 1.000 hectáreas y que supuestamente generará 3.000 puestos
de trabajo durante la construcción (590 durante la explotación), cifras
que se antojan bastante exageradas si tenemos en cuenta que la empresa
Iberdrola en toda España y en todos sus negocios, tiene un plantilla de
8.000 trabajadores.
La empresa plantea llevar la energía mediante
una línea de alta tensión de categoría especial (400 kV) cuyo coste
ronda los 8 millones de euros, a lo largo de casi 40 kilómetros desde
Zarcilla de Ramos hasta la subestación de alta capacidad que Red
Eléctrica Española tiene en Totana (en Lorca no hay una subestación de
esas características capaz de absorber ese torrente de energía),
atravesando por zonas de cultivo de uva de mesa y hortalizas y
sobrevolando naves ganaderas, agrícolas y viviendas.
Un proyecto del que
los vecinos afectados se enteraron en 2015 por los medios de
comunicación aunque los acaldes populares de Totana y Aledo hasta mayo
de ese año, Isabel Sánchez y Simón Alcáraz respectivamente estaban al
tanto desde 2013 porque alegaron al proyecto. No debieron considerar
importante informar a sus vecinos de lo que les pasaría por encima no
fuesen a promover molestas manifestaciones. Debieron pensar que cuanto
menos supieran mejor, contribuyendo así a la indignación vecinal que ha
visto como los grupos en la oposición también callaron. Un vecino
afectado lo resume con esta frase: «Son todos unos sinvergüenzas. No te
puedes fiar de nadie», a lo que otra vecina añade: «Mira si somos tontos
en Totana que hemos tenido dos alcaldes del PP en la cárcel y seguimos
votando al mismo partido».
La contestación social al trazado de
la línea se traduce ya en más de 11.000 firmas y 6.000 alegaciones
medioambientales y socioeconómicas en contra de un tendido eléctrico de
muy alta tensión que la empresa se empeña en llevar por el lugar más
inadecuado dados los afectados aunque hay alternativas.
En julio
de 2013 el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la dirección
general de Medio Ambiente de la consejería de Presidencia recomendó que
la empresa aprovechara el pasillo eléctrico de la línea de 132 kV de
Iberdrola que ya existe entre Lorca y Totana porque, según ese informe,
«minimizaría el impacto al medio natural». Una opción que avaló
favorablemente Iberdrola.
La empresa promotora de la planta solar la
rechaza porque, según alega, afectaría a un plan parcial aprobado hace
años por el ayuntamiento de Lorca cuyo alcalde, Fulgencio Gil, se está
poniendo de perfil en este asunto y está dando largas a los actuales
alcaldes socialistas de Totana y Aledo que, junto a la plataforma,
llevan desde julio pidiéndole una reunión. La plataforma cree que
bastaría con modificar ese plan parcial a no ser que el consistorio
lorquino ya haya hecho caja a cuenta del mismo y su modificación
conlleve la devolución del dinero a los promotores que es lo que
sospechan.
Gil está siguiendo la estela de su antecesor en la alcaldía,
Francisco Jódar, que siempre defendió la planta y nunca quiso hacer
frente común con los primeros ediles de los otros municipios del
Guadalentín afectados que solo se oponen a la línea.
La empresa X
Elio, que en su página web informa de que la planta solar «está en
operación», se ha limitado a modificar quince kilómetros del trazado de
la línea de alta tensión aunque con ello no ha impedido que siga
habiendo viviendas a menos de cien metros de la línea. Al contrario, ha
conseguido aumentar los afectados hasta 600 que el año pasado pidieron
protección a la Asamblea Regional y están comprobando que los acuerdos
de pleno del Parlamento importan un pimiento y menos.
En febrero
de 2016, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Asamblea
instó al Consejo de Gobierno a que en colaboración con los ayuntamientos
de Lorca, Aledo y Totana, estudiase y aplicara las medidas necesarias
para que «el corredor a utilizar para el transporte de la energía
producida en la planta fotovoltaica de Zarcilla de Ramos tenga la menor
afección a las viviendas, industrias y a las explotaciones agrícolas y
ganaderas». Ni caso. La consejería no ha hecho nada al respecto y la
empresa sigue a lo suyo, solo que ahora ofrece dinero a los afectados a
cambio de que desistan en sus protestas con el argumento de que «quien
acepte los acuerdos se ahorra el proceso de expropiación y cobra más
dinero» aunque aún no disponen de la declaración de utilidad pública que
debe aprobar el Consejo de Ministros.
Los vecinos afectados e
interesados, que están dispuestos a llegar hasta Bruselas, creen que se
ha prevaricado al ocultarles el proyecto y han solicitado al ministerio
de Industria que declare la nulidad de la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de la central solar porque alegan que, vulnerando
la legislación vigente, no les consultaron ni les dieron participación.
Resulta tan elocuente como descorazonador que con tantos
políticos cobrando del erario público, los ciudadanos se vean obligados a
organizarse en plataformas para defender sus derechos, compensar la
ineficacia de otros y evitar despilfarros, tropelías y disparates como
hemos comprobado este verano con la plataforma Salvemos el Faro de Cabo
de Palos y estamos viendo con la plataforma del Soterramiento y ahora
con la plataforma contra la línea de Alta Tensión.
Los políticos al
mando todavía no han captado que la sociedad ha cambiado y que los
viejos parámetros de actuación política caducaron porque el acceso a la
información se ha universalizado y un nutrido grupo de whastapp es tan
potente o más que un departamento de prensa. Los que nos comandan no han
entendido aún que están obligados a analizar todas opciones para
minimizar perjuicios. Y esa línea de alta tensión desde Zarcilla de
Ramos hasta Totana perjudica a muchos cuando podría no perjudicar a
nadie siguiendo el pasillo eléctrico de una línea ya existente; solo que
nadie ha sido capaz de sentar a una misma mesa a todas las partes
implicadas y analizar su viabilidad técnica, ambiental y económica de
tal forma que ganen las personas ahora que al presidente López Miras no
se le cae de la boca que su gobierno «es el de las personas».
Y, por
supuesto, que gane la empresa cuyo principal objetivo es empezar a
producir energía lo antes posible y más ahora que desde el pasado 26 de
julio tiene adjudicada la producción de 440 megavatios por parte del
ministerio.
Según datos de la consejería de Industria, la
potencia solar instalada actualmente es de 439MW, el 9,4% del total
español y en proyecto hay otros 1.140MW. Mula, por ejemplo, albergará la
mayor planta de Europa y la séptima del mundo según el ranking de la
consultora IHS Markit por parte de la empresa alemana Promosolar Juwi
que inició en 2012 los trámites para la autorización. Se trata de una
planta de 450 MW de potencia y una extensión de 1.000 campos de fútbol
que ya cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia. La inversión prevista es de 450 millones de euros y
permitirá generar más de 750 millones de kilovatios/hora al año,
suficiente para abastecer a una ciudad como Murcia.
Otra planta solar
actualmente sometida a exposición pública la promueve la empresa de
origen austriaco Desarrollos Fotovoltaicos Carril 400 SL y se ubicará en
Puerto Lumbreras con capacidad de 400 MW y una extensión de 1.000
hectáreas. Reitero que, dado el panorama, resulta inconcebible que
sigamos sin un plan de evacuación de energía eléctrica en esta región,
una prueba más de la inacción en la que parece sumido el gobierno
regional y el partido que lo sustenta. La política debe anticiparse a
los problemas y si no lo consigue, al menos intentar solucionarlos. De
lo contrario, la política se convierte en una pesada, inútil y costosa
carga.
Mientras no demuestren lo contrario, da la impresión de
que muchos de los que nos comandan saben de energía y de muchos otros
temas tanto como la Bruja Avería que cataba aquello de: Zoom, zoom,
culombio, culombio. Zoom, zoom, y me pego un voltio. Zoom, zoom,
faradio, faradio...
(*) Periodista y jefa de Informativos de Onda Cero en Murcia
