El duumvirato Rajoy-Sánchez, con Rivera en el sidecar anuncia a bombo y platillo las medidas que tomará cuando tenga aprobada la aplicación del 155,
cosa fácil, pues depende del Senado. Para dar un carácter más terrible a
la par que hueco, tenebroso y amenazador, ha vuelto a sacar al Rey, advirtiendo que no habrá secesión de territorio alguno y
legitimando las medidas que se tomen.
Es un verdadero "Desperta ferro"
como el de los almogávares; es el estruendo que hace el ejército antes
de la batalla para enardecerse y desmoralizar al enemigo. En este caso,
la réproba Generalitat, empeñada en plantar cara al gobierno, al Estado,
al Rey y a la UE..., de momento.
Habrá
que ver si el adversario se arredra. Más parece que no. Los
preparativos de Puigdemont, atrincherándose en el Palau y la reiterada
advertencia de la Generalitat de que no reconocerá otra autoridad que
ella misma y que, por tanto, no acatará las decisiones que esa otra
adopte, apuntan a un escenario en el que probablemente sea preciso
emplear la violencia.
La
controversia sobre cuestiones teóricas, de principios, de conceptos, ha
quedado cerrada en detrimento de la posición del nacionalismo español.
Ninguno de sus argumentos ha resistido. La idea de que en el referéndum
han de decidir todos los españoles tiene dos respuestas, una general y
otra específica. La general: establece la dictadura de la mayoría sobre
una minoría nacional, estructural; la específica: en el referéndum de
1980 en Andalucía (que también afectaba a todos los españoles) solo
votaron los andaluces.
El
argumento de que ninguna Constitución reconoce el derecho de
autodeterminación ha volado por los aires con los referéndums de Quebec y
Escocia. Que las Constituciones no los reconozcan no quiere decir que
no puedan (incluso deban) celebrarse, sobre todo si,como es el caso,
estas tienen mecanismos habilitadores.
El
argumento de la legalidad también tiene dos respuestas, una específica y
otra genérica. La específica: la legalidad que pretende imponer el
gobierno del PP es tan arbitraria, medida por doble rasero, viciada por
todo tipo de maniobras e ilegalidades que aquel carece de autoridad para
invocarla. El genérico: la legalidad es una cuestión de voluntad
política. Las leyes las hace el Parlamento, en donde se forma la
voluntad que así como hace la ley, puede deshacerla y este gobierno es
ducho en la práctica.
Los
negros vaticinios sobre un futuro de ruina y desgracia para una
Cataluña independiente no son argumentos sino agorerías que no valen
nada y, además, se estrellan con el innegable derecho de los pueblos a
gobernarse mal. Un ejemplo, precisamente, lo tenemos en España desde
hace siglos.
Zanjadas
las cuestiones de teoría y principios y no teniendo el gobierno otro
recurso que la huera repetición de consignas falsas sobre la democracia y
la ley, lo siguiente es imponerse por la fuerza. Feliz momento en el
que nos encontramos sin que, por supuesto, nadie indague en las causas,
nadie pida responsabilidades, nadie reflexione en que es un disparate
que quien ha llevado al país a esta situación de excepcionalidad y es
obviamente responsable de ella por sus desatinos desda hace años, sea
quien vaya a restaurar lo que él mismo considera "normalidad". Momento
"Desperta ferro".
Cuando
se recurre a la fuerza hay que esperar una reacción y tener más o menos
previstos los momentos posteriores. Al aplicar el 155 y emplear al
Monarca de heraldo negro, tras haber encarcelado a los dos Jordis, se
reconoce que el asunto no es de mero orden público, sino que va más
allá. No está combatiendo una organización terrorista y minoritaria sino
algo muy distinto que se niega a reconocer. Por eso articula, dice (con
la aquiescencia del PSOE, lo que es una vergüenza) una intervención
"mínima" en tres puntos neurálgicos: el govern y (parcialmente) el Parlamento, los mossos
y los medios públicos de comunicación, singularmente la odiada TV3, la
mejor televisión del Estado.
Reiterará que es una intervención mínima con
los aplausos socialistas y cierto disgusto de C's, a quien gustaría
también ver prohibidos los partidos independentistas. En realidad, es
una intervención máxima. Un verdadero golpe de Estado civil. Se
ocupa el gobierno/parlamento, la seguridad y los medios de comunicación
y, pacificada esta tierra rebelde, se convocan elecciones el 28 de
enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. La dictadura del duumvirato
habrá llegado a feliz fin. El orden volverá a reinar en Barcelona.
Pero
eso es una fantasía. En primer lugar, no está nada claro que ese nuevo
reparto de cargos y responsabilidades dictado por el poder central se dé
sin resistencia. Esta puede llevar a situaciones más represivas, que
moverán mayor resistencia en la calle. Suponiendo que consiga reemplazar
a los indepes de las instituciones de gobierno, se enfrenta a una
movilización social generalizada de desobediencia pacífica pero
mantenida. Aquí es donde volverán a sonar las voces pidiendo la
prohibición de los partidos y, claro, también de las organizaciones
sociales indepes (al fin y al cabo, los dos jefes principales están
entre rejas) y, en último término, por qué no, la prohibición del
independentismo tout court.
Cualquier
elección que quiera hacerse teniendo ilegalizada a más de la mitad de
la población, sus organizaciones políticas, sociales, culturales, etc.,
será irrisoria, como las elecciones y referéndums que hacía su referente
Franco. Algo que nadie, ni los organizadores, podrá tomarse en serio.
No
creo que el duumvirato lleve su vesania a prohibir los partidos o las
organizaciones sociales indepes en un país en el que son legales la
Falange y la Fundación Francisco Franco que, además, recibe subvenciones
públicas. No lo creo, pero no es de descartar. Viéndose perdido, el
nacionalismo español quizá prefiera morir matando.
Porque,
de no prohibirse el independentismo, ¿de dónde saca el duumvirato que,
con una sociedad intervenida, el resultado electoral no va a ser una
mayoría absoluta aumentada del independentismo? Y, si esto es así, ¿qué
piensa hacer? ¿Suprimir la Generalitat con un decreto de Novísima
Planta?
No
habrá tales elecciones. Para llegar a ellas, el duumvirato tendrá que
salvar tres meses de resistencia social intensa. Para vencerla se verá
obligado a intensificar la represión. El siguiente campo en el que
querrá entrar, porra en alto, será en las redes. Ya dicen que quieren
regular la libertad de expresión en internet que, como todo el mundo
sabe, quiere decir censura. Al respecto, han reaparecido los de Anonymous,
prometiendo un ciberataque a favor de la independencia de Cataluña. En
pro de esta causa lleva militando unos meses Julian Assange.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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