domingo, 8 de diciembre de 2019

Territorio comanche / Rosa Roda *

En una región como Murcia cuya sociedad civil calla y otorga por miedo a represalias o por puro desinterés (la lucha vecinal por el soterramiento es una anomalía) cobra especial relevancia el informe del Círculo de Economía titulado "Clima y Desarrollo Sostenible"
 
Un zasca con la mano abierta al gobierno regional de López Miras principalmente que, a base de tuits, intenta imponer su relato político sobre el Mar Menor o los devastadores daños causados por la DANA en Los Alcázares: yo no he sido, la culpa es del Ministerio.

José Ramón Díez de Revenga y Javier Celdrán no escatiman dramatismo semántico a la hora de arremeter contra el Gobierno de España por no haber acometido en un año todas las obras en ramblas que el gobierno de Rajoy no hizo y gobernó desde 2011 hasta abril de 2018, varios de esos años con mayoría absoluta. 
 
Y colaría su verborrea victimista si no fuese porque mientras los vecinos de Los Alcázares achicaban agua y barro de sus viviendas desesperados por el nuevo mazazo en dos meses, el Consejo de Gobierno aprobaba 550.000 euros para que el equipo de baloncesto de la UCAM luzca en la camiseta el logo "Costa Cálida" y el señor Mendoza aplaque su ira. Grosera decisión habiendo tanta gente necesitada de ayuda en el Mar Menor, una de las zonas más castigadas por la pobreza y las inclemencias del clima.

El Círculo de Economía, formado mayormente por directivos de importantes empresas de la región de Murcia, ha denunciado en un informe aprobado por unanimidad de las treinta personas que componen la junta directiva, que ha fallado estrepitosamente el control de la legalidad urbanística en la región de Murcia y eso es competencia directa de la Comunidad Autónoma. 
 
"¿Cómo es posible que en una Comunidad como la de Murcia, con gotas frías tan frecuentes y que tiene competencias sobre ordenación del territorio, no se haya elaborado todavía un Plan de Ordenación del Territorio ante los riesgos de inundaciones?" dicen los directivos que creen que "ni la burocracia, ni la falta de coordinación entre las distintas administraciones, ni la ausencia de desarrollos normativos fundamentales pueden convertirse en coartadas para seguir retrasando las respuestas a situaciones que requieren tomas de decisiones urgentes". 
 
"Cómo es posible que haya viviendas ocupando zonas declaradas inundables cuando la ley es clara y sólo de forma excepcional y con muchas limitaciones de uso, se puede construir en zonas inundables" se preguntan. Pues es posible porque quienes deben velar por el cumplimiento de la ley miran para otro lado. Así ha ocurrido con la expansión de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena que ha degradado el Mar Menor hasta el colapso ecológico.

La región de Murcia se ha convertido en una especie de territorio comanche en el que incumplir la legalidad vigente no pasa factura. Lo que ha ocurrido con la denuncia de la Fiscalía contra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel por el caso Desaladora que ningún juzgado quería asumir, evidencia en qué tipo de región vivimos. Una especie de Sicilia pero "abonico" en la que el estamento judicial también tiene mucho de lo que avergonzarse con el Mar Menor.

"La excesiva tolerancia sobre prácticas irregulares, cuando no ilegales, han dado cobijo a las desafortunadas actuaciones urbanísticas que hoy lamentamos...." resaltan los directivos del Círculo de Economía que creen que "hace falta, y es triste decirlo, una apuesta decidida por el cumplimiento de la legalidad, que, en este caso puede salvar vidas, patrimonio natural y haciendas".

En la comarca del Mar Menor se han desviado ramblas al antojo de intereses particulares, se han invadido cauces y se ha edificado en zonas inundables aún estando en riesgo vidas humanas. La ordenación del territorio urbanístico y agrícola que compete a la Comunidad Autónoma ha sido desastrosa.

Un informe de Ministerio de Transición Ecológica sobre la inundabilidad sistemática del municipio de Los Alcázares por los distintos episodios de lluvia concluye que "todo el casco urbano se encuentra totalmente en zona inundable siendo un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación". 
 
El informe tiene un pasaje muy interesante: "un aspecto que incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizando durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de La Maraña y La Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

"Los cambios tanto agrícolas como urbanísticos han cambiado totalmente la red hidrológica primitiva de la zona. La rambla de La Maraña que pasa por la población ha desaparecido y no tiene cauce lo que provoca el discurso de sus aguas a manta sobre el terreno" concluye el informe del ministerio. La población de Los Alcázares, por tanto, no tiene defensa estructural alguna y se constata un cambio anormal en la climatología de la zona del campo de Cartagena. Razón de más para empezar a poner orden. La población no aguanta más barro y agua y ningún ecosistema soporta la entrada masiva de porquería química dos o tres veces al año.

Se puede decir más alto pero no más claro: cumplan la ley. No pueden aprobar leyes con guías de interpretación que ayudan a su incumplimiento como ha ocurrido con la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor que no se está cumpliendo. No pueden permitir el riego por aspersión de lechugas en el campo de Cartagena mientras exigen al ministerio que drene el acuífero del Campo de Cartagena porque está rebosante de agua. No pueden malgastar ingentes cantidades de dinero público en rampas para embarcaciones que se ha llevado el barro y el agua sin que nadie asuma responsabilidades. No pueden permitir la construcción de nuevas viviendas en zonas inundables aunque sean zonas urbanas. No pueden pretender desmantelar el poco control medioambiental que aún existe en la región de Murcia con la creación del ARCA que exige la patronal murciana CROEM que con la excusa de simplificar lo que busca es desregular. 
 
Eliminen regadíos ilegales, persigan roturaciones ilegales de terreno de secano en regadío, vigilen la contaminación por nitratos en una región con 247.000 hectáreas declaradas como zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Ordenen los usos del suelo. Asuman sus competencias regionales antes de lanzar ofensivas políticas estériles contra un gobierno de la Nación con el que están obligados a entenderse y cooperar para salvar el Mar Menor y sus poblaciones aledañas. Y más teniendo en cuenta la muy delicada situación financiera de la región de Murcia donde se habla de intervención por parte del Estado. 

En un contexto de cambio climático probado, el único relato válido es el científico y el legal. El relato político es superfluo y contaminante. Resulta apremiante acometer una ordenación de los cultivos en la zonas suspceptibles de inundación como el campo de Cartagena para minimizar los arrastres de suelo y de productos contaminantes al Mar Menor que, muy probablemente, volverá a escupir miles de peces muertos en los próximos meses. Lo vienen exigiendo los científicos a los que ignoran sistemáticamente. Hagan caso entonces a los directivos del Círculo de Economía a los que, espero, no descalifiquen llamándoles "seres de luz".

La indignación de los vecinos de Los Alcázares es comprensible. Muchos tendrán que abandonar el pueblo para siempre. Exigen soluciones urgentes a un problema complejo tras años de descontrol, inacción, desidia y sinvergonzonería. La CHS, que debiera haber sido más celosa en su labor de vigilancia con la invasión de Dominio Público Hidráulico, trabaja en la recuperación de cauces perdidos como el de la rambla de La Maraña, pero tampoco puede hacer ahora autovías de agua directas al Mar Menor. 
 
La medida 9 del Plan Vertido Cero que con tanta vehemencia exigen los populares de control de escorrentías y transporte de sedimentos contaminados a nivel de cuenca está pensada para flujos de agua ordinarios, en ningún caso para la cantidad de lluvia que trae una DANA. Los técnicos sopesan la posibilidad de hacer "llanuras de inundación controlada" que frenen el agua que inunda los pueblos del Mar Menor. Unos pueblos que los constructores pretenden seguir alicatando hasta el infinito y más allá. Nada menos que la construcción de 2000 viviendas han reactivado en el entorno de la laguna no vaya a ser que al gobierno de López Miras se le ocurra incluir una moratoria urbanística en su Ley Integral para el Mar Menor y les arruine el negocio.

La inacción solo está acarreando ruina, paro y una imagen tan nefasta de la región de Murcia que no habrá campaña publicitaria que la levante. El sector turístico y náutico cifra en 10 millones de euros las pérdidas causadas por el desastre ambiental del Mar Menor. La presidenta de la patronal cartagenera COEC, Ana Correa ha advertido de que la próxima temporada turística va a ser muy mala y que se pueden perder 35.000 puestos de trabajo directos; y el presidente de la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, Luis Cabello lamenta que no se crea en el turismo en la región de Murcia. "Turísticamente estamos improvisando. Todos hablamos de la joya del Mar Menor y hemos dejado que la joya se muera" concluye Cabello que clama en el desierto. Los votos son los votos y el sector agrícola llena con más votos el granero popular.

Un granero que López Miras estaría tentado de abrir de manera anticipada no vaya a ser que a los de Cs les dé por centrarse y apoyar una hipotética moción de censura del PSRM-PSOE. Los naranjas dicen una cosa y hacen otra. Es el partido menos fiable que existe. Y eso de que Fernando López Miras no puede volver a presentarse está por ver. 
 
Fuentes jurídicas muy solventes indican que podría volver a ser candidato "porque la ley habla de dos mandatos y cabe entender que son dos mandatos completos, pues es lo más garantista". ¿Y saben qué? Que el PP ganaría las elecciones, Alberto Castillo se quedaría sin coche oficial y López Miras gobernaría más feliz que una perdiz con el apoyo de su partido hermano Vox en una región pobre y atrasada pero de derechas. Es lo que hay. 
 
 
 
(*) Periodista y Jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero
 
 

No hay comentarios: