viernes, 27 de abril de 2018

"Ni se pagó, ni se ha pagado, ni se pagarán 600 millones por la desaladora", dice Valcárcel

MURCIA.- El expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, negó ayer que su gobierno tuviera conocimiento del acuerdo «disparatado» que obligaba al Gobierno regional a pagar 600 millones de euros a la constructora ACS por la desaladora de Escombreras.

Valcárcel, que ayer participó en Murcia en la Convención Nacional de Cooperativas Agrarias, aseguró que en cuanto fueron conscientes de ese compromiso (allá por el año 2013) el entonces consejero de Economía, Juan Bernal, y él mismo se pusieron en contacto con el Presidente de ACS, Florentino Pérez, para evitar un desembolso de dinero público que nunca llegó a producirse, según informa Onda Regional.
El que fuera jefe del Ejecutivo regional durante casi 20 años, afirmó que en aquel momento se pactó con Florentino Pérez un precio realista por la desaladora, calculado en función del coste de las obras y de los gastos financieros asumidos por la constructora. «Le dijimos que nadie iba a pagar esos 600 millones», recordó.
El expresidente del gobierno regional insistió en que nunca se pagaron, «ni se pagarán», los 600 millones de euros de los que hablaba el documento.
Según un reciente informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
Este informe, que ha dado a conocer El Confidencial, fue remitido en enero al juzgado de instrucción nº5 de los de Murcia, que desde hace dos años investiga la supuesta trama corrupta en torno a la planta desaladora.

La versión del diario La Verdad

La realidad del impacto de la desaladora de Escombreras en las arcas de la Comunidad Autónoma supera a la «teoría» a la que aludió ayer el expresidente Ramón Luis Valcárcel. Las arcas regionales siguen soportando esta desaladora -paga con retraso- a través del contrato de arrendamiento que suscribió el Ente Público del Agua en el año 2006 con ACS, al que hay que sumar otro contrato de mantenimiento con Tedagua, perteneciente también al mismo grupo propiedad de Florentino Pérez, según afirma La Verdad.
Subsiste el riesgo financiero de la operación para las arcas regionales, y, en tanto que no se cambie el contrato, el coste final llegará a esos 600 millones de euros cuando finalice el 'alquiler' leonino en el año 2034, en contra de lo que apuntó ayer Valcárcel.
Este atribuyó las decisiones al Consejo de Administración que presidía su entonces leal consejero Antonio Cerdá. Los 600 millones lo corroboran ACS -cuando presentó la reclamación judicial por impago- y los administradores del Ente Público.
El escándalo estalló en febrero de 2013 cuando 'La Verdad' reveló el trasfondo de la desaladora. Todo se precipitó en noviembre de ese año, cuando este diario dio a conocer la reclamación de Florentino Pérez. No se llegó a ningún acuerdo con el presidente del Real Madrid. Todo sigue igual.

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