martes, 15 de octubre de 2019

La sentencia y el preocupante eco externo / Inocencio Arias *

Ya he oído a más de un analista español afirmar que, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, los separatistas no han seducido ahora a los medios de información extranjeros.

La afirmación es lamentablemente un tanto apresurada y osada. Si uno lee los medios de información de la Europa occidental verá que esto no es exactamente así. 

Las conclusiones que se deslizan en ellos con frecuencia, una vez más, presentan una España peculiar, tal vez con lunares poco democráticos. Como en el pasado los periódicos europeos no explican nunca a sus lectores que si hechos similares se hubieran producido en sus países la reacción oficial no podría haber sido muy diferente. 

El francés Liberation arranca con un titular ominoso “La Unión europea mira para otra parte”, silencio clamoroso de las instituciones comunitarias etc… Uno se pregunta como reaccionaría ese diario galo si Córcega, Bretaña o el País Vasco francés protagonizara lo que hicieron los separatistas catalanes ¿Encontraría normal que Bruselas quisiera intervenir? Ciertamente no. Por supuesto que el periódico cree que los condenados actuaron pacíficamente y desliza que “la justicia española no es un modelo de virtud”.

Igualmente llamativas son varias afirmaciones en The Guardian de Giles Bremlett; uno no sabe si es su corresponsal aquí. Si lo es debe estar viviendo en el extranjero porque, después de afirmar que los condenados sólo desobedecieron, sostiene no ya que las penas son severas (con lo que comulgan curiosamente varios otros rotativos) sino que son “más duras de lo esperado” y que “la derecha española se regodea con la sentencia” (¿pero este hombre dónde vive?) 

Otro medio ataca a nuestro organismo “España global” con el titular clamoroso: “La guerra sucia del Estado español contra el independentismo catalán”.

Un análisis inicial de estos medios nos muestra tics que, aunque menos acusados, ya denunciamos en el pasado:

-La vaga deducción de que el estado de derecho no funciona aquí plenamente.
-Se recogen destacadamente declaraciones de los independentistas y se ignora, con la excepción de la del Presidente del Gobierno, las de los constitucionalistas.
-No indican que para muchos las penas no son precisamente severas, que en más de un país europeo se las habría tipificado como rebelión.
-Prácticamente ninguno, con la excepción de Le Monde, señala que dentro de muy poco, gracias precisamente al derecho penal de esa España tan peculiar, los condenados pueden obtener el tercer grado. Lo que no es precisamente severo.

Lo sembrado por los separatistas durante años, y descuidado a menudo por nuestros gobiernos, sigue ahí.


(*) Diplomático


Sánchez en la jaula de Faraday / Enric Juliana *

Después de la sentencia, elecciones. Este es el escenario realmente existente. Después de la resolución más trascendente de los tribunales españoles en las últimas décadas, repetición de las elecciones generales dentro de cuatro semanas. 

No es una fatídica casualidad. Es la decisión estratégica adoptada por Pedro Sánchez en agosto, sellada y timbrada a finales del verano después de haber participado, por invitación francesa, en la cumbre del G-7 que tuvo lugar en la ciudad balnearia de Biarritz.

Después de la sentencia, una campaña electoral que no cesa desde hace seis meses. Una batalla que en realidad no descansa desde el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy , el 1 de junio del 2018. Una fibrilación que no se acaba desde que las elecciones europeas del 25 de mayo del 2014 pusieron de manifiesto la existencia de una grave avería en el sistema político español, como consecuencia de los estragos de la crisis económica. 

Una situación de excepcionalidad que no ha conocido un solo día de tregua desde que el nacionalismo catalán tradicional vio en riesgo su reconquistada hegemonía, al comprobar la envergadura de las protestas sociales por los recortes. Junio del 2011. 

Ahí empezó todo, mientras aún humeaban los ríos de lava de la sentencia del Estatut en una sociedad que en apariencia iba bien mientras fluían las plusvalías inmobiliarias de principios de siglo. Cuando las plusvalías se estrangularon, todo se complicó. Primavera del 2011. La Assemblea Nacional Catalana se originó en aquella primavera, mientras los indignados acampaban en la plaza de Catalunya de Barcelona.

La matrioska del procés concluye ahora con una condena penal de alto impacto jalonando la campaña electoral más áspera y antipática desde 1977. No es una casualidad. Es la más arriesgada decisión estratégica del hombre que ayer compareció en la Moncloa para anunciar en castellano e inglés que velará por el cumplimiento íntegro de las penas. (Traducido del mediático, Sánchez quiso decir lo siguiente: no estoy dispuesto a que me hablen de indultos antes del 10 de noviembre).

Sentencia y campaña. Tensión sobre tensión. Brocha gorda cuando haría falta pincel fino. Este es el marco realmente existente, en el interior del cual se inscriben todas las estrategias y todas las reacciones, incluida la convocatoria para colapsar el aeropuerto de El Prat.

Nada escapa al perímetro electoral en un país que habrá vivido cuatro elecciones generales en cuatro años. Un aplazamiento de la sentencia hasta después del 10 de noviembre podía haber ofrecido un marco más sereno, pero no es función de los jueces alfombrar los calendarios de la política. El juez Manuel Marchena , el hombre de moda en la España de orden, no quería arriesgarse a que, dentro de unos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recriminase al Estado español un uso abusivo de la prisión provisional. 

Mañana se cumplen dos años del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart . De no haberse emitido la sentencia, hoy deberían ser puestos en libertad, o efectuarse una vistilla para prolongar la prisión cautelar. Es razonable suponer que en verano, cuando Sánchez y su gabinete escogieron la repetición de las elecciones como la mejor opción estratégica a su alcance, conocían las lógicas reticencias de Marchena a aplazar la publicación de la sentencia.

¿Por qué tomaron esa decisión? En verano existía en La Moncloa el convencimiento de que el PSOE podía aspirar a los 140 escaños, como consecuencia de una natural decantación de la sociedad española en favor de la “gobernabilidad”. La acumulación de situaciones tensas en otoño –la sentencia de Catalunya, la posibilidad de un Brexit salvaje, los augurios de recesión económica...–, podían propiciar la coagulación de una Mayoría Cautelosa alrededor del Gobierno socialista. O nosotros o el caos. En pocas palabras, Sánchez se ha metido él solo dentro de la jaula de Faraday, creyendo que las descargas eléctricas de octubre, lejos de hacerle daño, aumentarán su talla de gobernante en noviembre.

La sentencia es compleja. Por un lado desarma el teorema de la rebelión y desautoriza a los halcones del nacionalismo español, y por el otro aplica penas severas por sedición, penas cuyo cumplimiento material dependerá de la política penitenciaria, a su vez supervisada por el Tribunal Supremo. Como siempre, las escrituras deben ser interpretadas.

Con un gobierno sin unas elecciones por delante, el clima interpretativo sería otro. Hoy podríamos escribir que vuelve el tiempo de la política. Con sentencia y campaña, lo único que veremos es agitación y propaganda. 

Antes del 10 de noviembre, Sánchez no puede plantear otra cosa a la sociedad catalana que no sea orden y retórica. No puede insinuar nada que pueda erosionar al PSOE en el resto de España. 

Paradójicamente es el Partido Popular el que ha decidido modular su lenguaje. De Albert Rivera puede que no queden ni las costillas a finales de noviembre. La distancia entre PSOE y PP se está acortando en los sondeos.

Sentencia y elecciones. Rayos y centellas en la jaula de Faraday. El PSC es el fusible.


(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia


Una sociedad movilizada / José Antich *

Para los escépticos e incrédulos, una primera lección: la sociedad catalana está profundamente irritada con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y las movilizaciones que con cierta intensidad se han producido desde que fue comunicado el fallo son, aparentemente, la punta del iceberg de lo que sucederá en Catalunya en los próximos tiempos. 

La respuesta de la ciudadanía ante el terrible e injusto castigo impuesto a los presos políticos catalanes desbordó las previsiones el mismo lunes, con el colapso que se produjo en el aeropuerto de El Prat y numerosos focos informativos en todo el territorio, y han continuado este martes en las cuatro capitales de provincia y en numerosas capitales de comarca y otras poblaciones. 

La sentencia, como era previsible, no ha resuelto nada y el movimiento independentista, en contra de lo que ha ido pronosticando Pedro Sánchez, ni está acabado ni ha renunciado a sus objetivos.

Uno de los errores que siempre se comete desde la distancia madrileña es carecer de información veraz y autoconvencerse de cosas que no pasarán nunca. Así, sin transición para que los espectadores lo pudieran digerir, han pasado de llenarse la boca todos los políticos y opinadores de lo peligroso que era el CDR, del terrorismo que tenía infiltrado en sus filas, de dar nombre incluso a una organización terrorista que llamaron ERT que nunca había actuado y nadie conocía, de practicar unas detenciones peligrosísimas de un comando que tenía en marcha precursores para un hipotético atentado... a preguntarse qué es el Tsunami Democràtic, quién hay detrás y qué partidos, entidades o grupos los mueven. 

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska ha tenido que ir por las televisiones diciendo que el CNI ya los estaba investigando para saber quiénes eran, olvidando que no dejaba en muy buen lugar a los servicios secretos españoles ya que hace semanas que en Catalunya no se habla de otra cosa y, aparentemente, la capacidad del CNI para rastrear su origen ha chocado con la escasa capilaridad para tener información de primera mano. La búsqueda de las urnas para el referéndum de hace dos años se saldó, como es bien sabido, con un fracaso importante y es lo primero que viene siempre a la memoria.

Lo cierto es que 48 horas después de que se hicieran públicas las sentencias las instituciones han adoptado, por ahora, un cierto perfil bajo, muy alejado de discursos y proclamas de los últimos tiempos. El Govern ha traspasado la respuesta a la sentencia al Parlament en un quiebro que se parece como un huevo a una castaña a lo que hicieron en su momento los presidentes Artur Mas (consulta no referendaria) y Carles Puigdemont (referéndum del 1-O). 

En esta ocasión, Quim Torra tan solo ha pedido comparecer en la Cámara catalana y será esta institución la que decidirá la estrategia a seguir. Pero da la impresión que las movilizaciones de la calle no están pendientes de qué hacen las instituciones y tienen su propia agenda. En todo caso, lo interesante será ver en qué momento se encuentran y si es así, porque, por ahora, los primeros callan mientras la iniciativa está en manos de los segundos.


(*) Periodista y director de El Nacional



Mar Menor por activa: inocentes matadores ambientales / J.L. Vidal Coy *

Resultaría lugar de lo más común el tópico “crónica de una muerte anunciada” para describir lo que acaba de pasar en el Mar Menor, apenas tres años después de la gran crisis eutrófica en 2016 o de la “sopa verde”. 

El caso es que el anuncio de lo que presenciamos ahora viene de hace cinco o seis lustros, como acaban de recordar ANSE, Ecologistas en Acción RM (EeArm), Pacto por el Mar Menor, y demás. Y como perfectamente reflejó la semana pasada, premonitoriamente, un especial de este diario.

Tampoco debería perder el tiempo con las necias palabras del presidente López Miras, al borde de la laguna, exigiendo al Gobierno de Madrid que solucione el asunto. Es fácil imaginar lo que haría este “buen chaval” ––Rajoy dixit–– si en La Moncloa estuviera instalado su partido, ese tan podrido como lo están las aguas de la laguna. Crítica común de todos quienes se horrorizan ante lo que acabamos de ver es que el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no han hecho nada por evitar lo que se viene anunciando que pasaría desde hace tanto tiempo.

Pero han hecho, vaya que si han hecho. Y mucho. El problema no ha sido la inacción gubernamental y administrativa, sino todo lo contrario: tanto las políticas dirigidas desde San Esteban desde 1995, como las toleradas desde la CHS también desde entonces han impulsado el deterioro ambiental que ha culminado en el desastre actual.

Muchos de quienes lo han hecho o han participado políticamente de esos malhechos tienen nombres y apellidos. Algunos ya se sabe o se intuye quiénes son. Antes incluso, en 2016, de que el fiscal jefe Díaz Manzanera imputara a finales de 2017 a toda una retahíla de posibles causantes del deterioro del Mar Menor, alguno de cuyos nombres quedaron bien puestos negro sobre blanco.

Entonces observé que en los reportes del texto de la querella del fiscal se señalaban con nombres y apellidos a los responsables políticos de la Consejería de Agricultura del inolvidable Antonio Cerdá y de la CHS regida tanto por PP como por PSOE a lo largo de las legislaturas. Pero no se reflejaban los nombres de los 24 agroindustriales imputados por el fiscal y que podrían ser en el futuro acusados de vaya usted a saber qué delitos, aunque aquí lo que está en juego es el medioambiente.

De momento, todos son inocentes, pero no estaría de más conocer quiénes son, además de los “políticos”, los agroindustriales que están envueltos en el asunto. Cuando se troceó la macroquerella del fiscal por la juez Miriam Martín, unos pocos meses después de que Díaz Manzanera la presentara, bastaba con repasar el texto del Ministerio Público para encontrar que de las 24 empresas relacionadas algunas podían ser fácilmente identificables. En el sexto párrafo las tienen.

Pero seguimos sin que se conozca oficialmente a qué empresas agroindustriales corresponden las 24 siglas de la querella. Aunque sí sabemos que las acciones judiciales emprendidas no han detenido el curso de los acontecimientos, como demuestra que otros procedimientos han sido iniciados desde entonces.

Sin ir más lejos, mañana mismo, miércoles 16, a las 11 de la mañana, la que fue ex consejera de Agricultura tras el egregio Cerdá, Adela Martínez Cachá, está citada como investigada por el juez Ángel Garrote para explicar por qué se construyó una tubería sin evaluación de impacto ambiental, que costó 1,7 millones y no funciona, para desviar a Cabo de Palos y arrojar al Mediterráneo los vertidos agrícolas que bajaban, y siguen bajando, por la rambla del Albujón directamente al Mar Menor.

En el texto del acuerdo firmado el 31 de marzo de 2017 para construir esa tubería están las firmas de la ex consejera ahora refugiada en la UCAM, por supuesto, y los directivos de la poderosa Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, entre ellos los representantes de Agrícola Sarete S.L.; Antonio García Pedreño y Mariano Roca Inglés, de Inmobiliaria Vano S.L.; Antonio Conesa Albaladejo, de ANS Inversiones Mediterráneo S.L.; o Antonia Martínez Lambertos, de Agrícola Martínez Lamberto, entre otros.

El asunto era tan urgente que en la Consejería no se consideró oportuno hacer la evaluación de impacto ambiental pertinente. Resultado: sin ella y sin permiso de vertidos al Mediterráneo, ahí se quedan los 1,7 millones de euros.

Y la cosa sigue en paralelo porque el próximo día 23, una semana después, la cúpula directiva al completo de Portmán Golf irá al juez a declarar como imputada por no haber sellado convenientemente la balsa Jenny de Portmán en… ¡2005! Era cuando el cénit de Valcárcel

Y ahora resulta que la Benemérita encontró restos de los tóxicos de esa balsa en las ramblas de Mendoza y Ponce que, tras pasar junto al Llano del Beal, desembocan en… Adivine el lector. Seguro que acierta. Que se sepa, Portmán Golf pertenece a los grandes empresarios Mariano Roca Meroño y Alfonso García, desde que la adquirieron a la minera Peñarroya y tiene un amplio historial “medioambiental”.

En todo este maremágnum y con el llanto por el Trasvase por bandera, también se sigue intentando ampliar la sobrexplotación del entorno del Mar Menor. EeArm acaba de alegar contra una transformación pretendida por la pachequera Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo S.L. en la zona de Lo Poyo, a un kilómetro y medio de la laguna. C.A.M. S.L., representada por Simón Conesa Albaladejo, pretende convertir 90 hectáreas cultivos herbáceos de regadío en cultivos de limoneros bajo malla, lo que aumenta el uso de fertilizantes y otros productos fitosanitarios y contribuye a aumentar las escorrentías de agua de lluvia. 

Es decir, aumenta la presión ambiental sobre la laguna. Pero todos somos inocentes de la muerte del Mar Menor, mientras no se demuestre lo contrario. Vale.


(*) Periodista


lunes, 14 de octubre de 2019

El Gobierno regional prepara un decreto ley para la protección integral del Mar Menor


MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, informó hoy de la redacción de un decreto ley por parte del Gobierno regional para la protección integral del Mar Menor que estará aprobado antes del próximo 1 de enero de 2020 y que es "una ley imprescindible que abarcará todos los sectores que tienen algo que ver en el Mar Menor".

"Los escucharemos a todos e incluiremos en ese texto las medidas que sean necesarias", aseguró López Miras, quien remarcó que "trabajaremos en él sin descanso y sin tregua con el objetivo de recuperar la zona lo antes posible, con la prioridad de proteger nuestro ecosistema". 
Asimismo, explicó que "vamos a solicitar al Gobierno de España la declaración del Mar Menor como Zona de Actuación Especial y la aprobación de un decreto de medidas urgentes".
López Miras presidió hoy la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que participaron varios miembros del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. 
"Son ellos los que están guiando nuestros pasos en todo lo que se refiere a este ecosistema", remarcó el presidente, quien se refirió a la situación derivada de la gota fría ocurrida hace un mes como "dramática, urgente y preocupante". 
Por eso, subrayó que "el Mar Menor en estos momentos es nuestra máxima prioridad y nuestro compromiso es absoluto".
Puso de relieve que "el Mar Menor tiene solución si ponemos medidas ya y si trabajamos todos juntos", y recordó que "es algo que venimos diciendo desde hace tiempo". 
"Hace años que estamos pidiendo ayuda al Gobierno central y también a la Unión Europea, la última vez, la pasada semana en Bruselas", remarcó, y añadió que esas comunicaciones también se han producido con la Confederación Hidrográfica del Segura, agricultores y pescadores, "en definitiva, con todas y cada una de las personas que, de una forma u otra, tienen algo que decir en esta situación".
"La importancia del Mar Menor, la urgencia por conservarlo y las competencias para acometer las actuaciones necesarias trascienden de este Gobierno regional", dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, quien insistió en que "es necesario compromiso y financiación" y manifestó su confianza en que "este sea el punto de partida de una leal colaboración entre ayuntamientos, Gobierno regional, Gobierno de España y Unión Europea".
En este sentido, el Ejecutivo regional solicitará al Ministerio de Hacienda la autorización de endeudamiento para poder pedir préstamos con los que afrontar de forma urgente las actuaciones necesarias para la reparación de daños provocados por las inundaciones y la recuperación del Mar Menor. 
Esa excepción tiene como objetivo que no compute a efectos del grado de cumplimiento del objetivo de déficit, regla de gasto y objetivo de deuda.
El Gobierno autonómico también requerirá a Capitanía Marítima que elimine el fondeo ilegal del Mar Menor; a la Confederación Hidrográfica del Segura para que inicie el procedimiento necesario para el bombeo de aguas de la rambla del Albujón y evitar así que sigan llegando vertidos de agua dulce, con un alto nivel de nitratos; a Demarcación de Costas para que se proceda a la limpieza inmediata de fondos y lodos; y al Ministerio para que estudie si la recuperación del calado en el Mar Menor podría tener un impacto favorable.
"El peor temporal de nuestra historia ha provocado la mayor catástrofe ambiental para el Mar Menor", dijo el presidente, quien insistió en que "el Mar Menor necesita del trabajo de todos, de la implicación de todos, de la apuesta de todos". 
Así, se refirió a la visita de la ministra de Transición Ecológica en funciones a la Región, prevista para este miércoles, y apuntó a la aplicación del Plan de Vertido Cero, "que durante tanto tiempo hemos venido demandando", como uno de los asuntos prioritarios que abordará con Teresa Ribera. 
"Todos debemos asumir nuestra responsabilidad para revertir la situación", aseguró.
También señaló a los ayuntamientos del entorno del Mar Menor "como parte fundamental de la solución", y a los diferentes partidos políticos "que contarán con toda la información de lo que se está haciendo". 
Así, "crearemos una Comisión de Seguimiento del Mar Menor que estará presidida por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en la que también estarán representados los diferentes partidos, los municipios, así como técnicos y científicos que evaluarán semanalmente la situación e informarán públicamente de los resultados".

Mar Menor: de paraíso terrenal a ciénaga pestilente por las nefastas políticas del PP


MADRID.- El Mar Menor se muere. Uno de los entornos más bellos y singulares de Europa ha amanecido este fin de semana repleto de miles de peces y crustáceos muertos. El panorama de los animales exterminados flotando en la bahía resultaba terrible, deprimente, desolador. Pero más allá de un hecho que ha conmocionado a todos los murcianos, produce estupor ver cómo el presidente de la Región, Fernando López Miras, se llevaba las manos a la cabeza y se rasgaba las vestiduras cínicamente por un desastre ecológico de proporciones inmensas, se escribe en Diario16

Producía bochorno ver a López Miras, en un arrebato electoralista penoso en medio de un paisaje devastado y destruido, pedir que el Gobierno socialista “tome las riendas” de la situación al considerar que la crisis medioambiental en el Mar Menor es una cuestión de interés nacional. 
Y llama la atención porque precisamente ha sido el Partido Popular, la formación política que ha gobernado la Región en las últimas décadas, su partido, el principal responsable de la situación de colapso ecológico al que han llegado las hermosas tierras murcianas.
El PP ha sido el partido del urbanismo desbocado, el partido de los pelotazos inmobiliarios con grandes áreas residenciales salpicadas por doquier por gigantescos campos de golf, el partido que llenó La Manga de cemento y hormigón y el de la permisividad total con las grandes empresas contaminantes (también con los agricultores que han estado regando las cosechas con agua tóxica, ensuciando el mar y esquilmando los acuíferos).
Ese partido, el partido de López Miras que ahora contempla el Mar Menor moribundo con las manos abiertas y derramando lágrimas de cocodrilo, ha sido el que ha dado la espalda sistemáticamente a las propuestas de los ecologistas para regenerar la Región, el partido que promovió una guerra feroz entre comunidades autónomas para sacar adelante su proyecto de trasvase del Ebro que hubiese sido catastrófico para el medioambiente local, el partido que ha apostado siempre por un sistema económico ultracapitalista salvaje y un modelo productivo enloquecido que solo ha tenido en cuenta la inversión, el dinero fácil y el gran capital, obviando las políticas de protección del entorno porque las consideraba cosa de “progres trasnochados”.
Ahora ya es demasiado tarde para salvar lo que antes era un auténtico paraíso terrenal. La Fiscalía de la Región de Murcia asegura que abrirá una investigación sobre lo sucedido este sábado en varias playas de San Pedro del Pinatar. De poco servirá. El daño está hecho. Los polvos de las políticas de la derecha popular han traído estos lodos, por mucho que la extinción masiva de biodiversidad en el Mar Menor pueda deberse también a los efectos devastadores del temporal que arrasó la zona días atrás y a la proliferación de algas invasivas que sofocan el oxígeno del agua (matando a especies de todo tipo) como consecuencia del cambio climático, un problema mundial que, dicho sea de paso, Aznar, gran faro intelectual iluminador del PP, sigue negando.
Poco cabe decir ante la imagen dantesca de miles de peces muertos, salvo que de no adoptarse medidas inmediatas el holocausto de flora y fauna será todavía peor, hasta parecerse mucho a las nueve plagas de Egipto, un Armagedón provocado sin duda por las políticas nefastas de la derecha más antiecológica que ha gobernado Murcia durante lustros. 
El Gobierno regional tiene todas las competencias en Medio Ambiente para hacerlo y si sigue jugando al electoralismo barato el Mar Menor terminará convirtiéndose en una ciénaga pestilente en poco tiempo, con el consiguiente desastre, la ruina de un entorno único para los habitantes de la comarca y pérdidas millonarias para el campo y el turismo.
Ahora que el espectáculo de los operarios retirando de la orilla cadáveres de animales masacrados por la mano humana pone de manifiesto que el daño en la zona puede ser irreparable, López Miras se echa las manos a la cabeza ante un apocalipsis que muchos llevan años advirtiendo que sucedería algún día. 
Por supuesto, la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez porque discrimina a los murcianos (esa cantinela estéril) mientras Ramón Luis Valcárcel, el gran diseñador del cataclismo, sigue cómodamente instalado en Bruselas sin responder de nada. 
Por eso ver al actual presidente regional lamentándose mientras, compungido y con los ojos llorosos, contempla el daño provocado por su partido tras décadas de políticas destructivas produce sonrojo y vergüenza ajena. ¿Qué sentido tiene montar un numerito ante un mar agonizante perdido para siempre? ¿Ahora qué miras, López Miras?

Unidas Podemos exige ayudas económicas inmediatas para los pescadores y el sector turístico del Mar Menor


MURCIA.- El exdiputado y candidato de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, pidió hoy ayudas económicas para los afectados por la catástrofe ecológica que vive el Mar Menor. Sánchez Serna, que visitó la zona junto al concejal de San Javier, Matías Cantabella, pudo comprobar de primera mano la terrible situación "y las caras de tristeza infinita de los vecinos y vecinas, que saben muy bien que esto no es culpa de la DANA, sino de 30 años de mirar para otro lado".

Desde Unidas Podemos han transmitido su solidaridad a la "cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar", uno de los colectivos más afectados y a los que, denuncia, "se ha ignorado por parte de las administraciones regional y central". 
"Las doradas, langostinos y anguilas, que hemos visto morir estos días por millares son no solo criaturas que debemos preservar, sino el principal sustento de cientos de familias del Mar Menor".
Desde la formación exigen que se proporcione ayuda económica inmediata a los pescadores del Mar Menor con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ayudas que deben ser "muy superiores" a las concedidas durante el último parón invernal y "extenderse el tiempo que sean necesarias hasta la recuperación de la laguna".
Del mismo modo, María Marín, portavoz de UP en la Asamblea Regional, debe compensarse al sector turístico. "Las imágenes que toda España ha visto no favorecen en nada al turismo en el Mar Menor, en vísperas del puente de Todos los Santos y con la temporada de Navidad a la vuelta de la esquina". 
"Es indignante", ha asegurado Marín, "que se multipliquen los organismos y altos cargos con una Consejería, una Dirección General y un Instituto de Turismo, pero que en este momento crítico nadie venga a dar la cara por el turismo del Mar Menor".

Alcantarilla solicita a ADIF coordinación y agilidad en los tramos de la Variante Sur ferroviaria


ALCANTARILLA.- El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, mantuvo esta mañana un encuentro en Madrid con la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Isabel Pardo, para conocer los detalles de las obras de la Alta Velocidad (AVE) a su paso por Alcantarilla. 

Buendía solicitó una coordinación ágil y colaboración entre los técnicos de ADIF y el Ayuntamiento en aquellos tramos de la Variante Sur que coinciden con segmentos del corredor, como es el caso del tramo inicial, junto al Camino de los Soldados, y el puente sobre la MU-30, donde sería necesario ampliarlo a dos carriles por sentido.
En el encuentro trataron también la terminación de la plataforma en trinchera en la zona del corredor de Las Tejeras. El proyecto está adjudicado y tiene tres años de plazo de ejecución, en la actualidad ADIF está desarrollando el plan de obras, que explicará el director de proyectos de ADIF en una próxima visita a la Región de Murcia, con el fin de que los ciudadanos conozcan todos los detalles.
Buendía solicitó también el proyecto completo de la integración del AVE en Alcantarilla.
Entre las mejoras acordadas por el Ayuntamiento y ADIF el pasado año se encuentran la ampliación del soterramiento hasta llegar a los 996 metros desde la futura nueva estación hasta la calle Término, la construcción de una nueva estación de cercanías, la continuación de la calle Estación de Lorca sobre la línea soterrada, dotando así de un nuevo acceso al municipio; la construcción de un paso inferior, tanto para vehículos como peatones, dando continuación a la calle Término hasta la Avenida Ejército del Aire, y añadiendo así una nueva opción de tránsito en el barrio de Las Tejeras.
También se comprometió ADIF a la construcción de dos pasos superiores para peatones desde el Camino de los Romanos hasta la calle Término, construcción de una rotonda en el inicio de la Avenida Ejército del Aire que ordenará el tráfico y mejorará los accesos a viviendas cercanas, la eliminación del túnel inundable de la Voz Negra y la supresión del paso a nivel del Camino de los Romanos.

Línea Murcia-Madrid
En cuanto a la línea Murcia-Madrid, el pasado 26 de julio se firmó con la Secretaría de Estado de Infraestructuras el contrato para el desarrollo del estudio informativo, que requerirá que el Ayuntamiento traslade opciones y alternativas tanto de circunvalación como de soterramiento que puedan realizarse en el trazado que discurrirá por Alcantarilla.

Diego Conesa: "Hasta aquí hemos llegado. El Mar Menor no puede esperar más"

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha asegurado que la gravedad de la situación del Mar Menor requiere valentía. "Si el Gobierno regional es incapaz, nosotros estamos preparados para tomar las decisiones que haya que tomar".

"Hasta aquí hemos llegado, el Mar Menor no puede esperar más, nos jugamos la marca Región de Murcia y es el momento de que el Gobierno regional actúe después de 25 años de inacción, incapacidad e irresponsabilidad", ha señalado Diego Conesa tras registrar en la Asamblea regional una moción sobre medidas urgentes para la recuperación del Mar Menor.
Ha indicado que el PSOE sigue con una línea de coherencia ante esta situación de emergencia ecológica regional. "Este ecocidio que hemos vivido durante este finde es la constatación de la inacción del Gobierno regional".
"Hay que actuar y tomar decisiones. La Comunidad Autónoma es la principal responsable en todas las competencias relacionadas con el Mar Menor, planteamos unos plazos para que el Gobierno regional actúe de una vez por todas", ha insistido.
Ha explicado que en la moción, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de España para que las inversiones que tiene que acometer en virtud del plan de vertido cero se declaren de urgencia y hagan en el menor tiempo posible; exige al Gobierno regional que actúe ya y ponga en marcha un plan urgente con las competencias que tiene, y exige que se cumplan las leyes medioambientales en la Región de Murcia.
"El Gobierno regional no puede seguir actuando sin firmeza ni determinación sobre el Mar Menor, hay unas leyes que se tienen que cumplir, y después de esa ruptura de la defensa de la laguna que hizo el PP derogando las normas del año 87 hace más de 15 años, volvemos a pedir lo que pedimos la semana pasada y que nos negaron las tres derechas: una ley de protección integral del Mar Menor, porque si no la acometen ellos, tendremos que hacerlo desde la oposición aunque no nos corresponda esa función", ha concluido.

MC denuncia el silencio cómplice del tripartito municipal de Cartagena ante lo sucedido en el Mar Menor

CARTAGENA.- Este fin de semana hemos asistido a la representación visual del estado agónico del Mar Menor con la aparición de miles de peces muertos en la orilla de las playas de nuestra laguna salada. También hemos conocido que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia investigará si la muerte de miles de ejemplares tiene un origen criminal o se debe a los arrastres por la gota fría, dice MC en un comunicado.

En este contexto crítico para nuestra Comarca y el ecosistema único que representa el Mar Menor, la reacción del Gobierno de la 'trinca', integrado por PP, tránsfugas del PSOE y Cs, se ha limitado a un tuit de Ana Belén Castejón pasadas las nueve de la noche del sábado y al silencio más absoluto de Noelia Arroyo.
Al respecto, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha señalado que "por fin el Mar Menor es un asunto de estado y lo es gracias a que personalidades de todos los ámbitos se han unido a los vecinos para señalar a los políticos y el 'trinque'".
López ha puesto de relieve que "aquí, en Cartagena, los de 'la trinca' guardan un silencio cómplice, porque son parte del problema y se han unido para que nada mejore. 
Un tuit de Castejón y el silencio de Arroyo. Ésa ha sido su aportación, al tiempo de sumarse a las explicaciones del Gobierno regional, culpable principal de la situación, y que durante estos días se agarra a la desesperada a la DANA para justificar su inoperancia y su plan para que nuestra Comarca y el Mar Menor se mueran".
El portavoz cartagenerista ha denunciado que "lo que está pasando con los peces ha pasado antes con las personas, ahí está la Hemodinámica en horario de oficina, los índices de cáncer o las listas de espera con el Rosell cerrado, mientras nos mantiene aislados de las grandes infraestructuras".
José López ha finalizado evidenciando que "nos niegan el futuro, acaban con nuestro medio ambiente, juegan y hacen números con nuestra salud, en definitiva, todo un plan político con el que condenan a morir a nuestra Comarca. Los cartageneros, los pachequeros o los pinatarenses somos víctimas de un centralismo enfermizo que, por miedo a que alcemos la voz, nos aprieta cada día un poco más la soga".

Denuncian la "sobreexplotación de recursos hídricos por parte de las grandes empresas agroindustriales"

ALBACETE.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía acudió a un "encuentro histórico con regantes tradicionales de la Región de Murcia" para poner de manifiesto que "la guerra del agua no es entre comunidades; sino contra los intereses particulares de una serie limitada de empresarios agroindustriales y del Gobierno de la Región, que les ampara".

Reunidos en Albacete, ribereños y agricultores tradicionales mantuvieron "un fructífero" encuentro de opiniones, en el que primó sobre todo el entendimiento, según informaron fuentes de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía. "El problema viene de arriba, de quienes no facilitan el acceso a otras fuentes de agua, como la desalada, para favorecer los intereses económicos de quienes manejan el Trasvase a su antojo". 
Los regantes denunciaron las "prácticas corruptas" de quienes llevan más de dos décadas gobernando en la Región de Murcia. "Un escándalo que ya no hay quien lo oculte, con peces y crustáceos muriendo por millares a los pies de los turistas", añade el comunicado.
Así, los municipios ribereños acordaron sumarse a la reivindicación de los regantes sobre el agua desalada, con la campaña “Si soy desalá, a 30 céntimos n’a más”, con la que los agricultores buscan un abaratamiento del precio "que les permitiría desistir en gran medida a la mayoría de los municipios de agua del Trasvase", según un comunicado.
“Es una cuestión de costes, que al Gobierno de López Miras nunca le ha interesado resolver”, afirmaron los regantes. “Es un problema de sillones, la mentira del ‘Agua para todos’ les mantiene arriba porque son los empresarios los que les colocan en el Gobierno”.
"Prácticamente, con las desaladoras podría cerrarse el Trasvase o, por lo menos, minimizarse brutalmente". 
"Pero no interesa a quienes manejan el dinero". 
“El agua ‘moja’ todo aquel sitio por donde pasa”, comentaron en referencia al poder del dinero.

"50.000 hectáreas de regadío ilegal"

Si bien es cierto que existen ciertas zonas que solo pueden regarse con agua del Trasvase, algo que también dejaron claro, el consumo sería muchísimo menor. Máxime si se tiene en cuenta otra de las denuncias de los propios regantes murcianos, que afirmaron conocer la existencia de cerca de 50.000 hectáreas de regadío ilegal roturado por las grandes corporaciones agroindustriales que han hecho de la Región su cortijo particular, “con el beneplácito de unos políticos aupados al poder por los mismos aguatenientes y su dinero”.
Según denunciaron, "mientras que al pequeño agricultor se le persigue con saña, impidiéndole perforar pozos o regularizar desaladoras, a los grandes empresarios se les permite roturar nuevos regadíos sin cesar y prácticas que han llevado a la situación actual que sufre el Mar Menor". 
 “Se ha querido denunciar dónde se pierde el agua y el Gobierno hace oídos sordos”, clamaban mientras trataban de explicar la sinrazón de que, a día de hoy, mientras se reclaman decretos de sequía, se roturan nuevos campos.

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia sube un 1,9% en el tercer trimestre

MURCIA.- Según el último informe de idealista el precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 1,9% durante el tercer trimestre del año. Con este incremento el metro cuadrado se ha quedado en 6,4 euros y la subida interanual en el 4,1%.

La ciudad de Murcia cerró el tercer trimestre con un incremento del 4,1%, hasta los 7 euros/m2. La mayor subida se ha registrado en Torre-Pacheco con un 11%, seguida por Murcia (4,1%), San Pedro del Pinatar (2,4%), La Manga del Mar Menor (0,9%), Cartagena (0,8%) y Los Alcázares (0,7%). 
Por el contrario, Águilas experimenta el mayor descenso (-10,2%), seguido de Mazarrón (-3,4%), Molina de Segura (-2,3%) y San Javier (-1%).
De esta forma, La Manga del Mar Menor se consolida como el mercado más caro de la Región (9,9 euros/m2), seguido por Murcia (7 euros/m2) y Mazarrón (5,9 euros/m2). Molina de Segura es, en cambio, el mercado más económico con 4,6 euros/m2.

Castillo presidirá el grupo “Desastres naturales” de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa

CARTAGENA.-La Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE) ha comunicado esta mañana a la Asamblea Regional de Murcia la aceptación de la solicitud de su presidente, Alberto Castillo, para coordinar el Grupo de Trabajo "Desastres Naturales".

La petición fue planteada por Castillo durante el pasado mes de septiembre y formalizada a principios del mes de octubre, con motivo del plenario de la CALRE celebrado en Bruselas.
La Región de Murcia ostentará la presidencia del citado grupo de trabajo desde el próximo 1 de enero de 2020.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido múltiples desastres naturales.  Las recientes inundaciones, los terremotos de Lorca o los períodos de sequía son algunas de esas catástrofes que se han repetido en su territorio,  situado en el vértice de mayor riesgo sísmico del continente, y con una climatología que la convierte en una de las regiones más propensas a sufrir de forma cíclica desastres naturales de consecuencias imprevisibles.
De ahí el interés del presidente de la Asamblea en coordinar este foro, con el doble objetivo de llevar la voz de la Región de Murcia a Europa, y promover actuaciones que ayuden a prevenir o a minimizar las consecuencias de estos fenómenos, que, además de los cuantiosos daños que han ocasionado, han contribuido a agravar considerablemente el estado de parajes naturales de gran valor ecológico como es el Mar Menor.
Alberto Castillo propondrá en su plan de trabajo que el Grupo “Desastres Naturales” determine el papel de las asambleas legislativas regionales europeas ante un desastre natural en su área de influencia, mediante protocolos de actuación que no sólo tengan en cuenta funciones propias de un parlamento, como la elaboración de leyes, o  iniciativas de impulso y control a los respectivos gobiernos, sino también la utilización de foros, como la CALRE, para la puesta en común de buenas prácticas de sus miembros, y la conexión con otras instituciones europeas con capacidad ejecutiva.
En este sentido, Alberto Castillo ha recordado las actuaciones realizadas hace años para salvar la Albufera de Valencia: “Tenemos un ejemplo claro de buenas prácticas en la Península ibérica, que fue el caso de la Albufera de Valencia, que se encontraba en una situación caótica, con todas las alarmas encendidas.
Y allí todo el mundo se cogió de las manos: las Cortes valencianas con el Gobierno regional, con las universidades, con los ecologistas….
Todos pusieron como bandera prioritaria salvar la Albufera, y miren ustedes si lo han conseguido.
Hubo que tomar medidas muy drásticas, pero La Albufera se salvó. Y allí no hubo ni colores políticos ni banderas políticas. Todos con un mismo objetivo: salvar la Albufera”.

Guía práctica para enfrentarse a la crisis que llega y no morir en el intento


MADRID.- Muchas familias españolas aún no se han recuperado de la gran crisis económica que vivimos en 2007, para otros parece que ya ha quedado olvidado en el pasado, pero los expertos llevan meses anunciando que nos estamos adentrando en un nuevo periodo económico de contracción, algo en lo que algunos economistas están en desacuerdo ya que aseguran que es la misma en la que nos vimos sumergidos en 2007 y de la que aún no hemos salido, se recuerda en la web de Telecinco.

Entre estos economistas se encuentra Santiago Niño-Becerra, catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y autor del libro ‘El Crash. Tercera Fase’, quien defiende que seguimos en la crisis: "no finalizó aunque los políticos dijesen lo contrario. Lo que comenzó a mediados del 2018 no se trata de una nueva crisis, sino de la continuación de la crisis comenzada en el 2007 tras el parón que supusieron las inyecciones de anfeta realizadas entre el 2012 y el 2018. 

Las cosas van a peor, sí, en todas partes, pero en unas más que en otras. Existe un exceso de oferta de casi todo; la capacidad de endeudamiento está agotada, un montón de deuda no se puede pagar, los bancos aún tienen un porrón de activos malos, la tecnología está sustituyendo factor trabajo a mansalva. Esto sucede en todas partes, pero en unas sucede más que en otras".

Aranceles, Brexit, desaceleración, caídas de la bolsa, inestabilidad política, crisis climática, tecnología sustituyendo a trabajadores, el escenario económico a nivel mundial presagia unos años venideros poco esperanzadores.

En España, el paro subió en 13.907 personas en septiembre, su menor repunte en este mes desde 2004, mientras que la Seguridad Social ganó 3.224 afiliados en septiembre, su peor registro en este mes desde 2013.

El FMI habla de una "desaceleración sincronizada" como consecuencia de la paralización del comercio a raíz de las tensiones comerciales entre los países, ralentizando el crecimiento en el 90% del mundo. La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha advertido que el comercio mundial "prácticamente se ha paralizado", provocando así el deterioro de las manufacturas, la inversión, viéndose también afectados los servicios y el consumo. 

Cruzarse de brazos puede tener un precio demasiado alto

En 2007 la población venía de unos años de 'bonanza' y nadie esperaba una crisis de tal magnitud, cogiendo a los ciudadanos de improvisto, por lo que se produjeron situaciones de verdaderas dramas en muchas familias españolas. En la mente de todos están los despidos, desahucios, salidas del país por falta de oportunidades, grandes problemas para llegar a final de mes, volver a casa de los padres, comedores sociales abarrotados, situaciones que parecen lejanas, pero pueden volver.

Para evitar que las crisis nos deje sin posibilidad de reacción, los expertos recomiendan una serie de consejos para estar medianamente prevenidos por lo que se avecina. 
  • Ahorro en los gastos fijos
Aunque parezca difícil y para algunos sea una odisea llegar a final de mes, ahorrar en los gastos fijos es una forma de recortar en los gastos. Se pueden buscar alternativas más baratas a aquellas facturas que llegan cada 30 días, incluso aquellos pagos que son más superfluos, ir deshaciéndose de ellos. Las marcas blancas vuelven a ser una opción en la cesta de la compra, su consumo actual ha aumentado hasta el 39% del mercado, su mayor avance en cuatro años. 

Se prevé que los productos de la cesta de la compra aumenten de precio debido a los aranceles impuestos por los Estados Unidos a Europa. Otro de los motivos será la sequía y el precio del petróleo. Niño-Becerra afirma que "los aranceles los acaba pagando el consumidor final a no ser que en los bienes gravados exista una competencia feroz y los competidores absorban los aranceles. 

El aumento de los combustibles encarece el transporte, y lo paga el consumidor. Y la sequía reduce la oferta de productos agrícolas, por lo que los precios tienden a subir. Todo eso afecta muy negativamente a la cesta de la compra" 
  • Tener un colchón económico que le permita aguantar imprevistos
El economista Niño-Becerra es consciente de la imposibilidad para muchas familias de tener algún tipo de ahorro: "En España el 55% de la población no puede hacer frente a un imprevisto, y el 45% puede tener problemas para llegar a fin de mes. A la vez la tasa de ahorro se halla en cotas históricamente bajas. 

No existen recetas universales porque no es lo mismo ir encadenando contratos a tiempo parcial y/o temporales, que tener un contrato indefinido a tiempo completo, ni ser ingeniera/o de sistemas en una gran corporación que barrendera/o en una ETT". Aun así se recomienda guardar reservar algo de dinero y "tener un pequeño remante de dinero por si surge un problema"
  • Cancelar las deudas
"Reducir o cancelar deudas en la medida de lo posible por si se presentan problemas personales", sugiere el autor de ‘El Crash. Tercera Fase’.

Un buen dato se recoge del último informe del Banco de España, en el que afirma que el endeudamiento de las familias registró su cifra más baja en julio desde 2005. El importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone más del 73% del mismo.
  • Evitar gastos innecesarios
Se aconseja "pensar tres veces si se necesita algo antes de comprarlo o consumirlo". Los buenos hábitos de gasto pueden llevar al ahorro. Los excesos económicos no son muy recomendables en estos momentos.
  • Inversión
Niño-Becerra lo tiene claro cuando se le pregunta dónde recomienda invertir: "Como, por lo hablado hasta ahora, supongo que no estamos hablando de personas que dispongan de 100 millones para invertir, sugiero estarse quieto y ver qué pasa. Un depósito a seis meses, aunque no rinda nada, y esperar"
  • Reciclaje laboral

Por ello es recomendable realizar algún tipo de curso o enfocar nuestra profesión en otra vertiente para tener así un ‘plan B’ en el mundo laboral.

La crisis acelera el aumento de la desigualdad

La desigualdad ha situado a España como una sociedad cada vez más polarizada en la que existe una enorme diferencia entre pobres y ricos. Una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y aún no se ha recuperado.
Niño-Becerra asegura que la desigualdad se ha disparado en todas partes “y así va a seguir, por la evolución de la dinámica histórica; la crisis ha acelerado tal aumento. El colectivo humano tiende a la desigualdad, no hace falta más que ver la Historia, y es a través de un acto de voluntad como se reduce la desigualdad. 

Entre el fin de la II GM y finales de los 70 hubo voluntad de que le desigualdad se redujese a fin de favorecer el crecimiento económico y para comprar la paz social, pero eso ya no hace falta; a eso añada que cada vez haca falta más capital para mejorar la productividad, por lo que el capital –y obviamente la riqueza– tienden a concentrarse. No hay nada mágico en todo eso”

Dos encuestas confirman el hundimiento de C's hasta los 20 escaños, 10 menos que Vox

MADRID.- A cuatro semanas de las elecciones generales dos encuestas publicadas este lunes pronostican la subida de Vox, formación a la que sitúan con más de 30 escaños y más del 10 por ciento de los votos y una caída de Ciudadanos, que se quedaría con unos 20 parlamentarios y alrededor del 9 por ciento.

Según un sondeo GAD3 para ABC, el PSOE se mantendría como primera fuerza con un 28,4 por ciento de los votos y 126 escaños frente a los 123 que logró el 28 de abril, mientras que el PP lograría el 22,2 por ciento de los apoyos y unos 98 asientos en el Congreso, con lo que ganaría 32 respecto a los que consiguió en los últimos comicios.
Esta encuesta apunta también una bajada de Ciudadanos, desde los 57 escaños que logró en abril a los 20 que lograría ahora con un 8,6 por ciento de los votos, mientras que Vox pasaría de 24 a 33 (11,8%).
Unidas Podemos pasaría de 42 a 32 escaños y el partido de Íñigo Errejón, Más País, conseguiría entrar en el Congreso con 5 diputados y el 3,9 por ciento de los votos.
Otro sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo arroja unos resultados similares. De acuerdo con esta encuesta, Vox también sube hasta los 31 escaños, muy cerca de Unidas Podemos (34) y por encima de Ciudadanos (21).
El PSOE se mantiene con 124 diputados y el PP se beneficiaría de la repetición electoral al subir hasta los 96.
Por último, Más País consigue en este sondeo electoral 6 escaños y el 4,4 por ciento de apoyo.

El yerno de la viuda del expresidente de la CAM niega ser el autor del crimen


ALICANTE.- La primera sesión del juicio con jurado por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ha constatado que las disputas por el control de las empresas familiares impregnaban el contexto en el que ocurrió este asesinato.

El único procesado en esta causa, el yerno de la víctima Miguel López, será juzgado por un tribunal popular formado por seis mujeres y tres hombres, y se enfrenta a más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.
María del Carmen Martínez murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López.
Este fue detenido como presunto autor material del asesinato en febrero del año siguiente, aunque quedó en libertad provisional tras permanecer unos 40 días en prisión preventiva, al depositar una fianza de 150.000 euros.
Tras la constitución del tribunal popular, que se ha llevado a cabo toda la mañana de este lunes, y la reanudación de la sesión por la tarde después de un receso para comer, la magistrada le ha hecho al procesado tres preguntas: si sabía por qué estaba en el juicio, si sabía por qué es acusado y si estaba de acuerdo con los hechos. A las dos primeras cuestiones, Miguel López ha contestado que sí y a la última, que no.
En las alegaciones provisionales esgrimidas durante la tarde por el fiscal, este ha calificado de “horrible” el crimen de la viuda de Vicente Sala, entre otras circunstancias, por la forma en que se perpetró.
“El ministerio público está convencido” de que el acusado “es autor de este horrible crimen (…) Esto no es un robo (sino) una ejecución (…) porque el primer disparo que recibió la víctima le saltó los globos oculares, la dejó ciega” y sufrió “una agonía que duró más de 20 o 25 minutos, desangrada”, ha revelado.
En la sesión de este lunes se ha expuesto que María del Carmen Martínez y su primogénito, Vicente Jesús Sala -que ejerce la acusación particular en esta causa- formaban un bloque dentro de la familia enemistada con el que integraban las otras tres hijas del expresidente de la CAM, sus respectivos maridos y sus hijos por el control de las empresas.
La Policía sostuvo desde el principio que el móvil del asesinato era la disputa por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la extinta caja de ahorros alicantina Vicente Sala.
Según la acusación, Miguel López pretendía con la muerte de su suegra evitar que ella cediese al hijo mayor la llamada acción de oro de Samar Internacional SL., que le otorgaba poder decisorio en esta firma, que facturó cerca de 240 millones de euros en 2016.
La fiscalía ha señalado que su acusación se basa en pruebas por indicios, entre las que ha citado, precisamente, “las malas relaciones familiares” y la enemistad de las tres hijas hacia su madre, una enemista envuelta en odio.
Por su parte, la defensa ha reiterado que no existe prueba alguna contra el procesado, pues, entre otros motivos alegados por el letrado de Miguel López, no estaba en el escenario del crimen cuando sucedieron los hechos y no se han hallado restos de ADN que sean de él, ni tampoco el arma homicida.
Por ello, el representante legal de Miguel López ha incidido en que su cliente debe ser absuelto y ha anunciado que pedirá una prueba para averiguar quién fue el asesino, ya que se halló un ADN de alguien que, según la defensa, estuvo en la escena del crimen, pero “no se sabe quién es”.
Además de advertir de que sería “un error judicial gravísimo” acusar a Miguel López del asesinato de su suegra y considerar que la fiscalía y la acusación particular deberían rectificar, la defensa ha sostenido que el procesado “nunca” se ocupaba de las cuestiones empresariales de la familia de su mujer y que había separación de bienes en el matrimonio.
La sesión se ha suspendido para llevar esta tarde una inspección ocular, junto con los miembros del jurado, del lavadero del citado concesionario de coches donde ocurrió el crimen.
Mañana se reanudará el juicio con las alegaciones provisionales de la acusación particular y se prevé que ese mismo día declare el acusado.

El Banco Sabadell abre la puerta a fusiones "activas o pasivas"

MADRID.- El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha dejado la puerta abierta a participar en un nuevo proceso de fusiones en el sector financiero, tanto "activas como pasivas", aunque siempre y cuando la operación genere valor para el accionista.

Guardiola ha sido preguntado por la posibilidad de que en España y en Europa se produzca un nuevo proceso de concentración ante la baja rentabilidad del sector.
En este sentido, Guardiola ha recordado que el banco, históricamente, ha crecido de forma orgánica, pero también lo ha hecho gracias a las operaciones corporativas, algo que ha sido parte de su estrategia.
Los procesos de concentración "son naturales", y el acometido en España fue ejemplar", ha añadido Guardiola, que ha durante el acto y preguntado por la política monetaria expansiva llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), ha dicho que nadie discute el efecto positivo que tuvo.
Pero ahora, ha añadido, esa política se podría haber agotado.
Guardiola, que ha alertado de las consecuencias que puede tener cobrar a las empresas por sus depósitos, ha confirmado que la entidad mantiene su objetivo de alcanzar un nivel del 11,6 % de capital.
El consejero delegado del Sabadell también ha hecho referencia al TSB, y ha explicado que espera poder presentar próximamente el nuevo plan estratégico para el banco en Reino Unido, y ello, tras los problemas sufridos por los fallos en la integración de su plataforma financiera, algo que tal y como ha reconocido, afectó de forma importante a la reputación.

El sector pesquero interpone un recurso ante Trabajo por la obligatoriedad de 'fichar' a bordo de los barcos

MADRID.- El sector pesquero español ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, contra la resolución de la Dirección General de Trabajo, recibida en septiembre, que dice que los trabajadores a bordo de un barco de pesca están obligados a 'fichar', al establecerlo así el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 marzo.

En concreto, este recurso ha sido presentado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), la Unión Nacional de Cooperativas del Mar de España (Unacomar) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca).
El sector pesquero insiste en considerar de "imposible cumplimiento" la obligación del registro de jornada teniendo en cuenta las peculiaridades e imprevisibilidad de su actividad, sujeta a factores de difícil control, tales como los meteorológicos, o las particularidades de la propia actividad pesquera.
Según el recurso presentado, el Real Decreto Ley 8/2019 excluye a los pescadores a bordo de tener que fichar, ya que su preámbulo se remite a las conclusiones del Abogado General en el Asunto C-55/181, que si bien propone que haya un registro de jornada para que tenga un efecto útil la Directiva que establece los máximos de jornada de trabajo y los mínimos de descanso, "excluye de su razonamiento al trabajo de pesca a bordo".
El Tribunal de Justicia hizo suya esta propuesta y su sentencia de mayo, que exige que haya un registro horario de la actividad laboral, excluye también de su marco jurídico el trabajo a bordo de un barco de pesca. La exigencia de que un pescador tenga que fichar parte, exclusivamente, de la Dirección General de Trabajo.
De esta forma, el sector pide a Trabajo que se respete el convenio 180 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, que exige a los Estados consultar a las organizaciones de armadores de barcos de pesca y de pescadores, si quieren aplicar esta obligación en un barco de pesca.
Además, señalan que, si no han sido consultadas, no existe la obligación porque no se ha determinado si el registro horario a bordo de un barco de pesca tiene un efecto útil o si, por el contrario, puede afectar negativamente a aspectos tan vitales como la seguridad y la salud a bordo. Es decir, si puede ser, o no, una fuente de accidentes.
Según el recurso, la omisión de esta consulta prevista en un Convenio Internacional, convierte en nula de pleno derecho la exigencia del registro en un barco de pesca que parte de la Dirección General de Trabajo.
Además, ninguna norma nacional, de la UE o internacional impone la exigencia de registro horario en un barco de pesca, y en derecho comparado, no se conoce ningún Estado que exija este registro para los barcos de pesca.
El sector esgrime las especificidades propias de la pesca de bajura, de altura y de gran altura que, a su juicio, "imposibilitan la aplicación" de la norma y subrayan que la jornada de trabajo solo depende de que haya o no pesca y que, por lo tanto, la permanencia de los tripulantes a bordo de un barco no implica que estén desarrollando una actividad laboral.
El sector apunta las peculiaridades retributivas de su actividad que, en la mayoría de los casos, se rige por un sistema de retribución "a la parte", que implica la repartición de los beneficios de las ventas de las capturas entre armadores y tripulantes.
Los portavoces de las tres organizaciones pesqueras han coincidido en que "la vida en el mar es muy diferente a la vida en tierra". "Tratar de introducir en ella esta normativa puede crear distorsiones que nadie de la gran familia pesquera desea", han indicado.
"Seguramente, si el sector hubiera sido consultado previamente, podríamos haber mostrado esta realidad que, además, hace completamente imposible la ejecución práctica de la norma", han recalcado.

Bankia cree que las fusiones bancarias tienen más sentido en estos momentos

MADRID.- El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha sostenido este lunes que las fusiones entre las entidades bancarias tienen "más sentido" en el entorno actual de tipos de interés negativos.

En un encuentro del sector bancario, Sevilla ha recordado que las uniones contribuyen al ahorro de costes que, en caso de los de personal, representan en torno al 60 %.
En este sentido, ha explicado que desde que existe este escenario de tipos, en el sector financiero ya se han producido dos fusiones o adquisiciones: la de Banco Santander con el Banco Popular y la de Bankia con BMN
"Predicamos con el ejemplo", ha dicho.
Sevilla ha insistido de nuevo en que la entidad mantendrá su compromiso de repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros, pese a la revisión a la baja de los beneficios que se esperan al finalizar su plan estratégico el año que viene.

El Gobierno no subirá el sueldo a los empleados públicos mientras esté en funciones

MADRID.- La subida anual de los empleados públicos deberá esperar a que exista un Gobierno "con funciones plenas". Así lo han comunicado desde Presidencia del Gobierno a los sindicatos en una carta, que ha podido consultar eldiario.es, en la que en nombre del presidente Pedro Sánchez se reitera el compromiso con la subida salarial pactada con los sindicatos para 2020, pero se especifica que se "deberá contar con funciones plenas". 

Según la carta remitida desde Presidencia del Gobierno, fechada el pasado 8 de octubre, el Ejecutivo socialista dice estar "firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con plenas funciones".
Desde el sindicato CSIF, que ha comunicado a los medios la carta del Gobierno, valoran "el gesto" del Ejecutivo, que ha respondido a la misiva que le enviaron de forma conjunta CCOO, CSIF y UGT con esta cuestión, aunque lo consideran "insuficiente". 
El sindicato de funcionarios exige a Sánchez que se garantice "la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos". En este sentido, desde CSIF pide que el presidente se comprometa con los empleados públicos "al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones". 
Pedro Sánchez anunció en un acto de cara a las elecciones del 10 de noviembre su promesa de subir las pensiones según el IPC en diciembre. Aunque el presidente en funciones se ha referido a su confianza en que para finales de diciembre se haya formado un Gobierno con plenas funciones, es posible que no sea así y el compromiso de diciembre está sobre la mesa. 
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, también ha insistido en que para finales de año confía en que se haya formado Gobierno y, si no es el caso, recordó que existe la posibilidad de aprobar la medida por real decreto-ley si se justifica la urgente necesidad y el interés general. 
Los acuerdos alcanzados sobre el salario de los empleados públicos (bajo mandato del Gobierno del PP) contemplan una subida del 2% para 2020, a la que se sumaría una adicional del 0,3% proveniente de fondos adicionales y otro 0,55% en función del cumplimiento del déficit.
A estas se sumaría un alza adicional que dependerá del crecimiento económico de 2019 y que oscila del 0,2% (si la economía crece el 2,1%) al 1% (si avanza el 2,5% o más).

El año pasado se subió por decreto-ley

Hay que recordar que el Gobierno socialista aprobó la subida salarial de los funcionarios para este 2019 vía real decreto-ley en diciembre de 2018, una medida anunciada para un simbólico Consejo de Ministros celebrado en Barcelona a finales de año, en el que también se aprobó el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales
En esta ocasión, con el Gobierno en plenas funciones, Pedro Sánchez recurrió a esta vía de urgencia y necesidad tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que no contemplaban por tanto el incremento pactado para 2019. 
El decreto-ley en cuestión recogía el su introducción la justificación de urgencia y necesidad, dado que sin su aprobación "a partir del 1 de enero de 2019 se congelarían las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación".

Respuesta a CCOO, CSIF y UGT

El Gobierno rechaza así en su carta garantizar la subida salarial para evitar "un nuevo atraso" en los compromisos alcanzados con los representantes de los empleados públicos debido a las elecciones, como le habían solicitado los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en otra misiva remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 18 de septiembre.
En la carta, los sindicatos sostenían ser "conscientes de las limitaciones jurídicas que provoca esta situación de interinidad", si bien exigen que "se busquen las soluciones normativas necesarias para garantizar los incrementos salariales pactados para 2020". Además, reclaman "el correcto desarrollo de los acuerdos alcanzados, especialmente en materia de empleo".
Por su parte, CCOO ha convocado una concentración el próximo jueves ante la Secretaría de Estado de Función Pública para reclamar al Gobierno que cumpla con el incremento salarial pactado, así como que desarrolle las ofertas públicas de empleo (OPE) y los planes de igualdad en la Administración Pública, entre otros pactos.
Para UGT, de no llevarse a cabo estas mejoras, puede haber "graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos, ahondando en su deterioro y marginando nuevamente a los trabajadores de las diferentes Administraciones". Por ello, reclaman que, "en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos", se les aplique "la subida salarial acordada para 2020".
En la misiva, el Gobierno asegura compartir el diagnóstico de que "una Administración fuerte, con medios suficientes y un empleo público con derechos es fundamental para asegurar y prosperidad de España".
Asimismo, el Ejecutivo dice que es consciente "del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de restricciones presupuestarias y de personal".

Los constructores cifran la cobertura de la demanda en 120.000 casas nuevas al año

MADRID.- La Asociación de Promotores Constructores (Apce) cree que es "necesaria" la construcción de 120.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda actual que existe en España.

La patronal calcula en 115.000 unidades, 15.000 más que en 2018, la tasa de visados para vivienda nueva a final de año, lo que considera "un buen dato" para el sector.
No obstante, el presidente de la patronal, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha ligado este lunes el sostenimiento de este ritmo de entrega anual de viviendas nuevas a una mayor liberalización de suelo público por parte de las administraciones, una reducción del coste burocrático y una agilización de la concesión de licencias urbanísticas.
Al respecto de la nueva ley hipotecaria y las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas que entró en vigor a medios de junio, Gómez-Pintado se ha quejado este lunes en un encuentro informativo del retraso de 2 y 3 meses que ha producido dicha ley en las escrituras de viviendas nuevas.
Ha vaticinado que estos retrasos "van a continuar" y ha apuntado que esta nueva ley favorece solo a las compraventas de viviendas de segunda mano.
"El sistema es muy mejorable", ha agregado Gómez-Pintado, quien ha abogado por "recuperar la normalidad para que las viviendas se entreguen en las fechas previstas".
Para conseguirlo, se ha mostrado partidario de no tener que esperar a obtener la licencia de primera ocupación y poder operar solo con el certificado final de obra concedido.
El presidente de la patronal ha asegurado que, por el retraso desde junio, se va a producir un traslado de los datos a finales de año "para una cifra más fidedigna de lo que ha acontecido" en las transacciones de viviendas nuevas.
La patronal evaluará y comunicará a cierre del ejercicio sus conclusiones del impacto económico que han producido los citados retrasos.
Las críticas de la Apce se han dirigido también contra la ley de contratos de financiación.
El máximo representante de esta asociación ha opinado que esta ley "no está pensada para la entrega de grandes promociones" y ha indicado que "complica las subrogaciones" de los bancos sobre operaciones de grandes bloques de viviendas.
Gómez-Pintado ha insistido en que asistimos a una "conveniente normalización" de los precios de la vivienda y "no a una caída, con porcentajes de subidas ahora menores".
Ha criticado la actual "escasez de suelo finalista" y ha puesto el foco del sector al que representa en la "necesaria modernización" desde el punto de vista de la digitalización y a la "falta de acceso" de los jóvenes a la vivienda.
Sobre esta última cuestión, ha apuntado que hasta 2030 se construirán 1,8 millones de nuevas viviendas para atender a la "demanda disgregada" entre los jóvenes y el fenómeno migratorio, lo que tendrá, ha dicho, "consecuencias políticas a futuro".
Con respecto a los compradores internacionales y las consecuencias para el sector de un brexit sin acuerdo, el presidente de la patronal ha aclarado que el impacto para su sector "será bastante reducido y comedido".
Ha cifrado la venta de viviendas para extranjeros a finales de año en 8.500 unidades de un volumen de 530.000 transacciones, unas 4.500 menos en total, y ha considerado que se trata de un "problema más provincial que general".
Según su criterio, al aplicación de un brexit duro tendría un impacto en las "provincias clásicas" de compraventa por parte de los extranjeros, y ha citado a la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.