Cualquier observador
extranjero que conozca bien lo que está acaeciendo actualmente en España
se estará preguntando por la razón de por qué durante la campaña
anterior al 28 de abril, prácticamente no se debatió, e incluso se
eludió, el problema más grave que tenemos en este país.
Me refiero
naturalmente no solo al problema catalán, sino a algo más amplio que lo
engloba y que consiste en la falta de un modelo racional y estable del Estado descentralizado tal y como pretendía construir la Constitución.
La
cruda realidad en España, en estos momentos, es que asistimos a un
fenómeno que no creo se haya dado alguna vez en el mundo y que podríamos
denominar como el "síndrome de las dos Penélopes". Es sabido que en el genial libro de la Odisea, Penélope ansiaba el regreso de Odiseo, su marido, que había partido para participar en la guerra de Troya,
pero terminada ésta, pasaba el tiempo y su amado no regresaba, hasta el
punto de que algunos le dieron por muerto.
De ahí que muchos
pretendientes la cortejaran para que aceptara volver a casarse, a lo que
ella se resistió en un principio, pero para desembarazarse de los
moscones prometió que aceptaría un nuevo matrimonio cuando acabase el
manto que estaba tejiendo para el Rey Laertes. Sin
embargo, la eterna tardanza le obligó a prologar aparentemente la
impaciente espera mediante una trampa, porque lo que tejía de día, lo
destejía de noche, sin que nadie se diera cuenta de que el manto no
crecía, con el fin de no perder la esperanza de que volviera la persona
de quien estaba enamorada.
Pues bien, esta sugestiva historia de
la mitología griega, la hemos superado en la política española, pues lo
que hemos conseguido es que no sea una la que hace las funciones de
construir y destruir algo al mismo tiempo, sino que tenemos dos Penélopes, una que teje el manto para acabarlo de una vez y otra que, ante la pasividad del Gobierno, lo va destejiendo como si de rien n'etait.
En consecuencia, en el primer caso, podríamos poner como ejemplo de tejedores eficaces a los fiscales y al excelente juez Marchena,
que preside con todo rigor la sala de lo penal del Tribunal Supremo y
del que esperamos, después de unos meses de un riguroso juicio, una
sentencia justa, que consista en la condena de los procesados por el
delito de rebelión o por el que decidan. Pero, por otro lado, está el
destejedor o la segunda Penélope, en este caso, el Presidente Torra
y la Generalitat, que consideran que este juicio es una farsa y piensan
en la absolución inmediata de los procesados.
En consecuencia, se sigue
destejiendo el manto jurídico que encubría el golpe de Estado y se
siguen tomando medidas con vistas a conseguir la independencia y la
República, esperando mientras tanto a ver si llega Godot. Pondré algunos
ejemplos de que el Gobierno de Sánchez, como antes el de Rajoy, no han impedido que se acabe el manto de una vez: Torra parece que no descarta un choque armado en Cataluña y, por tanto, este Napoleón de bolsillo
está aumentando el número de efectivos de los Mossos y poniendo a su
cabeza a claros independentistas. Pero hay más.
Han conseguido que un
órgano tan importante para la economía como es la Cámara de Comercio
catalana, haya sido inundada de separatistas, comenzando por su nuevo
Presidente. No ponen en duda que en Cataluña se sigue la hoja de ruta que trazó Pujol,
el capo di mafia, que mantiene aún su poder. Siguen controlando los más
importantes medios de comunicación, empezando por TV3. Han puesto en
libertad a Oriol Pujol, que tenía que pasar dos años en
prisión, mediante un subterfugio ilegal. En este sentido, la
Generalitat, una vez que haya sentencia, controlará la libertad de los
condenados siguiendo el ejemplo anterior, estando por medio los
indultos.
Como consecuencia de la política separatista se está
produciendo una desandada de jueces no catalanistas favorables a la
creación de una república. No se ha hecho nada para detener la acción en
el extranjero, a través de las embajadas catalanas, de una política
dirigida a mantener que España es un país represivo. Es significativo
que la portavoz de Junts per Cat pensase ir a la consulta con el Rey
luciendo el famoso lacito amarillo, que significa que los que dieron el golpe de Estado son presos políticos,
lo cual es una incongruencia si pensamos que despachan en la cárcel y
que han podido tomar posesión de sus escaños sin jurar la Constitución.
Además pueden dar mítines, escribir en la prensa y reunirse con sus
familiares cuando les place.
Por ejemplo, en La Vanguardia del 9 de junio, se ha publicado un artículo de Jordi Cuixart, que comienza: "Hoy hace 600 días que soy un preso político...", en el que mezcla churras con merinas, citando a Antígona, a Rawls, a Dworkin, a Martin Luther King
y menciona hasta una sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo.
En definitiva, me gustaría decirle dos cosas: una, ¿cree realmente que
en un país en dónde hay presos políticos podrían éstos escribir en un
periódico importante?
Y, otra, le recomiendo, ya que tiene tiempo, que
lea lo que dicen Kelsen o García de Enterría,
por ejemplo, sobre lo que es un Estado de derecho, para no decir esas
gansadas en las que confunde la desobediencia civil con un golpe de
Estado, en un país tan democrático o más que otros de Europa.
En
suma, la consecuencia de todo lo dicho es que aún falta, al margen de
los pactos que se vienen realizando desde el 26 de mayo para resolver
problemas importantes, pero de menor cuantía, la verdadera madre de
todos los pactos que es el que tiene que realizar Pedro Sánchez para acabar con el golpe de Estado
y resolver el problema básico de la subsistencia de España como nación.
Estamos en una situación gravísima, aunque la mayoría de los españoles
estén pensando en las arenas doradas de las playas soleadas. Si no se
detiene el avance del separatismo catalán, es decir, si dejamos que los
separatistas catalanes (ERC), que por primera vez son mayoritarios en el
Congreso, sigan destejando la túnica de Penélope, se acabaran
suprimiendo todos los vínculos, que son ya pocos, los que se mantienen
aún con España.
Pero no solo se trata del problema catalán, el verdadero
problema es el de la organización territorial del Estado, cuyas bases
para llegar a donde hemos llegado se pusieron en el nefasto Título VIII de la Constitución.
No hay duda de que la única solución para intentar resolver este
embrollo, pasa por la reforma forzosa de la Constitución. Y de ahí
entramos ya en la cuestión fundamental que afecta hoy a España, esto es,
la palabra la tiene Pedro Sánchez para saber si España sigue navegando o
se hunde en las aguas del océano.
Es más: Pedro Sánchez debe ser consciente, como dijo el sociólogo alemán Robert Michels
en el siglo pasado, de que "quien ha adquirido poder se reforzará
siempre por consolidarlo y extenderlo, por multiplicar las murallas que
defienden su posición y por sustraerse al control de las masas.
Bakunin,
el fundador del socialismo anarquista, afirmaba que la posesión de
poder transformó en tiranos aun a los más devotos amigos de la
libertad". Sea lo que sea, creo que Michels tiene toda la razón, porque
sigue diciendo: "Es verdad que el ejercicio del poder produce un cambio
profundo en el carácter".
Lo cual quiere decir que tan cierto es que un
político que solo busca el poder para sí mismo, puede cambiar y llegar a
la convicción de que el poder es el arma más poderosa para poder
cambiar la sociedad a mejor, como lo contrario. Es decir, Pedro Sánchez
tiene la posibilidad de pasar a la Historia como un villano o como un
estadista que hizo progresar a su país en unos momentos muy difíciles.
Todo esto viene a cuento porque el dilema que se le presenta, consiste en elegir bien un Gobierno de coalición con Ciudadanos,
lo cual sumaría 180 diputados, es decir, más de 176, que es la mayoría
absoluta o bien, por el contrario, formar un Gobierno de coalición, o
simplemente de apoyos concretos, con los partidos populistas,
nacionalistas y separatistas. Si opta por esta segunda opción, no solo
no resolverá el problema de España, sino que pondrá las bases para su
disolución y entonces no solo tendremos el problema catalán, sino
también el vasco, el navarro, el de Baleares, el de Valencia y hasta
incluso el de Canarias.
Por tanto, si se decide por esta opción, no logrará ni la estabilidad necesaria para gobernar,
ni tampoco le garantizaría los cuatro años por los que suspira para
seguir en La Moncloa. En consecuencia, no tiene más remedio, como desea
la mayoría de españoles sensatos, que formar un Gobierno de coalición
con Ciudadanos para poder gobernar y para lograr la urgente reforma de
la Constitución, pues contaría también para ello con el apoyo del PP.
Así las cosas, la responsabilidad no es únicamente de Pedro Sánchez,
sino, en este caso, especialmente, de Albert Rivera, quien debe no solo
tener en cuenta sus intereses, sino los intereses de España, puesto que
ya nos ha demostrado que es un patriota, aunque a veces le pierda su
ambición. Por lo demás, si es conveniente que cambie su opinión de Pedro
Sánchez -o viceversa-, tendrán que hacerlo, porque, la condición humana
admite todas las variaciones y transmutaciones posibles sobre todo
cuando se busca el bien común...
(*) Catedrático de Derecho Constitucional
