domingo, 3 de febrero de 2019

Un marroquí de 15 años viaja en los bajos de un camión toda la noche desde Cádiz hasta Alhama de Murcia

ALHAMA DE MURCIA.- Un menor de 15 años y de nacionalidad marroquí fue interceptado en la mañana de este domingo viajando en los bajos de un camión de Primafrio desde Cádiz hasta Alhama de Murcia, donde tiene sede la empresa dedicada al transporte por carretera. 

Un vigilante de seguridad era quien descubría al joven en el camión, quien dio la voz de alarma y se ponía en contacto con la Policía Local de Alhama de Murcia.
El menor había viajado desde la localidad de Bornos, en Cádiz, hasta Alhama de Murcia agarrado a los bajos de uno de los camiones de Primafrio durante una noche entera, en la madrugada de este domingo.
El menor fue trasladado hasta la Casa de la Espiritualidad del Ral, un centro de acogida de menores gestionado por Cáritas y la fundación Arcos del Castillo, por agentes de la Policía Local, que trasladó el caso a la Policía Nacional y Guardia Civil.

Desplome de votos, fugas y ruido interno

MADRID.- El Partido Popular ha vendido su llegada al Gobierno de Andalucía a pesar de perder 300.000 votos y gracias a los pactos alcanzados con Ciudadanos y Vox como el primer éxito de la gestión de Pablo Casado al frente de la formación política después de su triunfo en las primarias de julio, reflexiona hoy eldiario.es

"Va a ser el primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el PP y también para la recuperación del Gobierno de España en cuanto haya elecciones generales", aseguraba Casado el pasado 18 de enero durante el acto de toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta. 
La realidad que vive el partido está lejos de esa visión gloriosa que intenta trasladar su principal dirigente, que en la Convención Nacional de mediados de enero refrendó su estrategia de mantener un discurso duro –más de derechas que el de su predecesor, Mariano Rajoy, al que la dirección popular ya ha dejado atrás–. 
Casado aseguró que "el PP ha vuelto fuerte y unido" y consideró que no son necesarios más cambios internos para contrarrestar la pérdida de apoyo electoral de los últimos años: "Estamos preparados de sobra".
La formación afronta un imparable retroceso en las urnas desde 2016 que, según las últimas encuestas, proseguirá en próximas citas electorales; varios exdirigentes que en el pasado más reciente ocuparon cargos de responsabilidad en el partido han decidido dejar el PP, y la estrategia de Casado que ha supuesto un giro a la derecha y un acercamiento a los postulados de Vox ha generado discrepancias internas que han salido a la luz en las últimas semanas.
Además, la corrupción vuelve a acechar a los populares con las últimas pesquisas sobre la Operación Kitchen, el entramado policial montado supuestamente por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para espiar y robar documentos comprometedores para el PP al extesorero de los populares Luis Bárcenas.
En las elecciones andaluzas del 2 de diciembre el PP perdió más de 300.000 votos. Los comicios –los primeros tras la salida de Rajoy de la Moncloa que abrieron un ciclo electoral que proseguirá en mayo con las autonómicas, municipales y europeas– evidenciaron como nunca antes la fragmentación de la derecha en tres partidos, el de los populares, Ciudadanos y Vox, cuya suma resultó imprescindible para desbancar al PSOE del poder después de 36 años de hegemonía en la Junta andaluza.
La dirección de los populares se afana en destacar que el partido logró mantenerse el 2D como la fuerza hegemónica de la derecha –al menos como la más votada de las tres–, aunque el cosechado en las urnas en diciembre fue su peor resultado de la historia en unas elecciones andaluzas. 
Las encuestas publicadas en los últimos días apuntan a que la caída sufrida por el PP en los últimos años no se frenará en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo ni tampoco en las generales que, si Pedro Sánchez no decide finalmente adelantarlas, se celebrarían el próximo año.
El Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)  publicado este jueves reflejaba un nuevo importante descenso del PP respecto a la anterior encuesta del organismo que dirige José Félix Tezanos. 
El partido caería ahora a la cuarta posición por detrás de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, y parte de los votos que pierde se van precisamente a uno de sus grandes competidores, Vox, que crece casi tres puntos en voto directo.
Los populares pasan, según el CIS, del 19,1% de los votos de comienzos de enero al 15,4% de esta encuesta, muy lejos del 33% que lograron en las últimas elecciones generales y consolidando una tendencia a la baja que no ha remitido pese a la llegada de Casado a la presidencia del PP.
En la Comunidad de Madrid, uno de los feudos tradicionales del PP –donde ha ganado de forma consecutiva en los últimos 23 años– la caída también es imparable según las encuestas publicadas más recientemente. La  elaborada por Celeste-Tel para eldiario.es apunta a que los populares pasarían del 33,1% de los apoyos de las elecciones autonómicas de 2015, donde fue la fuerza más votada con 48 escaños, al 20,8% que obtendría ahora, quedándose en segundo lugar por detrás del PSOE, con apenas 29 asientos en el parlamento regional. 
Una posible repetición del pacto alcanzado en Andalucía con Ciudadanos y Vox y que hizo en enero presidente de la Junta al popular Juan Manuel Moreno Bonilla sí podría, en todo caso, dar el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la derecha.
Algo similar podría suceder en otra administración habitualmente favorable para el PP, el Ayuntamiento de Madrid, donde los populares han sido la fuerza más votada desde 1992. 
La encuesta que Celeste-Tel realizó para este diario muestra que el partido que preside Pablo Casado caería ahora al segundo lugar, por detrás de Más Madrid –plataforma con la que concurrirá la actual alcaldesa, Manuela Carmena– y estaría en una situación de empate con Ciudadanos, su gran rival en la capital. Los populares pasarían del 34,9% de los votos y 21 concejales que obtuvieron en 2015 al 21,9% de los apoyos y 13 ediles, los mismos que el partido de Rivera.
Además de la caída en las urnas, la cohesión interna también preocupa en las filas populares. Solo en la última semana el PP ha registrado tres bajas significativas –las de José Ramón Bauzá y los hermanos Alberto y Álvaro Nadal–, que ponen en cuestión los mensajes sobre la integración que lanza el equipo de Casado.
El expresident del Govern balear José Ramón Bauzá  anunciaba el miércoles que dejaba de militar en el partido y que entregaba su acta de senador acusando a su partido de haber sido en Baleares "el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar". 
Desde entonces, Bauzá no ha disimulado sus simpatías por Vox, aunque aún no ha confirmado oficialmente que vaya a marcharse a la formación que preside Santiago Abascal.
Los hermanos Nadal, ambos muy cercanos a la rival de Casado en las primarias, la exvicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría, decidían, por su parte, dejar su dedicación a la política de estos últimos años tras perder peso en la dirección nacional de los populares con los fichajes del sector más aznarista realizados por el líder del PP, como el de su jefe de Gabinete, el ultraliberal Javier Fernández-Lasquetty o el del economista Daniel Lacalle, principal gurú económico de Casado. 
El exsecretario de Estado de Presupuestos Alberto Nadal, que hasta ahora ocupaba la secretaría de Economía de la dirección del PP, ha solicitado plaza para reincorporarse como funcionario en la Administración Pública en varios sitios, entre ellos la Oficina Económica y Comercial en Washington, y está a la espera de la respuesta de la comisión de destinos. 
Su hermano Álvaro, exministro de Energía, se encuentra en la misma situación según han informado distintos medios la última semana, y estaría a punto de dejar su escaño en el Congreso.
Estas fugas se suman al ruido interno generado recientemente por quienes no comparten la deriva derechista de Casado. El más claro en ese sentido ha sido el portavoz del PP en el Parlamento vasco y candidato del partido a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, que ha criticado los acuerdos con Vox y los intentos por parecerse a la formación de extrema derecha. 
"Si continúa esta política de decir la cosa más fuerte; si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras, yo no pinto nada en política", apuntaba en una entrevista en El País
Los populares gallegos y su influyente presidente,  Alberto Núñez Feijóo,  también han tratado de dejar claras sus discrepancias con la dirección de Casado sobre todo a raíz de la predisposición del líder del PP a equiparar la violencia machista con la violencia en el ámbito familiar, siguiendo la línea marcada por la extrema derecha.
Feijóo ha mantenido  un discurso contradictorio respecto al defendido por Génova al criticar abiertamente a Vox –al que Casado copia argumentario– llamándole "extrema derecha" y  reivindicando la moderación.
 También el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, lleva meses pidiendo al PP que no pierda el centro ante el giro a la derecha emprendido por el presidente de los populares y su equipo. 
La elaboración de las candidaturas también han hecho florecer las rencillas internas que son especialmente graves en algunas comunidades como Cantabria o Asturias. En la primera, Casado impuso a Ruth Beitia como candidata a la presidencia de la comunidad frente a la presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, generando un auténtico terremoto interno entre los populares cántabros, pero finalmente la exatleta renunció a la candidatura en favor de Buruaga.
Algo similar sucedió en Asturias, donde el líder del PP puso como candidata a la expresidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, y no a la líder regional Mercedes Fernández, generando un fuerte malestar en la dirección autonómica y en los populares afines a la histórica dirigente asturiana. 
La conformación del Gobierno andaluz también ha revelado las diferencias que existen entre los populares de la comunidad a pesar de conseguir el gobierno regional. 
La división se reflejó ya cuando se elaboraron las listas para las elecciones del 2D y cuando Casado impuso a cuatro de los cabezas de lista provinciales frente a los candidatos del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que en las primarias no apoyó al actual líder del PP sino a su rival Soraya Sáenz de Santamaría. 
Génova, de hecho, había preparado el escenario de la derrota en Andalucía dando por contado que el PSOE podría volver a gobernar tras los comicios. 
Según explicaban dirigentes populares justo después de las elecciones, Casado había situado al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como cabeza de lista por Sevilla precisamente para que él se hiciera cargo de la gestora que se iba a poner en marcha en el PP andaluz tras la debacle en las urnas y una salida forzada de Moreno que se daba por hecha y que se consiguió evitar gracias a que los populares pudieron pactar con Ciudadanos y Vox para lograr la Junta.
Casado tampoco ha conseguido dejar atrás la corrupción en su partido. La investigación de la Operación Kitchen, entramado montado por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para espiar a Bárcenas y para el que supuestamente se utilizaron fondos reservados, salpica de lleno a la nueva dirección del PP. 
El propio Fernández Díaz mantiene un puesto de responsabilidad en la Ejecutiva de Casado, su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad, sigue siendo diputado y presidente de una comisión en el Congreso, y el director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, es ahora el portavoz del PP en el Senado.
Después de que este viernes  el diario  El Mundo publicara que algunos policías que participaron en la operación se quedaron con 600.000 euros de fondos reservados, Cosidó aprovechaba un encuentro con periodistas en el Senado para recordar que él no tenía ninguna capacidad de gestión de esos fondos y que por tanto no tuvo responsabilidad ni participación en su utilización. 
El portavoz popular en la Cámara Alta responsabilizaba "directamente" de la gestión de los fondos reservados a Martínez. "Como director de la Policía tenía múltiples competencias dirigiendo todos los planes estratégicos y políticos y la lucha contra el crimen. 
Pero entre las competencias atribuidas al director no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados que es algo que realizaba directamente la Secretaría de Estado de Seguridad", aseguraba Cosidó. 
El PP llega a la precampaña en medio de este panorama desfavorable que Casado intentará contrarrestar multiplicando de nuevo su presencia por todo el país. Esta semana se ha embarcado en una  nueva gira maratoniana que le llevará a participar en hasta 50 actos antes de la semana santa y a visitar una treintena de capitales de provincia. 
El objetivo es defender las siglas ante las elecciones que se avecinan y trasladar al electorado de derechas que el voto a los populares es el único útil para desbancar a la izquierda del poder. 

El Gobierno culmina su giro en inmigración al embarcar guardias civiles con Salvamento

MADRID.- En ocho meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha virado su discurso en materia de inmigración. De acoger al 'Aquarius' a impedir que zarpe del 'Open Arms'. La última medida en esta línea es la de embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor', un gran barco civil destinado al rescate de inmigrantes en el Mar de Alborán, según denuncian los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar). Interior afirma que no se trata de un plan generalizado. En medio, la irrupción de Vox y su discurso de mano dura contra la inmigración, recuerda hoy El Confidencial.

Sasemar ha reunido a los sindicatos para explicarles los planes de las próximas campañas. Según fuentes de CGT, el sindicato mayoritario, una de las principales novedades es tener el buque 'Clara Campoamor' como centro de operaciones en el mar de Alborán usando como puertos Almería, Motril o Málaga. Este buque tendrá un refuerzo de tripulación y dará apoyo a las distintas Salvamares, lanchas más pequeñas.
El 'Clara Campoamor' es un buque de 80 metros de eslora con base en Cartagena previsto para luchar contra la contaminación, pero ya ha participado en operaciones de rescate de personas en alta mar. 
La novedad es que a partir de ahora a bordo irán tres guardias civiles, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes de CGT denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez "militarice un servicio civil de salvamento" y temen que el mando real corresponda a estos agentes armados. 
Sobre todo, porque en agosto el Gobierno creó un mando único en materia de inmigración y puso al frente a un general de la Guardia Civil. El 'Clara Campoamor' desde entonces sigue órdenes de este mando único.
Las patrulleras de la Guardia Civil trabajan también en tareas de salvamento y en ocasiones los responsables de Sasemar les han pedido ayuda para que guardias civiles vayan en sus barcos si auguran problemas con alguna patera. 
Pero fuentes sindicales insisten en que es distinto que poner el centro de operaciones con tres guardias civiles a bordo. El año pasado España rescató a casi 50.000 personas en 2.300 embarcaciones.
El Ministerio de Interior resta importancia al tema. En contraste con las órdenes dadas a los trabajadores, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este diario que "no hay ningún plan para que los guardias civiles vayan en barcos de Sasemar" y que solo en determinados rescates "puede haber supuestos en que la Guardia Civil tenga que subir, pero desde luego no con carácter general".
El gesto de llevar de forma permanente guardias civiles embarcados en operaciones de Fomento se une a decisiones anteriores del Ejecutivo. Interior ha rescatado un acuerdo con Marruecos de los año 90 para devolver a 116 inmigrantes en 24 horas, Fomento ha impuesto un apagón informativo en redes sociales sobre las operaciones de rescate que realiza Sasemar y además ha negado el permiso de navegación a los buques 'Open Arms' y 'Aita Mari' de ONG que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. 
La retirada de concertinas en la valla de Ceuta y Melilla aún no se ha concretado y los aviones de Salvamento llevan meses sin radar para detectar pateras.
El pasado jueves en el Congreso, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se defendió de las críticas de la oposición por haber cambiado radicalmente de política migratoria desde el 'Aquarius'. 
"La decisión del Gobierno de España de acoger al 'Aquarius' el pasado verano, que tanto se utiliza, supuso lanzar un mensaje, que fue atendido por distintos Estados miembros que han participado en el reparto solidario de inmigrantes. 
El Gobierno sigue trabajando a nivel europeo para dejar de dar respuestas 'ad hoc' e institucionalizar y sistematizar el reparto de estos inmigrantes que llegan a nuestras costas".
Sobre por qué Fomento no da permiso para zarpar al 'Open Arms' y al 'Aita Mari', respondió que estos "incumplen la normativa internacional de salvamento y, por ello, no obtienen el permiso para volver al Mediterráneo central". 
Ábalos justificó que "el cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar, junto con la negativa de estos buques de proceder al desembarco en Libia, hace que los buques de las ONG se vean forzados a tomar rumbo a España por ser su país de abanderamiento".
El resultado, siempre según el ministro, es que eso convierte sus operaciones "en un transporte de personas de varios días hasta llegar a España en buques que no cumplen las condiciones de seguridad necesarias para ello, poniendo en riesgo la seguridad del buque, de su tripulación, de las personas auxiliadas a bordo e incluso de los posibles barcos que pudieran acudir en su ayuda en caso de emergencia". 
Esos buques, añadió, "no cuentan con los certificados que garantizan el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo".
Las críticas al Gobierno por su política migratoria le llegan desde sus aliados. A Ábalos le contestó el diputado de Unidos Podemos Marcelo Espósito: "No tiene derecho a impedir que los buques españoles salgan al Mediterráneo a impedir que rescaten a migrantes y refugiados". 
Y en su réplica añadió: "Nos toma por tontos. El Gobierno hace dibujitos con la mano izquierda y emborrona con la derecha", en alusión a las relaciones entre Fomento e Interior. 
 Marta Sibina, diputada de los Comunes, ha comenzado a votar sistemáticamente en contra de todo lo que llegue a la Cámara hasta que no zarpe el 'Open Arms'. Sibina rompe la disciplina de voto de su grupo y genera una situación incómoda en Unidos Podemos.
Iñigo Barandiaran, portavoz de Fomento del PNV, reclamó a Ábalos que "reconduzca la situación" para que los buques de ayuda humanitaria 'Aita Mari' y 'Open Arms' puedan salir al Mediterráneo a salvar vidas. 
Barandiaran calificó como "inaceptable" que los dos barcos permanezcan amarrados e insistió en que "la acción del Gobierno no puede ser ajena a las consecuencias que respecto de los Derechos Humanos pueda producir".
En el último barómetro del CIS, el 11,1% de los encuestados señaló la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En junio, ese porcentaje era solo del 3,5%. La irrupción de Vox en Andalucía y el discurso duro del Pablo Casado en el PP contra la inmigración ha influido en el cambio en Moncloa en el tema. 
Podemos ha señalado a los ministros Grande-Marlaska y Ábalos por el cambio pero el Ejecutivo asegura que busca una respuesta común europea.

La conjura de los barones debilita aún más el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos

MADRID.- En una antigua finca de la alta sociedad toledana se fraguó el cónclave que ha puesto en solfa el liderazgo del líder del «partido de la gente corriente». Un hotel que perteneció durante el siglo XVIII a un célebre músico conocido por Señor de Caravantes fue el escenario de una conjura de once líderes territoriales, un hecho inédito en la historia del partido, y que agrava la crisis de liderazgo de Pablo Iglesias, recuerda hoy El Mundo

 La jerarquización vertical del partido sufre un intenso seísmo, que incluso obligó a la cúpula nacional a rectificar -tras la presión de los barones- su negativa a negociar con Íñigo Errejón. Una rectificación que llegó días después de que Manuela Carmena y Ada Colau doblaran el pulso al líder de Podemos, logrando vía libre para hacer y deshacer al margen de la formación morada sus equipos para Madrid y Barcelona. Desaires, todos ellos, que erosionan, debilitan el liderazgo.
«Hay que generar un equilibrio de poder. Esto es clave. Porque si no, ocurre lo que hasta ahora, que las decisiones las toma una minoría desde un sillón de Madrid. Y la realidad de España es compleja y difícil de interpretar», explica a este diario uno de los líderes territoriales de Podemos, y que asistió a esta reunión trascendental.
«Hay una desconexión municipal-autonómica-estatal, no hay contrapoderes, balanceo. Y así, un resfriado en Madrid es una pulmonía en todo el país», resume otro secretario general autonómico. «Los líderes territoriales se han empoderado. Y eso es positivo».
Todos los dirigentes consultados señalan que en el ámbito político sí hay autonomía, pero que «los problemas empiezan a nivel organizativo. 
En lo interno. Las injerencias a la hora de negociar los equilibrios en un territorio». Un ámbito, el organizativo, cuyo máximo responsable es Pablo Echenique, secretario de Organización. 
Por tanto, en cierta manera, además de en Iglesias, el foco se pone en él.
Frente a la decisión unilateral de Iglesias de confrontar en Madrid con Errejón -que renunció a la marca Podemos para aliarse con la plataforma de Manuela Carmena-, los líderes territoriales convocaron una reunión. Hasta aquí nada extraño. 
En ocasiones anteriores ha habido reuniones, como recuerdan los líderes consultados, sobre todo de direcciones de comunidades limítrofes, para pactar una política común sobre el agua, la agricultura o las cuencas mineras. 
Lo excepcional, lo novedoso, lo que rompe la dinámica y cerca a Iglesias: el cónclave fue al margen de la dirección estatal; firmaron un manifiesto contrario a la estrategia de Iglesias; hicieron pública su discrepancia; al encuentro acudieron líderes pablistas.
«Toledo tuvo un efecto. La dirección adelantó el Consejo Ciudadano Estatal del sábado al miércoles porque veían que podían pasar más cosas. Es más, vieron que si pretendían una votación sobre confrontar o no con Errejón, la podían perder», expone uno de los asistentes.
«Es positivo que haya más de una voz y que Podemos tenga una visión más territorial. El partido será más fuerte cuanto más arraigo territorial tenga y más descentralización», analiza Daniel Ripa, secretario general de Asturias.
Además de presionar a Iglesias para buscar la «unidad» y «no competir» con Errejón, los barones intensificaron su petición de autonomía; capacidad de decisión. «Es necesaria más autonomía, pero siempre en consonancia con los documentos de Vistalegre II. Necesitamos lealtad para hacer política de forma autónoma», desgrana José García Molina, líder de Castilla-la Mancha, y anfitrión del cónclave de Toledo.
El documento político de Podemos recoge «el derecho a decidir a la interna para que, a diferencia de lo que ocurrió en Vistalegre I, la decisión sobre cómo acudir a las siguientes elecciones municipales y autonómicas se tome de manera soberana en cada territorio». 
Sin embargo, todos los líderes regionales consultados demandan más independencia, capacidad de decisión.
«Los documentos de Vistalegre II ya recogen la descentralización. Hemos sido lentos. Se ha ido haciendo, pero no se ha materializado de forma suficiente. Las direcciones autonómicas están para que los debates y propuestas se lleven a cabo fundamentalmente en los territorios», es la visión de Molina.
«El proyecto de descentralización no está desarrollado. Falta generar una serie de confianzas, respetarlas, e ir hacia una organizidad mayor. No es de recibo que la dirección estatal pase por encima de las autonómicas ni viceversa», describe un destacado líder regional, que pide anonimato.
Para Nacho Escartín, líder de Aragón, se trata de una cuestión «natural». «Simplemente se constata que a cuatro meses de unas elecciones municipales y autonómicas, en las propuestas, acciones y discursos debe tener más peso nuestra posición dentro de un ámbito estatal. Creo que a medida que se acerque la cita electoral, habrá más presencia de cuestiones locales».
Este hecho «natural», sin embargo, se ha visto exponenciado ahora. Nunca desde enero de 2014, líderes territoriales se habían conjurado para confrontar contra la dirección nacional. Ni se había vivido la dimisión de un líder afín a Iglesias -Ramón Espinar-, por no compartir su estrategia política.
Como describen asistentes al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del pasado miércoles, «hasta gente que nunca se había movido de la posición oficial dijo lo que pensaba». «Hubo crítica, debate, opiniones sobre si la crisis de Madrid debía ser por la vía rápida o más lenta». Escartín considera que en el CCE «va a haber más pluralidad de voces. Hay que hablar de cosas generales, sí, pero también es importante la singularidad propia de cada territorio».
Asistentes al CCE explican que además de pedir unidad, los líderes territoriales expusieron la necesidad de saber que «mandan ellos». Pidieron «protagonismo político-mediático». «Se evidenciaron problemas orgánicos», resume uno de los presentes en la séptima planta de la madrileña calle Princesa.

La banca prepara un 'manguerazo' de crédito hacia el sector inmobiliario

MADRID.- El ladrillo ya no es un tabú en el sector financiero. Esta palabra, que durante años ha dado escalofríos a los banqueros y se ha llevado por delante entidades, ha pasado en los últimos meses de ser una amenaza a un deseo, según El Confidencial.

Con la mayor parte de la digestión de la crisis finalizada, los bancos se centran ahora en conseguir un nuevo negocio rentable. Y es ahí donde entran tanto las hipotecas como los nuevos créditos para hacer promociones. La banca concedió nuevos préstamos para la compra de vivienda por valor de 44.000 millones en 2018, el máximo desde 2010, según datos recientes del Banco de España. Y la previsión de los banqueros es que vaya a más en 2019.
"Se está dando una evolución positiva, pero nada que ver con los números de los picos que nadie desea que regresen, no estamos nada cercanos a una burbuja", explicó José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, una de las entidades que más fuerte está apostando por el ladrillo. El número dos de Santander, José Antonio Álvarez, piensa igual.
El grupo nacionalizado obtuvo la autorización para volver al sector promotor en 2018, y prestó 400 millones para nuevos proyectos, sobre todo residenciales. Este año quiere llegar a 1.000 millones. Y en hipotecas, donde concedió casi 3.000 millones con un 6,5% de cuota, pretende llegar al 10%, lo que implicaría más de 4.000 millones.
En lo que coincide tanto esta entidad como sus competidores es en que la actividad no se frenó por la polémica del Supremo con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ya que el último trimestre fue especialmente activo. 
Y también hay consenso en que a pesar de la apertura del grifo del crédito, los filtros de control de riesgos siguen muy presentes, tras la experiencia de la crisis. Pero que haya filtros no implica que no haya apetito por prestar.
Mientras haya crecimiento económico —este año se prevé algo más del 2% del PIB— y no haya señales de burbuja, la mayoría de entidades prevé seguir creciendo en el negocio inmobiliario este año. 
"Las holgadas condiciones de financiación y la favorable evolución macroeconómica han continuado impulsando la recuperación del mercado inmobiliario", señalaba en su último informe el Banco de España.
"La economía española muestra un importante dinamismo, especialmente frente a otros países europeos. La demanda doméstica va a seguir siendo fuerte, apoyada por la creación de empleo y las condiciones financieras favorables", añadió el viernes Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ante los inversores.
A la mejora económica, se suma la expectativa de que salgan al mercado una avalancha de pisos y suelos en desarrollo, que los fondos extranjeros han ido comprando en los últimos dos años. 
Según un estudio de Oliver Wyman, estos inversores han comprado desde que estalló la crisis créditos morosos y adjudicados de los bancos por valor de más de 150.000 millones, muchos de los cuales tienen que rentabilizarse pronto. Para ello, necesitan promotores y familias con financiación, algo por lo que pelean los bancos.
En línea con otros competidores, Oliu espera que el saldo neto de hipotecas (nueva producción menos amortizaciones) se estabilice en 2019 tras casi una década de contracción. Gracias principalmente a los nuevos créditos, en el que la competencia seguirá siendo alta. 
Además, se espera que la destrucción del saldo inmobiliario se frene tras las ventas de las mayores carteras de activos problemáticos.
"Seguimos viendo tendencias positivas y vamos a seguir siendo un competidor fuerte", expuso ante analistas Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, entidad que aumentó en un 9% la concesión de nuevas hipotecas en 2018. 
Liberbank lo hizo en un 25% y Bankinter ha sido uno de los pocos bancos que ha podido aumentar su saldo neto, en 600 millones.
Cifras que podrían quedarse cortas frente a lo que se anticipa para los próximos meses. La banca es consciente de que el apetito inmobiliario va a frenarse a medida que se desacelere la economía, y no quiere desaprovechar esta oportunidad de hacer negocio, mientras dure la fiesta.

Manifestaciones contra la caza en 35 ciudades españolas, entre ellas Murcia y Cartagena

MADRID.- Manifestaciones en 35 ciudades españolas han reivindicado hoy la prohibición de la caza como actividad legal en España. Convocadas por la plataforma ‘No a la Caza’ (NAC), las concentraciones han tenido lugar a las 12.00 horas bajo el lema ‘Cuanto más indefensa está una criatura, más derecho tiene a ser defendida’.

“Todas las personas. Todas las ciudades. Todas las comunidades autónomas salimos el próximo 3F para reclamar un rotundo ‘No a la Caza”, señala la plataforma a través de las redes sociales.
La plataforma NAC ha convocado estas concentraciones “porque ni las consideradas presas, ni los seres sintientes empleados como arma (galgos, podencos o cualquier otro animal, con independencia de raza o especie), merecen sufrir por simple diversión humana”.
En total ha habido concentraciones en 35 ciudades. Así, en La Coruña, la manifestación ha sido en Obelisco, en Alicante en la Plaza de los Luceros; en Almería en El Palmeral (Playa de Zapillo); en Arrecife (Lanzarote), en el Recinto Ferial; en Badajoz ha sido en la Delegación de Gobierno; en Barcelona se ha convocado en la Plaça Catalunya; en Bilbao ha tenido lugar en el Teatro Arriaga; y en Burgos en el Teatro Principal, de la Diputación.
También ha habido concentraciones en Cáceres, donde se ha celebrado en Cruz de los Caídos, del Paseo de Cánovas; en Cádiz, que se ha celebrado en la Plaza de San Antonio; en Cartagena en Plaza de España; en Castellón, en Plaza Cardona Vives; en Cuenca, en la Estación de Renfe; en Gijón, que ha sido en la Plaza del Humedal; y en Gerona, en Parc de la Devesa.
Asimismo, han salido a la calle los ciudadanos de Granada, que estaban convocados en los Jardines del Triunfo; en Guadalajara, en el Palacio del Infantado; en Jaén, en concreto en la Estación de Renfe; en Las Palmas (Gran Canaria), en la Biblioteca Insular, ubicada en Plaza de las Ranas; en León en la Plaza de San Marcos, en el Parador; en Logroño, donde se ha convocado en la Plaza del Mercado; y en Lérida, convocada en Plaça de la Pau, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno.
La capital española también ha sido testigo de la manifestación contra la caza y del maltrato animal. En Madrid, animalistas se han manifestado en la Puerta del Sol; en Mérida, en la Puerta de entrada del Teatro Romano; en Murcia ha habido concentración en la Glorieta de España; en Pamplona en Plaza del Castillo; y en Puerto del Rosario (Fuerteventura) en la calle Primero de Mayo, 39.
Igualmente, ha habido manifestaciones en Salamanca, en la Plaza Mayor; en San Sebastián, en el Ayuntamiento de Donosti, en los Jardines Alberdi Eder; en Santa Cruz de Tenerife en la Plaza Weyler; en Santander en Plaza Porticada; en Sevilla en Prado de San Sebastián, en la estación de metro; en Toledo, en el Parque de ‘La Vega’, en el Paseo Merchán; en Valladolid, donde se ha celebrado en Plaza de España; y finalmente en Zaragoza, donde ha habido concentración en Plaza de España.
Según el informe ‘El impacto de la caza en España’, de Ecologistas en Acción realizado en 2016, las licencias de caza han disminuido en los últimos 40 años en un 40%, rondando en la actualidad las 800.000.
La organización ecologista indica que la caza “no es compatible con la conservación de la biodiversidad, ya que además de la mortandad directa de especies no cinegéticas que se provoca, se dan también efectos graves derivados de trampas y cepos, así como los derivados de la introducción de especies exóticas”.
En este sentido, continúan, la caza “no sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones, ya que lo que interesa es que haya siempre animales sobre los que ejercer tal actividad”.
Además, subrayan que “la caza no solo mata, también maltrata, como lo demuestra la gran cantidad de perros de las rehalas que son abandonados todos los años, heridos o simplemente cuando no han llegado a tiempo a la llamada de los rehaleros, quedando a su suerte en los montes, para morir de hambre y de sed”.
“Consideramos que estas razones son suficientes como para que la sociedad se conciencie y demande que la actividad cinegética desaparezca”, concluye Ecologistas.

El sindicato de Policía pide que se definan las competencias de Guardia Civil y Policía

MADRID.- El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha lamentado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que exista “una actitud permisiva” hacia la Guardia Civil que, “sin ningún tipo de trabas” entra en el terreno de la Policía Nacional en “una clara vocación urbana e internacional”.

Y lo hace, según el sindicato mayoritario de la Policía, “dejando sin servicio zonas rurales y ocupando destinos que son, por ley, de ámbito de la Policía”, por lo que la organización ha vuelto a pedir a Interior que, “de una vez por todas”, se definan las competencias de los cuerpos.
Un planteamiento que esta semana hizo al ministro la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, en la primera reunión del Consejo de Policía a la que ha asistido Marlaska, a quien trasladó también las “cotas de tensión” dentro del contexto laboral, en las dependencias policiales y en el trabajo cotidiano, “que no favorecen a nadie ni aportan nada positivo” a los policías y a su imagen.
En su discurso, la sindicalista insistió en la necesidad de cumplir con todo lo establecido en el acuerdo de equiparación salarial y censuró que aún no se haya dado paso alguno para desarrollar la cláusula del pacto, la de la aprobación de una Ley de Retribuciones para las fuerzas de seguridad.
“Inmovilismo y parálisis”. Con estas dos palabras, el SUP definió al ministro la política de Interior en el ámbito normativo, sobre todo en lo referente a la jornada laboral de los agentes.
Y aunque Gracia reconoce que el relevo en la cartera del Ministerio no ha sido fácil, opinó que ya había pasado tiempo suficiente para afrontar algunas medidas laborales, como la reclasificación, el sexto turno, la indemnización de los servicios extraordinarios o los retoques en la ley de Régimen de Personal.
También trasladó al ministro la necesidad de solventar “la clara perversión” en el sistema de concesión de medallas y su “falta de imparcialidad”.
Sobre este asunto, la secretaria general del SUP instó al ministro a que comparara el porcentaje de cruces rojas pensionadas en la escala superior con las concedidas en la escala básica. “Verá que no guardan ninguna relación”, apostilló.
Respecto a la Ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco, el sindicato reiteró a Marlaska su opinión de que la norma contribuía a “blanquear” el terrorismo de ETA, por lo que cree “inaceptable” cualquier gesto de apoyo por parte del Gobierno central.
“Les pedimos que no sucumban a esta trampa porque, en esencia, deslegitimaría el trabajo de los jueces y ofendería a los cuerpos de seguridad, que tantas muertes han aportado a esta injusta causa”, manifestó Gracia.
No se olvidó la responsable del SUP de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite de ponencia, y recriminó al ministro la instrucción de Interior que limita la posibilidad de sancionar a quienes graben y difundan la imagen de los agentes.
Para el sindicato, la eliminación de esta infracción de la Ley “incrementaría a niveles inasumibles la situación de vulnerabilidad e indefensión de los policías”.

La llegada de inmigrantes por mar crece un 200% en enero

MADRID.- La llegada de inmigrantes a España por mar en enero de este año se ha incrementado en un 194% respecto al mismo período de 2018 y ya son 4.104 las personas que han llegado en 98 embarcaciones por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, según el último informe del Ministerio del Interior.

El informe detalla que las entradas de inmigrantes en situación irregular a España del 1 al 31 de enero se ha triplicado ya que en ese mismo mes del año anterior fueron 1.396 las personas que llegaron y también en menos pateras, en 60.
En total han entrado de forma irregular por mar 2.708 personas más, es decir un aumento del 194%. Y han requerido de 38 embarcaciones más, un 63% más que en las mismas fechas de 2018.
Por las costas peninsulares y Baleares ha llegado la mayor parte de los inmigrantes, 3.994, en 89 embarcaciones (1.284 entraron en enero de 2018 y en 52 pateras).
Por Canarias han llegado 40 inmigrantes en tres embarcaciones frente a los 21 que lo hicieron en 2018 en una; a Ceuta, 63 en cinco embarcaciones (45 y cuatro, respectivamente el año anterior) y a Melilla, siete personas en una embarcación (46 en 2018 en tres barcos).
Sin embargo, por vía terrestre la entrada de inmigrantes ha disminuido ya que han llegado un 35% menos, 274 personas menos que en enero de 2018 pues en total han sido 508 frente a 782 del año pasado.
A Ceuta han llegado por vía terrestre 70 personas, un 31,4% menos que en el mismo periodo de 2018, cuando la cifra era de 102, es decir en aquella ocasión fueron 32 más.
Por su parte, a Melilla han entrado 432 personas, un 35,6% menos que en 2018, cuando lo hicieron 680, 242 más que ahora.
Si se suman las entradas por vía marítima y terrestre, desde el 1 de enero hasta el pasado día 31 son 4.612 los inmigrantes irregulares que han llegado a España, un 112% más que en ese mes de 2018 ya que entonces fueron 2.178, 2.434 menos que este primer mes del año.

El frío y el viento ponen en alerta a la Región por fenómenos costeros adversos

MADRID.- Diez comunidades continúan hoy en alerta por temperaturas mínimas, por mala mar o por rachas de viento que alcanzarán los 100 kilómetros por hora, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que destaca la inexistencia de avisos por nieve en la Península.

En Aragón hay alerta naranja (riesgo importante) por rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora en el Pirineo y alerta amarilla (riesgo), también en zonas pirenaicas, por peligro de aludes; en las provincias de Teruel y Zaragoza se ha activado el aviso amarillo por rachas de 80 kilómetros por hora.
Cataluña continúa con alerta naranja por fuertes rachas de viento, que alcanzarán los 100 kilómetro por hora, o por fenómenos costeros adverso en las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida, y alerta amarilla en Tarragona por viento y mala mar; la Aemet advierte de riesgo de aludes en Pirineos.
En el área mediterránea, la Comunidad Valenciana tiene el aviso naranja por fuertes viento en la provincia de Castellón, y en el archipiélago balear, la isla de Menorca sigue con alerta naranja por viento del norte fuerza 8 y olas de 4 a 6 metros.
La comunidades de Cantabria y La Rioja y las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria (Castilla y León) están con aviso amarillo por temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6 y 7 grados bajo cero; en Navarra hay alerta amarilla por aludes en el Pirineo navarro y en Murcia y en las Canarias, por fenómenos costeros adversos.
La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Casado deja para primavera la candidatura europea, en la que combinará experiencia y renovación

MADRID.- El presidente del PP, Pablo Casado, busca combinar experiencia y renovación en la lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 26 de mayo, junto a autonómicas y municipales. Eso sí, fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado que dejarán la candidatura europea para el final, más allá del mes de marzo.

En los comicios de 2014, el PP liderado por Mariano Rajoy logró 16 escaños en las europeas --frente a las 24 actas cosechadas cinco años antes-- debido a la irrupción en la Eurocámara de Podemos, UPyD y Ciudadanos. En las filas del PP no descartan que ahora puedan retroceder hasta 12 o 13 eurodiputados si entra Vox y se traslada el crecimiento de Ciudadanos que recogen las encuestas.
En ese escenario, situarse en puestos de salida de la lista estará más disputado que en anteriores citas con las urnas. Además, ya han empezado a llegar a 'Génova' muchas peticiones para formar parte de esa candidatura, han admitido fuentes del partido.
Por lo tanto, Casado tiene por delante la compleja tarea de buscar acomodo a muchos de sus cargos en esa candidatura, en la que la dirección 'popular' quiere encajar también perfiles con un discurso "claro" y "sin complejos", añaden las mismas fuentes
Pese al hermetismo del núcleo de Casado, las fuentes consultadas dan por sentado que repetirá el portavoz del PP en en Bruselas, Esteban González Pons, y el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz. También apuntan al diplomático Francisco Millán, que es cuñado de Mariano Rajoy.
De la misma manera, se prevé la continuidad de la exministra Pilar del Castillo; la empresaria y hermana del exconcejal sevillano asesinado por ETA Teresa Jiménez Becerril; o la exvicepresidenta de Baleares Rosa Estarás, máxime cuando en Europa hay que cumplir el requisito de cuota y al menos tres de cada cinco eurodiputados deben ser mujeres.
La dirección del PP sí se que se encontrará con tres huecos en la lista europea. Son los que dejan Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera y Santiago Fisas, que ya han adelantado su intención de retirarse y no revalidar su escaño en la Eurocámara, según fuentes de la formación.
En las filas del partido, algunas fuentes no descartan que Casado busque acomodo en Europa al todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en compensación por no haberle designado candidato en las autonómicas.
El 2 de abril está prevista la convocatoria oficial de estos comicios que se celebrarán el 2 de mayo. A partir de ese momento, se pondrán en marcha los plazos electorales para que los partidos registren sus candidaturas, que deberán presentarse en la segunda quincena de abril.
Casado, que ha iniciado ahora su cuarto tour por España ante las elecciones municipales y autonómicas, ha decidido retrasar hasta primavera la elaboración de la lista europea. Fuentes de la dirección del PP han confirmado que harán la lista al final y que será más allá de marzo.
En 2014 también Mariano Rajoy retrasó hasta el último momento la candidatura europea del PP. De hecho, la designación de Miguel Arias Cañete como cabeza de cartel se conoció en abril. Poco después de aquellos comicios, se convirtió en comisario de Energía y Acción por el Clima, un puesto que tendría que abandonar si quiere formar parte de la lista europea.
Sobre el cabeza de cartel, fuentes del PP apuntan a que González Pons tiene "muchas opciones" porque que se ha hecho un hueco en la Eurocámara estos años dando la batalla contra el independentismo o pilotando la posición del partido en asuntos como el 'Brexit' o el impulso de la iniciativa para que el Parlamento Europeo reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. La última palabra, eso sí, la tiene Pablo Casado.

Casado aborda con los barones del PP la estrategia electoral tras el pacto andaluz

MADRID.- El PP celebra este lunes su primera gran cita del año con los barones regionales en la que abordará la estrategia electoral a seguir para los comicios del mes de mayo, después de haber establecido en Andalucía sendos pactos con Vox y Ciudadanos que le han llevado a presidir el Gobierno autonómico.

Tras la convención nacional de este mes de enero para afrontar un "rearme ideológico" del partido, ahora queda poner en claro todos los temas tratados para realizar los programas electorales que, según ha anunciado el presidente, Pablo Casado, deben ser breves y concretos.
A la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se celebra Madrid, seguirá una comida del líder del PP con los dirigentes autonómicos del partido, que se ha convertido en habitual de estos cónclaves bajo el mandato de Casado.
En este encuentro tendrán oportunidad de hablar de la estrategia del partido y de repasar los temas de actualidad, como la situación en Venezuela, los presupuestos generales del Estado e, incluso, l os datos del último barómetro del CIS, que augura un desplome del PP, aunque los populares no dan credibilidad a esta encuesta.
También habrá un balance de la convención en la que Casado fijó las líneas programáticas, su "contrato con la ciudadanía" que incluye diez medidas, entre ellas las destinadas a impulsar la cohesión territorial de España frente a desigualdades competenciales sin realizar "cambios de fondo" en el modelo autonómico.
Una afirmación que tranquilizó a algunos de los dirigentes territoriales inquietos por su apelación de hace unos meses a realizar una recentralización de competencias hacia el Estado.
Aunque, más allá de ese discurso del líder popular en la clausura, la posible "aznarización" del partido genera preocupación entre las filas populares tras la intervención estelar del expresidente José María Aznar en este cónclave, después de años de críticas más o menos veladas a la dirección del PP.
Algunos barones regionales, tal y como ha apuntado un dirigente autonómico, consideran que el partido no debe escorarse hacia la derecha porque creen que no se puede perder espacio en el centro a favor de Ciudadanos.
Tras conseguir el Gobierno en Andalucía, señala otro dirigente territorial, en la convención se ha pasado del pesimismo a la "serenidad", y las voces críticas que pueda haber hacia la actual dirección ya no suenan tan fuerte.
El discurso de Casado en la convención ha contentado a varios de los barones precisamente porque creen que se dirigió a un espectro ideológico amplio, y ahora lo que ven necesario es seguir consolidando el proyecto para no perder votantes por Ciudadanos ni por Vox y recuperar a los que se fueron.
Así, ven la comida como una oportunidad para poner cosas "en común" ya que, aunque en el partido existen distintas opiniones, hay quien considera que en cuestiones espinosas, como la lucha contra la violencia machista, se ha "rectificado" bien la situación tras la negociación con Vox en Andalucía.
Sobre este almuerzo planearán también las últimas bajas en el partido, como la de la atleta Ruth Beitia, que ha dejado de ser candidata por Cantabria, o la renuncia del expresidente del PP balear y senador José Ramón Bauzá.
Las próximas renuncias, ya anunciadas aunque todavía sin hacerse efectivas, son las del exministro de Energía y diputado Álvaro Nadal, y su hermano Alberto, el secretario de Economía y Empleo del partido, quienes dejarán la política activa en cuanto tengan el destino como funcionarios que han solicitado en el extranjero.
El Comité Ejecutivo del PP cuenta con más de 90 miembros encabezados por el propio Casado y el secretario general, Teodoro García Egea, que suelen tener una intervención en estas reuniones.
Además integran este órgano -que se reunió por última vez el 3 de diciembre, un día después de las elecciones andaluzas- los vicesecretarios, secretarios, portavoces parlamentarios, vocales y dirigentes regionales, entre otros.

Cada vez se fuma menos en la Región

MADRID.- La Región de Murcia se desapega, poco a poco, del cigarrillo. O al menos esa es una de las lecturas que pudiera hacerse de los datos facilitados por Hacienda sobre el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y el IVA con el que se grava el tabaco, pues Murcia se sitúa como una de las cinco comunidades autónomas en las que cae la recaudación, en concreto un 0,92%. 

Así que, o la Región cada vez fuma menos, o empieza a conseguir el tabaco por vías ilegales.
Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más aportó a las arcas públicas por impuestos del tabaco en 2018, al recaudar 1.734,59 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,26% respecto a un año antes y el 19% del total, que superó los 9.000 millones de euros.
Del total recaudado por Hacienda, 7.016,93 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, un 0,55% más, y los 1.992,65 millones restantes al IVA, lo que supone un avance del 0,87%, según datos del sector.
Por detrás de Cataluña se situaron Andalucía, con una aportación de 1.412,25 millones de euros (+0,04%) a las arcas públicas; Comunidad de Madrid, donde se recaudaron 1.133,78 millones de euros (-0,77%) y Comunidad Valenciana, con 1.125,68 millones de euros (+0,51%).
En concreto, la recaudación fiscal por tabaco subió en todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias (-1,01%), con una recaudación de 212,08 millones de euros; Baleares (-0,03%), con 368,26 millones de euros; Extremadura (-1,24%), con 210,38 millones de euros; y Murcia (-0,92%), con 305,89 millones de euros, además de Madrid.
Las regiones en las que creció la recaudación vía impuestos del tabaco el año pasado fueron, además de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, Aragón (+0,71%, con 281,70 millones), Cantabria (+0,44%, con 123,11 millones de euros), Castilla y León (+0,45%, con 473,44 millones), Castilla-La Mancha (+0,93%, con 401,47 millones), Galicia (+0,25%, con 498,94 millones), Navarra (+3,04%, con 188,52 millones de euros), País Vasco (+2,63%, con 475,24 millones) y La Rioja (+0,51%, con 63,68 millones).
La recaudación fiscal derivada del tabaco se mantuvo estable en 2018 por sexto año consecutivo en el entorno de los 9.000 millones de euros, una cifra equivalente al coste que en su día tuvo la construcción del AVE entre Madrid y Barcelona.
En concreto, los ingresos a través de los impuestos que gravan a la totalidad de las labores del tabaco (impuestos especiales e IVA) sumaron 9.010 millones de euros, lo que supone un ligero avance del 0,62% respecto a 2017, según los últimos datos facilitados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Después de años de caída a tasas de doble dígito de las ventas, como consecuencia de la crisis económica y de sucesivas alzas fiscales que impulsaron el consumo ilegal, en 2018 la facturación total sumó 11.753 millones de euros, un 0,87% más; en tanto que en volumen se mantuvo sin cambios en 53.729 toneladas.
En este sentido, la directora general de Adelta (Asociación Empresarial del Tabaco), Águeda García-Agulló, ha resaltado que ambos datos reflejan la estabilidad en la comercialización, "derivada de la contención del mercado ilícito como consecuencia de la buena labor de las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado".
Por tipo de labores, las ventas de cigarrillos en volumen se situaron en 2.231,2 millones de cajetillas por valor de 10.167 millones de euros, el equivalente al 86,5% de las ventas totales de tabaco y al 88% del total de los ingresos fiscales del tabaco (8.025,5 millones de euros). Cerca del 80% del precio de venta al público de una cajetilla de cigarrillos equivale a impuestos.
En cuanto al resto de las labores, el tabaco para liar, que supone un 8,53% del mercado en valor, aumenta un 2,82%, hasta 1.002,5 millones de euros.
Por su parte, los cigarros y cigarritos, que suman el 4,07% del mercado en valor, bajan su facturación un 1,17%; en tanto que el mercado de la picadura para pipa subió un 48,78% en valor, aunque sus ventas representan el 0,89% del total.

Proponen honrar a Blas de Lezo con la colocación de una estatua en el puerto de Cartagena


CARTAGENA.- El presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha anunciado la voluntad de su formación de promover un reconocimiento institucional a la figura del almirante español, Blas de Lezo, quien, entre otros muchos méritos, fue el artífice de la victoria de la Armada española sobre la flota inglesa en la batalla de Cartagena de Indias (mayo de 1741).

Cartagena de Levante y Cartagena de Indias consumaron su hermanamiento en 1987. Sin que desde esa fecha se hayan desarrollado iniciativas o propuestas que le hayan dado contenido.
En este contexto, el dirigente cartagenerista ha recordado el hermanamiento con la ciudad colombiana, que recibió su nombre en el siglo XVI "por la similitud de su bahía". Giménez ha declarado que "la histórica relación entre la Cartagena de Poniente y la nuestra, la de Levante, no la hemos cuidado lo suficiente".
De manera más concreta, el presidente de MC ha aludido a "la gesta de Blas de Lezo venciendo al ejército inglés en Cartagena de Indias y consiguiendo que nuestro imperio perdurara más de un siglo es una magnífica excusa para abundar en esta relación y honrar la historia de un héroe, un discapacitado con capacidades increíbles. Defendió Cartagena y venció".
Acto seguido, ha anunciado que "vamos a iniciar contactos con colectivos y asociaciones, locales y nacionales y, por supuesto, solicitaremos el apoyo al Pleno municipal y a la Autoridad Portuaria".
"A éste último organismo", ha continuado argumentando, "le brindamos la ocasión de comenzar a dignificar la explanada producto de su improvisación con una escultura de Blas de Lezo, un héroe nacional, que completará a Colón y Carlos III en ese entorno portuario. A buen seguro permitirá renovar y afianzar lazos con Cartagena de Indias", ha concluido.

Blas de Lezo, historia de la Armada española

Este domingo se cumple el 330 aniversario del nacimiento de Blas de Lezo, marino intrépido y valeroso, posiblemente uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. Dirigió, junto al virrey Sebastián de Eslava, la defensa de Cartagena de Indias del asedio británico de 1741. 
Esa batalla finalmente resultó decisiva para el desenlace final de la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), uno de los conflictos armados que lidiaron España y Gran Bretaña durante el siglo XVIII.
Nació en Pasajes (Guipúzcoa). Su nombre ha quedado registrado en la Historia gracias a su épica en la lucha. Participó en 22 batallas y expediciones y se significó por su enorme valor y capacidad para la estrategia.

Expulsado de la Armada un suboficial que abusó de las dos nietas de su pareja

CARTAGENA.- La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de un suboficial de la Armada contra su expulsión del cuerpo dictada por el Ministerio de Defensa tras ser condenado por la Audiencia de Murcia por dos delitos de abuso y uno de agresión sexual a dos nietas de su pareja, menores de edad.

La considera una medida proporcionada, ya que su buena conducta en la Armada no puede contrarrestar la gravedad de los hechos que reconoció en el juicio al prestar su conformidad con la pena pactada por el fiscal y su defensa.
La Audiencia declaró en junio de 2017 probado que los hechos ocurrieron en 2015 en la caravana que compartía con su pareja, aparcada cerca de un bar de Cartagena, cuando fue visitada por las adolescentes, de 15 y 13 años.
El hecho más grave se produjo en el domicilio de la abuela de la más pequeña cuando el acusado aprovechó que esta dormía y la agredió sexualmente.
La sentencia señalaba que para reparar el daño causado el acusado consignó 16.000 euros para ambas y que sufría un trastorno obsesivo-compulsivo que mermaba ligeramente sus facultades mentales.
La condena se concretó en el pago de dos multas por importe total de 7.200 euros por los dos delitos de abusos y en dos años y cuatro meses de prisión y cinco años de libertad vigilada por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.
El TS comenta que "lo execrable de su conducta, la gravedad e intensidad que reviste, para la víctima especialmente, y también para su entorno familiar inmediato, hacen que la sanción más adecuada sea la del apartamiento de las fuerzas armadas".

Titula que algo queda / Rosa Roda *

La consejera portavoz, Noelia Arroyo dice que están “muy preocupados” con el Mar Menor y apremian al ministerio de Transición Ecológica a aplicar ya el plan vertido cero. Y lo hace sabiendo de antemano que ese plan no ha terminado su tramitación administrativa. 

Plan que, entre otras cosas, concluye que debe cambiar el modelo productivo en buena parte del campo de Cartagena porque la superficie regable se ha incrementado un cincuenta por ciento, pasando el porcentaje de regadío del 12 al 63 por ciento solamente entre 2000 y 2009 “sin ajuste de la demanda a la disponibilidad de recursos hídricos” y porque, pese a su alto nivel de tecnificación, “sigue requiriendo de grandes aportes de agroquímicos”. 

La creación  de nuevos cultivos de regadío dentro y fuera de las UDA (unidad de demanda agraria) e incluso dentro de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 es un hecho medible y contrastable, pero la Comunidad Autónoma sigue negándolo y rechaza cualquier medida que suponga reducir la producción agrícola pese al delicado estado de la laguna salada. 

Lo considera "inasumible" y por eso presentó el pasado mes de septiembre 21 alegaciones al documento del Ministerio encaminadas a suavizar  las medidas que considera más drásticas. Considera una "utopía" el vertido cero al Mar Menor y que el Ministerio "transmite una visión deformada de la problemática del Mar Menor, donde la agricultura parece la única responsable".

Debemos recordar que el informe ambiental que presentó el Ministerio de García Tejerína en junio de 2018, propuso cuatro alternativas y se inclinó por la más estricta, que apostaba por cambiar el modelo agrícola en el 35% del Campo de Cartagena. Además desaconsejaba las balsas y salmueroductos y apoyaba una red central de tratamiento y vertido.

El ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera heredó ese plan vertido cero de García Tejerina (PP) y, por motivos que nadie explica, todavía no ha resuelto las alegaciones presentadas por ecologistas, agricultores e incluso por el gobierno murciano que empezó a hacerle tachones en rojo en cuanto terminó de redactarse, pese a que se trata de un documento "promovido y avalado por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente competentes para su desarrollo, que se redacta y tramita de acuerdo con la Ley 21/2013 de evaluación ambiental" como reza en la introducción del documento oficial.


RECHAZO AL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO. El gobierno de López Miras rechaza taxativamente que se deba cambiar el modelo productivo al considerar que “un cambio radical no asegura en ningún momento la no contaminación de los acuíferos, incluso se podría incrementar”. 

Eso dice textualmente una de las 21 alegaciones. Además advierte de que el ministerio “no hace una valoración de las posibles e importantes consecuencias económicas y sociales del cambio en el modelo productivo". 

El gobierno murciano alega que “el modelo productivo actual es uno de los más avanzados del mundo en uso del suelo y empleo del agua, y no considera que las propuestas de cambio a cultivo ecológico disminuyan la contaminación del acuífero por nitratos, ni que sea asumible reducir la superficie de riego con dotación de agua".  

  Esta vez, puede que por tratarse de un documento elaborado en su día por Ejecutivo de Rajoy,  el gobierno murciano ha tenido la decencia de no decir que el ministerio quiere condenar a muerte al campo de Cartagena como hizo, para vergüenza ajena, con la Ley de Medidas Urgentes por la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor que el próximo 7 de febrero hará un año de su publicación en el BORM y cuyo cumplimiento es meramente testimonial. De eso se vanagloria más de un agricultor. 

"El Mar Menor está mejor que nunca y no hemos hecho na da na de lo que dice esa ley" se jactan, como si el desmantelamiento  a las bravas del salmueroducto y el precinto de cientos de desalobradoras ilegales por parte de confederación fuesen pecata minuta. Vean la reacción del secretario de COAG en Cartagena, Vicente Carrión, ante el sellado de una arqueta del salmueroducto por parte de un operario de confederación.

REGADÍOS ILEGALES. La ley de medidas urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar Menor es una de las más relevantes que se han aprobado en la Asamblea Regional esta legislatura. PSOE, Podemos y C's lograron sacarla adelante pese a las impresentables presiones de un desatado sector agrícola que sigue empeñado erre que erre en su modificación. Sobre todo, el artículo 8 que obliga a que cualquier superficie fuera del perímetro legal del regadío sea restituida a sus condiciones originales. 

La Consejería, en sintonía con lo alegado al plan vertido cero, defiende el mantenimiento de todo el regadío y propone que "si se ha solicitado ante el organismo de cuenca su regularización, la restitución quede en suspenso hasta la resolución del expediente por parte del organismo del cuenca", aunque lechugas que llegan hasta la misma orilla. 

La Consejería pide una moratoria para que la Confederación Hidrográfica del Segura defina los perímetros regables, el mismo organismo estatal que durante años ha sido compinche de la omertá que ha degradado el Mar Menor y ha permitido la expansión del regadío ilegal en una tierra seca. Un organismo, ahora en manos del PSOE, que ya ha cuantificado el regadío ilegal en toda la cuenca del Segura y no hace publico.  

Al parecer,  la cifra que sale es tan escandalosa que están viendo la forma de suavizarla. A cuatro meses de las elecciones autonómicas, no quieren un choque de trenes con la patronal hortofrutícola murciana que acabaría salpicando al candidato socialista, Diego Conesa, que tampoco quiere enfrentarse a los agricultores con las urnas a la vuelta de la esquina.

De momento solo conocemos datos del estudio realizado por la asociación ecologista ANSE en el campo de Cartagena que concluye que "las administraciones competentes se han mostrado incapaces de controlar, primero, y han ayudado a consolidar, después, grandes superficies de regadío ilegales, adaptando para ello la normativa vigente. Así, desde 1997, la superficie de las UDAs (unidades de demanda agraria)se ha incrementado en 12.839 ha de regadío bruto, correspondientes a 8.743 ha de regadío neto. Aun así, se han detectado 4.518,12 hectáreas de regadío adicionales fuera de las UDA. El continuo incremento de superficie oficialmente regable ha dejado abierta la puerta a la ampliación futura de nuevos regadíos, generando un perverso efecto llamada"

La degradación ambiental del Mar Menor no es imputable al presidente Pedro Sánchez por mucho que se empeñe López Miras. Y no es así porque es el PP de Valcárcel, Garre, Pedro Antonio Sánchez y López Miras, el partido reinante en la región de Murcia durante el último cuarto de siglo. El mismo partido que sustenta al gobierno que no ha aprobado  aún el Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos  del Mar Menor y Franja Litoral  que la Unión Europea mandató para enero de 2011, hace ocho años. 
 
El documento, que fue presentado a los pocos días del portazo de seis organizaciones al Comité de Participación Social del Mar Menor en abril de 2018,  está aún a falta del dictamen del Consejo Económico y Social y del visto bueno de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Y todavía dijeron que querían aplicar ese plan de gestión del Mar Menor antes del pasado verano. Titula que algo queda.
LOS PELOS DE PUNTA. Ya se nos ha olvidado, pero la denuncia que presentó el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera en diciembre de 2017 por la degradación ambiental del Mar Menor, pone los pelos de punta porque muestra la total dejación de la Comunidad Autónoma y de la Confederación Hidrográfica del Segura en su labor de vigilancia y control de los vertidos agrícolas cargados de nitratos que han podrido el Mar Menor durante años. 

Pone los pelos de punta porque evidencia la complicidad de unos dirigentes políticos con un sector agrario que no ha dejado de engordar sus cuentas corrientes casi tanto como aumentaba ilegalmente la superficie regable. "La consejería de Agricultura no ejerció el debido control sobre las prácticas agrícolas.  "La gestión de la laguna se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero y, por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde" sentencia el fiscal.  

Se sabía que iba a explotar, lo que no se sabía con certeza era el cuándo y sucedió en 2016 con la sopa verde que grabó y difundió ANSE. La crudeza de las imágenes de un mar agónico fue impactante. Nuestro Mar Menor moría víctima de un cóctel letal de nitratos, fertilizantes, vertidos urbanos, residuos mineros, excesivo desarrollo urbanístico, invasión del dominio público  y, por encima de todo, desidia política. 

Baste recordar que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no declaró  el Campo de Cartagena  como zona vulnerable a la contaminación por nitratos hasta después de 1999. Se pasó por el forro la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,  relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

TODOS ESCURREN EL BULTO. Quizá por eso resulta aún más indignante escuchar las declaraciones de los imputados y los testigos citados a comparecer por el juez Ángel Garrote que instruye el denominado "caso Topillo" de degradación ambiental del Mar Menor. 

Todos sabían que existían cientos de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena  escondidas bajo tierra o en cobertizos sin ventanas. Todos sabían de la existencia de un salmueroducto enterrado que actuaba como una simple tubería de vertido al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. Hasta 3.000 toneladas de nitratos habrían estado llegando cada año a la laguna procedentes de las desalobradoras calcula el fiscal.  

Todos estaban al tanto, nadie hizo nada al respecto y ahora todos intentan escurrir el bulto. Algunos incluso con declaraciones de auténtico caradura como las del ex consejero Antonio Cerdá  que achacó a la lluvia y a las cremas solares la degradación ambiental del Mar Menor. El mismo que en 2010 aseguró que "el Mar Menor estaba mejor que nunca" aún sabiendo que miles y miles de toneladas de nitratos estaban devorando el ecosistema marino hasta que desapareció el 80% de la pradera submarina. 

SIN BANDERAS AZULES. El Mar Menor, como en ejercicios precedentes, ha vuelto a ser este año el producto estrella de la región de Murcia en FITUR. López Miras se ha referido a él como "un mar de oportunidades" y lo es: un mar de oportunidades de vertido e ilegalidad por parte de algunos cafres  avariciosos, si no adoptan medidas tajantes que, inexorablemente,  pasan por una transformación profunda del modelo urbanístico, turístico y agrícola. Las cosas no pueden seguir igual. 
 
Baste recordar que el Mar Menor aún no ha recuperado las 19 banderas azules que perdió en 2016.  No se han hecho los  anunciados filtros verdes para los que han vuelto a presupuestar 1,5 millones de euros en 2019. No se ha hecho una auditoría oficial del regadío ilegal en el campo de Cartagena. No se ha aprobado el Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y franja litoral.  No se ha aprobado el plan de ordenación de recursos naturales y espacios abiertos de Islas Menores y Cabezo Gordo. No hay a estas alturas un organismo mixto de gestión del Mar Menor ministerio-comunidad. ¿Qué se ha hecho? 
 
Construir tanques de tormentas que colapsan en cuanto llueve con fuerza, dragar el Mar Menor con una araña finlandesa que dañó la pradera sumergida según un informe del Instituto Español de Oceanografía y anunciar (el verbo que mejor conjuga este gobierno) la instalación de cinco balnearios sostenibles con forma de estrella en Los Urrutias cuyas playas siguen llenas de lodo y espuma. Fin de la cita, pero titula que algo queda.
Miren, en la pasada edición de Fitur el presidente López Miras dijo que en el Mar Menor "tenemos el mejor campo de regatas y en él la oportunidad de ser ejemplo de desarrollo sostenible", pero olvidaron llevar a la feria internacional de turismo los folletos de turismo náutico porque todos los ejemplares los habían llevado a la BOOT , el salón náutico de Dusseldorf , relata el periodista de ABC, Sergio W. Smit en un artículo titulado "El turismo náutico español no pasa el examen de FITUR". Lo máximo que pudieron ofrecerle cuando pasó por el stand de Murcia fue un panfleto de "Diving" o submarinismo. 

El Ejecutivo regional, que ha dejado el comité científico para el Mar Menor en los puros huesos tras la huida de destacados científicos hartos de tanto ninguneo, intenta  orientar las miradas de los votantes hacia Madrid con el Mar Menor y eso resulta tan ridículo como indecente cuando en Murcia, durante mucho años, se han cerrado los ojos ante uno de los mayores atentados medioambientales de Europa. 
 
La desidia y la irresponsabilidad han sido de tal calibre  que más de uno y más de dos deberían dar con sus huesos en la cárcel. Dejemos pues que la justicia haga su trabajo. El juez Garrote instruye.
 

(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero